miércoles, 21 de abril de 2010

Estudiantes de la PUCP marcharán si Cipriani pretende instalar junta administradora

Ideeleradio.- La Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) marchará si el Cardenal Juan Luis Cipriani pretende instalar junta administradora lo antes posible, tras el fallo que beneficia al Arzobispado de Lima en el litigio que tenía con este centro de estudios, afirmó Renato Constantino, presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCP.

Fue al comentar el fallo del TC que declaró infundado el recurso de agravio constitucional presentado por la PUCP en contra de Walter Muñoz Cho, representante del Arzobispado en la Junta Administrativa de esta casa de estudios.

“Nosotros no vamos a marchar tampoco por decisión de Jorge Avendaño o de alguna autoridad, nosotros marchamos porque como estudiantes nos sentimos y somos parte de la universidad y acudimos a su defensa cuando tenemos que hacerlo y esto no significa que no podamos criticar a las autoridades. […] Lo que queda en claro es que nosotros vamos analizar la coyuntura, como sale en el pronunciamiento nos reunimos con los representantes estudiantiles hoy a las 8 de la noche para ver qué es lo que puede ocurrir”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Depende de qué acciones tome monseñor Cipriani para ejecutar la sentencia, probablemente busque intentar por la [medida] cautelar y buscar que se ejecute la sentencia o que se llame a junta administradora lo antes posible. Esas cosas que afectarían ya directamente contra la autonomía de la universidad […], sí llamaría a los estudiantes y gustosos acudiríamos a movilizarnos”, agregó.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCP denunció que sectores conservadores familiarizados con el Monseñor Juan Luis Cipriani buscan que el Primado de la Iglesia tenga el poder administrativo económico de la universidad, para que se ejerza actividades distintas a las que hoy se aplican en dicha casa de estudios.

“Hay un trasfondo político detrás de la sentencia, hay un intento de sectores conservadores de apoyar la propuesta de Juan Luis Cipriani para que tenga poder absoluto de la Universidad Católica, porque tener el poder administrativo económico de la universidad va a terminar coaccionando la forma como nosotros invertimos nuestro dinero en planes de estudio”, comentó.

“Para nosotros este tema va más allá, son los ataques de Cipriani a la Comisión de la Verdad, a Salomón Lerner y la defensa de Rafael Rey, es todo un proceso que tiene diferentes aristas. La legal que es la sentencia del TC, la mediática que podemos ver a través de los diarios asociados al monseñor y la presión política, como lo ha denunciado Perú 21”, concluyó.

Antonio Maldonado: Caso BTR no avanzará por falta de voluntad política del Gobierno

Ideeleradio.- El Caso Business Track (BTR) no avanzará porque el actual contexto político es adverso y no existe voluntad política del Gobierno de llevar adelante las investigaciones, estimó el ex procurador Antonio Maldonado, tras proponer que este expediente se vea junto al Caso Petroaudios en un solo despacho judicial.

“Creo que el éxito del caso dependerá de que llegue al gobierno un líder y un partido que respete las instituciones de justicia y que no pretenda vulnerarlas, ni erosionarlas y sobre todo que tenga la voluntad política de llevar el caso adelante. El caso se puede salvar creo que no está perdido de ninguna manera”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Me parece que el éxito de la investigación va a depender del contexto político, que hoy es adverso a la investigación por la posibilidad que tiene el poder político de vulnerar los órganos que están interviniendo a la investigación, y de la posibilidad de que la investigación con fiscales y jueces probos pueda recoger las lecciones aprendidas del pasado y pueda entender que hay que valorar todos los indicios que no lesionen los derechos fundamentales del procesado y cumplan el objetivo de llegar a la verdad”, añadió.

El ex procurador recordó, en este sentido, que la justicia anticorrupción peruana ya demostró en varios casos y situaciones como la extradición de José Enrique y José Francisco Crousillat en Argentina y en informes presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la justicia no está dirigida a perseguir de manera injusta y arbitraria a las personas.

