DEVIDA: “Cárteles mexicanos podrían ingresar al Perú si no se ataca hoy al narcotráfico”

Ideeleradio.- Si no se afronta hoy el problema del narcotráfico, los cárteles mexicanos podrían ingresar al Perú y el efecto globo de Colombia afectar al país, advirtió el jefe de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Rómulo Pizarro.

“Siempre hay dudas en el tema (de combatir el narcotráfico) pero el Perú tiene que darse cuenta que es el segundo productor mundial de cocaína. Si no se toma en cuenta el problema, lo que puede pasar es que tengamos más crecimiento de áreas (de cultivo de droga), porque el efecto globo de Colombia puede venir. En México el presidente (Felipe) Calderón ya está autorizando a las Fuerzas Armadas (luchar contra el narcotráfico). Entonces, los cárteles mexicanos donde buscarían irse, a qué país van a entrar”, refirió en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Por otra parte, sino controlamos los insumos químicos va a subir la producción y por último, los jóvenes se van volviendo adictos a la cocaína y a la pasta básica, porque tenemos la más barata del mundo”, agregó.

“Efecto globo” de Colombia
Rómulo Pizarro, insistió en su preocupación por la erradicación emprendida por las autoridades de Colombia, lo que podría configurar el desplazamiento de cocales de Colombia hacia nuestro país. En tal sentido, dijo ser consiente de que Perú no tiene la suficiente seguridad en las fronteras para evitarlo.

Al respecto indicó que la ayuda norteamericana para el combate contra las drogas ha disminuido. Reveló que en la actualidad la cooperación norteamericana asciende a 65 millones de dólares frente a los 140 millones de dólares que recibía el país en el año 2003.

“Nosotros hemos hablado varias veces con el Zar Antidrogas del ex gobierno de George Bush y lo que me contestó es que su prioridad era Colombia y México. Señaló que la cocaína de Perú llegaba entre 10% y 15% a Estados Unidos y el resto a Europa. Bajo ese efecto yo dije que sería también bueno que venga la mayor cantidad de Estados Unidos y ustedes se preocuparían de ayudar. Porque cuando en Colombia se haga un efecto represivo la posibilidad del efecto globo puede venir al país. Eso es simple”, comentó.

Existe un compromiso de la Unión Europea para el 2010
Al respecto cuestionó las declaraciones de la Comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Benita Ferrero-Waldner, quien sostuvo que las drogas era un problema de los países productores. Sin embargo, anunció que existe un compromiso para el próximo año de la Unión Europea con el Perú.

“Treinta mil millones dólares gasta Europa en prevención, pero en sus fronteras. En marzo he recibido una carta recibida por ella (Benita Ferrero-Waldner) en la cual es consiente de que debe haber una responsabilidad compartida y que para este próximo año la Unión Europea comenzaba a apoyar esta lucha. Hay un compromiso para que a partir el 2010 podamos nosotros tener a la Unión Europea como un socio. Bilateral también está el gobierno alemán”, mencionó.

Desestima afirmaciones de Luis Gonzales Posada
Rómulo Pizarro desestimó las declaraciones del congresista Luis Gonzales Posada, quien dijo que en vez de que se propongan “pactos éticos” entre bancadas, se debería encabezar una campaña internacional para que la cooperación extranjera no disminuya sus aportes económicos al Perú, respecto al problema del narcotráfico.

Pizarro Tomasio le recordó al parlamentario aprista que la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) viene demandando en reiteradas ocasiones a los Estados Unidos y a la Unión Europea, mayor apoyo económico para combatir este mal internacional.

“No quiero referirme específicamente a los comentarios del congresista (Gonzales Posada) que parece no se ha enterado que nosotros reclamamos siempre a la Unión Europea (por más apoyo). Debo señalar que el problema del narcotráfico es un problema integral (entre productores y consumidores) y no hay que tener miedo en decirlo”, señaló.

