jueves, 18 de febrero de 2010

Advierten que denuncia por Baguazo es endeble y podría ser derivada al fuero militar

Ideeleradio.- La denuncia que presentó la fiscal Olga Bobadilla, titular de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba, es endeble y gaseosa, omite varias diligencias y podría ser derivada al fuero militar, porque estaría basada más en cuestiones funcionales que en la autoría mediata, advirtió Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Habiendo un proceso abierto en el Fuero Privativo Militar contra estas mismas personas por el delito de función, nosotros creemos que la fiscal Bobadilla ha hecho una denuncia bastante endeble, bastante gaseosa para que en el proceso se vaya no por autoría mediata sino por una suerte de delitos funcionales”, explicó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Vuelvo a reiterar autoría mediata no es que una persona no haya cumplido con las funciones que tiene como alto mando de la Policía. Autoría Mediata es haber dado una orden para que otras personas ejecuten (como sucedió en el caso Alberto Fujimori)”, agregó.

Calificó, en ese sentido, de endeble y gaseoso el documento que presentó la fiscal Bobadilla Terán por la ausencia de la teoría de la autoría mediata y la argumentación de los delitos de función, cuyas pena tiene una sanción de dos años de pena privativa de la libertad.

Sería una abdicación del Ministerio Público
El integrante del IDL expresó que si se confirma que la Fiscalía se orienta más por la cuestión funcional representaría una abdicación del Ministerio Público para que este caso pase al Tribunal Supremo Militar Policial, tal como lo solicitó en su momento su presidente Carlos Mesa Angosto.

“Definitivamente (sería una abdicación). Por qué si la fiscal considera que autoría mediata es la precaución debida que no ha tomado el alto mando policial Muguruza y Uribe, estamos hablando de un delito de deberes funcionales que perfectamente el Fuero Militar lo quiere y lo va a jalar y obviamente va a ser así si el juez provisional Miranda Caramutti abre instrucción por esta clase de delitos”, refirió.

Diligencias pendientes
El letrado cuestionó que la fiscal Olga Bobadilla Terán, titular de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba, no haya solicitado hasta el momento al Ministerio del Interior el tipo de armas, el número de serie de balas y la lista de nombres de los policías destacados al caso Bagua, información con la que se podría establecer responsabilidades por los luctuosos sucesos del 05 de junio del 2009.

“Hay que tener en cuenta sobre lo que hizo la fiscal Olga Bobadilla al no citar a los policías en su debida oportunidad. (Por ejemplo) ya se perdió el efecto de la prueba pericial de absorción atómica y no se va a conocer qué policías han disparado contra los civiles nativos y no nativos”, pormenorizó.

“Pero hay una forma de remediar eso. La fiscal Bobadilla no ha pedido al Ministerio del Interior ni a la PNP que le remita la lista de los nombres de los policías que han estado en el lugar de los hechos. Tampoco ha pedido el tipo de armas que emplearon y menos el número de serie de cada una de las balas que tenían los policías. Con eso se puede demostrar quién disparó”, añadió.

Criticó que tampoco se haya solicitado al Fuero Militar la copia del caso de los generales PNP Luis Elías Muguruza Delgado y Javier Uribe Altamirano, así como los testimonios de Mercedes Cabanillas y Yehude Simon.

“Tampoco ha pedido una copia de que se está haciendo en el fuero privativo militar y tampoco le ha tomado la declaración a altas autoridades. Ella dijo que por ser fiscal provincial no tenía la prerrogativa de poder citar a la Cabanillas y Yehude Simon, eso es mentira. El señor Yehude Simon perfectamente puede declarar porque ya no es autoridad no tiene un cargo público y en el caso de Mercedes Cabanillas lo pudo hacer a través del Ministerio Público”, precisó.

Informó que en este caso también debieron ser procesados los efectivos Wilson Elmer Hernández Silva (ex viceministro del Interior), Mauro Remicio Maguiña (ex director General de la Policía Nacional, general de Policía) José Sánchez Farfán (teniente general PNP) y Miguel Hidalgo Medina (director de la PNP), entre otros.

