miércoles, 20 de enero de 2010

PJ denuncia penalmente a secretario general del Mindef por no entregar información

Ideeleradio.- La Sala Penal Nacional denunció al secretario general del Ministerio de Defensa (Mindef), Renzo Chiri Márquez, por el presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, por no entregar información en el caso de los estudiantes desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro del Perú, reveló Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“La decisión que se ha tomado ante la reiterada negativa del secretario general del MINDEF de otorgar la información solicitada es formular una denuncia penal por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Este hecho es inédito a pesar de que hay cerca de 70 procesos judiciales en los que normalmente el Mindef nunca otorga una información a la justicia”, explicó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“La Sala Penal Nacional ha tomado esta decisión importante porque no se entregó información que está demostrado existe en los archivos del Ministerios de Defensa. Ojalá marque la decisión de la Sala Penal respecto a esta falta de voluntad y colaboración del Poder Ejecutivo”, subrayó.

Peloteo y burla al sistema de justicia
Explicó que el tipo de información que el PJ solicitó al Mindef estaba referido a la identificación del personal militar y a documentación oficial del Ministerio de Defensa o del Ejército peruano. Apuntó que la secretaria general no demostró en ninguno de estos casos una voluntad para brindar el material solicitado.

“Normalmente responde tarde y dice que no existe la información o simplemente juega un poco como el juego de los niños ‘de mantequilla en la otra esquina’. (Es decir) le manda el pedido al Ejército varios meses después y el Ejército responde que no tiene la información y en realidad sólo es un peloteo y una burla al sistema de justicia”, señaló.

“Por desgracia la Sala Penal Nacional no había tomado una actitud radical respecto a este tipo de conducta y nosotros en el caso de los estudiantes desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro hemos venido insistiendo de manera permanente en un juicio que comenzó el año pasado”, detalló.

Nefasta relación con investigaciones
Rivera Paz calificó de nefasta la relación existente entre el Ministerio de Defensa y las investigaciones judiciales en torno a casos de derechos fundamentales, pues la negativa es una constante.

“La relación del Poder Ejecutivo, especialmente el Ministerio de Defensa, con las investigaciones sobre crímenes contra los derechos humanos ha sido realmente nefasta. La estrategia del Ministerio de Defensa ha sido negar la información de manera sistemática, responde después de cuatro o cinco meses hechos los pedidos, responde que no existe la información”, comentó.

La ambigüedad de Pastor
De otro lado, Rivera Paz sugirió al Ministro de Justicia Aurelio Pastor no ser tan ambiguo en relación a un eventual pedido de indulto que podría presentar Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por violación de derechos humanos. Sostuvo que en este caso, no cabe ni siquiera la posibilidad de evaluar la solicitud.

“Estas declaraciones (del ministro en torno al tema del indulto a Fujimori) son un tanto ambiguas y entremezcladas. Creo que en realidad lo único que refleja es la falta de voluntad del gobierno de no negar la posibilidad a Fujimori de un indulto. Eso no es de hoy, sino es una decisión que el Partido Aprista está jugando desde el momento que el Estado peruano hizo una solicitud de extradición a Chile”, refirió.

“La respuesta del ministro debió ser: Fujimori tiene un doble impedimento para solicitar un indulto. Aquí nada que se tiene que evaluar, es improcedente de puro derecho porque hay una norma legal que prohíbe los indultos por secuestro agravado y hay disposiciones desde el derecho internacional y sentencias de la Corte Interamericana”, concluyó.

García Toma: Dudas en Caso Petroaudios se deben a abruptas decisiones y hermetismo de Barreto

Ideeleradio.- Las abruptas decisiones del juez anticorrupción Jorge Barreto y el hermetismo existente en torno al Caso Petroaudios, ponen en duda el éxito de la investigación realizada en torno al negociado de los pozos petroleros a favor de Discover Petroleum, afirmó Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional (TC) y candidato al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Hay un problema por la propia personalidad de quien está a cargo del proceso, de generar inseguridad, es decir su hermetismo es tal y sus decisiones son tan abruptas y su actuación es tal, que finalmente uno pone en duda -de alguna manera- el éxito de la investigación”, declaró al programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Consideró que todo juez debe brindar permanentemente seguridad y que la ciudadanía debe partir de un supuesto de que los magistrados son autónomos, independientes y competentes. Indicó que si está en sus manos del juez actuar con acierto o con error, debe existir un grado de solvencia profesional que lo debe acompañar.

Transparencia en el CNM
García Toma sostuvo, en otro momento, que el CNM ha dado y debe seguir dando muestras de defensa firme de su independencia y su autonomía, no sólo de los partidos políticos sino de los grupos de presión económica que podrían tener algún interés en las políticas de selección de jueces y fiscales.

