
Ideeleradio.- Modificar el Código Procesal Penal para endurecer las penas contra las personas que cometan el delito de hurto y robo de autopartes y vehículos, es una decisión facilista que responde más a intereses políticos que técnicos, aseguró el ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Wilfredo Pedraza.
Aseveró que lo establecido por la Comisión de Justicia no es la mejor salida al problema del pandillaje y al hurto de autopartes, pues incrementaría mucho más la situación grave por la que atraviesa el sistema penitenciario.
“En el derecho penal a esto le llaman respuestas contingentes, a aquellas decisiones políticas criminales en las que el legislador responde a la inquietud de algún sector de la ciudadanía y a la pretensión policial de reprimir todo con el derecho penal y también al facilismo, porque sin duda estas normas van a tener una buena receptividad en la colectividad, pero algunos aspectos técnicos de carácter penal creo que tendrían que adoptarse por razones técnicas y no políticas. La pena más severa no siempre es la mejor receta. Creo que se está haciendo política básicamente sin valorar los efectos negativos de corto y mediano plazo que estas decisiones generan. Sin duda es una decisión inconveniente desde el punto de vista técnico”, afirmó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
Pedraza Sierra indicó que en vez de optar por penas más duras, se debería incidir en la prevención y en mejorar los sistemas de seguridad en el país.
“Creo que no (es la salida al problema de robo de autopartes y pandillaje). El robo de autopartes de vehículos es sin duda un delito reciente que incomoda a muchas personas, pero me temo que habría que trabajar también y preferentemente por el lado de la prevención, exactamente como en el otro tema ligado a aspectos vinculados al pandillaje. (…) El uso del derecho penal en ambos temas, me temo que va a terminar incrementando mucho más la situación grave ya penitenciaria en nuestro país, no hay más espacio y sigue la lógica absurda de seguir pensando aspectos vinculados con problemas socioeconómicos”, refirió.
“La respuesta tendría que ser por el lado de la prevención, por la promoción de actividades de parte de municipios, gobiernos regionales y asociaciones, para mejorar aspectos de seguridad que puedan evitar esas acciones”, añadió.
Dijo además que se debería continuar aplicando el Código Penal tal y como esta y por el contrario acentuar la actividad policial en las zonas donde se conoce que se venden autopartes.
“Me temo que el derecho penal no va a evitar que el robo de autopartes se reduzca por un tema de la pena. De hecho esa conducta ya está tipificada. (…) Abrir mucho más las hipótesis especificas de delitos, termina diluyendo un poco la capacidad represiva. En el tema de autopartes, todo el mundo sabe donde están los revendedores de estos productos ilícitos. Habría que acentuar más la actividad policial, porque sino hay oferta no hay demanda”, aclaró.
La Comisión de Justicia del Congreso aprobó una serie de modificaciones al Código Procesal Penal con la finalidad de endurecer las penas contra las personas que cometan el delito de robo menor y robo de autopartes y vehículos. En cuanto al robo de autopartes y de vehículos, se ha decidido incrementar la pena para este delito calificándolo como un robo agravado, por lo que la condena sería no menor de 12 años.
Debe tenerse muy en cuenta la seguridad en caso Abimael
El ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aseguró que antes de decidir por un traslado de Abimael Guzmán o Elena Iparraguirre, es necesario evaluar y explicar con detenimiento el aspecto de seguridad.
“Pareciera ser que por razones de seguridad se ha estimado no pertinente esa visita y ese es el único fundamento, pero la defensa dice que es insuficiente porque no ha sido explicado debidamente. Creo que correspondería explicar cuál es el riego en la seguridad y tomar una decisión. En abstracto, sí corresponde la visita, pero no es automático, porque la seguridad es un factor que hay que ponderar en cualquier decisión penitenciaria”, detalló.
La número dos de Sendero Luminoso (SL), Elena Iparraguirre, presentó un habeas corpus ante el Poder Judicial para poder tener un encuentro familiar con Abimael Guzmán, con quien no tiene contacto desde del 2006 cuando fue trasladada al Penal de Mujeres de Chorrillos.
“Todos los internos tienen derecho a la visita familiar, intima, siempre que acrediten una relación familiar. Aquí lo particular es que ambas personas están detenidas y para ese supuesto también la normatividad en materia de ejecución penal autoriza la visita entre penales en cuyo caso uno de los internos podría visitar el centro penitenciario donde está la pareja”, dijo.
“La hipótesis es que si son casados se acredita la situación con una partida de matrimonio y si son convivientes se acredita de alguna forma de modo directo. Se presume aquí y se afirma que son convivientes, el tema es que si la sola constatación de esa relación convivencial constituye un elemento suficiente para un permiso de esa naturaleza y en materia penitenciaria resulta inevitable que junto al cumplimiento de esos requisitos formales se evalúe el tema de seguridad, porque es el traslado de un interno de un punto a otro”, detalló.
Aseveró además que tato el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru como Sendero Luminoso, no se encuentran en proceso de reorganización y están “desactivadas y derrotadas militarmente”.
Finalmente dijo que es un exceso pretender realizar un seguimiento a todas las personas que han cumplido condena por terrorismo o fueron absueltos por este delito.