Denuncia podría irse al archivo
Indicó que la fiscal provincial de Utcubamba, Olga Bobadilla Terán, cometió las mismas irregularidades que su antecesora, Luz Marlene Rojas Méndez, debido a que sólo cumplió con tres diligencias de las 54 que debía realizar.

Dijo que por este hecho, el Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Utcubamba, a cargo del magistrado Francisco Miranda Caramutti, podría considerar que no se han realizado algunas diligencias de importancia y por lo tanto podría devolver la denuncia tal como se hizo en agosto del año pasado, respecto a la denuncia de Rojas Méndez.

Aseveró que en este caso se puede registrar otra alternativa más para neutralizar la denuncia y es que el magistrado Francisco Miranda Caramutti podría archivar la imputación, bajo el argumento de que no existen los elementos suficientes sobre la responsabilidad de los generales PNP Luis Elías Muguruza Delgado y Javier Uribe Altamirano.

Sostuvo que el expediente que Olga Bobadilla derivó al Poder Judicial, no tiene los fundamentos que expliquen la teoría de la autoría mediata (el hombre de atrás, el hombre que tiene dominio del hecho), presunción con la que se acusa a los altos mandos de la Policía Nacional, Elías Muguruza y Javier Uribe.

“No ha desarrollado la teoría. La teoría que ha desarrollado la fiscal es que han incumplido deberes de función. ¿Qué significa? Que los policías, los altos mandos, han iniciado el operativo en la Curva del Diablos sin tener en cuenta cuántos nativos estaban en la zona. (Sin saber) si tenían armas o cuántos licenciados o civiles había”, relató.

Caso “Estación 6” hay 74 diligencias incumplidas
Asimismo, el abogado reveló que el titular de la Sala Mixta Descentralizada de Bagua, que lleva el caso de la Estación Seis, incumplió con 74 diligencias importantes. Lamentó que en este proceso tampoco se haya citado a declarar al ex premier Yehude Simon y a la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas.

“El juez sí ha señalado que hay 74 diligencias que no se han llevado a cabo. Yo no sé si el magistrado ha considerado que estas diligencias son importantes (…) Creo que llamar a la ex ministra Cabanillas y Yehude Simon para que declaren, o los mismos nativos que han logrado variar su mandato de detención por comparecencia, tampoco les ha citado”, evidenció.

“No se han ratificado todas las pericias y eso es importante. No habido confrontaciones a pesar de que para el magistrado algunos nativos tienen algunas versiones contradictorias. Tampoco de oficio ha realizado las confrontaciones, no habido un intérprete que es básico. Los nativos hablan castellano sí pero no entienden como una persona que si lo habla desde el nacimiento”, expresó.

Precisó que otras de las irregularidades que cometió la fiscal Bobadilla, en torno al caso del nativo Asterio Pujupat Wachapea, fue no acumular este proceso a la investigación que se sigue en el expediente 124-2009 del caso Curva del Diablo. Criticó que haya enviado éste al Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Utcubamba.

“Es necesario que por convenios internacionales (Asterio Pujupat Wachapea) dé su declaración con un intérprete, porque la persona que es detenida y que habla dos idiomas tiene que ser interrogado con un intérprete desde la parte inicial”, estimó.

Caso simbólico
Manifestó que en todos estos procesos existe un caso simbólico que deja mucha que desear, al comentar el caso del alcalde de Santa María de Nieva, Héctor Requejo, quien es procesado por ordenar supuestamente el bloqueo de la Curva del Diablo.

“Hemos revisado ese expediente y las declaraciones y las imputaciones para un mandato de detención han sido a nivel de un atestado policial y las declaraciones totales de los dos menores no aparece en los expedientes, sin embargo tuvo mandato de detención y eso lo emitió el magistrado Miranda Caramutti”, afirmó.

