miércoles, 14 de octubre de 2009

Greta Minaya: Demora en Caso BTR y Discover se debe a presiones y a participación de personajes grandes


Ideeleradio.-
La demora en las investigaciones por el caso Business Track y Discover Petrolium se debe a las presiones que existen pues estarían implicados personajes grandes, advirtió Greta Minaya Calle, integrante del Jurado Nacional de Elecciones, quien cuestionó la labor desempañada por los magistrados encargados María Elena Martínez Gutiérrez y Jorge Barreto.

“A mí me parece que en el caso de los petroaudios hay una presión grande sobre la jueza (María Elena Martínez Gutiérrez). A esa señora le falta autonomía e independencia. No es posible que haya pasado ya un año y hasta el día de hoy no se sepa quiénes son las personas que están implicadas y que no estén procesadas. Ya tenemos el vergonzoso caso de este señor (César) Gutiérrez (ex presidente de Petroperú) que incluso se ha ido al extranjero. Les están dando tiempo a muchos de los que están implicados para que se vayan y fuguen. Después habrá que traerlos mediante la extradición que es costoso para el Estado y que deja muy mal parado al Poder Judicial”, dijo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“El Congreso tiene facultades de investigación también. Es cierto que nadie puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, pero este órgano jurisdiccional tampoco puede ser un instrumento para consagrar la impunidad. Tenemos muchos casos de impunidad en nuestra nación sobretodo de personajes de alto rango y eso está muy mal. La ley es para todos”, agregó.

Minaya Calle agregó que los magistrados tienen la obligación y responsabilidad de cumplir los plazos establecidos por ley, tras comentar los presuntos diálogos entre algunos magistrados supremos y Alberto Químper, así como el mismo caso del “faenón” al que se hace alusión en el Caso Discover Petrolium.

“Allí debería incluso ingresar la Oficina de Control de la Magistratura y averiguar por qué el juez (Jorge Barreto) está demorando tanto. El mismo juez Barreto para mí es cuestionado. Él fue secretario de la doctora Blanca Nélida Colán cuando se desempeñaba como magistrada en el Poder Judicial. ¿Por qué la demora? Porque acá están implicados personajes grandes, pero no señor la ley es para todos. Las investigaciones deben hacerse con celeridad. No sólo hay que hacerlo en determinados casos”, agregó.

Presiones políticas en Caso Benítes
De otro lado, consideró que hubo presiones políticas tras la opinión del fiscal supremo José Peláez Bardales, en torno al archivamiento del caso de la desaforada congresista Tula Benítes, acusada de contratar a un “empleado fantasma”.

“Aquí hay presiones de índole político. Naturalmente todos sabemos cómo funciona esto. A mí me parece que hay presiones y los jueces deberían mantener su autonomía e independencia. Si una congresista ha sido cuestionada y ha cometido un delito flagrante, ello no sólo debe ser materia de investigación, sino de una sanción. Acá está el delito materializado, a no ser que hoy no se considere delito el hecho de que se contrate a una persona que de alguna manera causa problemas a la persona que ha hecho el subcontrato en este caso”, mencionó.

Caso Raffo y Chacón
Consideró que este expediente resulta emblemático y que abre las puertas para que se evite establecer alguna sanción sobre los congresistas fujimoristas Cecilia Chacón y Carlos Raffo. Sostuvo que desde su labor en el Jurado Nacional de Elecciones tratan de combatir la corrupción, pero que se ven impedida de intervenir en estos casos.

“Como ex magistrada tengo derecho a opinar. Mire el caso del congresista Raffo y de la vicepresidenta del Congreso Cecilia Chacón. Están siendo llamados para que se dicte sentencia ¿Por qué el Congreso no les levante la inmunidad para que vayan a escuchar su sentencia? ¿Qué están esperando que los delitos prescriban que son hechos graves?”, afirmó.

