Salvador Heresi: Museo de la Memoria debe ser inclusivo para que haya reconciliación

Ideeleradio.- El Museo de la Memoria que se instalará en el distrito de Miraflores, debe ser inclusivo, no sólo recoger los excesos cometidos por los malos militares del Ejército, sino el heroísmo de las Fuerzas Armadas, para que se produzca la reconciliación nacional, sostuvo Salvador Heresi, alcalde de San Miguel.

“Cuando parecía que el Museo de la Memoria iba ser rechazado (por el Ejecutivo) nosotros aportamos con nuestro granito de arena (ofreciendo un lugar para su ubicación), a veces estas cosas después del tiempo pasan a ser parte del olvido. Sin embargo, me llena de mucho orgullo que finalmente esto se de dentro de un marco que esperamos que sea un museo inclusivo”, expresó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Esperemos que no solamente recoja los excesos cometidos por algunos integrantes de las Fuerzas Armadas, sino también que recoja el heroísmo de nuestras fuerzas y que se resalte que quienes agredieron al Perú fueron los terroristas, que la historia sea recogida en la totalidad y en su autentica dimensión para realmente promover una reconciliación nacional”, remarcó.

Políticas públicas para combatir delincuencia
En otro momento, señaló que para combatir el nivel de delincuencia que sufre la capital en torno al problema de inseguridad ciudadana, se necesitan de políticas públicas, a propósito de la presentación del libro “Relatos de éxito de un comisario”, del comandante PNP Julio Díaz Zulueta, quien actualmente se desempeña como comisario del distrito de San Miguel.

“Otro de los actores que no son muy identificados en esta tarea de todos, por ejemplo, es el Poder Judicial porque de cada cien delitos sólo uno o dos terminan siendo sancionados. Si no se ataca el problema de la inseguridad de la delincuencia creciente en una perspectiva integral como una política pública del Estado la verdad será muy difícil que los acaldes puedan solucionar esta problemática, que es realmente creciente y eso no podemos negarlo la situación es dramática y exige que otras autoridades que no están asumiendo su rol, su compromiso, realicen acciones realmente concretas”, remarcó.

Aún no decide candidatura
El burgomaestre de San Miguel informó que aún no decide si aceptará su candidatura al sillón municipal de Lima, tal como en su momento lo sostuvo la lideresa de Partido Popular Cristiano (PPC), quien dijo que él podría ser una buena opción.

“Agradezco a Lourdes Flores y a Luis Bedoya Reyes por el voto de confianza y por parte de la gente del partido. Este es un tema que evaluaré hasta mayo o junio del próximo año, no le corro a los retos”, subrayó.

“PPC viene realizando un trabajo intenso a nivel de toda la capital con sus bases, de manera tal que el partido estará bien preparado para el proceso electoral municipal del próximo año y en el momento que corresponda tomaremos la decisión que más convenga al desarrollo de la ciudad y nuestra institución partidaria”, refirió.

Allison sabrá como defenderse.
Finalmente, Salvador Heresi comentó que el ex ministro de Vivienda y ex alcalde de Magdalena, Francis Allison, sabrá como afrontar su caso en torno a su supuesta vinculación con Business Track.

“Lo sucedido con Francis Allison no deja de tenerlo a él como un gran alcalde. Él ha sido un excelente alcalde y fue un referente de los alcaldes de Lima. Lamentablemente por una situación con la empresa (Business Track) está siendo investigado. Espero que Allison sepa afrontar y aclarar su caso porque es una persona a la cual conozco y cuando la he conocido ha actuado de manera correcta”, concluyó.

IDL: Audiencia de CIDH debe servir para formalizar invitación a relatora Catalina Botero

Ideeleradio.- La audiencia temática que desarrollará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, debe servir para que el gobierno de Alan García, formalice la invitación a la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, estimó David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Con esta delegación de trece personas que están viajando (a Washington), esperemos que el Estado peruano adquiera algunos compromisos pendientes ante la CIDH, como por ejemplo la visita de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión al Perú. Recordarán que esto no se concretó porque el Perú no termina de invitarla formalmente (y esta audiencia debe servir para ello)”, expresó en diálogo con el programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio.

Lovatón Palacios saludó, además, la iniciativa del Estado peruano por solicitar ante este organismo supranacional una audiencia para explicar los avances y retrocesos del Perú en materia antiterrorista.

“Es una de las primeras veces en que el Estado pide una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDHI) para informar sobre la lucha antiterrorista. Esto es importante porque recordarán que durante muchos años algunos voceros del oficialismo cuestionaron y pidieron que el Perú se saliera del sistema interamericano”, dijo.

“Ahora en el 2009, en noviembre, es el Estado peruano que reconoce una vez más la buena salud del sistema y pide una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sea escuchado en materia de legislación de terroristas, más allá de lo que se discuta en Washington la próxima semana. Eso demuestra que el gobierno peruano está reconociendo plenamente la buena actuación del sistema interamericano de derechos humanos”, agregó.

