Gladys Echaíz al CSJM: Caso Ariza debe ser visto en el fuero ordinario

Ideeleradio.- El proceso contra el suboficial de le Fuerza Aérea del Perú (FAP), Víctor Ariza Mendoza -investigado por la venta de información secreta y labores de espionaje a favor de Chile- corresponde ser ventilado en la justicia ordinaria, porque el interés trasciende el militar y los afectados somos todos los peruanos, aseveró la fiscal de la Nación Gladys Echaíz.

“Por lo menos desde nuestro punto de vista sí le corresponde (a la justicia ordinaria llevar el proceso contra Ariza) (…) Nosotros formalizamos la denuncia (contra Ariza) ante el fuero común porque creemos que hay un interés que trasciende el interés militar que es el de todos. En todo caso, esperemos la decisión del Poder Judicial si es que se llegara a plantear la declinatoria o la contienda de competencia”, dijo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“(…) En cuanto a si es competente el fuero militar o civil, diría que esto se definió en la sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ministerio Público contra el Código de Justicia Militar (…) Ahí se estableció que la justicia militar era competente para conocer las causas donde el bien jurídico tutelar fuera privativo de las Fuerza Armadas o policiales. En este caso el bien jurídico tutelado es la seguridad nacional o sea la seguridad de todos y el agraviado es el Estado o sea que no es privativo de las Fuerzas Armadas o Policiales”, afirmó.

Echaíz Ramos explicó que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre el Código de Justicia Militar establece que el Ministerio Público es uno sólo y que por tanto no se sabría cómo se podría formalizar denuncia en otro tipo de fuero privativo.

“(...) Nosotros somos respetuosos de la ley y de las decisiones judiciales. Esperaremos los resultados (sobre el caso Ariza), pero sí tenemos una posición sobre el particular. Además esta investigación la realizamos nosotros -no porque fuéramos a tocar puertas o buscarla- sino que fue llevada a la justicia común, al fiscal común para que confiando de su capacidad y experiencia de trabajo se realizara. Creo que hay dos situaciones a tener en cuenta”, señaló.

Aclaró que la inhibición de un juez respecto a un determinado caso se produce por causas físicamente determinadas en la ley y que están vinculadas a las relaciones personales con los procesados o un supuesto interés en el juicio que podría afecta la transparencia.

En la víspera el presidente del Tribunal Constitucional Militar Policial, Carlos Mesa, insistió en pedir que la titular del 58 Juzgado Penal de Lima, Antonia Saquicuray, se inhiba y traspase el proceso del espía Víctor Ariza a su fuero.

Analizan Caso Allison-EEUU
En otro momento, se pronunció en torno al caso del ex ministro de Vivienda Francis Allison quien intentó sacar 30 mil dólares de Estados Unidos sin reportar este movimiento a las autoridades norteamericanas.

Adelantó que analizarán si existe algún tipo de tipo de relación entre dicho suceso y la investigación que se le sigue por sus vínculos con la empresa “chuponeadora” Business Track en el Ministerio Público.

“Esa documentación que efectivamente recibí del Congreso (sobre el caso de Francis Allison) fue derivada a la Fiscalía Anticorrupción y luego de ahí a la 58 Fiscalía Provincial de Lima que viene conociendo el tema. En esta semana no tengo conocimiento de este caso por mi viaje a Guatemala (…). Sin embargo, al volver he pedido que me hagan un informe sobre el estado de la investigación a efectos de ver además, si estos nuevos hechos van a tener una vinculación con esto o es necesario evaluarlo de otro ángulo”, puntualizó.

“En todo caso voy a esperar los resultados de lo que ocurra para tomar una decisión del particular. Debemos tener en cuenta en qué momento se produjo esto, si cuando era alcalde, si esas cuentas son posteriores al tiempo de ministro, todo eso para determinar competencias y el tipo de investigación a realizar. Quisiera tener la información completa para tomar una decisión”, agregó.

Pishtacos y escuadrón de la muerte
Por otra parte, confirmó que la Fiscalía viene investigando la existencia de supuestos “pishtacos” en la zona del Monzón y que hasta el momento sólo se puede precisar la aparición de personas asesinadas.