“Eso no sólo debe ser un compromiso personal, sino debe ser una política institucional, no solamente por el prestigio de la institución, sino porque creo que el Estado Constitucional en lo que se refiere a la impartición de justicia tiene en el Consejo, a una herramienta muy poderosa para contribuir a tener mejores y mas adecuados jueces”, declaró.

Recordó que actualmente está desvinculado del Partido Aprista, porque en su momento, cuando postuló al Tribunal Constitucional, solicitó su separación del padrón de militantes.

“Adicionalmente el presidente del partido, el doctor Alan García estableció el Jubileo, en donde se suspendía el padrón y todos los militantes debían nuevamente reinscribirse. Como se dio en ese proceso, yo pedí mi exclusión y no participé en el Jubileo”, argumentó.

CNM y políticas administrativas
El ex presidente del TC consideró que el Consejo Nacional de la Magistratura debería aprobar una política de corto, mediano o largo plazo, independientemente de quien conduzca transitoriamente sus destinos en el lapso de un año.

“Todos los presidentes en función a un plan previamente aprobado deberían establecer políticas administrativas, ‘cuasi’ judiciales y deberían existir el compromiso del pleno en general y del consejero en particular, de rendir cuenta del grado de cumplimiento de esa políticas aprobadas anualmente”, señaló.

Capacitación a los magistrados
García Toma dijo que la labor de los jueces y fiscales pasa por implementar y desarrollar temas de manera consisitente, como la redacción de un dictamen, de sentencias y la fundamentación al momento de declarar fundada o infundada una demanda.

“(Estas) son técnicas que no están siendo manejadas por un órgano académico de manera consistente y el mundo se ha hecho tan complejo hoy, las especialidades de medio ambiente o tutela del consumidor, obliga a que los jueces aparte de los conocimientos en civil, penal y constitucional tengan que focalizar parte de su conocimiento en estas materias”, planteó.

“Ante la imposibilidad inmediata de una reforma constitucional, los pasos más inmediatos serÍan la creación de un centro de estudios que permita las posibilidades de investigar y de promover estudios de esta naturaleza, crear premios para que los estudiantes de postgrado se puedan interesar y divulgar las funciones del Consejo y todo el sistema judicial a través de la universidades, colegios profesionales, hay que relevar este papel”, apuntó.

Propuestas
García Toma precisó que parte de la administración de justicia posee una imagen institucional con altos niveles de corrupción, que dijo debe ser considerado como una valla que se requiere superar. Estimó que el CNM otorga una mayor garantía al tema de la carrera judicial y que se debe fortalecer el perfil de los jueces y fiscales de acuerdo a la geografía del país.

“Dentro del Estado Constitucional la función de control y de mutua colaboración implica que el papel del Consejo en lo que se refiere a la carrera judicial pasan por los principios establecidos a esa ley. El Consejo no es un órgano extraño, es un sostén del mismo y en consecuencia su presencia en estas políticas de evaluación está justificada y otorga una mayor garantía, en la medida de que se trata de un evaluador externo”, refirió.

“Es necesario fortalecer los criterios, el perfil del juez y del fiscal en el Perú y que no necesariamente tendrían que ser universales, sino que habría que establecer los problemas vinculados a las zonas geográficas, necesitamos un tipo de fiscal diferente al de una zona andina, de selva y de costa, y una segunda idea es estimular una mayor participación de profesionales ajenos al sistema”, finalizó.

Gladys Echaiz: Juez Barreto terminó convirtiéndose en "un abogado estratégico de una de las partes"


Ideeleradio.- El juez anticorrupción Jorge Barreto terminó convirtiéndose en un “abogado estratégico de una de las partes” en el Caso Petroaudios al considerar a “último minuto” que los documentos incautados al ex ministro Rómulo León no fueron ofrecidos como prueba y no podían ser visualizados, sostuvo la Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz.

Fue al referirse a la conclusión del plazo de investigación del proceso que se le sigue a León Alegría, representantes de Discover Petroleum International (DPI) y funcionarios de Petroperú y Perupetro, así como a la decisión de Barreto Herrera de visualizar sin la presencia del fiscal parte de la información contenida en el expediente.

“Después de haber visto 400 documentos el último día dice que ya no seguirá viendo esto porque esto no se ha ofrecido como prueba. ¿Y lo que vio que fue? ¿En condición de qué? ¿Cómo lo entendía en ese momento? ¿Por qué cambia de criterio al final? Hay muchas preguntas que hacerse, yo espero que no sea lo que la imaginación pueda suponer, sino que se haya debido, no sé, a una falta de revisión del expediente, a un descuido, a una presunción de si o no estaba dicho (…)”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“(…) Ya había empezado a mirar, entonces para que lo estaba viendo. ¿Era una diligencia judicial o era una reunión con la parte por curiosidad, para mirar lo que había? ¿Qué naturaleza tuvo esa diligencia que se llevó a cabo? (Si eso no iba a servir como prueba) ¿Para que la miraron? Porque en todo caso pudo desde un comienzo haberse hecho la precisión que exigía el juez y no esperar el último minuto para hacerlo. ¿Convirtiéndose en qué? En un abogado estratégico de una de las partes”, agregó.