Precisó que en la audiencia temática se abordarán tres puntos específicamente, el primero referido a los sucesos luctuosos en la provincia de Bagua, que es una petición de parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

El segundo referido al derecho a consulta de los pueblos indígenas en el Perú que es un pedido del Instituto de Defensa Legal (IDL), de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y de las Clínicas Jurídicas en la Escuela de Derecho de la Universidad de Seattle.

Finalmente, se informará de los problemas que de la libertad de expresión en Perú, que es una demanda del Instituto de Defensa Legal (IDL), específicamente para presentar el cierre arbitrario de Radio la Voz de Bagua y otras emisoras radiales.

Fiscal Bobadilla: Se reprogramaron citaciones a 220 policías y se prevé exhumación de dos nativos de Caso Bagua

La Primera Fiscalía Mixta de Utcubamba, reprogramó la declaración de los 220 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) que no concurrieron oportunamente a declarar y prevé realizar la exhumación de dos cadáveres, en el caso de los enfrentamientos ocurridos en la Curva del Diablo, informó la magistrada Olga Bobadilla Terán.

Fue al referirse a las inasistencias de los efectivos del orden a las citaciones del Ministerio Público, entre las cuales se encuentran el general PNP Luis Elías Muguruza, quien dirigió el operativo de desalojo de los indígenas que bloquearon la Curva del Diablo.

“Los efectivos han pedido la reprogramación, se les ha reprogramado, incluso están poniendo la fecha. Hay muchos que aducen que no pueden en octubre porque están destacados en diferentes zonas y se les está concediendo. En algunos casos hay policías que se encuentran heridos y lesionados y se ha mandado un exhorto (…) Se está abriendo un abanico de posibilidades para subsanar la decisión”, aseguró en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Comentó, asimismo, que en la ampliación de la investigación se citó a 200 policías de la DINOES y no se contempló al general Javier Uribe Altamirano, jefe de la IV Dirección Territorial Policial porque ya brindó su manifestación en agosto pasado. En el caso del general Luis Elías Muguruza señaló que la Dirección de Personal señala que no ha asistido por encontrarse en otras diligencias.

“Se han citado a 200 Dinoes y sólo han acudido tres sub oficiales. Los otros militares tales como generales o comandantes no han acudido. En general los efectivos policiales señalan que no se acercan al despacho por cuanto no tienen los medios económicos y han pedido que se les reprograme”, precisó.

Exhumaciones
La magistrada confirmó que se ha pedido información a la Inspectoría de la Policía Nacional y lamentó que hasta el momento no haya una respuesta.

“Hemos cursado todos los documentos para que se pueda acreditar la responsabilidad. No nos olvidemos que esto es un caso complejo y hay todavía diligencias que faltan como la exhumación de dos cadáveres, de nativos y civiles que en su momento no se les hizo la necropsia para poder determinar el factor de la muerte de esa persona”, comentó.

Avelino Guillén: Debe nombrarse Fiscal Ad Hoc en Caso Bagua para evitar dilaciones

Ideeleradio.- La magistrada Olga Bobadilla, que investiga los luctuosos sucesos ocurridos en Bagua el 5 de junio pasado, debe ser nombrada Fiscal Ad Hoc, para que se dedique a tiempo a completo al desarrollo de las diligencias y no se dilate más este caso, afirmó Avelino Guillén, Fiscal Supremo de Control Interno.

Fue al comentar el hecho de que sólo tres de los 222 policías de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) hayan concurrido a las citaciones del Ministerio Público, situación que dilataría el esclarecimiento de la muerte de policías e indígenas.

“La investigación ampliatoria es para completar las investigaciones que se venían realizando, no es que ella tenga que partir de cero. Esto ya no se puede dilatar más, tiene que haber un plazo razonable y prudente, para que estos hechos se esclarezcan. La fiscal tiene que asumir ese reto de contribuir con la justicia y la verdad. En tal sentido, coincido con la opinión de que algunos fiscales de que se tiene que designar una fiscal a dedicación exclusiva, una fiscal ad hoc para que investigue estos hechos a tiempo completo”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Yo creo que es impostergable la designación de un fiscal a dedicación exclusiva, para que conozca de esos casos. No puede haber mayor dilación. Si existe algún tipo de resistencia, el fiscal con sagacidad, con astucia tiene que programar otras diligencias complementarias, declaraciones y otras averiguaciones con la finalidad de esclarecer los hechos. No sólo debemos limitarnos a una declaración, hay otros medios para aclarar e investigar”, agregó.

Alternativas para declaraciones de policías
El magistrado formuló, en ese sentido, algunas recomendaciones para acelerar las investigaciones, tales como tomar en cuenta el informe que realizó la propia Policía Nacional.