“En el caso de Cecilia Chacón hay un desbalance patrimonial bastante alto y su padre está procesado justamente por esos hechos. En el caso de (Carlos) Raffo también. Entonces ¿Por qué ahí no actúa con celeridad el Poder Judicial y más bien se sanciona a los jueces que han osado citar al señor Raffo para que se presente a la lectura de sentencia. Cuando se trata de un ciudadano común y corriente lo llevan detenido de dónde sea. Entonces aquí hay una especie de contubernio que ya todos los sabemos y se apoyan entre ellos. Así no debe funcionar el Poder Judicial”, apuntó.

Walter Gutiérrez se aferra al cargo
Minaya Calle comentó, además, que existiría un supuesto interés del decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, de aferrarse al cargo al estar por asumir la presidencia del Colegio de Abogados del Perú, instancia que consideró fue creada de manera irregular.

“Ha habido un pronunciamiento del Colegio de Abogados al respecto y eso ha sido para pasarnos la mano, porque en dos oportunidades, quien habla y el doctor Paz de la Barra, con una serie de agremiados hemos publicado en un diario, críticas a la forma como se ha creado el Colegio de Abogados del Perú, porque este gremio es una persona jurídica de derecho público y debió crearse con una ley y no en una reunión de decanos en la ciudad de Cusco, donde muchos de ellos se han asignado cargos que van a tener representación según se nos ha manifestado”, declaró.

“Los decanos ya fueron elegidos para cumplir su mandato en un año, entonces el doctor Gutiérrez parece que se aferrara al cargo, porque tenemos conocimiento que él ha sido nominado no sólo para ser presidente de la Junta de Decanos, sino siendo ex decano va a seguir presidiendo el Colegio de Abogados del Perú, que no tiene todavía partida de nacimiento y que ha nacido de manera ilegal y que de alguna manera no va regir. Y además nosotros nos preguntamos ¿Con que estructura va a mencionar? ¿Con la del Colegio de Abogados de Lima?”, señaló.

Proyecto que cambia elección de representante ante CNM es inconstitucional
En otro momento, calificó de inconstitucional el proyecto de ley que modifica el proceso de elección de los representantes de los colegios profesionales ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Dicha iniciativa del Poder Ejecutivo establece que esta designación se realizará a través de del voto de los decanos y ya no de los agremiados.

“En el caso específico del representante ante el CNM que está próxima a realizarse, es clara la Constitución cuando dice que los abogados elegirán a sus representantes, no dice que los decanos van a representar al Colegio de Abogados en las diferentes instituciones públicas. Está acá vulnerándose el derecho de todos los abogados de elegir a sus representantes libremente, en sufragio universal”, aseguró.

“Si se logra materializar esta ley sería inconstitucional, pero solamente los colegios profesionales entre otras instituciones tienen facultades para interponer una acción de inconstitucionalidad, tendríamos que reunir las firmas de 5 mil agremiados para pedir la inconstitucionalidad de esta ley y mientras tanto rige (una vez que sea promulgada), y ya en los próximos meses se va a elegir al representante ante el CNM. Vemos que hay un autoritarismo del régimen. ¿Dónde están los asesores que no le dicen al ministro de Justicia que debe saber que no se puede dictar una ley que afecta la Constitución”, apuntó.

Proyecto buscaría manipular elección de magistrados
Advirtió que si esto proyecto, que ya fue dictaminado por la Comisión de Constitución, es aprobado, existe la posibilidad de que se manipule la elección de jueces y fiscales a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Aquí va a haber una manipulación en la designación de jueces y de allí las críticas que se le hacen al Poder Judicial, pero que no justifican los calificativos del señor (Carlos) Mesía. Hay críticas muy fuertes sobre los integrantes del Poder Judicial por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no sabe elegir a las personas que verdaderamente deberían estar allí administrando justicia”, aseveró.

TC no debe desaparecer
La ex jueza se pronunció, además, en contra de la propuesta del presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, quien planteó la desaparición del Tribunal Constitucional (TC) para que sus funciones sean asumidas por el Poder Judicial.