La representante del Ministerio Público también se pronunció en torno a la existencia de 46 personas asesinadas en los últimos días en Trujillo, que motivó algunas diferencias entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Sostuvo que dicho caso ha dado lugar a una acusación fiscal contra el coronel Elidio Espinoza.

“Estamos investigando para determinar los hechos tal cual se dieron. Acá se invoca enfrentamientos policiales con gente que habría tenido problemas con la justicia y por el otro lado se dice que se ha sacado a estas personas de su domicilio en horas de la noche a vista de todos los vecinos y familiares y luego han aparecido muertos”, remarcó.

“(…) Se está investigando el tema (…) Hay una acusación fiscal contra un alto policía que finalmente fue ascendido como reconocimiento por su actuación policial. Estamos ahí con una acusación muy grave donde se está pidiendo creo una cadena perpetua o una pena de 35 años”, mencionó.

Desmantelamiento de Procuraduría
Finalmente, sobre el desmantelamiento de la Procuraduría Anticorrupción, Echaíz Ramos opinó que es necesario tener un aparato estructurado por parte del Estado, en razón de que la corrupción subsiste en el país. Fue al comentar las declaraciones del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien justificó tal decisión tras señalar que los procesos a Fujimori y Montesinos han disminuido.

“Los procesos contra el ex presidente Alberto Fujimori están en fase de conclusión, no obstante el problema de la corrupción no ha bajado sino subsiste y si bien no sean estos, hay otros temas por investigar, nuevos funcionarios que vienen actuando de una manera irregular. Si es política criminal del Estado perseguir la corrupción debería tener un aparato u órgano estructurado para que se especialice la materia o mantener el existente y así nos apoyemos mutuamente para un poco lograr recuperar los valores y actitudes de los funcionarios que los dineros deben manejarse de una manera transparente y utilizarlo no para fines personales”, sentenció.

Transparencia: Parece que García cobró devengados de acuerdo a ley

Ideeleradio.- Parece que el presidente Alan García cobró su pensión y los devengados que le correspondía por los diez años que estuvo fuera del país conforme a ley, estimó Percy Medina, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.

“En el caso del presidente, que cobró en su condición de ex presidente lo que había dejado de percibir los años en que estuvo fuera, yo entiendo que eso se ajustó a lo que correspondía de acuerdo, incluso con un mandato judicial. Habrá que hacer el análisis jurídico del caso, pero pareciera que allí no hay mucho que discutir”, señaló en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Que sea una cantidad elevada y que se utilice para presentarla políticamente es una discusión política, pero en términos jurídicos, parece que las cosas están plenamente ajustadas a derecho”, puntualizó.

Según información periodística García Pérez recibió en el 2002, un millón 600 mil soles. El pago fue exigido tras retornar de su exilio en Francia y luego de perder las elecciones presidenciales de 2001.

Devolución de bono-pensión sería difícil e injusto
En otro momento, se refirió a la decisión de la Mesa Directiva del Congreso de devolver al Tesoro Público los bonos presupuestados para 315 ex congresistas desde el 2001, cuyo monto excede los cinco millones de soles que ya no se incluirán en el pliego de este poder para el 2010. Indicó que será muy complicado que los beneficiarios de este bono aplicable a la pensión devuelvan el dinero que ya percibieron.

“Sobre los bonos, nos parece que no es tan poca gente, incluye a ex legisladores como ex trabajadores. Es un asunto delicado. El Congreso puede tomar una decisión hacia delante con cierta facilidad, pero hacia atrás es bien difícil, porque estas personas han cobrado de buena fe, no son ellas las que se dieron a sí mismas el bono, sino que fue una decisión de Junta Directiva del Congreso”, precisó.

“(…) Hay que tener en cuenta que esto fue un bono a la pensión, pedirles ahora (la devolución) va ser difícil y sería injusto, porque muchos de ellos son personas de mucha trayectoria y cobraron porque les pagaron eso. Entonces, pedirles ahora que devuelvan es prácticamente imposible”, argumentó.

