Ideeleradio.- El Caso Business Track (BTR) no avanzará porque el actual contexto político es adverso y no existe voluntad política del Gobierno de llevar adelante las investigaciones, estimó el ex procurador Antonio Maldonado, tras proponer que este expediente se vea junto al Caso Petroaudios en un solo despacho judicial.
“Creo que el éxito del caso dependerá de que llegue al gobierno un líder y un partido que respete las instituciones de justicia y que no pretenda vulnerarlas, ni erosionarlas y sobre todo que tenga la voluntad política de llevar el caso adelante. El caso se puede salvar creo que no está perdido de ninguna manera”, manifestó en el programa
“No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Me parece que el éxito de la investigación va a depender del contexto político, que hoy es adverso a la investigación por la posibilidad que tiene el poder político de vulnerar los órganos que están interviniendo a la investigación, y de la posibilidad de que la investigación con fiscales y jueces probos pueda recoger las lecciones aprendidas del pasado y pueda entender que hay que valorar todos los indicios que no lesionen los derechos fundamentales del procesado y cumplan el objetivo de llegar a la verdad”, añadió.
El ex procurador recordó, en este sentido, que la justicia anticorrupción peruana ya demostró en varios casos y situaciones como la extradición de José Enrique y José Francisco Crousillat en Argentina y en informes presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la justicia no está dirigida a perseguir de manera injusta y arbitraria a las personas.
“Si hay plazos razonables que se han vencido y que por tanto corresponde que las personas sean puestas en libertad, esto no tiene por qué afectar la investigación, tiene que haber otros medios de prueba. Esto está demostrado en la sentencia del juez César San Martín en el Caso Fujimori, donde se recurrió a una cantidad de indicios que vinculados y concatenados unos con otros, llevaron a la conclusión de la responsabilidad penal del entonces acusado y hoy condenado ex presidente”, afirmó.
La acumulación del Caso Petroaudios y BTREn otro momento, consideró que un solo órgano jurisdiccional debería conducir la investigación por el Caso Business Track y el de los Petroaudios. Fue al cuestionar la labor del procurador anticorrupción Jorge Caldas, cuyo despacho fue separado del Caso BTR.
“El caso de los Petroaudios y Business Track están vinculados a tal punto que en algún momento debería de considerarse que un solo órgano conduzca la investigación de ambos casos. Pero, en todo escenario, el delito de peculado fluye por todos lados, hay personas privadas vinculadas a funcionarios del Estado y del propio Estado mismo que han usufructuado sus bienes con fines distintos para los cuáles esos bienes fueron concebidos”, precisó.
“Están los propios recursos humanos de la Marina de Guerra, los agentes de Inteligencia pasaron a usar todo el conocimiento de la Marina para usarlo con fines particulares. Señalar que dado que no se ha podido determinar que intervinieron funcionarios públicos y que la Procuraduría no puede intervenir, es muy pobre la interpretación. Creo que la Procuraduría Anticorrupción tenía un caso emblemático”, anotó.
Investiguen a fiscal Mateo Castañeda y Walter Milla
Maldonado Paredes recomendó abrir una investigación al coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Mateo Castañeda, y al fiscal Walter Milla ante las graves acusaciones de la procesada Giselle Giannotti, quien aseguró que le propusieron someterse a la colaboración eficaz para incriminar a la compañía Petro-Tech.
“Sin duda alguna [se debe abrir una investigación a Mateo Castañeda y Walter Milla] lo que inicialmente elogiamos como una intervención proactiva y correcta del Ministerio Público bajo el liderazgo de la Fiscal de la Nación [Gladys Echaíz], se ve por lo menos ensombrecido por estas declaraciones que si son ciertas comprometerían la actuación del Ministerio Público en un nivel muy delicado. Estamos hablando del fiscal coordinador de las fiscalías anticorrupción y el fiscal que intervino en la investigación”, aseveró.
