Ideeleradio.- El Poder Ejecutivo debe respetar el fallo que deja sin efecto la viabilidad del Proyecto Majes Siguas II Etapa en la provincia de Espinar, exigió Ruth Luque Ibarra, directora de la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, tras considerar que el respectivo estudio técnico de balance hídrico debe ser transparente.Fue al comentar la sentencia de la Sala Mixta de Canchis, de la Corte Superior de Justicia de Cusco [Resolución 2008 – 3529] que declara fundada la demanda de acción de amparo interpuesta por el Gobierno Regional del Cusco, para que no proceda el Proyecto Majes Siguas II, con código de SNIP 30941.
“Hay que reconocer que hay magistrados valientes en esta zona [de Espinar] que han emitido decisiones importantes, por ejemplo, en el caso del Proyecto Majes Siguas II [la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Cusco] se dijo que no se opone al proyecto pero que primero se garantice los derechos básicos de la provincia de Espinar y hágase un estudio de balance hídrico”, expresó en el programa de “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Entonces tenemos una sentencia que ha amparado a la población de Espinar, pero el Gobierno Central no quiere respetar esa sentencia. Entonces tenemos un Estado que no quiere reconocer el fallo de sus magistrados pese a los pedidos. ¿Dónde estamos? En este tema el Estado tiene que sincerarse y respetar [dicho fallo]”, exigió.
La Resolución Nº 2008-3529 dispone que las autoridades del Gobierno Central a través del Programa Proinversión, los gobiernos regional de Arequipa y Cusco, las alcaldías de la provincia de Espinar y Caylloma y el Ministerio de Agricultura cumplan con realizar un estudio técnico de balance hídrico integral de la cuenca del rio Apurímac.
Jueces deben ser capacitados
De otro lado, Luque Ibarra mencionó que el Gobierno no aporta eficientemente en la capacitación profesional de los magistrados sobre todo en materia del derecho a la consulta y el derecho de los pueblos indígenas y campesinos. En ese sentido, lamentó que existan tantas limitaciones en el actual sistema de justicia.
“Ahí hay una responsabilidad del Estado porque no se aporta en profundización teórica en estos nuevos temas [derecho a la consulta], sobre todo del derecho de los pueblos indígenas. Hay muy pocos aportes que ha hecho el Estado para dar nuevas herramientas a nuestros magistrados”, sostuvo.
“Por ejemplo en estas zonas, en las provincias altas, si le preguntamos a un magistrado cuántas capacitaciones se han desarrollado a favor de auxiliares jurisdiccionales la repuesta será cero, es decir cero el nivel de interés. Muchas veces los cursos de capacitación se concentran en las capitales y a ciertos magistrados de la ciudad y eso es una cosa injusta. Las personas que están en la ciudad tienen mayor acceso a la información, quienes estamos acá estamos limitados incluso para acceder a los periódicos, eso es algo que hay que tomar en cuenta”, recomendó.
“Ahí hay una responsabilidad del Estado porque no se aporta en profundización teórica en estos nuevos temas [derecho a la consulta], sobre todo del derecho de los pueblos indígenas. Hay muy pocos aportes que ha hecho el Estado para dar nuevas herramientas a nuestros magistrados”, sostuvo.
“Por ejemplo en estas zonas, en las provincias altas, si le preguntamos a un magistrado cuántas capacitaciones se han desarrollado a favor de auxiliares jurisdiccionales la repuesta será cero, es decir cero el nivel de interés. Muchas veces los cursos de capacitación se concentran en las capitales y a ciertos magistrados de la ciudad y eso es una cosa injusta. Las personas que están en la ciudad tienen mayor acceso a la información, quienes estamos acá estamos limitados incluso para acceder a los periódicos, eso es algo que hay que tomar en cuenta”, recomendó.