“Si hay plazos razonables que se han vencido y que por tanto corresponde que las personas sean puestas en libertad, esto no tiene por qué afectar la investigación, tiene que haber otros medios de prueba. Esto está demostrado en la sentencia del juez César San Martín en el Caso Fujimori, donde se recurrió a una cantidad de indicios que vinculados y concatenados unos con otros, llevaron a la conclusión de la responsabilidad penal del entonces acusado y hoy condenado ex presidente”, afirmó.

La acumulación del Caso Petroaudios y BTR
En otro momento, consideró que un solo órgano jurisdiccional debería conducir la investigación por el Caso Business Track y el de los Petroaudios. Fue al cuestionar la labor del procurador anticorrupción Jorge Caldas, cuyo despacho fue separado del Caso BTR.

“El caso de los Petroaudios y Business Track están vinculados a tal punto que en algún momento debería de considerarse que un solo órgano conduzca la investigación de ambos casos. Pero, en todo escenario, el delito de peculado fluye por todos lados, hay personas privadas vinculadas a funcionarios del Estado y del propio Estado mismo que han usufructuado sus bienes con fines distintos para los cuáles esos bienes fueron concebidos”, precisó.

“Están los propios recursos humanos de la Marina de Guerra, los agentes de Inteligencia pasaron a usar todo el conocimiento de la Marina para usarlo con fines particulares. Señalar que dado que no se ha podido determinar que intervinieron funcionarios públicos y que la Procuraduría no puede intervenir, es muy pobre la interpretación. Creo que la Procuraduría Anticorrupción tenía un caso emblemático”, anotó.

Investiguen a fiscal Mateo Castañeda y Walter Milla
Maldonado Paredes recomendó abrir una investigación al coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Mateo Castañeda, y al fiscal Walter Milla ante las graves acusaciones de la procesada Giselle Giannotti, quien aseguró que le propusieron someterse a la colaboración eficaz para incriminar a la compañía Petro-Tech.

“Sin duda alguna [se debe abrir una investigación a Mateo Castañeda y Walter Milla] lo que inicialmente elogiamos como una intervención proactiva y correcta del Ministerio Público bajo el liderazgo de la Fiscal de la Nación [Gladys Echaíz], se ve por lo menos ensombrecido por estas declaraciones que si son ciertas comprometerían la actuación del Ministerio Público en un nivel muy delicado. Estamos hablando del fiscal coordinador de las fiscalías anticorrupción y el fiscal que intervino en la investigación”, aseveró.

“Creo que la investigación por lo menos interna que debiera hacerse de motu propio la fiscal [Echaiz], si es que no la ha ordenado, procede y es urgente hacerla. Estamos hablando de deslindar si es que se ha comprometido o no la integridad del Ministerio Púbico en función de intereses particulares e intereses que habría utilizado el poder político. Eso es muy grave”, agregó.

En tal sentido, reiteró que son graves las declaraciones que brindó la ex relacionista pública de la empresa Business Track, Giselle Gianotti, porque hace referencia a una supuesta penetración de la integridad de la investigación, en el más alto nivel de la Policía y de la Fiscalía. Refirió que es grave que un fiscal supuestamente vaya a presionar a una procesada y que se pretenda que la investigada comprometa a terceros por la presión de un poder político.

“Si no se aclara la intervención de los representantes del Ministerio Público, estamos a punto de ingresar a un punto de inflexión grave de la cual es difícil retroceder. Cuando el poder político pervierte a las instituciones de justicia y éstas se dejan, se entra en un despeñadero del cuál es difícil pararse y evitar seguir cayendo”, argumentó.

Por otro lado, opinó que ciertos medios de comunicación han dado una interpretación limitada al Caso Business Track, al considerarlo sólo como un hecho de espionaje industrial o comercial.

“Esto puede ser totalmente cierto pero no significa, sin embargo, que típicamente el accionar de Business Track sea un accionar circunscrito al espionaje industrial o comercial. Simplemente por el efecto político que causó su intervención en el caso de los Petroaudios que derribó a todo un gabinete ministerial, pensar que esto fue un efecto accesorio que no lo pensaron tener los Business Track y lo tuvieron es una ingenuidad”, aseveró.