“La Sala Mixta Descentralizada es la que le varió el mandato de detención por comparecencia a Requejo haciendo alusión a lo que la defensa había señalado. Yo me pregunto ¿Cómo se puede aperturar instrucción como instigador, autor intelectual o autor mediato a una persona cuyas declaraciones (de los denunciantes) no obran?”, concluyó.

Soto Vallenas: Efraín Anaya debe ser destituido de comprobarse denuncia por corrupción


Ideeleradio.- El consejero Efraín Anaya debe ser destituido si se comprueba que le pidió “incentivos económicos” a un alto funcionario del Ministerio Público a cambio de apoyarlo y favorecerlo en el concurso que dicho organismo viene realizando, aseveró Gastón Soto Vallenas, futuro miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y ex integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Indudablemente (que de comprobarse la responsabilidad de Anaya debe ser destituido). Felizmente que existen las normas pertinentes en aplicación de las mismas y se determinará cuáles son las sanciones que corresponden de comprobarse ese tipo de intervenciones” aseveró en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Soto Vallenas consideró que se deben determinar las responsabilidades que corresponden, aunque dijo no conocer los detalles de la denuncia formulada contra Anaya Cárdenas, por parte del fiscal supremo adjunto Tomás Aladino Gálvez Villegas (50).

“Es un tema delicado, no conozco los detalles pero este caso debe ser denunciado y no quedar en la información. Hay una denuncia de por medio, la cual requiere una investigación y la necesidad de que asuman (la responsabilidad) los responsables”, afirmó.

“El prestigio de las instituciones del Estado dependen de la transparencia, idoneidad y la conducta dentro del marco de la moralidad. Si hay este tipo de denuncias, estamos en la obligación de no sólo conocerlas sino de que la investigación sea sumamente precisa para que se determine las responsabilidades”, agregó.

Consideró que es importante que las personas le den prestigio y credibilidad a las instituciones ante la ciudadanía y que ese debe ser el caso del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Recordó que hace 10 años atrás le correspondió integrar el JNE cuando nadie “daba medio” por dicho organismo.

“Una de las instituciones más importantes que tiene que ver indirectamente con la administración de justicia y la responsabilidad de seleccionar a los magistrados tiene que tener toda la confianza de la ciudadanía. De tal manera que el resultado de la gestión de quiénes nombran en este caso a los magistrados también se debe derivar en la confianza que la población debe depositar en cada uno de los integrantes del CNM”, afirmó.

En otro momento, Soto Vallenas evitó pronunciarse si es que debería modificarse los procedimientos que desarrolla el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y publicar los resultados de los exámenes de los postulantes. Señaló que si bien se requiere de transparencia, consideró normal que exista un cierto grado de anonimato en la evaluación de las pruebas.

“No quisiera adelantar opinión respecto a cual sería en su momento la opinión que tenga que tener respecto a este caso en particular, toda vez que quisiera conocer un poco más en el detalle las características en que se desarrolla el proceso. Requiere transparencia, pero también es obvio que procesos como estos, más allá de que se ponga en primera plana cuál fue el resultado, es normal que los exámenes tengan cierto grado de anonimato”, declaró.

Comentó que antes de asumir el cargo de consejero, le tocó evaluar y seleccionar a altos funcionarios del Ministerio de Trabajo como parte de su labor como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

“A nosotros nos tocó una misión importante de ser seleccionadores de altos funcionarios del Ministerio de Trabajo a efectos que ellos puedan ser promovidos a cargos más altos. Fue interesante la participación de notarios, de fiscales de prevención del delito, etc. Hubo más de 100 postulantes en esta prueba que fue preparada por catedráticos de nuestra facultad, pero nadie se entera quiénes fueron los examinadores, ni quién preparó la prueba. Cuando las universidades o instituciones intervienen en este tipo de pruebas debe haber cierto grado de credibilidad”, aseguró.

De otro lado, justificó su inasistencia a la Mesa Redonda organizada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el diario La República, para conocer a los candidatos al CNM. Señaló que sus obligaciones como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú le impidieron asumir este tipo de compromisos.