“Creo que la investigación por lo menos interna que debiera hacerse de motu propio la fiscal [Echaiz], si es que no la ha ordenado, procede y es urgente hacerla. Estamos hablando de deslindar si es que se ha comprometido o no la integridad del Ministerio Púbico en función de intereses particulares e intereses que habría utilizado el poder político. Eso es muy grave”, agregó.
En tal sentido, reiteró que son graves las declaraciones que brindó la ex relacionista pública de la empresa Business Track, Giselle Gianotti, porque hace referencia a una supuesta penetración de la integridad de la investigación, en el más alto nivel de la Policía y de la Fiscalía. Refirió que es grave que un fiscal supuestamente vaya a presionar a una procesada y que se pretenda que la investigada comprometa a terceros por la presión de un poder político.
“Si no se aclara la intervención de los representantes del Ministerio Público, estamos a punto de ingresar a un punto de inflexión grave de la cual es difícil retroceder. Cuando el poder político pervierte a las instituciones de justicia y éstas se dejan, se entra en un despeñadero del cuál es difícil pararse y evitar seguir cayendo”, argumentó.
Por otro lado, opinó que ciertos medios de comunicación han dado una interpretación limitada al Caso Business Track, al considerarlo sólo como un hecho de espionaje industrial o comercial.
“Esto puede ser totalmente cierto pero no significa, sin embargo, que típicamente el accionar de Business Track sea un accionar circunscrito al espionaje industrial o comercial. Simplemente por el efecto político que causó su intervención en el caso de los Petroaudios que derribó a todo un gabinete ministerial, pensar que esto fue un efecto accesorio que no lo pensaron tener los Business Track y lo tuvieron es una ingenuidad”, aseveró.
“El tema Business Track es un tema que expresa la acción de grupos clandestinos e ilegales de seguridad e inteligencia infiltrados dentro del Estado Peruano. Deben haber otros líderes y mandos intermedios que ni siquiera están investigados”, anotó.
Del Castillo y su levantamiento de inmunidad
El ex abogado del Estado se refirió a la situación del ex premier Jorge del Castillo y los audios recientemente difundidos, donde se escucha a Alberto Químper, ex miembro del directorio de Perupetro, y Daniel Saba, presidente de esa entidad, conversando sobre la aparente influencia que habría ejercido a favor de la empresa petrolera Monterrico.
Valoró que los indicios que están presentes son lo suficientemente delicados para que el ex jefe de gabinete, de motu proprio, pida que el Congreso lo exima de su inmunidad parlamentaria a fin de que pueda ser objeto de una investigación a nivel fiscal.
“Los hechos deben ser investigados por el Ministerio Público que hasta el momento no toma acción alguna. Creo que ya son indicios suficientemente delicados para ameritar en beneficio del propio del Castillo, una investigación seria y objetiva, no una ‘cacería de brujas’”, comentó.
Saba debería renunciar a Perupetro
Finalmente, señaló que el presidente de Perupetro, Daniel Saba, debería presentar su renuncia al cargo que ostenta, luego de que se diera a conocer el audio de una conversación entre este alto funcionario y el ex director de esa entidad, Alberto Químper, sobre su presunta influencia a favor de la Petrolera Monterrico.
“Me parece que todos los funcionarios que tuvieron alguna vinculación directa o indirecta con estos graves hechos simplemente no pueden seguir en la condición de funcionarios al frente del Estado. Como lo dijo el propio presidente de la República, se trata de ser correcto y parecerlo. Por lo menos debería tomarse una decisión drástica y seria, sin lesionar su dignidad personal o profesional, pero sí invitarlos a presentar su renuncia”, concluyó.
Ideeleradio.- La Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) marchará si el Cardenal Juan Luis Cipriani pretende instalar junta administradora lo antes posible, tras el fallo que beneficia al Arzobispado de Lima en el litigio que tenía con este centro de estudios, afirmó Renato Constantino, presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCP.
