martes, 15 de diciembre de 2009

Simon: Supuesto acuerdo entre Apra y fujimorismo en Caso Crousillat sería el peor error de García


Ideeleradio.- Me cuesta creer que detrás del indulto al ex empresario José Enrique Crousillat exista algún tipo de acuerdo entre el presidente Alan García y un sector del fujimorismo ligado a la corrupción, pues ese sería el peor error de un mandatario que quiere pasar a la historia, afirmó el ex premier Yehude Simon.

Fue al comentar las declaraciones del ex presidente Alejandro Toledo, quien dijo esperar que detrás del beneficio presidencial no exista ningún tipo de arreglo con Crousillat López Torres, ex dueño de Canal 4 que recibió 10 millones de dólares de Vladimiro Montesinos para apoyar la reelección de Alberto Fujimori.

“No creo, lo digo con franqueza. Honestamente me cuesta creer que exista algún acuerdo entre el presidente Alan García con algún sector del fujimorismo que de alguna u otra manera esté ligado con la corrupción. Sería un error del presidente García que quiere pasar a la historia, tener alianzas con sectores que de alguna u otra manera tienen una historia de corrupción. Creo que sería su peor error”, puntualizó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“No soy de los que tiran piedra o atisban el fuego. Estoy pensando más en las generaciones nuevas y de las que no les interesa la política porque se asquean de estos dimes y diretes. El ex presidente Toledo ha estado hace poco con el presidente Alan García y han tenido una conversación larga de lucha contra la pobreza y creo que estas cosas deberían de tratarse de la mejor manera”, agregó.

A favor de investigar Caso Crousillat
El ex presidente del Consejo de Ministros justificó, en este sentido, el indulto presidencial concedido al ex empresario, tras señalar que de acuerdo a los informes médicos que se presentaron se justificaba el otorgamiento dicho beneficio.

Sin embargo, sostuvo que es necesario realizar una exhaustiva investigación para determinar la veracidad de la información entregada por la defensa del ex recluso.

“No tengo el gusto de conocer al ex empresario Crousillat, conozco su caso a través de los medios de comunicación y ante una familia que dice que su pariente está muy mal. El informe que se tenía en honor a la verdad era que su situación era dramática y que podía perder la vida. Entonces, por razones humanitarias me parece bien que se pueda dar un indulto, pero si esto es falso hay que realizar una investigación”, acotó.

Abogado de Crousillat se burla
Simon Munaro calificó de ‘irresponsables’ las declaraciones de Jorge Castro Castro, abogado del ex broadcaster, quien manifestó que no pagaría los 80 millones de soles de reparación civil que le debe al Estado, monto fijado en la condena que lo responsabiliza penalmente por recibir dinero del ex asesor presidencial.

“Me parece un irresponsable el abogado (de Crousillat) que demuestra una falta de calidad porque le hace un daño al ex empresario y le hace un daño al indulto dado. Es una burla para los peruanos porque un abogado no puede decir que este señor (Crousillat) está mal de salud, y que se va a hacer novelas y no va a pagar (la reparación)”, comentó.

“En el caso de reparación le corresponde a los ministerios de Justicia y Economía investigar los bienes de Crousillat, yo supongo que tienen casas u otros bienes en fin, ellos podrían proceder al embargo de algunas cuentas”, anotó.

El ex primer ministro evitó pronunciarse sobre la posibilidad de aplicar el mismo beneficio al ex presidente Alberto Fujimori, aunque señaló que el país no puede seguir viviendo del pasado.

“Creo que el Perú debería dar los primeros grandes pasos para la reconciliación y un gran paso es que la clase política pida perdón por los errores que hemos cometido (…)”, aseveró.

Informe Bagua debe tener propuestas y no polarizar
En otro momento, se pronunció en torno a la entrega del documento final de la comisión investigadora de los lamentables hechos de Bagua, ocurridos el pasado 5 de junio y que costaron la vida de 24 policías y 10 nativos. Recomendó que dicho informe contenga propuestas a favor de las comunidades nativas y no señalamientos que polarizan al país.