“El tema Business Track es un tema que expresa la acción de grupos clandestinos e ilegales de seguridad e inteligencia infiltrados dentro del Estado Peruano. Deben haber otros líderes y mandos intermedios que ni siquiera están investigados”, anotó.

Del Castillo y su levantamiento de inmunidad
El ex abogado del Estado se refirió a la situación del ex premier Jorge del Castillo y los audios recientemente difundidos, donde se escucha a Alberto Químper, ex miembro del directorio de Perupetro, y Daniel Saba, presidente de esa entidad, conversando sobre la aparente influencia que habría ejercido a favor de la empresa petrolera Monterrico.

Valoró que los indicios que están presentes son lo suficientemente delicados para que el ex jefe de gabinete, de motu proprio, pida que el Congreso lo exima de su inmunidad parlamentaria a fin de que pueda ser objeto de una investigación a nivel fiscal.

“Los hechos deben ser investigados por el Ministerio Público que hasta el momento no toma acción alguna. Creo que ya son indicios suficientemente delicados para ameritar en beneficio del propio del Castillo, una investigación seria y objetiva, no una ‘cacería de brujas’”, comentó.

Saba debería renunciar a Perupetro
Finalmente, señaló que el presidente de Perupetro, Daniel Saba, debería presentar su renuncia al cargo que ostenta, luego de que se diera a conocer el audio de una conversación entre este alto funcionario y el ex director de esa entidad, Alberto Químper, sobre su presunta influencia a favor de la Petrolera Monterrico.

“Me parece que todos los funcionarios que tuvieron alguna vinculación directa o indirecta con estos graves hechos simplemente no pueden seguir en la condición de funcionarios al frente del Estado. Como lo dijo el propio presidente de la República, se trata de ser correcto y parecerlo. Por lo menos debería tomarse una decisión drástica y seria, sin lesionar su dignidad personal o profesional, pero sí invitarlos a presentar su renuncia”, concluyó.

Luis Salgado: Escándalo que involucra a Del Castillo termina favoreciendo al fujimorismo

Ideeleradio.- El congresista Jorge del Castillo debe presentar un pedido de licencia a la secretaría general del Partido Aprista Peruano, porque las últimas acusaciones en su contra perjudican a esta organización política y terminan beneficiando al fujimorismo, afirmó Luis Alberto Salgado, dirigente aprista y ex secretario ejecutivo de la Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Fue al referirse a los audios que contenían diálogos sostenidos entre Alberto Químper, ex miembro del directorio de Perupetro y Daniel Saba, presidente de la misma entidad, en los que se deja entrever que Del Castillo Gálvez habría beneficiado a la empresa Petrolera Monterrico.

“[…] La actual vicepresidente [del Congreso] Cecilia Chacón hacía declaraciones casi con aires de pontífice y de jueza suprema respecto de esta situación, cuando son ellos parte de un gobierno nefasto del más alto grado índice de corrupción; [los fujimoristas tratan] de decir que en todos lados se cuecen habas, que nosotros [los fujimoristas] no éramos tan malos, somos más o menos parecidos a los demás [partidos], esas son las situaciones negativas indeseables, por eso la corrección [la licencia] tiene que darse”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“[Con estas denuncias] el que pierde es el Perú y pierde la democracia. […] El fujimorismo [gana porque] parte de este problema está [en] la agenda que tiene que decidirse entre hoy y mañana, la situación del señor [congresista] Carlos Raffo, cuyo desafuero lo ha solicitado la Cuarta Sala Penal, para que dé cuenta de los 400 mil dólares que ha recibido de Vladimiro Montesinos en los años 90”, agregó.

Urge deslinde con el fujimorismo
Salgado Tantte remarcó, en ese sentido, que Del Castillo Gálvez debería aparatarse temporalmente de la secretaría general del Apra, mientras duren las investigaciones. Advirtió que la grave crisis que atraviesa el Apra, no sólo se da por la actual situación de Jorge del Castillo, sino por la falta de deslinde con el fujimorismo, tema en el que se incidió en la última elección del secretario general.

