Ideeleradio.- El juez anticorrupción Jorge Barreto terminó convirtiéndose en un “abogado estratégico de una de las partes” en el Caso Petroaudios al considerar a “último minuto” que los documentos incautados al ex ministro Rómulo León no fueron ofrecidos como prueba y no podían ser visualizados, sostuvo la Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz.
Fue al referirse a la conclusión del plazo de investigación del proceso que se le sigue a León Alegría, representantes de Discover Petroleum International (DPI) y funcionarios de Petroperú y Perupetro, así como a la decisión de Barreto Herrera de visualizar sin la presencia del fiscal parte de la información contenida en el expediente.
“Después de haber visto 400 documentos el último día dice que ya no seguirá viendo esto porque esto no se ha ofrecido como prueba. ¿Y lo que vio que fue? ¿En condición de qué? ¿Cómo lo entendía en ese momento? ¿Por qué cambia de criterio al final? Hay muchas preguntas que hacerse, yo espero que no sea lo que la imaginación pueda suponer, sino que se haya debido, no sé, a una falta de revisión del expediente, a un descuido, a una presunción de si o no estaba dicho (…)”, manifestó en el programa
“No Hay Derecho” de Ideeleradio. “(…) Ya había empezado a mirar, entonces para que lo estaba viendo. ¿Era una diligencia judicial o era una reunión con la parte por curiosidad, para mirar lo que había? ¿Qué naturaleza tuvo esa diligencia que se llevó a cabo? (Si eso no iba a servir como prueba) ¿Para que la miraron? Porque en todo caso pudo desde un comienzo haberse hecho la precisión que exigía el juez y no esperar el último minuto para hacerlo. ¿Convirtiéndose en qué? En un abogado estratégico de una de las partes”, agregó.
La magistrada lamentó, en ese sentido, que Barreto Herrera haya llevado a cabo diligencias de visualización -de lo que ahora no considera como prueba- de manera individual y con el investigado. Señaló que el titular del Tercer juzgado Anticorrupción limitó el derecho del Ministerio Público
“(El juez) impidió el ingreso de la fiscal, del procurador, (estuvieron) a puerta cerradas los dos (en una diligencia). Eso ha merecido recurso de apelación por parte de la fiscal que aún no se resuelve. Ya terminó la investigación y veremos que dice la sala. (Esto) significa que se ha limitado el derecho del fiscal a actuar en un proceso de manera activa en representación de la sociedad”, indicó.
“O sea que se le ha negado a la sociedad la posibilidad de que su representante actúe de una manera en la visualización. Recuerde que el fiscal no pudo ver todo lo que había en esa memoria (cuando se descubrió el caso) por el plazo de 15 días que da la ley para poder investigar cuando hay una persona detenida o cuando se dicta una medida cautelar”, agregó.
Barreto no debió esperar hasta el finalEchaiz Ramos recordó que el Ministerio Público logró incautar la computadora de León Alegría, cumpliendo las formalidades de ley. Detalló que el disco duro que fue entregado por la propia secretaria del ex ministro comenzó a trabajarse en la fase de la investigación y que en base a esto se obtuvo información que sustentó la denuncia que fue derivado al juzgado. Recalcó que la pertinencia o validez de los documentos debió ser señalado oportunamente y no al final de la etapa de instrucción.
“En la denuncia, se pone a disposición el material que sustenta la denuncia, el juez Barreto dice que específicamente no se la ha dicho que era prueba. Sin embargo el juez es el director de la investigación y el que debe decir si hay alguna cosa o no, para caminar en pos de verificar los hechos materias de denuncia. Él dirige la investigación y puede de oficio disponer pruebas, en el supuesto que no admitiera como prueba el que le pongan a disposición el material que sirve de sustento a una denuncia”, declaró.