Congresistas también deben viajar a Europa
En ese sentido, el presidente Ejecutivo de DEVIDA invitó a los congresistas de la República a formar un grupo multisectorial para viajar a Europa y demandar mayor apoyo a las autoridades extranjeras, a fin de que se incremente el presupuesto para combatir al narcotráfico.

“A mi me gustaría recibir el apoyo de los congresistas y de repente puedan viajar conmigo a Europa para conversar (con las autoridades) y pedir más apoyo”, refirió.

En otro momento, explicó que durante más de 25 años el gobierno nacional se dedicó a ver al agricultor cocalero como un problema y en el camino se dejaba de lado el tema de lavado de dinero, contrabando de insumos químicos y el problema de las pandillas.

Aclara cifras
Rómulo Pizarro aclaró que la suma 22 mil millones de dólares es el cálculo de cocaína que produce el Perú y que es llevado al extranjero.

“Quiero aclarar que la cifra sobre los 22 mil millones de dólares (que declaró a una agencia internacional) es más o menos lo que se calcula que es la cantidad del potencial de cocaína que produce el Perú llevado a los mercados de demanda. Según informe de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, el Perú tiene el puesto dos en lavado de activos”, comentó.

“Por otro lado, la cifra que mueve el narcotráfico se calcula en dos mil millones de dólares. Hay estudios que dicen desde mil millones de dólares, pero para que los oyentes hagan una comparación si fuera más de 1500 ó 2000 eso sería más de la cantidad de remesas que viene del extranjero producto de las personas que trabajan en otros países”, explicó.

Asimismo dijo que el Estado peruano destina alrededor de 300 millones de dólares para la lucha antidrogas.

Velásquez Quesquén comprometido con lucha antidrogas
Finalmente dijo que el primer ministro Javier Velásquez Quesquén se encuentra comprometido con la lucha antidrogas, tras comentar sus recientes declaraciones donde señala que el problema del narcoterrorismo en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) “no se resuelve con bombas”, sino llevando justicia social.

Anotó además que dará todo su apoyo al trabajo emprendido por el actual jefe del plan VRAE Fernán Valer.

“El premier Javier Velásquez Quesquén ha entrado a ver el tema del VRAE sobretodo en lo que es desarrollo, en trabajar con un equipo y una propuesta. Sino hacemos un estudio de zonificación en esa zona, sino juntamos a los campesinos, sino los capacitamos, esto no funciona”, precisó

“DEVIDA le va a dar todo el apoyo a Fernán Valer. Justamente estamos llevando la matriz del modelo de la región San Martín. Entonces el presupuesto que se está haciendo tiene que tener proyectos que se puedan realizar. Los proyectos de estas personas son proyectos que tienen que estar consensuados con las comunidades”, concluyó.

Ministerio Público rechaza propuesta de Pastor para que fiscales militares actúen en el VRAE

Ideeleradio.- La Fiscalía no reconoce la propuesta del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien planteó que los fiscales militares colaboren con el Ministerio Público en las acciones de carácter jurídico-legal en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), aseguró el fiscal supremo titular, Pablo Sánchez.

“La propuesta desde el sentido puntual y concreto no la reconocemos, pero toda coordinación que se quiera hacer con el Ministerio Público para mejorar el trabajo de investigación y intervención de militares y policías en el VRAE es buena, pero dentro del marco de las normas pre establecidas. Hay que revisar con mucho cuidado las propuestas que se hagan sobre todo en casos tan delicados”, aseveró en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Hablar de intervención de fiscales militares dentro de un contexto en donde se está combatiendo delitos especiales como terrorismo, narcotráfico o las mixtura de ellos, genera la intervención normal de las instituciones civiles, fiscalía y jueces, no habría espacio para la intervención de los fiscales militares”, detalló.

Como se recuerda, Pastor Valdivieso anunció que realizará las coordinaciones para que fiscales militares colaboren con el Ministerio Público en las acciones de carácter jurídico-legal en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).