“El tema de las comunidades nativas es la gran deuda y factura que tiene el país con las comunidades y más allá de eso debería profundizarse el tema. Más allá del relato de los hechos, de señalar culpables, debería profundizarse el tema porque sino seguimos en lo mismo: ¿Quiénes son inocentes y culpables? y no aportamos nada”, planteó.

“No conozco el informe, me gustaría leerlo pero soy una de las primeras personas que pidió una Comisión de la Verdad que investigue los sucesos pero no para seguir con los señalamientos -porque estamos cansados de eso y finalmente va a polarizar a favor o en contra- sino cómo hacemos propuestas para cambiar esa situación”, añadió.

Simon: Rector de UAP debe presentarse al Congreso y decir su verdad

Ideeleradio.- El rector de la Universidad Alas Peruanas (UAP), Fidel Ramírez Prado, debería presentarse al Congreso y esclarecer no sólo el costeo de los viajes al extranjero de vocales supremos y congresistas, sino la procedencia legal de este centro de estudios y de sus filiales, señaló el ex premier Yehude Simon.

Fue al comentar el caso de dicha autoridad universitaria, quien luego de ser integrante del Consejo Directivo de la Cooperativa de Crédito y Ahorros Alas Peruanas habría acumulado una fortuna, que según denuncias periodísticas ascendería a 24 viviendas, 4 vehículos y 10 empresas.

“De una u otra manera se ha complicado la situación porque siguen apareciendo más cosas (en torno a la UAP). Creo que por la salud del partido de gobierno y más por la salud del propio Fidel (Ramírez) y la UAP, él debería tener la capacidad de ir al Congreso y rendir su manifestación y demostrar que muchas de las cosas que se dicen no son ciertas”, exhortó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“No hay peor cosa que un político o un personaje público que no da la cara. Creo que Fidel Ramírez debería enfrentarse al Congreso y decir su verdad y finalmente después que hable se saque las conclusiones”, agregó.

Opinó que el debate dentro de las investigaciones que se realicen no debería ser el porqué un determinado magistrado o congresista viajó a expensas de dicha universidad, sino saber si la casa de estudios cuenta con permiso de funcionamiento, tal como lo establece el Consejo Nacional para el Funcionamiento de las Universidades (CONAFU).

“Creo que en el Congreso hay mucha gente valiosa y moralmente ética pero también hay de los otros y en mayoría. Pero es cierto que uno puede terminar confundiéndose cuando una universidad invita a congresistas a determinados viajes, muchas veces los congresistas viajan porque no ven la maldad de por medio, eso tampoco podemos tomarlo como anormal”, indicó.

“Yo diría que la investigación no deberían ir por ahí. Lo que se debe indagar es si la universidad está funcionando legalmente o no, eso es lo que se tiene que investigar. Se debe investigar si se justifica o no las filiales de una universidad. Se debe indagar si los recursos de la universidad son lícitos o no. Si hay algo ilegal ahí evidentemente ya hay responsabilidades. Pero lo reitero no solo es una universidad hay varias universidades”, apuntó.

Alva Castro está pagando su error
Por otra parte, Simon Munaro estimó que el presidente del Congreso Luis Alva Castro está pagando su error por subvencionar con dinero del Estado un evento cultural promovido por la artista Fabiola de la Cuba en Trujillo y Chiclayo. Dijo que lo sucedido con el parlamentario aprista golpea a toda la clase política en su conjunto.

“(Lo sucedido con Alva Castro) es una pena porque finalmente golpea a todo el parlamento y a la clase política en su conjunto, es lamentable. Estas cosas son errores que se pagan y estoy seguro que Lucho Alva debe estar pasando momentos muy difíciles, uno se pone en el cuerpo del prójimo y entiendo que se cometió un error lamentable”, declaró.

