miércoles, 25 de noviembre de 2009

Abad: Esperamos que TC no cambie de opinión en torno a Justicia Militar como en Caso AOE



Ideeleradio.- Ojalá que el Tribunal Constitucional (TC) no cambie de opinión en relación a la inconstitucional organización de la Justicia Militar, tal y como lo hizo en el caso de la distribución de la “píldora del día siguiente”, sostuvo Samuel Abad, ex primer adjunto de la Defensoría del Pueblo.

Fue al referirse al pronunciamiento pendiente del máximo intérprete de la Carta Magna, en torno al pedido del Colegio de Abogados de Lima planteado el primer trimestre del año, resolución que podría aclarar la competencia del fuero civil o militar, aplicable al caso del suboficial FAP Víctor Ariza Mendoza, investigado por espionaje a favor de Chile.

“Lamentablemente estamos observando que en algunas ocasiones el TC está cambiando de opinión, como el caso de la ‘píldora del día siguiente’. Yo espero que el TC mantenga el criterio, porque este es un criterio razonable, los jueces (militares) no pueden ser designados por el presidente de la República, los jueces (militares) deben ser designados como un órgano autónomo, eso es algo muy simple que garantiza independencia e imparcialidad”, señaló en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Dijo que establecer la competencia del fuero civil y militar en el caso de Ariza Mendoza es un tema muy complicado, porque el delito de traición a la patria está tipificado tanto en el Código Militar como en el Código Penal. Recalcó que existen sentencias del TC que desarrollan incluso en términos generales cuales son los delitos que podrían estar en manos de la justicia militar y la ordinaria.

Imparcialidad e independencia
No obstante, mencionó que por cuestiones de independencia e imparcialidad, sentadas por resoluciones del Tribunal Constitucional, debería ser el Poder Judicial la instancia competente para procesar al ex militar, pues la Ley de Organización y Funciones de la Justicia Militar faculta al presidente de la República a nombrar a los jueces castrenses.

“El problema es muy complicado porque hoy día la Justicia Militar está funcionando a partir de leyes que han desconocido lo que dice el Tribunal Constitucional (TC), pero al final de cuenta son leyes que no han sido eliminadas por el Congreso ni el TC todavía”, declaró.

“Si uno considera que se ha cometiendo este delito por un militar en actividad que está afectando bienes castrenses y la seguridad nacional, eso es materialmente un delito de función y lo que ocurre es que es el diseño de la Justicia Militar es dependiente del Poder Ejecutivo y no hay muchas garantías de independencia e imparcialidad, más allá de que sea un militar en actividad”, apuntó.

Abad Yupanqui explicó que el delito de traición a la patria y los bienes jurídicos de seguridad nacional no sólo involucran a las Fuerzas Armadas, sino también a los civiles, y que esa es una de las razones por la que está tipificado en el Código Penal y paralelamente en el Código de Justicia Militar.

“Por eso esta confusión, en la medida que materialmente hay criterios que dicen que la Justicia Militar no debería conocer ningún caso, porque en estas condiciones no garantiza, ni la independencia, ni la imparcialidad, ningún caso, en la medida que es una justicia dependiente del Ejecutivo, no han sido designados sus magistrados designados por el Consejo de la Magistratura (CNM)”, argumentó.

“Y en la medida en que sobrevive un Ministerio Público Militar. Ese es el problema de fondo, lo que ocurre es que ante casos que vienen ocurriendo la ley plantea esta salida, que vaya a la justicia militar pero lo indispensable sería que el Tribunal Constitucional se pronuncie para que se esclarezca como se debe pronunciar en definitiva”, aseveró.

Jueces castrenses deben ser elegidos por CNM
Recalcó, finalmente, que los tribunales militares solo conocen delitos de función y no puede jamás ver casos de derechos humanos y explicó que los militares en situación de retiro tampoco pueden ser juzgados en este fuero. Agregó que otro de los puntos cuestionables es la existencia de un Ministerio Público que depende el Tribunal Supremo de Justicia Militar.