Pablo Sánchez, explicó que la justicia penal militar tiene un espacio de competencia estrictamente castrense y puntualizó que ya en su momento el Tribunal Constitucional se pronuncio al respecto y ese fallo debe respetarse.

“La doctrina y las sentencias del Tribunal Constitucional establecen que toda investigación y sanción por delito común especial en casos de terrorismo y narcotráfico corresponde a la justicia común. Los jueces militares y fiscales sólo conocen de infracciones cometidas por militares o policías en agravio de bienes jurídicos castrenses y cuyas conductas están previstas en el Código de Justicia Militar. Esto es claro”, refirió.

Indicó que cualquier cambio que se piense realizar, “debe revisarse con mucho cuidado para no atentar con lo que señala la Constitución y el Tribunal Constitucional”.

Asimismo dijo que cuando se plantean este tipo de propuestas, no se debe pensar sólo de manera "negativa" en el recogimiento de cadáveres de militares o efectivos policiales, sino también en otro tipo de diligencias como la “intervención de personas involucradas o el levantamiento de actas de incautación de armas y drogas”.

Dijo además que es deber de la Policía Nacional cuidar de los fiscales que asisten a las diferentes diligencias.

En otro momento dijo que el Ministerio Público no cuestiona la labor de los policías y militares que operan en el VRAE y en otras zonas del país, pero dijo que cuando se cometen excesos de algún efectivo, sí es indispensable denunciar los hechos.

“No existe predisposición para denunciar a los militares o policías, pero si se violan derechos fundamentales, es necesario investigar. (…) Hay que analizar las cifras (de denuncias contra militares y policías), pero no creo que sea el número tan importante como se menciona”, aclaró.

Alva Orlandini: Tribunal de Disciplina de Acción Popular decidirá eventual sanción a Rosario Sasieta

Ideeleradio.- El Tribunal de Disciplina del Partido Acción Popular (AP) será el ente autónomo que evalúe una sanción a la congresista Rosario Sasieta, si se confirma la acusación de su ex colaboradora María Elena Medianero, quien la denunció por maltratos psicológicos, afirmó el presidente de esta agrupación política, Javier Alva Orlandini.

“Naturalmente (si se comprueba la denuncia sería sanciona y podría ser expulsada del partido). En el reglamento del partido hay normas que establecen que en casos hayan hechos de esta naturaleza, se adoptan las decisiones que sean pertinentes, que pueden ser leves o graves”, afirmó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Pero no quiero adelantar ninguna decisión (en torno a la denuncia contra la parlamentaria por Acción Popular) porque dentro del partido hay un Tribunal de Disciplina que es autónomo y no quiero interferir en lo que pueda decidir respecto a este tema, pero se tiene que aclara de forma plena y cabal”, agregó.

Investigación amplia, profunda e imparcial
Dijo que la Comisión de Ética del Congreso debe realizar una investigación exhaustiva e imparcial sobre este tema, a fin de devolverle la credibilidad al Parlamento que dijo se está perjudicando aún más con la denuncia de la ex asistente de la congresista Rosario Sasieta.

“Se debe investigar de forma amplia, profunda e imparcial, a fin de que se resguarden los intereses no solamente del Congreso, sino también de la ciudadanía, pero si la denuncia hecha por María Elena Medianero es cierta y se prueba, evidentemente tiene que haber una sanción contra la congresista Sasieta”, aseguró.

“En caso contrario si se trata de una denuncia sin pruebas, tendrá que ser reparada la honorabilidad de la parlamentaria. Es decir, tendrá que denunciarse a la señora Medianero”, concluyó.

La Comisión de Ética del Congreso analizará hoy en sesión extraordinaria, el caso de la congresista Rosario Sasieta.

Fiscales militares sólo pueden ver delitos de función
Alva Orlandini discrepó además con el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien planteó la necesidad de que fiscales militares apoyen la labor del Ministerio Público en la zona del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).