“El TC no puede desaparecer porque es la institución que defiende y preserva que la Constitución se cumpla. Imagínese si ahora teniendo TC pasan cosas como las que vemos, qué será el día en que desaparezca el TC, porque prácticamente el Poder Judicial tiene un gran sector de magistrados que están politizados. Y eso nos hace mucho daño a la sociedad, porque no es el partido de gobierno el que tiene que mandar en el país. El Poder Judicial tiene que ser imparcial y no puede recibir presiones de ningún tipo”, argumentó.

Alcaldes y presidentes regionales deben cumplir mandato
Finalmente, cuestionó la actitud del presidente Alan García al convocar a autoridades políticas para que conformen parte de su gabinete tal y como ocurrió con el ex alcalde de Magdalena, Francis Allison Oyague. En tal sentido, hizo un llamado a los congresistas para que legislen sobre el tema.

“Ellos no han sido elegidos para ser ministros sino para ser alcaldes, presidentes de región, por tanto el mandato tiene que cumplirlo por el tiempo que establece la ley y la Constitución. Inclusive esos cargos son irrenunciables inclusive. Entonces ahí hay vacíos en la ley que deberían normarse y es el Congreso que debería regularizar esto (…) Hago un llamado a los congresistas para que legislen al respecto”, concluyó.

Piden que Estado no tome en cuenta opinión de Iglesia en torno a aborto eugenésico


Ideeleradio.-
El Estado no debería dejarse llevar por la opinión de la Iglesia Católica y debería despenalizar el aborto eugenésico, porque es una de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, sostuvo Jossy Cárdenas, representante del programa de Derechos Sexuales y Ciudadanía en Salud del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

“Lamentablemente la Iglesia Católica ha tomado un protagonismo que no debería tener. Esto (la opinión de la Iglesia) no tendría que ser una opinión tomada por el Estado porque eso equivaldría que si mañana más tarde tenemos a un presidente que es de Testigo de Jehová y que está en contra de la transfusión de sangre (plantearía su posición) pero eso no podría convertirse en una política pública que afecten a todas las personas”, dijo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Entonces es importante que el Estado lejos de considerar confesiones religiosas haga caso de las recomendaciones y señalamientos de cortes internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos y Naciones Unidas, que puedan revisar los dictámenes de los tribunales constitucionales como los de Colombia que se han manifestado en este caso y que tenemos una larga data de dictámenes que han evaluado esto jurídicamente en base a los derechos humanos y tienen posiciones a favor de la legalización del aborto (eugenésico)”, comentó.

Rey y Mercedes Aráoz no deben utilizar sus cargos en este debate
Indicó que en este caso es importante que -como parte del uso y manejo democrático de un país- se resalte que los credos religiosos son creencias particulares y personales y no políticas públicas. En tal sentido, exhortó a los ministros de Defensa (Rafael Rey) y de la Producción (Mercedes Aráoz) a no utilizar sus cargos en este debate.

“Tanto los legisladores y los ministros tienen derecho de profesar su religión pero su función como servidores públicos de un Estado que legisla para todos y todas, implica que ellos no utilicen estos argumentos para desempeñar la función del Estado que es garantizar todos los derechos de todas las personas”, señaló.

Señaló que es importante que se valore los derechos de la mujer, su vida y su decisión de aplicar o no el aborto eugenésico. Dijo que el Estado en ninguna parte del mundo puede obligar “jurídicamente” a una mujer a llevar un embarazo que no desea, producto de una violación.

“Esa situación sería equivalente a obligar a una persona que no lo desea a donar un órgano para salvar la vida de otra, sabemos que en nuestro país eso es voluntario (…) El caso del embarazo es por algo que solo pasan las mujeres y el Estado tiene la obligación de respetar los derechos de las mujeres y en el caso de la violación por ejemplo no exponerla a un doble shock o a un doble trauma”, recomendó.

Mujeres podrán decidir sus propios casos
Señaló que con la despenalización de aborto eugenésico se estaría ofreciendo a las mujeres víctimas de una violación o de embarazos de casos extremos (cuyo feto no tenga viabilidad fuera del útero) la posibilidad de que ellas decidan este tema.