“Pero en buena hora se corrigió porque tengo entendido que primero se sacó una resolución para pagar un espectáculo cultural pero una semana después él mismo corrigió. Entonces hubo enmienda a tiempo. Él está pagando su error, ¿ustedes creen que los políticos cuando ven en las carátulas de los diarios, las críticas que muchas veces son terribles, se sienten bien? Estoy seguro que Lucho Alva, supongo ni siquiera podrá dormir con tranquilidad porque esto le afecta. Es un error grave”, añadió.

“Hay que eliminar prostitución de clase política y de universidades”
El ex titular del Consejo de Ministros, sugirió asimismo a los partidos políticos revisar minuciosamente la hoja de vida de cada candidato previo a un proceso electoral y evitar el cobro de cupos a los postulantes para acceder a una curul, como se denunció en campañas anteriores.

“Necesitamos que los partidos políticos sepan quienes van a ir al Congreso, o sea la hoja de vida de cada candidato, que los partidos políticos no cobren a los candidatos. Hay algunos partidos que cobran 20 ó 30 mil para ver quién es candidato y con esto uno se encuentra a mucha gente haciendo cola que nunca perteneció al partido y que su único mérito es tener dinero para poder comprar una curul”, subrayó.

“Finalmente nos llenamos en el Congreso de gente que no tiene el deseo de servir a su país. Entonces ahí tenemos el resultado de un Congreso que tiene 7.9 por ciento de aceptación, ahí comienzan los males del país. Hay que eliminar la prostitución de la clase política y eliminar la prostitución de las universidades y eliminar todo esto malo que hemos heredado hace muchísimos años que criticamos y no corregimos”, enfatizó.

Aidesep: Manacés tampoco firmará informe si no se esclarece sucesos del 5 de junio


Ideeleradio.- El coordinador general de la Comisión Investigadora de los lamentables sucesos de Bagua y representante de la etnia awajún, Jesús Manacés, no firmará el informe final de ese grupo de trabajo que se presentará el 20 de diciembre, si este documento no esclarece los hechos del 5 de junio, informó Saúl Puerta Peña, secretario nacional de Aidesep.

“Si es que está así y no quieren cambiar el informe, ellos (Jesús Manacés y la religiosa Maricarmen Gómez) no van a firmar porque no está bien ese informe, tienen que consensuar e intercambiar el diálogo, para que ellos puedan firmar. Sin eso no podrá firmar tampoco nuestro representante ni la hermana Maricarmen”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Acá se quiere ocultar algo en este informe y no vemos se quiera dar una buena información transparente. Con Manacés estamos coordinando y él está viendo este caso. Él no está muy bien de acuerdo con el informe, porque hay presión por parte del gobierno. Él ha dicho que vamos a analizarlo con los presidentes regionales de Aidesep, para no tener algunas críticas de la población”, agregó.

Indicó que Jesús Manacés les confirmó que se solicitó una ampliación para presentar el informe final el 20 de diciembre. Informó que antes las conclusiones serán evaluadas por la comisión nacional de Aidesep en una reunión previa que se desarrollaría entre el 17 y 18 de este mes.

“Ese informe que se está presentando, eso no vale, porque han recogido poniendo en contra de la población, como si ellos tuvieron la culpa. Es por eso hemos pedido la ampliación de unos cinco días más a partir del 15. Y el 20 se está presentando el informe, que será visto por la parte de nosotros de Aidesep. Esto no ha pasado por ahí, por eso hemos pedido la ampliación y el informe debe decir todo lo que ha pasado y quienes son los responsables”, refirió.

Informó que no han conversado con la ex ministra Pilar Mazzetti, en torno a las implicancias del informe y que esperan que el gobierno cumpla los compromisos que asumiría, según revela la prensa en el informe preliminar.

ANR: Proyecto sobre universidades debe ser complementado y comprender a las estatales


Ideeleradio.- El proyecto de ley que suspende las autorizaciones de funcionamiento de nuevas universidades en tanto dure el proceso de acreditación y evaluación de los actuales centros de estudio superior, debe ser complementado con otras medidas y comprender a las que se formen desde el Estado, indicó Iván Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

Fue al comentar la iniciativa legislativa que plantea que el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamientos de Universidades (CONAFU) revalidará la autorización si la casa superior cumple con estándares de calidad que serán aprobados por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior (CONEAU).