Sostuvo además, que la ampliación del número de consejeros del CNM debe ser un tema a evaluar, pero que ello no garantiza algún tipo de eficiencia.

“Se trata que la función del Consejo en cuanto a la responsabilidad que tiene de seleccionar a los magistrados, lo haga con la transparencia que se requiere sino con los conocimientos técnicos que hoy se exigen para que sea más eficiente la función que éste desarrolla. Este colegiado de repente nos convertimos en una asamblea y terminamos complicando la función por ser más democráticos”, mencionó.

En otro momento, manifestó que no tiene ninguna denuncia en su contra en el Ministerio Público y que si las tuvo, éstas fueron archivadas. Además informó que el actual dueño de la Universidad Tecnológica del Perú, Róger Amuruz Gallegos, no tiene ninguna vinculación con el partido Cambio 90 y que se encuentra vinculado sólo a su actividad empresarial.

Carlos Mansilla: No se hará pública lista de juristas que califican a jueces y fiscales

Ideeleradio.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no publicará la lista de juristas que califican a jueces y fiscales, afirmó Carlos Mansilla Gardella, presidente del CNM, tras considerar que su difusión sería absolutamente inconveniente para el desarrollo normal de los procesos.

Fue al comentar el pedido de la periodista Rosa María Palacios, conductora del programa “Prensa Libre”, para que se conozca el rol de abogados que califican a los postulantes, pues éstos tendrían un claro conflicto de interés en caso hayan revisado la prueba que rindió el fiscal Avelino Guillén

“Para poder divulgar, sería absolutamente inconveniente, no debe darse (la lista) esa manera los ponemos al margen de que más adelante puedan apoyar en otras calificaciones, estamos seguros que son gente de lo más capaz y más correcta”, señaló en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“El Consejo convoca a los mejores especialistas del medio, los mejores abogados, profesores de primera línea de las universidades mas prestigiadas de Lima, para que la calificación sea absolutamente objetiva y las razones para no decir quienes son, es para garantizar la seguridad que esta gente pueda trabajar sin ninguna dificultad, sin que nadie les esté tocando la puerta, ni llamando por teléfono, ni valerse de influencias”, agregó.

Descartó que los miembros del CNM hayan “tercerizado” sus funciones de evaluación, al derivar las pruebas de abogados y magistrados a una comisión de juristas destacados. Mencionó que los consejeros están al tanto de los exámenes y de la misma calificación.

“Hace muchos años que se recurren a especialistas de primera nota y siempre es la tónica y por supuesto que los señores consejeros participan del conocimiento de la calificación final y de ser el caso y de considerarlo pertinente proceden a realizar cualquier de las prueba. (…) Todos los consejeros han sabido de los contenidos de los exámenes, de las calificaciones aplicadas y de la verificación de a quien le corresponde cada calificación”, precisó.

Mansilla Gardella remarcó que no existe ninguna connotación política en la evaluación a la que fue sometido el fiscal Avelino Guillén, tras defender ese concurso y reiterar que no existe ninguna animadversión contre el fiscal supremo adjunto.

“Otros magistrados que se encuentran en concurso que han intervenido en el mismo proceso judicial que el señor Guillen hace referencia. Otros magistrados, el caso de la doctora Elvia Barrios, doctor José Neyra, Hugo Príncipe, entre otros, están con notas altísimas y siguen adelante con su postulación, de manera que se venga que es por una situación de carácter política porque participó como fiscal de un caso (Fujimori). Por favor, quitémonos esa idea de la cabeza, este hecho no guarda relación con lo otro que inicialmente se ha preguntado”, enfatizó.

Pidió, en ese sentido, no confundir el reclamo y el pedido de Guillén Jáuregui para que se anule el concurso para acceder a una fiscalía suprema titular, con la denuncia periodística que vincula al consejero Efraín Anaya en un presunto acto de corrupción.