Señaló que estas personas ahora se encuentran disociadas de las organizaciones y están tratando de reinsertarse a la sociedad. “El Estado debe apoyar esto”, sostuvo.
Aseveró que lo establecido por la Comisión de Justicia no es la mejor salida al problema del pandillaje y al hurto de autopartes, pues incrementaría mucho más la situación grave por la que atraviesa el sistema penitenciario.
“En el derecho penal a esto le llaman respuestas contingentes, a aquellas decisiones políticas criminales en las que el legislador responde a la inquietud de algún sector de la ciudadanía y a la pretensión policial de reprimir todo con el derecho penal y también al facilismo, porque sin duda estas normas van a tener una buena receptividad en la colectividad, pero algunos aspectos técnicos de carácter penal creo que tendrían que adoptarse por razones técnicas y no políticas. La pena más severa no siempre es la mejor receta. Creo que se está haciendo política básicamente sin valorar los efectos negativos de corto y mediano plazo que estas decisiones generan. Sin duda es una decisión inconveniente desde el punto de vista técnico”, afirmó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
Pedraza Sierra indicó que en vez de optar por penas más duras, se debería incidir en la prevención y en mejorar los sistemas de seguridad en el país.
“Creo que no (es la salida al problema de robo de autopartes y pandillaje). El robo de autopartes de vehículos es sin duda un delito reciente que incomoda a muchas personas, pero me temo que habría que trabajar también y preferentemente por el lado de la prevención, exactamente como en el otro tema ligado a aspectos vinculados al pandillaje. (…) El uso del derecho penal en ambos temas, me temo que va a terminar incrementando mucho más la situación grave ya penitenciaria en nuestro país, no hay más espacio y sigue la lógica absurda de seguir pensando aspectos vinculados con problemas socioeconómicos”, refirió.
“La respuesta tendría que ser por el lado de la prevención, por la promoción de actividades de parte de municipios, gobiernos regionales y asociaciones, para mejorar aspectos de seguridad que puedan evitar esas acciones”, añadió.
Dijo además que se debería continuar aplicando el Código Penal tal y como esta y por el contrario acentuar la actividad policial en las zonas donde se conoce que se venden autopartes.
“Me temo que el derecho penal no va a evitar que el robo de autopartes se reduzca por un tema de la pena. De hecho esa conducta ya está tipificada. (…) Abrir mucho más las hipótesis especificas de delitos, termina diluyendo un poco la capacidad represiva. En el tema de autopartes, todo el mundo sabe donde están los revendedores de estos productos ilícitos. Habría que acentuar más la actividad policial, porque sino hay oferta no hay demanda”, aclaró.
La Comisión de Justicia del Congreso aprobó una serie de modificaciones al Código Procesal Penal con la finalidad de endurecer las penas contra las personas que cometan el delito de robo menor y robo de autopartes y vehículos. En cuanto al robo de autopartes y de vehículos, se ha decidido incrementar la pena para este delito calificándolo como un robo agravado, por lo que la condena sería no menor de 12 años.
Debe tenerse muy en cuenta la seguridad en caso Abimael
El ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aseguró que antes de decidir por un traslado de Abimael Guzmán o Elena Iparraguirre, es necesario evaluar y explicar con detenimiento el aspecto de seguridad.
“Pareciera ser que por razones de seguridad se ha estimado no pertinente esa visita y ese es el único fundamento, pero la defensa dice que es insuficiente porque no ha sido explicado debidamente. Creo que correspondería explicar cuál es el riego en la seguridad y tomar una decisión. En abstracto, sí corresponde la visita, pero no es automático, porque la seguridad es un factor que hay que ponderar en cualquier decisión penitenciaria”, detalló.
La número dos de Sendero Luminoso (SL), Elena Iparraguirre, presentó un habeas corpus ante el Poder Judicial para poder tener un encuentro familiar con Abimael Guzmán, con quien no tiene contacto desde del 2006 cuando fue trasladada al Penal de Mujeres de Chorrillos.
“Todos los internos tienen derecho a la visita familiar, intima, siempre que acrediten una relación familiar. Aquí lo particular es que ambas personas están detenidas y para ese supuesto también la normatividad en materia de ejecución penal autoriza la visita entre penales en cuyo caso uno de los internos podría visitar el centro penitenciario donde está la pareja”, dijo.
“La hipótesis es que si son casados se acredita la situación con una partida de matrimonio y si son convivientes se acredita de alguna forma de modo directo. Se presume aquí y se afirma que son convivientes, el tema es que si la sola constatación de esa relación convivencial constituye un elemento suficiente para un permiso de esa naturaleza y en materia penitenciaria resulta inevitable que junto al cumplimiento de esos requisitos formales se evalúe el tema de seguridad, porque es el traslado de un interno de un punto a otro”, detalló.
Aseveró además que tato el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru como Sendero Luminoso, no se encuentran en proceso de reorganización y están “desactivadas y derrotadas militarmente”.
Finalmente dijo que es un exceso pretender realizar un seguimiento a todas las personas que han cumplido condena por terrorismo o fueron absueltos por este delito.
Señaló que estas personas ahora se encuentran disociadas de las organizaciones y están tratando de reinsertarse a la sociedad. “El Estado debe apoyar esto”, sostuvo.