“La Justicia Militar como está conformada por el Poder Ejecutivo y son nombrados por el presidente de la República –un órgano político- eso le resta independencia a los juzgadores. Si la Justicia Militar quiere estar integrada por jueces verdaderos, deberían ser los jueces militares designados por el Consejo Nacional de la Magistratura”, afirmó.

“El TC ha cuestionado el diseño organizativo de la Justicia Militar por la subsistencia de un Ministerio Público Militar y lamentablemente el Congreso no ha corregido esos errores y actualmente no hay una sentencia definitiva después de que el Colegio de Abogados de Lima planteó una acción de inconstitucionalidad. Por eso es que este es un tema recurrente”, finalizó.

Walter Gutiérrez: Távara y Solís también afrontan proceso ante CAL

Ideeleradio.- La Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) abrió un proceso disciplinario a los magistrados supremos Francisco Távara y Jorge Solís, por el viaje que realizaron a París y que financiado por la Universidad Alas Peruanas, institución que tiene 139 procesos judiciales pendientes, informó Walter Gutiérrez Camacho, decano de dicha orden.

“(…) La Comisión de Ética (del CAL) ha abierto investigación a ambos magistrados (Távara y Solís). Se está llevando el proceso con las reservas que tiene que llevarse porque se trata de la dignidad de las personas y en su momento se dará a conocer el resultado de este proceso. Lamento mucho este trance por el cual está atravesando Francisco Távara porque lo aprecio y estoy seguro que es un hombre honrado (…)”, anotó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Gutiérrez Camacho, se pronunció también sobre la actitud del titular del Poder Judicial Javier Villa Stein quien hasta el momento no remitió un informe al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) explicando las razones por las que les dio permiso a ambos vocales para viajar con goce de haber. Recomendó al CNM insistir con dicho pedido, pues el plazo venció el último 23 de noviembre.

“Supongo que ya de manera formal el Consejo Nacional de la Magistratura ha requerido al presidente de la Suprema (Javier Villa Stein) a efectos de de que alcance los recaudos documentales para que se pueda iniciar un proceso en el Consejo. Se debería reiterar ese pedido”, señaló.

Ariza debe ser juzgado en fuero militar mientras cuestionada ley siga vigente
Por otra parte, sostuvo que es la Corte Suprema quien debería dirimir en una contienda de competencia sobre el juzgamiento al suboficial FAP Víctor Ariza Mendoza por vender información de Perú a Chile. Sin embargo, opinó que es el fuero militar quien debe llevar adelante este proceso.

“En primer lugar se trata de un militar en actividad, se trata de un delito en función de militar y se trata de bienes jurídicos que están vinculados estrechamente con funciones que la propia Constitución señala para el encargo de las Fuerzas armadas (FF.AA.). Desde luego puede ser cometido por un civil y en este caso sería el fuero común quien tendría competencia, pero se están dando todos los requisitos para que sea el militar”, señaló.

En tal sentido, sostuvo que si bien tiene ciertos reparos sobre la Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar y Policial, mientras dicha norma siga vigente, se debe de cumplir, así vaya inclusive en sentido contrario a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

“El Congreso está en crisis y está deslegitimado y por eso no vamos a desconocer las leyes. En esa misma línea de reflexión y razonamiento yo tengo reparos a la justicia militar, pero está claro que existe y es un fuero constitucional. En esa medida si hay hechos fácticos que comparto, eso no me conduce a descalificarlo por razones materiales. Mi análisis es netamente jurídico y una lectura institucional nos obliga a ser coherente en ese punto”, expresó.

Comisión Luízar: Congelen cuentas bancarias de Allison a nivel nacional e internacional



Ideeleradio.-
Las autoridades judiciales deben solicitar el congelamiento de las cuentas bancarias -a nivel nacional e internacional- del ex ministro de vivienda Francis Allison, quien afrontará en Estados Unidos (EE.UU.) un proceso judicial por intentar sacar 30 mil dólares sin declararlos ante las autoridades norteamericanas, planteó Oswaldo Luízar, presidente de la comisión que investiga el chuponeo telefónico de Business Track (BTR).