“No hay que olvidar que el ser que esta vivo en ese momento (después de una violación) es la mujer, el otro es un ser que está por o en todo caso en formación. Además hay toda una afectación de los derechos de la mujer que no deben estar de lado y en ese sentido la mayoría de países, a lo menos en América Latina, apuestan por eso (aborto eugenésico)”, opinó.

“El decir que todos tenemos derecho a la vida, que es un derecho constitucional, no significa que el tema de despenalizar el aborto en este tipo de circunstancias, tanto el terapéutico, eugenésico producto de una violación, no atenta contra este derecho constitucional”, subrayó.

Con aborto eugenésico se tendría estadísticas de aborto
A su turno, la abogada el Movimiento Manuela Ramos, Doris Blas, manifestó que la despenalización del aborto eugenésico permitiría al Estado obtener una estadística e identificar quienes son las mujeres que se someten a este proceso por necesidad de preservar su salud o quienes lo hacen desde un punto de vista condenable.

“Viabilizará el problema y permitirá obtener soluciones integrales a este tema, porque cuando una mujer se enfrenta a una decisión de abortar significa que ha pasado por una serie de vulneración a sus derechos”, señaló.

Debate de actores políticos confunde a la población
Comentó que por parte de los distintos actores políticos del país se ha desnaturalizando la decisión de la Comisión Especial Revisora del Código Penal, que decidió despenalizar el aborto eugenésico, en el sentido de que no está en debate el derecho a la vida por un tema de discapacidad, sino los casos que son producto de una violación.

“Toda esta semana hemos escuchado a diversos políticos dando sus comentarios en torno a este tema; a mí parecer se está tergiversando la propuesta que se aprobó en la comisión revisora. En este caso estamos hablando de violaciones en general, de padres a hijas y del aborto eugenésico, es decir cuando existe un embarazo que no es viable. No estamos hablando de un problema de discapacidad”, aclaró.

“Los comentarios que estamos escuchando es que tergiversa la información y solo se basan si es vida o no es vida, quien decide o no decide la vida de ese feto. No estamos hablando de esas situaciones estamos hablando de situaciones muy concretas y extremas”, concluyó.

Henry Pease: Si PJ archiva Caso Benítes implicará que cuando se trate del Apra no existirá justicia


Ideeleradio.-
Si la Corte Suprema decide archivar el caso de la desaforada congresista Tula Benítes implicará que cuando se trata del Partido Aprista no se podrá impartir justicia, estimó el ex presidente del Congreso Henry Pease, tras considerar que el fiscal supremo José Peláez “debería irse a su casa” al haber pedido el archivamiento de este expediente.

“(Si se archiva el caso Benítes) quedará instaurado que cuando se trata del Partido Aprista no hay justicia en el Poder Judicial, porque aquí ha habido un caso similar y acaba de resolverlo bien el Poder Judicial (Rocío Gonzáles [UPP] condenada por hurto agravado de energía eléctrica). La única diferencia es el color político de la congresista”, afirmó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Desde los años 70 conozco magistrados formados y asociados en el Apra. No hay que olvidar que fue la Asociación de Abogados Apristas la que presentó la acción de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional que hacíamos en el 2001 y se movieron en una red nacional. No sólo actúan en el Poder Ejecutivo, eso es evidente y es lo que está pesando para que un fiscal (José Peláez Bardales) que ya se conoce que tiene esas vinculaciones, diga lo que ha dicho”, añadió.

Peláez debe irse a su casa
Pease García cuestionó, en este sentido, la decisión del fiscal supremo José Peláez Bardales de opinar a favor del archivamiento del caso de Tula Benítes al estimar que no existían pruebas suficientes para acusarla por la contratación de un empleado “fantasma”.

“Este señor debería irse a su casa. ¿Para qué hay un fiscal que dice esa barbaridad (no hay pruebas)? ¿Cómo puede decir un fiscal eso? Es inconcebible. El Perú ha sido informado a través de todos los medios de comunicación de cómo ha traficado esta señora con un cargo público que evidentemente lo que pretendía, era supongo cobrar indirectamente el salario del empleado”, dijo.