Sasieta tiene que aclarar
Manifestó, en otro momento, que lo recientes casos de escándalos en el Congreso, generan más desconfianza ciudadana. Dijo que las comisiones de Ética del Poder Legislativo y de Acción Popular deberán sancionar a la parlamentaria Rosario Sasieta, a quien se le acusa de haber realizado un viaje turístico a Italia aprovechando los días que se le dieron de licencia con goce de haber para que cumpliera con una agenda de trabajo en España.

“Es una pena que estemos hablando del Congreso sólo para decir que hay un nuevo escándalo que compromete a una persona que ha tenido actitudes positivas como congresista. Habrá que esperar los descargos y ver que cosa dice en relación a este tema. Evidentemente es un asunto que interesa a la opinión pública y tiene que aclararse y si hay que sancionarse, pues la Comisión de Ética tendrá que hacerlo”, declaró.

“La Comisión de Ética debe investigar si hubo una falta y su partido tomará una decisión, lo cual es muy bueno, porque muchas veces los partidos se hacen de la vista gorda frente a los afiliados que pusieron en el Congreso (…) Por otro lado, hay el caso de otros congresistas que siendo evidente que están metidos en cosas cuestionables, sin embargo, se les pasa por agua tibia y es allí donde surge el dicho ‘Otorongo no come otorongo’. Ojalá en el caso del congresista Espinoza haya una reflexión más a fondo sobre la conducta que ha tenido él”, añadió.

Informalidad en uso de tiempos
Medina Masías dijo que detrás del caso de Rosario Sasieta está también una reflexión acerca de cuál es la naturaleza laboral de los congresistas, tras considerar que no son trabajadores comunes y corrientes.

“Ellos tienen un trabajo distinto y tienen que ordenarse mejor y explicar como es que trabajan. En este asunto de las licencias, siempre se ha dado de manera informal y habría que organizar mejor eso y que la gente sepa en que momento un congresista está en labores parlamentarias, labores políticas legítimas o en el uso personal de su tiempo (vacaciones y tiempo libre). Tiene que quedar claro cuál es el tiempo del uso parlamentario y del uso político”, recomendó.

Finalmente recomendó a los políticos a ser concientes de que estamos en un momento muy distinto de las comunicaciones y de la labor periodística en relación a los funcionarios públicos.

“Los políticos tienen que ser más ordenados, claros y escrupulosos, o se arriesgan a aparecer en los medios, porque ya lo privado se ha reducido muchísimo”, sentenció.

ONPE: Partidos deben percatarse de aspectos éticos y valores de sus candidatos

Ideeleradio.- Los partidos políticos tienen que percatarse exhaustivamente de la ética y los valores de sus representantes al momento de seleccionar a sus candidatos, antes de que éstos participen en un proceso de elección popular, opinó Magdalena Chú Villanueva, jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al comentar los recientes escándalos del Congreso.

“Todo análisis que nos permita mejorar la representatividad es importante pero hay que tener en cuenta que son los congresistas hombres y mujeres que van al Congreso son nuestros representantes”, expresó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Un aspecto muy importante que se debe considerar y evaluar al momento de designarlos y elegirlos pues es la parte ética, los valores, que deben tener las personas. Eso es un componente indispensable cuando designamos y elegimos a un candidato”, consideró.

Indicó que a partir del año 2012 se aplicará vallas más exhaustivas para los partidos políticos. Dijo que este es un buen momento para mejorar la representatividad de nuestras autoridades en el Parlamento, aunque reconoció que no es un mecanismo suficiente para mejorar la imagen del Congreso.

“A partir del año 2012 esta valla será más arriba del orden del 05%. Me parece que la discusión que ahora están viendo en el Congreso es para ver la valla en cuanto al presidente regional y los alcaldes. Esto es un tema que está en discusión pero creo que vale la pena (…). El porcentaje es un buen inicio –digamos- pero no lo es todo”, refirió.