“Si se quiere un servicio de calidad tiene que complementarse con otras medidas como las de carácter financieros, de dotar a las universidades nacionales de infraestructura y de bibliotecas, estimular las donaciones, reponer las exoneraciones, las franquicias y esto sería un paso que permitiría observar la situación en general de la universidad peruana”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“(Además) el problema (de las universidades) no sólo tiene que ver con el sector privado, también tiene que ver con la suspensión la creación de universidades por parte del Estado, porque igualmente por ese lado vienen los problemas de calidad, se crean nuevas universidades con presupuestos exiguos. La calidad hay que garantizarla de ambos lugares”, refirió.

Rodríguez Chávez recordó que actualmente el tiempo mínimo de la autorización provisional es de cinco años y precisó que muy pocas satisfacen las evaluaciones del Conafu en ese tiempo. Indico que un buen número de centros de instrucción sobrepasan los este periodo, porque necesitan superar las observaciones.

Recomendó estudiar los nuevos requisitos para la inversión en la creación de universidades si se quiere resolver este problema con la medida de suspensión. Añadió que la acreditación, implicará la evaluación de estas instituciones y que de acuerdo a un proceso, si verá si reúne los requisitos de calidad. A su juicio, la población siempre jugará un papel trascendental en este tema.

“Actualmente se da que cuando se le hace saber que tal entidad no es universidad, sin duda porque saben que hay válvulas de escape, y una de ellas es una resolución judicial, siguen adelante y al final a lo mejor consiguen su objetivo. Tendría que educarse al mercado para que se acepten los títulos de las universidades acreditadas, y en el caso de la universidad que no está acreditada (los títulos) valdrían lo mismo que nada”, mencionó.

“Insistiría en la educación de la población y la coordinación de los órganos del Estado, porque actualmente no funciona. Si la ley le da las prerrogativas a la ANR para señalar si una entidad es o no universidad y si una persona es o no autoridad universitaria, hay que respetar ese informe y tendría que verse quien es el titular de este problema”, agregó.

Rector de UAP podría aclarar denuncia
En otro momento, dijo que es el propio Fidel Ramírez Prado, fundador y rector de la universidad Alas Peruanas, quien podría aclarar la denuncia periodística que da cuenta de que dicha autoridad tendría registrado a su nombre 24 inmuebles en el país, es decir 14 viviendas en Lima, dos en Tacna y otras dos en Chiclayo, además de otras propiedades en Arequipa, Abancay, Piura, Trujillo.

“Yo no sería el llamado a responder eso. Considero que esa pregunta se la debe hacer al señor Ramírez Prado quien estaría en condiciones de informar. (…) Pecaría de ligereza, porque yo no sé a que actividades se puede dedicar el doctor Ramírez Prado. Lo que puedo decir es que la educación no es tanto como parece un mercado donde se puede ganar de forma ilimitada. No es como aparentemente se puede ver desde fuera”, expresó.

ANR escogerá a consejeros más adecuados
Finalmente, aseguró que el interés de la ANR es escoger a las personas más adecuadas como sus representantes ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Argumentó que lo que buscan es que no se deje mal a las universidades y que el desempeño de los nuevos magistrados sea el que las propias universidades y la ciudadanía en general espera, de acuerdo a la autonomía que le confiere la ley.

“Esta es la tercera vez en la que los rectores de universidades nacionales y particulares van a elegir un consejero. En la primera vez, nadie dijo absolutamente nada y todo se hizo como muchos trámites entre los rectores”, recordó.

“En el segundo proceso, hubo una campaña que no respondía a la realidad y ahora como hay tanta atención de la opinión pública, lo estamos poniendo en evidencia para que se acredite que nosotros trabajamos con legalidad y corrección. Por eso, ahora hemos optado por formalizar y responder a ese interés de la opinión pública”, enfatizó.