“Yo ratifico que esta crisis viene desde algún tiempo, al no haber deslindado con el fujimorismo, que ha creado una atmósfera nacional de una sensación de impunidad. […] Si esto no se corrige esto le hace daño a todo el país. Esta falta de deslinde es la que observo en la generación de los ‘cuarentones’ y creo que debería tomarse clara conciencia a nivel de la militancia del partido”, señaló.

Denuncias tendrán impacto electoral en el Apra
El dirigente aprista sugirió que la Comisión Política del Apra opte por licenciar al ex premier si Del Castillo Gálvez no plantea su separación temporal. Reveló que el tema es visto con amplia y profunda preocupación por el enorme daño político y el impacto electoral que genera en el corto y mediano plazo en las elecciones municipales, regionales y generales.

“Yo lo que planteo es que tome en cuenta esto [el daño al Apra] para tomar esta decisión [licencia] y lo que se refiere, si es que no la toma, la Dirección Nacional Política, en coordinación con el mismo presidente de la República tiene que tomar una decisión, pero yo espero que no se llegue a esa situación y que Jorge del Castillo comprenda el gravísimo compromiso en que está poniendo al Apra, por todos estos hechos que nos llenan de vergüenza”, subrayó.

“Si luego se determina que no hay nada, que efectivamente son calumnias y son mentiras las que se imputan contra él, pues en buena hora y que regrese, pero en este caso hay cosas más importantes que Alan García, que Jorge del Castillo, se trata de un de las instituciones decanas del país [el Apra]”, agregó.

La responsabilidad política de García
Estimó que el jefe de Estado, Alan García, tiene una muy seria responsabilidad política, en relación al respaldo inicial que recibió Jorge del Castillo, como principal precandidato del Apra. Dijo, que es impredecible cuál será la postura final que adopte el primer mandatario.

“Yo no quisiera especular sobre eso, porque sería reducir a un tema personal electoral. Obviamente para cualquier observador o analista, esto es como un misil que se ha disparado, más allá de la certeza o la veracidad de lo que dice la señora Gianotti. […] Ellos se dan perfectamente cuenta, comenzando el presidente de la República, él tiene aquí una muy seria responsabilidad política, esto ha sido dicho, él lo anunció como uno de los mejores candidatos a la presidencia de la República”, recordó.

“Es difícil señalar cuál va a ser la posición del presidente García, en este tema incluso está vinculado al caso de los petroaudios el mismo secretario de la presidencia Luis Nava [quien] fue a reunirse con Canaán en el Country, la secretaria privada del presidente también estuvo allí, eso por un lado”, agregó.

Aseguró, finalmente, que más allá de la posición importante de García Pérez sobre el candidato a la presidencia por el Apra, el representante del partido de Haya de la Torres debe ser elegido a través de un proceso universal.

“Él [García] tiene que subordinarse a la decisión mayoritaria de las bases. Si no es así se la va hacer un daño más grande al partido y la democracia interna”, concluyó.

Greta Minaya: Devida interfiere en funciones del JNE con pacto ético contra el narcotráfico

Ideeleradio.- El Compromiso Ético contra el Narcotráfico promovido por la Comisión Nacional de Lucha contra las Drogas (Devida) es una interferencia en las funciones del Jurando Nacional de Elecciones (JNE), afirmó Greta Minaya, miembro del máximo organismo electoral, tras anunciar que planteará la suscripción de un pacto contra la corrupción.

Fue al comentar el compromiso ético contra el narcotráfico que suscribieron, el último lunes, líderes y representantes de los principales partidos y movimientos políticos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objetivo de hacer un frente a la infiltración del narcotráfico.

“He estado de vacaciones un mes y lo que si me llama la atención es que el Jurado no haya participado de este pacto ético [Compromiso Ético contra el Narcotráfico"] que ha propiciado Devida, que me parece lo debió hacer conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones porque Devida no es parte del proceso electoral eso es una interferencia para mí”, expresó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Yo lo considero una interferencia, ellos debieron haber coordinado con el Jurado Nacional de Elecciones para poder darle un nivel de legitimidad y no sea un hecho declarativo, porque mucha gente ante Devida puede falsear los hechos, puede mentir, en cambio si el JNE participa ya es otra cosa”, afirmó.