“Efectivamente (debería darse el congelamiento de sus cuentas a nivel nacional e internacional), por eso le entregamos (hace semanas) la información al Ministerio Publico, para esos propósitos. No hemos esperado ha terminar el informe (del caso BTR) y recién entregar al Ministerio Publico los actuados, sino le enviamos la información pertinente para que se haga esa labor y estamos a tiempo”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“El trámite ante las autoridades de Cancillería peruana, Relaciones Exteriores, autoridades americanas, con lo que han podido avanzar ahora en el Ministerio Público se podría lograr saber el origen, como se está moviendo y que se congelen las cuentas del señor Allison para saber que ha estado ocurriendo estos últimos meses”, agregó.

Recordó que a nivel de su grupo de trabajo se detectó que había depósitos en efectivo, en favor de Business Track que servían para pagar al entonces alcalde de Magdalena.

“Había dinero circulando de un lugar a otro que va a parar a manos del señor Allison. (en este último caso) podría (haber) utilizado eventualmente -en condicional para que no se malentienda como adelanto de opinión - la figura de una empresa para legalizar un dinero en efectivo que va circulando. En este caso, cuando no se justifica la labor, se presume que hay una actuación ilícita”, declaró.

Fiscalía debe actuar rápidamente
El legislador demandó, en ese sentido, que el Ministerio Público intervenga de forma rápida y pida explicaciones a las autoridades americanas con respecto al movimiento de las cuentas bancarias del ex ministro aprista. No obstante, cuestionó que a la fecha la Fiscalía no haya formalizado una denuncia ante el Poder Judicial en base al informe que remitió su grupo de trabajo.

“El Ministerio Publico está demorando con la denuncia, (porque con la denuncia se puede hacer) la demanda ante las autoridades americanas para determinar las cuentas que pose el señor Allison allá. El tema de Panamá es mucho más complicado, porque es un paraíso fiscal donde es difícil llegar y conocer el manejo de cuentas”, indicó.

“Yo he estado haciendo seguimientos días antes a la noticia al flujo migratorio de Allison. Lo cierto es que el señor Allison si ha estado viajando a Panamá, lo ha hecho en el mes de junio de este año, lo ha hecho recientemente, dando el salto a EE.UU. y estaba considerando –entiendo- retornar a Panamá, el dinero de 50 mil dólares iba a volver a Perú o se iban a quedar a Panamá, era un dinero de tránsito. Ojo esta viajando de un país a otro, para que finalmente llegue a Panamá. Hay mucho que investigar y la actuación del Ministerio Publico debe ser oportuna ahora que el señor Allison está detenido en EE.UU.”, sugirió.

MP debe entregar información clara y oportuna
Luízar Obregón dijo esperar que el Ministerio Público proporcione a la comisión parlamentaria que preside, la información clara y oportuna sobre el manejo de cuentas de Allison Oyague.

“La respuesta que está dando su abogado en forma pública es que efectivamente tiene cuentas en EEUU y el dinero había salido de allá, pero la información que tenemos que nos proporcionó el propio Allison a la comisión en su momento, no justificaría un movimiento de cuentas del volumen conforme ha aparecido en su detención en Estados Unidos”, refirió.

Allison deja mal parado al país
Estimó que el caso de Francis Allison deja muy mal parado al país, aunque reveló que para él la noticia del arresto domiciliario del ex ministro aprista no es una sorpresa, porque anteriormente se negó a declarar la procedencia del dinero que recibió de Business Track.

“Aquí no solamente vale la obligación de las autoridades americanas de investigar los delitos cometidos, la falsa declaración y contrabando de dinero, a nosotros nos corresponde (saber) la procedencia y el origen de esos dineros, ese es el tema de fondo. Es una persona que está siendo investigada por el Ministerio Publico a propósito de situaciones casi parecidas cuando no se quiere declarar la procedencia de dinero que llega a sus manos, y si el señor Allison tiene cuentas en Estados Unidos y en Panamá eso se tiene que aclarar”, remarcó.