ONPE realiza talleres de capacitación
Chú Villanueva precisó que la ONPE viene realizando continuos talleres de capacitación en los partidos políticos para los comicios internos de cada agrupación. Comentó que en los últimos tiempos cada movimiento político busca tener mejores representantes.

“Nosotros apoyamos a los partidos políticos no solo dándoles asesorías técnicas en sus comicios internos para elegir a autoridades y candidatos a elección popular sino también con algunos programas de capacitación y de educación electoral, eso es un trabajo permanente que hacemos con los partidos políticos” explicó.

“Son los miembros de los partidos políticos que tienen además sus comisiones de ética. Creo que por las expresiones que ellos vierten en la prensa y en el congreso están muy preocupados por designar candidatos con requisitos que la población requiere en cuanto a idoneidad, capacidad y sobretodo ética. Los partidos políticos están tomando conciencia de esta responsabilidad y en esa labor de educación y capacitación electoral desde la ONPE estamos trabajando”, agregó.

Voto electrónico debe reglamentarse para su aplicación
Chú Villanueva demandó al Congreso aprobar la reglamentación necesaria para la aplicación del voto electrónico. Afirmó que su organismo está preparado para este cambio tecnológico y dijo que es hora de que el Perú dé un paso importante a la modernidad.

“Nosotros confiamos que el Congreso pueda aprobar la reglamentación correspondiente o la autorización para reglamentarlo porque nosotros estamos trabajando en lo que corresponde a la solución tecnológica y a la fecha ya hemos elaborado al 100 % del software que nos permitirá votar electrónicamente y ahora estamos culminando el prototipo la maquina que ha sido diseñada por técnicos de la ONPE con la colaboración de una universidad privada y nacional”, afirmó.

“Creo que ya es tiempo de que demos un paso a la modernidad e iniciemos el procedimiento del voto electrónico en nuestros procesos electorales. La ONPE está preparada”, puntualizó.

“Cómprale al Perú”
Finalmente, subrayó que no es necesario comprar equipos o soluciones tecnológicas fuera del Perú para emprender esta innovación de proceso electoral electrónico que dijo ya se aplica correctamente en la India y Brasil.

“Creo que los peruanos podemos solucionar nuestras propias soluciones tecnológicas y no tenemos que comprar a empresas internacionales. En ese sentido, la ONPE está en condiciones de entregarle al país la solución tecnológica que nos permita iniciar este procedimiento de votación electrónica que lo tienen de manera exitosa países con grandes volúmenes de electores, como por ejemplo la India y Brasil”, concluyó.

Vocero de Célula Aprista viajó a Finlandia acompañado de su esposa. ¿Los gastos los pagó también Alas Peruanas?

Ideeleradio.- El 04 de octubre de este año un grupo de parlamentarios del Partido Aprista Peruano viajó a Finlandia invitados por la cuestionada Universidad Alas Peruanas (UAP). Entre los viajeros figuran Mauricio Mulder (secretario general del APRA), Mercedes Cabanillas (integrante de la Dirección Política del APRA y presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso) y José Vargas Fernández (Vocero de la Célula Aprista).

Vargas Fernández se ha manifestado en contra de cualquier investigación sobre el vínculo de este centro de estudios con magistrados, parlamentarios y otros funcionarios de gobierno, aduciendo que focalizar una investigación en Alas Peruanas sería una medida “persecutoria y arbitraria”, por lo que propuso que las indagaciones abarquen a todas las universidades privadas del país.

Según información con la que cuenta y difunde Ideeleradio, el parlamentario José Vargas Fernández no viajó solo con destino al país nórdico, sino lo hizo acompañado de su esposa Hercilia Vargas Ríos, identificada con su pasaporte 0008206.

Esto ha quedado acreditado en el certificado de movimiento migratorio Nº 26896/2009/IN/1601. En el caso del congresista José Augusto Vargas Fernández identificado con su pasaporte N 0006919, esta acreditación queda establecida en el movimiento migratorio Nº 26895/2009/IN/1601. Ambos viajaron el día 04 de octubre vía España y retornaron al país el 15 de octubre.