Pacto ético contra la corrupción
Minaya Calle indicó, en ese sentido, que planteará a los miembros del JNE la suscripción de un nuevo pacto contra los casos de corrupción, en referencia al caso de interceptación telefónica de Business Track (BTR).

“El JNE ya está firmando pactos éticos dentro de los grupos políticos pero eso se ha hecho a nivel de departamentos y provincias, en Lima todavía falta. Y esta idea que usted me acaba de dar [propiciar un pacto contra la corrupción] se la voy a transmitir a los demás miembros del pleno para que también se tome en consideración”, señaló.

Del Castillo debe levantar su inmunidad
La integrante del JNE comentó que el congresista y ex premier de la República, Jorge del Castillo, debería solicitar el levantamiento de su inmunidad parlamentaria para aclarar las recientes acusaciones en torno a la empresa petrolera Monterrey.

“Él [Jorge del Castillo] personalmente debería pedir el levantamiento de su inmunidad y ponerse a disposición de la justicia. Eso lo hace una persona que sabe [que] es inocente y que no tiene ninguna participación en los hechos que se les está incriminando pero quien no tiene esa convicción naturalmente tiene que evadir y sale con evasiones que no son las adecuadas”, refirió.

“Ahora por el bien de la nación, no solo de su partido y del Congreso que está tan desprestigiado, no solamente él, sino todos aquellos que están implicados en hechos que deben ser investigados deberían hacer los propio [levantar inmunidad], comentó en relación al legislador Carlo Raffo.

Notable lentitud en caso BTR
Greta Minaya sostuvo que en el Caso Business Track (BTR) se evidencia una “notable lentitud” que es responsabilidad del Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía Nacional. Opinó que estas tres instituciones le deben una explicación a la ciudadanía por la forma de cómo se está realizando las investigaciones.

“Hay mucha complacencia en algunos magistrados, mucha indiferencia por parte de algunos miembros del Ministerio Público que no proceden con la celeridad debida a investigar casos tan evidentes como BTR [...] Hay interés de parte incluso de los miembros que tenían a cargo la investigación, tanto la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, hay tres entidades que directamente a mi entender están comprometidas y que tienen a la ciudadanía darle una explicación, pero una explicación lógica”, dijo.

“Acá se están cometiendo delitos porque el hecho de que se hayan sustraído pruebas y cambiado el contenido, eso es un delito contra la administración de justicia. Hay personas que tienen que ser investigadas y procesadas y luego sancionadas […] Para mí no hay justificación de ningún tipo, para mí no hay padrinazgos, amigos, no hay parientes no hay nada porque cuando se trata de administrar justicia uno actúa de acuerdo a su criterio de conciencia y a la ley, trátese de quien se trate”, criticó.

Se debe declarar proceso complejo
Comentó que el Poder Judicial debería declarar el caso BTR como un proceso complejo para que Elias Ponce Feijoo y otros procesados por el delito de interceptación de llamadas no salgan en libertad por falta de una sentencia previa y en cumplimiento a los 18 meses de detención.

“[Para que eso no ocurra] creo que los jueces encargados tendrán que declarar el proceso complejo y aumentar el tiempo [de detención] como lo han hecho en otros casos, que el tiempo de detención se prorrogue. Lo que se está buscando de parte de las personas interesadas es que le den libertad, se van del país, evaden, o la prescripción o que simplemente ya no tenga razón de ser”, declaró.

Vacancia presidencial
Finalmente, Greta Minaya explicó que cualquier persona puede pedir la vacancia de un funcionario público, en relación al trámite que presentó la Bancada Nacionalista ante el Congreso de la República.

“Cualquier persona puede pedir la vacancia de un funcionario que incumple con sus funciones como es el caso del presidente de la República, ahora quien declara la vacancia es el Congreso naturalmente, previa verificación de la información que tiene que alcanzar quien tiene está realizando la denuncia porque tiene que haber motivos y razones”, aseveró.