Mario Huamán: Detención de Allison en EE.UU. expresa corrupción generalizada del gobierno




Ideeleradio.-
La detención domiciliaria del ex ministro Francis Allison en los Estados Unidos, quien fue acusado de falso testimonio y contrabando de dinero en efectivo por una suma de 30 mil dólares, expresa la corrupción generalizada de este gobierno, afirmó Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

“Es la corrupción generalizada en el país y sobre todo proveniente del gobierno. Él ha estado involucrado con Business Track y todos sabemos que no hay una voluntad política desde el gobierno y del Poder Judicial de investigar estos tentáculos que le hacen mucho daño al país. Efectivamente dar una carta fianza de 100 mil dólares significa que este señor es millonario”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Allison Oyague se encuentra bajo arresto en Miami junto con su esposa Carla Robbiano, acusados de no declarar un dinero que ambos intentaron sacar de Estados Unidos. Un magistrado federal concedió su libertad bajo fianza por 100 mil dólares, la cual fue respaldada por un familiar residente en esa ciudad americana.

El dirigente coincidió con el canciller José García Belaunde que la detención del ex ministro aprista afecta la imagen del Perú, aunque comentó que las denuncias en su contra no representan nada nuevo. “Ya se había hablado del señor Francis Allison y los propios vecinos ya hablaban de vínculos muy oscuros”, puntualizó.

Cuentas claras para políticos
Huamán Rivera planteó, en ese sentido, que se adopten medidas que impliquen la transparencia y “cuentas claras” de los políticos que postulen a un cargo público, vía elección o designación.

“(Pedimos) cuentas claras para los políticos, para los que postulen, creo que debe ser una de las banderas, porque hay gente que nunca trabajó y que solamente se han dedicado a la política y que ahora son millonarios. Sin embargo, sus ingresos como ministros y congresistas no dan como para que sean millonarios”, sostuvo.

“(Él tenía buena imagen) como (la) maneja el señor Kouri, comprometido en actos ilícitos pero que es protegido por el gobierno, porque es su socio, como es socio el gobierno de García con el fujimorismo y entonces limpian los expedientes y no permiten que enjuicien a gente comprometida con la corrupción, porque tienen un fuerte poder en el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y mucha instituciones, esa es una realidad”, anotó.

‘Cédula de los vivos’ es corrupción
El secretario general de la CGTP calificó además como “corrupción” el hecho de que exista un privilegiado grupo de 311 ex congresistas que recibe pensiones de hasta 7 mil 500 soles mensuales, al formar parte de la 'cédula viva'. Según información periodística, entre los beneficiados están Rómulo León, Agustín Mantilla y el ex diputado de C90 Vladimiro Zegarra, procesados por el Poder Judicial.

“El humor popular dice ‘Cédula de los vivos’, de los criollos, eso es corrupción. En el primer gobierno de Alan García prácticamente se amplió sin estudio técnico económico que todo el mundo ingresara a la cédula viva, ganando el último sueldo en calidad de parlamentario o de funcionario determinado. Eso fue un escándalo, fue ilegal y cuando ahora se habla de derechos adquiridos tras hacer una serie de maniobras en el Congreso, para que cierta gente –sin merecerlo- gane tanto dinero, eso se llama corrupción”, recordó.

Otorongo no come otorongo’
Mostró, asimismo, su escepticismo en torno a la posibilidad de encontrar resultados en el caso de que la Comisión de Seguridad Social inicie una investigación al respecto, por considerar que ‘otorongo no come otorongo’.

“Un poco difícil porque ‘otorongo no come otorongo’. Hemos leído de vínculos de congresistas con la universidad Alas Peruanas, USMP y no hay voluntad, podrá haber voluntad de alguna tienda, pero el pacto bajo la mesa impide que haya una lucha frontal contra la corrupción. Esto tiene que venir de la ciudadanía que repudie actos ilícitos”, agregó.