“No debemos unir un tema con el otro, no guardan en absoluta relación, una cosa es la parte técnica operativa de cómo se toman y califican los exámenes y otra es la decisión personal de un consejero que los demás no comparten y ni hacen suya, de incurrir en este tipo de situaciones que estamos reportando y respecto a la cual, estamos tomando acción”, sostuvo.

CNM evalúa mecanismo para denunciar a Efraín Anaya y analiza anular concurso a fiscales supremos

Ideeleradio.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) evaluará el mecanismo que tomará para denunciar al consejero Efraín Anaya, quien fue acusado por el fiscal Tomás Gálvez de solicitar “incentivos económicos” para favorecerlo en el concurso para fiscales supremos y analizará la posibilidad de anular dicho proceso, anunció Carlos Mansilla, presidente del CNM.

“(Esto está) en manos de nuestro asesor legal para que nos ilustre de cuál es el camino que debe corresponder, esto es, si se debe formalizar una denuncia y en este caso, ante quién, ante la Fiscalía de la Nación, tal vez ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales y las demás acciones que puedan corresponder a esta situación”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Estamos en la espera del pronunciamiento del asesor legal y créame que volveremos a convocar a otro pleno de inmediato, para dar cuenta y que el pleno pueda tomar todas las acciones que correspondan. (…) En un pleno anterior se enfatizó que ningún postulante debe reunirse con un consejero que lo va a calificar. (…) Esa es la razón por la cual se ha pasado al asesor legal, no para que nos diga si hay o no una irregularidad, sino para que nos diga cuál es el camino frente a esta situación”, remarcó.

Indicó que este hecho concreto es repudiado y rechazado por todos los demás consejeros, quienes dijo, revisarán todas y cada una de las situaciones propias del concurso, tales como la nulidad del mismo.

“Será otra situación que el pleno debe evaluar (las implicancias frente al concurso), esa entre otra razón se ha comunicado al pleno, para que el pleno evalúe y determine lo que pueda corresponder. Ojalá no se hayan producido otras situaciones, no conocemos de otras situaciones, pero el pleno determinará si hubo o no más situaciones”, señaló.

“El pleno del Consejo tiene que determinar esta situación (de anular el proceso) escuchando a los miembros de la comisión de selección y nombramiento que son otros dos, que también tendrán que decir lo suyo, porque se anule o porque siga adelante en función de si consideran o no de que ha habido otras irregularidades. El Consejo ha llamado a pleno de inmediato y se están tomando las acciones pertinentes entre todos hay cada uno de los consejeros”, refirió.

Mansilla Gardella señaló, además, que tanto el consejero como el fiscal denunciante confirmaron haberse reunido, aunque precisó que Efraín Anaya negó haber solicitado beneficios económicos.

“El consejero Anaya ha manifestado que no pidió dinero, es lo que él ha dicho, pero no niega haberse reunido con esa persona y el doctor Tomás Aladino Gálvez confirma que se han reunido y cuál fue el contexto de lo que conversó, más allá de estas situaciones lo demás tendrá que ser materia de esclarecimiento por la autoridad que pudiera corresponder”, aseveró.

El titular del CNM confirmó, asimismo, que dos consejeros se acercaron a su despacho para comunicarle que el postulante Tomás Aladino Gálvez les había manifestado verbalmente que se había reunido con un consejero y que “había ocurrido algunas situaciones fuera de lo que suele ser lo normal”.

“De inmediato, le pedí al doctor Aladino Gálvez que fuera a mi despacho y le tomé una manifestación por escrito en presencia de los dos consejeros que me habían comunicado de esta situación”, relató.

“Concluida la manifestación, convoqué a un pleno extraordinario que se ha realizado el día martes, donde estos hechos se pusieron oficialmente en conocimiento de todo el pleno del Consejo, donde los demás señores consejeros han rechazado esta situación producida. El pleno determinó algunas acciones, poner de inmediato los documentos pertinentes, la declaración de este señor”, puntualizó.