“A mí me resulta un poco curioso que si a criterio del juez no había la precisión de si fue ofrecido como prueba y que no entendía como tal el poner a disposición el material que servía de sustento a la denuncia, lo cual es lo mismo, pues en ese rato debió decirlo, en el momento que le pidieron la visualización, porque si hubiera sido así, el fiscal hubiera hecho la precisión y no esperar al final”, reclamó.
Transparencia para evitar especulacionesComentó que el exceso de reserva que ha tenido el juez Jorge Barreto con las partes inclusive con el titular de la acción penal, mueve las suspicacias que -con alguna razón- tiene la comunidad.
“Creo que en estos temas que tienen una connotación social uno debe ser un poco más transparente y abierto para evitar este tipo de especulaciones. Sin embargo, hecha las cosas, tenemos que buscar la alternativa de solución y esa es a nivel de un juicio oral de un caso que es complejo y se ha tornado en ordinario”, refirió.
Omisiones podrán suplirse en juicio oralLa Fiscal de la Nación dijo esperar que a nivel del juicio oral se pueda suplir las omisiones, deficiencias o limitaciones que les permita actuar con más libertad que en la fase de instrucción del Caso Petroaudios. Mostró su esperanza de que se pueda ofrecer aquello que no fue contemplado por las limitaciones que dio el juez al fiscal y la parte civil.
“(Existe la posibilidad de revertir en una sala) Esto se ha convertido en complejo me parece y si es complejo se irá a un juicio ordinario me imagino. Ya en la sala, que es el verdadero juicio oral, tendremos la oportunidad a la luz y con las puertas abiertas, de actuar bajo el control de la sociedad misma”, expresó.
“A no ser que el fiscal superior pida que se devuelva (el expediente) y la sala resuelva las incidencias que tiene en su poder y le dé un plazo prudencial para actuar eso a nivel de instrucción, porque mire llegamos a la fase principal prácticamente debilitados por una posición peculiar de un juez de instrucción que todavía trabaja con el Código de Procedimientos Penales y que con las propias modificaciones que se han introducido en el mismo no permite limitar el derecho de ninguna de las partes, y donde la parte agraviada y el fiscal tienen el protagonismo de los hechos”, argumentó.
Precisó que la actitud de los magistrados corresponde ser evaluada por al órgano jurisdiccional del Poder Judicial y que las conductas son analizadas en los órganos de control.
Espero que exhortación de Pastor haya sido una confusión
En otro momento, dijo esperar que se haya debido a una confusión, enmarcada en una preocupación por el desarrollo del Caso Petroaudios, el pedido verbal que hizo en su momento el ministro de Justicia al presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, para que se evalúe en la sala plena, el cambio del juez Jorge Barreto.
“Yo advierto la preocupación de las personas como miembro de la comunidad, como dirigentes de un colectivo, que reciben esa percepción de la comunidad y quieren de alguna manera solucionarlo. Pero no se advierte que ocupando un cargo no correspondía hacerlo; porque el Poder Judicial es un órgano autónomo e independiente, por una razón, porque hay que garantizar la libertad del ciudadano, que otrora, que en algún momento, fue limitada, obstruida, como consecuencia del sometimiento del poder político”, enunció.
“Si a usted le preocupa el tema, a todos nos preocupa el tema. (…) Creo que ahí, hubo una confusión, esperó yo confusión, porque no puedo entenderlo como presión e interferencia del poder político en el Poder Judicial, porque si así fuera, nosotros fuéramos los primeros en decir: No señor, usted está equivocado y llamar un poco a la reflexión o actuar en todo caso”, complementó.
Argumentó que a nivel constitucional existe la división de poderes y que si bien eso se flexibiliza por la interrelación que debe de haber entre las instituciones del Estado, esta relativización no se da en el caso del Poder Judicial, sobre todo cuando se trata de procesos en curso.
Ideeleradio.- La Sala Penal Nacional denunció al secretario general del Ministerio de Defensa (Mindef), Renzo Chiri Márquez, por el presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, por no entregar información en el caso de los estudiantes desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro del Perú, reveló Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).