En medio del escándalo que ha provocado por los vínculos y la “generosidad” de Alas Peruanas, la pregunta que el congresista deberá responder es: ¿Quién pagó los pasajes y los gastos de su señora esposa?.

Ideeleradio intentó comunicarse con el parlamentario aprista a su número celular y a su oficina en el Poder Legislativo sin obtener respuesta.

Echaíz: Si TC va ordenar archivamiento de procesos mejor cerremos el MP y PJ

Ideeleradio.- Si el Tribunal Constitucional (TC) va a ordenar el archivamiento de las investigaciones y juicios en curso bajo el argumento del excesivo plazo de las investigaciones, mejor cerremos el Ministerio Público y el Poder Judicial, ironizó la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz.

Fue al comentar las dos resoluciones del TC que favorecen al abogado José Humberto Abanto Verástegui, investigado por sus supuestos vínculos con los Sánchez Paredes y el del ex general Walter Chacón Málaga, enjuiciado por presunto enriquecimiento ilícito. En ambos casos, el TC señala que debe archivarse estos procesos, porque ya se excedió el plazo legal razonable para mantenerlos bajo esta situación.

“Los mismos Códigos que invocan (en estos fallos) tienen otra orientación, (debió) hacer una invocación al órgano para que dé por concluido o emita su decisión, no para que excluya del proceso a ciertas personas, porque en ese caso, mejor que todos se vayan al TC y que éste regule con absoluciones y exclusiones del proceso y se diga que aquí hay personas que no pueden ser procesadas porque tienen la suerte de tener fallos de esta naturaleza”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“(Más tiempo demandan casos como los de narcotráfico, corrupción) lavados de activos que es lo más complejo sobre todo cuando son empresas grandes. (…) Aquí hemos tomado conocimiento y esperaremos a ver que se puede hacer, o archivamos todo, o excluimos a determinadas personas de los procesos o ya no trabajamos, mejor cerremos la Fiscalía y el Poder Judicial, que sea el TC quien se ocupe de estas cosas, a ver si lo hace en los plazos razonables que dice, con los miles y miles de expedientes que uno tiene que trabajar”, agregó.

No existe ley que disponga corte de procesos
Echaíz Ramos advirtió que a la fecha no existe ninguna ley que disponga que los procesos tengan que cortarse y darse por concluidos, cuando los plazos se prolongan de una manera que puede considerarse no razonable.

“En todo caso serán los jueces los que decidan que es lo que tienen que hacer con una sentencia de esa naturaleza, o si se nos aclara que quien está legislando es el Tribunal Constitucional y que sus sentencias constituyen ‘leyes’ de aplicación obligatoria de jueces y fiscales en investigaciones en curso, y en procesos en cursos que es lo más grave”, aseveró.

Indagación e investigación
La magistrada dijo que están evaluando la situación y haciendo una indagación adicional sobre el particular de éstos y otros casos anteriores. Dijo que no solamente se debe investigar a los jueces y fiscales de la justicia ordinaria, sino a todos aquellos que inciden en la administración de justicia -como el TC- cuando existan situaciones como éstas. Puntualizó asimismo algunos detalles del caso Chacón Málaga y Abanto Verástegui.

“En este caso, curiosa o extrañamente, lo que se dice es que se saque a una persona de la investigación porque el plazo venció. Ordenan que se produzca un archivo, porque se considera que hay un plazo excesivo en una investigación tan compleja, y este señor (Abanto Verástegui) apenas tendría un año y meses dentro de la investigación. Sería bueno analizar ese fallo y evaluar el transfondo del mismo, para ver qué es lo que ha ocurrido”, señaló.

“Aquí se está diciendo: ‘Oiga juez –como se ha hecho en el segundo caso (Chacón)- corta el juicio y excluya (a esta persona) no se cual será la decisión final. Exclúyalo, absuélvalo, archívelo’. No se sabe en el fondo qué cosa es lo que está diciendo, porque si hay un proceso en curso, debe terminar con una resolución específica. Ahora si en ese proceso, existen pruebas, porque ya hay una acusación, que puede decir la sala: Absuelvo o condeno, no puede decir corte”, apuntó.