La magistrada lamentó, en ese sentido, que Barreto Herrera haya llevado a cabo diligencias de visualización -de lo que ahora no considera como prueba- de manera individual y con el investigado. Señaló que el titular del Tercer juzgado Anticorrupción limitó el derecho del Ministerio Público

“(El juez) impidió el ingreso de la fiscal, del procurador, (estuvieron) a puerta cerradas los dos (en una diligencia). Eso ha merecido recurso de apelación por parte de la fiscal que aún no se resuelve. Ya terminó la investigación y veremos que dice la sala. (Esto) significa que se ha limitado el derecho del fiscal a actuar en un proceso de manera activa en representación de la sociedad”, indicó.

“O sea que se le ha negado a la sociedad la posibilidad de que su representante actúe de una manera en la visualización. Recuerde que el fiscal no pudo ver todo lo que había en esa memoria (cuando se descubrió el caso) por el plazo de 15 días que da la ley para poder investigar cuando hay una persona detenida o cuando se dicta una medida cautelar”, agregó.

Barreto no debió esperar hasta el final
Echaiz Ramos recordó que el Ministerio Público logró incautar la computadora de León Alegría, cumpliendo las formalidades de ley. Detalló que el disco duro que fue entregado por la propia secretaria del ex ministro comenzó a trabajarse en la fase de la investigación y que en base a esto se obtuvo información que sustentó la denuncia que fue derivado al juzgado. Recalcó que la pertinencia o validez de los documentos debió ser señalado oportunamente y no al final de la etapa de instrucción.

“En la denuncia, se pone a disposición el material que sustenta la denuncia, el juez Barreto dice que específicamente no se la ha dicho que era prueba. Sin embargo el juez es el director de la investigación y el que debe decir si hay alguna cosa o no, para caminar en pos de verificar los hechos materias de denuncia. Él dirige la investigación y puede de oficio disponer pruebas, en el supuesto que no admitiera como prueba el que le pongan a disposición el material que sirve de sustento a una denuncia”, declaró.

“A mí me resulta un poco curioso que si a criterio del juez no había la precisión de si fue ofrecido como prueba y que no entendía como tal el poner a disposición el material que servía de sustento a la denuncia, lo cual es lo mismo, pues en ese rato debió decirlo, en el momento que le pidieron la visualización, porque si hubiera sido así, el fiscal hubiera hecho la precisión y no esperar al final”, reclamó.

Transparencia para evitar especulaciones
Comentó que el exceso de reserva que ha tenido el juez Jorge Barreto con las partes inclusive con el titular de la acción penal, mueve las suspicacias que -con alguna razón- tiene la comunidad.

“Creo que en estos temas que tienen una connotación social uno debe ser un poco más transparente y abierto para evitar este tipo de especulaciones. Sin embargo, hecha las cosas, tenemos que buscar la alternativa de solución y esa es a nivel de un juicio oral de un caso que es complejo y se ha tornado en ordinario”, refirió.

Omisiones podrán suplirse en juicio oral
La Fiscal de la Nación dijo esperar que a nivel del juicio oral se pueda suplir las omisiones, deficiencias o limitaciones que les permita actuar con más libertad que en la fase de instrucción del Caso Petroaudios. Mostró su esperanza de que se pueda ofrecer aquello que no fue contemplado por las limitaciones que dio el juez al fiscal y la parte civil.

“(Existe la posibilidad de revertir en una sala) Esto se ha convertido en complejo me parece y si es complejo se irá a un juicio ordinario me imagino. Ya en la sala, que es el verdadero juicio oral, tendremos la oportunidad a la luz y con las puertas abiertas, de actuar bajo el control de la sociedad misma”, expresó.

“A no ser que el fiscal superior pida que se devuelva (el expediente) y la sala resuelva las incidencias que tiene en su poder y le dé un plazo prudencial para actuar eso a nivel de instrucción, porque mire llegamos a la fase principal prácticamente debilitados por una posición peculiar de un juez de instrucción que todavía trabaja con el Código de Procedimientos Penales y que con las propias modificaciones que se han introducido en el mismo no permite limitar el derecho de ninguna de las partes, y donde la parte agraviada y el fiscal tienen el protagonismo de los hechos”, argumentó.

Precisó que la actitud de los magistrados corresponde ser evaluada por al órgano jurisdiccional del Poder Judicial y que las conductas son analizadas en los órganos de control.