Saluda anuncio de García
En otro momento, se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente Alan García Pérez, quien adelantó que se quedará en el país después que termine su gestión.

“A mí me parece bien que un presidente termine su mandato y se quede en el Perú, pero los problemas que vemos no sólo dependen de un presidente de la República. Dependen de reglas de juego que están fallando. Los partidos no deben penetrar ni en el Poder Judicial, ni en el Ministerio Público. No conviene que ese tipo de factores interfieran en las decisiones judiciales y están interfiriendo”, anotó.

Pide debate alturado sobre aborto eugenésico
De otro lado, el ex presidente del Congreso de la República pidió mayor seriedad y respeto al debate sobre la despenalización del aborto eugenésico. Sostuvo que la decisión que se tome debe ser en defensa de la vida.

“Hay que poner la discusión en su nivel, y con los elementos suficientes para tomar una decisión adecuada en defensa de la vida. No creo que se pueda decir tan libremente que porque hubo una violación hay que abortar y de la misma manera en que no creo que porque hubo una violación hay que fusilar al que violó porque no creo en la pena de muerte, ni para el asesino ni para el niño”, argumentó.

Conflictos en la izquierda: Desesperación por los cargos
Se refirió asimismo a los conflictos internos en el sector de la izquierda tras considerar que existe demasiada desesperación por llegar a los cargos y muy pocos proyectos de renovación de la política.

“No es un problema de las izquierdas o derechas sino que están agotados a este proceso electoral. Uno de los problemas de fondo es que hay signos de corrupción muy amplia. Aquí el que rompe reglas de juego y no guarda lealtades fundamentales son parte del proceso de corrupción que debe tomarse en cuenta”, agregó.

Carlos Rivera: Absolución de violadores de DDHH se debe a persistente presión política de Rey, Giampietri y García


Ideeleradio.-
La reciente absolución de once militares implicados en dos procesos por desaparición forzada de personas en el Cuartel Los Cabitos y Los Laureles, se debe a la persistente presión e interferencia política del ministro Rabel Rey, del vicepresidente Luis Giampietri, del primer mandatario Alan García y del titular de la comisión de Justicia Rolando Sousa, afirmó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL)

Fue al comentar tanto el fallo de la Sala Penal Nacional que absolvió en la víspera a los altos mandos militares del Huallaga implicados en la desaparición forzada de Samuel Ramos Diego, Jesús Liceti Mego y Esaú Cajas Julca, así como le exoneración de responsabilidad de oficiales de Ayacucho, quienes eran acusados de torturar y desaparecer al campesino Constantino Saavedra.

“Los tiempos han cambiado y el signo de los nuevos tiempos es que las persistentes presiones e interferencias políticas, la persistente presión política de ministros como (Rafael) Rey, del vicepresidente (Luis) Giampietri, del propio presidente de la República (Alan García), del presidente de la comisión de Justicia (Rolando Sousa) que ha estado investigando a la Sala Penal Nacional, finalmente ha dado resultados y el resultado es que encontraron jueces que sin ninguna condición democrática son fáciles de someter en beneficio de violadores de derechos humanos”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“En una semana ya hay 11 absueltos. Lamentablemente en el último año la Sala Penal Nacional tiene unas estadísticas realmente preocupantes, porque de ser un tribunal de derechos humanos, ha terminado siendo la principal vía de salida y de liberación de responsabilidades de los militares acusados de violación de derechos humanos. ¿Ya para que proyectos de amnistía o indulto? si ya tienen a la Sala Penal Nacional que los libra de toda responsabilidad y señala que los delitos no se cometieron. Esta es una situación grave de retroceso en cuanto al proceso de judicialización”, apuntó.

En la víspera, un tribunal presidido por la jueza superior Mirtha Bendezú, exculpó a los jefes del Frente Huallaga, generales (r) Mario Brito Gomero y Oswaldo Hanke Velasco; los coroneles (r) Jesús del Carpio Cornejo y Mario Salazar Cabrera; y el jefe del Batallón Contrasubversivo 313 Los Laureles, general (r) Miguel Rojas García.