“No sé si la fiscal tiene en sus manos la investigación de Inspectoría de la Policía Nacional, ese puede ser un punto de inicio para la formulación de interrogantes a los policías que están pendientes de declarar”, refirió.

“Si en 60 días, sólo se ha podido recepcionar sólo dos (o tres) declaraciones, cuánto tiempo vamos a necesitar para las 220 declaraciones restantes. Eso no es congruente. Hay que evaluar hasta que punto, es necesario tomar todas las declaraciones de los policías, sino de los que son los principales mandos y jefes del operativo”, anotó.

Fiscal debe dar a conocer avances de Caso BTR
En otro momento, Guillén Jáuregui, consideró necesario que el fiscal encargado del caso de las interceptaciones telefónicas realizadas por Business Track (BTR) dé a conocer cuál es el avance de las investigaciones, sin violar la reserva del proceso. Recordó que la misión del fiscal es defender la legalidad y perseguir el delito y que en ese marco tiene que cumplir por mandato de la Constitución con la sociedad.

“Creo que la intervención del Ministerio Público es importante en estos casos. El señor fiscal hasta donde yo conozco no comunica a la opinión pública sobre su rol y las tareas que está llevando a cabo. Lo que tenemos información es sólo de los medios de comunicación, cuando existe un cuestionamiento contra un juez, los jueces salen a explicar su comportamiento”, señaló.

“En el caso de la Fiscalía deberían ellos salir a explicar, cuál es su rol, qué es lo que están haciendo, cuales son sus objetivos, porque la labor de los fiscales es una labor al servicio de la comunidad y por consiguiente no pueden actuar a espaldas y sin informar a la opinión pública de cuál es el trabajo que viene realizando. Creo que allí falta algún nivel de información, algún nivel de comunicación, con los medios de información. Si bien es verdad la investigación es reservada, hay algunos aspectos generales del cual necesariamente tienen que informar”, añadió.

Falta nivel de comunicación en PJ
El magistrado resaltó el trabajo de la magistrada María Martínez, que ventila el Caso BTR a nivel del Poder Judicial y estimó que a veces existen limitaciones legales que retrasan las pesquisas. Mencionó que estos problemas se deben ir superando paulatinamente, pues se tratan de delitos complejos, llevados a cabo por organizaciones criminales.

“Conozco de la entrega de la juez Martínez, sé que trabaja hasta altas horas de la noche con un equipo importante servidores. Creo que lo que falta son niveles de comunicación sobre la misión que están cumpliendo. Lamentablemente, muchas veces existen limitaciones de orden legal, básicamente por el accionar de los abogados que tratan de entorpecer y muchas veces no permiten el avance fluido del trámite de una investigación judicial”, indicó.

Audios ajenos a investigación deben ser entregados al Congreso y MP
El fiscal supremo opinó, además, a favor de que la magistrada María Martínez entregue al Congreso y al Ministerio Público, los audios que no forman parte del proceso, pues así lo exigen las normas vigentes. Dijo tener conocimiento de que el inconveniente surgido entre el Poder Legislativo y Judicial, por este caso se han superado, después del compromiso de la juez de proporcionar información bajo ese criterio.

“Lo que nosotros entendemos es que ya existe una decisión con la finalidad de ir entregando progresivamente esta información al Congreso. La jueza está en la obligación legal de entregar los audios, que no guardan relación con lo que ella está investigando, como se hizo en el caso de los vladivideos. La reserva de la investigación es en cuanto a los hechos sobre los cuales ella tiene competencia, lo que son hechos externos, ajenos a esa investigación, ella está en la obligación legal de entregar esa información al Congreso, pero sobretodo al Ministerio Público, al despacho de la Fiscal de la Nación para que continúe investigando”, declaró.

“(En su momento) la decisión de los jueces anticorrupción (de entregar los vladivideos) ayudó mucho, cumplieron con derivar información al Congreso y al Ministerio Público. Nosotros consideramos que era prueba importante que conocieran las autoridades respectivas. Por otro lado, la prensa está en la obligación de informar al detalle de cómo ocurrieron determinados hechos. Esa actitud de los jueces permitió consolidar en la opinión pública, una corriente de opinión favorable al combate de la corrupción y la derrota de la impunidad. Eso fue fundamental”, recordó.

FSCI y celeridad
Finalmente, informó que el trabajo de su despacho estuvo concentrado en los primeros meses a una labor de diagnóstico, averiguación y determinar algunas conclusiones de cómo está marchando el control interno a nivel nacional.

“Estamos en una fase de consolidación de equipamiento de diferentes oficinas desconcentradas a nivel nacional. (Ahora nos concentramos en) ver la forma de que los fiscales emitan sus pronunciamientos dentro de plazos razonables, el problema es la sobrecarga procesal en las fiscalías. Queremos que el trabajo de la fiscalía sea fluido y que tenga determinados niveles de celeridad”, remarcó.