Espero que exhortación de Pastor haya sido una confusión
En otro momento, dijo esperar que se haya debido a una confusión, enmarcada en una preocupación por el desarrollo del Caso Petroaudios, el pedido verbal que hizo en su momento el ministro de Justicia al presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, para que se evalúe en la sala plena, el cambio del juez Jorge Barreto.

“Yo advierto la preocupación de las personas como miembro de la comunidad, como dirigentes de un colectivo, que reciben esa percepción de la comunidad y quieren de alguna manera solucionarlo. Pero no se advierte que ocupando un cargo no correspondía hacerlo; porque el Poder Judicial es un órgano autónomo e independiente, por una razón, porque hay que garantizar la libertad del ciudadano, que otrora, que en algún momento, fue limitada, obstruida, como consecuencia del sometimiento del poder político”, enunció.

“Si a usted le preocupa el tema, a todos nos preocupa el tema. (…) Creo que ahí, hubo una confusión, esperó yo confusión, porque no puedo entenderlo como presión e interferencia del poder político en el Poder Judicial, porque si así fuera, nosotros fuéramos los primeros en decir: No señor, usted está equivocado y llamar un poco a la reflexión o actuar en todo caso”, complementó.

Argumentó que a nivel constitucional existe la división de poderes y que si bien eso se flexibiliza por la interrelación que debe de haber entre las instituciones del Estado, esta relativización no se da en el caso del Poder Judicial, sobre todo cuando se trata de procesos en curso.

PJ denuncia penalmente a secretario general del Mindef por no entregar información

Ideeleradio.- La Sala Penal Nacional denunció al secretario general del Ministerio de Defensa (Mindef), Renzo Chiri Márquez, por el presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, por no entregar información en el caso de los estudiantes desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro del Perú, reveló Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“La decisión que se ha tomado ante la reiterada negativa del secretario general del MINDEF de otorgar la información solicitada es formular una denuncia penal por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Este hecho es inédito a pesar de que hay cerca de 70 procesos judiciales en los que normalmente el Mindef nunca otorga una información a la justicia”, explicó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“La Sala Penal Nacional ha tomado esta decisión importante porque no se entregó información que está demostrado existe en los archivos del Ministerios de Defensa. Ojalá marque la decisión de la Sala Penal respecto a esta falta de voluntad y colaboración del Poder Ejecutivo”, subrayó.

Peloteo y burla al sistema de justicia
Explicó que el tipo de información que el PJ solicitó al Mindef estaba referido a la identificación del personal militar y a documentación oficial del Ministerio de Defensa o del Ejército peruano. Apuntó que la secretaria general no demostró en ninguno de estos casos una voluntad para brindar el material solicitado.

“Normalmente responde tarde y dice que no existe la información o simplemente juega un poco como el juego de los niños ‘de mantequilla en la otra esquina’. (Es decir) le manda el pedido al Ejército varios meses después y el Ejército responde que no tiene la información y en realidad sólo es un peloteo y una burla al sistema de justicia”, señaló.

“Por desgracia la Sala Penal Nacional no había tomado una actitud radical respecto a este tipo de conducta y nosotros en el caso de los estudiantes desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro hemos venido insistiendo de manera permanente en un juicio que comenzó el año pasado”, detalló.

Nefasta relación con investigaciones
Rivera Paz calificó de nefasta la relación existente entre el Ministerio de Defensa y las investigaciones judiciales en torno a casos de derechos fundamentales, pues la negativa es una constante.

“La relación del Poder Ejecutivo, especialmente el Ministerio de Defensa, con las investigaciones sobre crímenes contra los derechos humanos ha sido realmente nefasta. La estrategia del Ministerio de Defensa ha sido negar la información de manera sistemática, responde después de cuatro o cinco meses hechos los pedidos, responde que no existe la información”, comentó.

La ambigüedad de Pastor
De otro lado, Rivera Paz sugirió al Ministro de Justicia Aurelio Pastor no ser tan ambiguo en relación a un eventual pedido de indulto que podría presentar Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por violación de derechos humanos. Sostuvo que en este caso, no cabe ni siquiera la posibilidad de evaluar la solicitud.

“Estas declaraciones (del ministro en torno al tema del indulto a Fujimori) son un tanto ambiguas y entremezcladas. Creo que en realidad lo único que refleja es la falta de voluntad del gobierno de no negar la posibilidad a Fujimori de un indulto. Eso no es de hoy, sino es una decisión que el Partido Aprista está jugando desde el momento que el Estado peruano hizo una solicitud de extradición a Chile”, refirió.

“La respuesta del ministro debió ser: Fujimori tiene un doble impedimento para solicitar un indulto. Aquí nada que se tiene que evaluar, es improcedente de puro derecho porque hay una norma legal que prohíbe los indultos por secuestro agravado y hay disposiciones desde el derecho internacional y sentencias de la Corte Interamericana”, concluyó.