Hace una semana, otra sala encabezada por la magistrada Clotilde Cavero absolvió al general (r) Petronio Fernández Dávila Carnero, ex jefe político militar de Ayacucho, así como a los ex oficiales Eduardo García Daneri, Raúl O’Connor La Rosa y Donato Saavedra Gárate. Estas personas estaban implicadas en un caso de violación de derechos humanos del Cuartel Los Cabitos, ocurrido el 1º de octubre de 1990.

Es curioso que absolución se dé el mismo día de exhortación de Rey
En otro momento, Rivera Paz dijo que resulta “curioso” que la sentencia absolutoria en el Caso Los Laureles se produzca el mismo día en que el ministro de Defensa Rafael Rey declarara que los fiscales, jueces y en especial los políticos deben tomar en cuenta que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no cometieron delitos de lesa humanidad porque no mataron por motivos religiosos, raciales, políticos o ideológicos.

“Que curioso que el día en que el señor Rafael Rey hace una invocación a los jueces que ven casos de derechos humanos y que dice que ningún crimen que se cometió en el Perú puede ser considerado como crimen de lesa humanidad, casi en términos literales esas declaraciones son asumidas por la sentencia en el texto del documento (de la sentencia). Creo que hay una lamentable y dramática sintonía entre las presiones del poder político y algunos jueces de la Sala Penal Nacional, y el resultado es nefasto”, enfatizó.

Fallo de Los Laureles es vergonzoso e indignante
Al referirse específicamente al Caso Los Laureles, calificó el reciente fallo absolutorio como vergonzoso e indignante, pues no sólo se exonera de responsabilidad a un grupo de militares, sino que se pone en tela de juicio el mismo hecho de la desaparición forzada.

“Este fue el peor escenario (la absolución), porque no sólo los siete militares fueron absueltos de los cargos de desaparición forzada y el tribunal encargado del juicio ha dado la posibilidad para dejar en cuestión incluso los propios hechos de desaparición forzada en este caso del señor José Liceti, Saúl Ramos y Esaú Cajas Julca. Este es un fallo que me indigna y avergüenza porque esta sentencia ha sido resuelta por un tribunal de derechos humanos en democracia, no por un tribunal de Fujimori, ni de Montesinos”, indicó.

“Ese fallo tiene como líneas fundamentales, dice (se pregunta) que quiénes han demostrado las órdenes que los jefes militares hayan emitido, nuevamente este tribunal comete el gravísimo error, yo diría absolutamente adrede de exigir que presenten órdenes escritas. Es decir, como si los jefes fuesen tan estúpidos, disculpando el término, de firmar órdenes escritas para eliminar o desaparecer personas. Eso no existe, ese tipo de órdenes son clandestinas”, agregó.

Tribunal se esforzó en destruir la prueba
El letrado estimó que el tribunal hizo un esfuerzo realmente denodado y minucioso para en 500 páginas de la sentencia se destruya la prueba de la parte civil y de la fiscalía, para establecer como criterio general que aquí no está demostrado nada.

“Tanto es así, que el tribunal se da el lujo -en la parte más vergonzosa de la sentencia- de decir que no está demostrado que estos ciudadanos fueron desaparecidos. Esto linda con lo escandaloso, porque la investigación de la Defensoría y de la CVR, se estableció que en mayo y noviembre del 90 hubieron tres personas desaparecidas, porque se logró constatar que esas personas ingresaron al cuartel militar ‘Los Laureles’ en Tingo María”, explicó.

“Creo que el tribunal ha tenido un empeño denodado por destruir la prueba y por afirmar que todo es contradictorio y que lo único que importa es la declaración de los inculpados, quienes niegan de amanera abierta y sostenida su participación en lo hechos. Pero, aún así en algunos momentos del juicio oral esas propias declaraciones han sido inculpatorias respecto de los otros inculpados. Pero aún así, el tribunal dice que son sólo contradicciones, que no haya nada demostrado y que hay que absolver a todos”, añadió.