“La iniciativa es interesante en la medida que se trata de ver en qué aspectos pueden intervenir los fiscales del Fuero Militar, pero de ninguna manera pueden intervenir en las acciones y decisiones del Ministerio Público porque sus miembros son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura que es otro órgano autónomo”, precisó.

Dijo que el Ministerio Público está amparado por la Constitución Política y refirió que dentro de sus funciones está investigar los delitos en general, desde su etapa inicial, así como representar a la sociedad peruana en los procesos judiciales.

“El Fuero Militar es un fuero de función que solamente debe ver los delitos de función y sobre esa materia ya se pronunció el Tribunal Constitucional”, agregó.

Finalmente, Javier Alva señaló que los fiscales del Fuero Militar corren el riesgo de vincularse ilegalmente con los procesos, debido a que éstos son militares que investigan a otros militares.

"Hay ese riesgo (de que se vinculen con el proceso). Recordemos que los fiscales del Fuero Militar son designados por el Poder Ejecutivo. De manera que en este caso no hay la separación de funciones y sólo pueden actuar en los delitos de función, pero no pueden intervenir en las atribuciones que corresponden al Ministerio Público, que repito es autónomo e independiente. Además no se puede violar la Constitución”, concluyó.

David Lovatón: Anulación de caso Indalecio Pomatanta busca impunidad

Ideeleradio.- Con la anulación de la sentencia de la Sala Penal Nacional, que condenó a 20 años de prisión al marino Andrés Egocheaga, por el asesinato del menor Indalecio Pomatanta, sólo se busca impunidad, aseguró el director del Instituto de Defensa Legal (IDL), David Lovatón.

En ese sentido, lamentó la decisión dictada por la Corte Suprema contra Indalecio Pomatanta, quien fuera asesinado por un grupo de malos efectivos de la Marina de Guerra del Perú, el 2 de abril de 1995.

“Esto supone la impunidad de no esclarecer el caso de un joven de 17 años que fue quemado vivo, no en un enfrentamiento, sino que fue sacado de su casa por efectivos de la Marina con una serie de testigos alrededor de la vivienda. Qué más pruebas de juicio se requieren para determinar que hubo un caso de grave violación a los derechos humanos”, declaró al programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio.

“Confiamos que habrán jueces y fiscales que corregirán ese despropósito y finalmente se dicte una condena ejemplar”, indicó.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el vocal Robinson Gonzales, anuló la sentencia de la Sala Penal Nacional, que condenó a 20 años de prisión al marino Andrés Egocheaga.

Con este fallo, el proceso retornará a fojas cero y deberá iniciarse un nuevo juicio contra Egocheaga, pese a que la defensa de la familia Pomatanta demostró durante el juicio que el marino comandó el 2 de abril de 1995 la operación militar en la que Indalecio Pomatanta, de 17 años de edad, fue detenido, torturado, rociado con gasolina y quemado vivo.

Se debe incluir a fiscales militares al MP
David Lovatón manifestó que es necesario que el ministro Aurelio Pastor piense mejor en su propuesta respecto a que los fiscales militares tomen acciones de carácter jurídico-legal en la lucha contra el narcoterrorismo en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).

Aseveró que se debe respetar lo señalado por el Tribunal Constitucional (TC) en este tema e incorporar a los fiscales militares a la organización de Ministerio Público.

“Primero debería comenzar por cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) e incorporar a los fiscales militares a la organización de Ministerio Público y de esa forma poder hacer que los fiscales colaboren decididamente a la lucha contra el terrorismo”, aclaró.

“Lo peligroso sería darle esa potestad nuevamente a los fiscales militares, cuando en realidad tenemos un Tribunal Supremo de Justicia Militar, que según una investigación de diversas organizaciones han señalado que su nombramiento es nulo. Todo esto sería un retroceso serio, porque se pretende que los fiscales militares se dediquen al levantamiento de cadáveres en el VRAE, cuya función es distinta”, agregó.