“Ahora la incapacidad moral está relacionada a que una persona tenga vida un poco desordenada, sino que tiene que ver con todo su comportamiento es todo y desgraciadamente el señor García, como nosotros decimos, no tiene hasta ahora propósito de enmienda. Usted ha visto lo que ha pasado con el Baguazo, con este problema de las carreteras, Islay, BTR, que es muy grave y sobre todo concesiones que ha hecho con países que no debería hacerse este tipo de concesiones”, concluyó.

Greta Minaya: Kouri no podrá postular a municipio de Lima

Ideeleradio.- El ex presidente regional del Callao, Alex Kouri Buchamar, no podrá postular a la Municipalidad Metropolitana de Lima porque tiene un proceso judicial pendiente, afirmó Greta Minaya, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Fue al comentar el reglamento de inscripción de listas de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2010 (Resolución 247-2010-JNE), publicado ayer, donde se señala que todo candidato debe estar exento de procesos judiciales, es decir no debe tener procesos penales, ni juicios por alimentos.

“[¿Alex Kouri no podría postular porque tiene un proceso abierto?] No puede efectivamente, porque el reglamento ya está publicado y está vigente. [¿O sea Alex Kouri no puede postular a la Municipalidad de Lima?] Ese es un asunto como le digo que ya está reglamentado”, reveló en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“[¿No hay nada que pueda cambiar eso?] Esas son las reglas de juego que se han planteado, ahora si se vulneran esas reglas, ya es responsabilidad de quienes lo permiten”, agregó. Minaya Calle indicó que el Jurado Nacional de Elecciones publicó un nuevo reglamento con la finalidad de fiscalizar y neutralizar la postulación de malos candidatos.

Comentó que en este proceso electoral los aspirantes deberán presentar una declaración jurada y detallar que no tienen ningún proceso penal en curso o haber recibido algún tipo de condena por un delito doloso.

“En esta oportunidad el JNE va actuar fiscalizando, verificando que las hojas de vida correspondan a la realidad, eso será antes de la inscripción del candidato y si por alguna eventualidad [un candidato] pasó este filtro, el JNE tiene la potestad de tacharlo”, afirmó.

“El Jurado Nacional de Elecciones tiene la potestad de separarlo y para esto se hará un convenio con el Poder Judicial y con el mismo Instituto Nacional Penitenciario para poder acceder a las fojas de antecedentes”, aseveró.

JNE no vulnera presunción de inocencia
La integrante del Jurado Nacional de Elecciones comentó que no se está vulnerando el principio de presunción de inocencia con este dispositivo, sino que es una especie de “protección” para que no ocurran casos como del congresista fujimorista Carlos Raffo, quien está procesado penalmente por recibir supuestamente dinero del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

“En este caso no se está atentando contra el principio de presunción de inocencia sino que [se está realizando un filtro]. Por ejemplo tenemos el caso del congresista Carlos Raffo, que ahora se niega a ponerse a disposición de la justicia, no obstante se le ha requerido e incluso ya ha sido declarado reo contumaz y aún así el Congreso no quiere levantarle la inmunidad porque él cometió ese delito antes de ser candidato. Eso ya no va a pasar, nosotros vamos hacer muy cuidadosos con ese tema”, aseguró.

Promesas incumplidas
Finalmente, señaló que el Jurado Nacional de Elecciones está estudiando la posibilidad de propiciar un proyecto ley que sancione a quienes incumplan las promesas electorales.

“Yo misma estoy tratando de presentar un proyecto de ley para que estos funcionarios públicos, alcaldes sobre todo, presidentes regionales y los mismos congresistas cumplan con sus promesas […] Vemos el caso de Lima que a última hora están tratando de hacer lo que no pudieron realizar en tres años. Justamente eso es lo que queremos evitar dando un dispositivo para que en seis meses antes de un proceso electoral se paralice toda obra y ya no se haga más, de esta manera se les da a los alcaldes la posibilidad de que trabajen antes”, concluyó.