viernes, 14 de agosto de 2009

Carlos Rivera: Presentaré Hábeas Corpus contra juez y denunciaré a fiscal si no anulan proceso por presunta falsificación de firmas

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Ideeleradio.-
El coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, anunció que presentará un Hábeas Corpus contra el juez Julio César Díaz Paz y formulará una queja por inconducta funcional contra la fiscal Ninfa Espinoza, si no anulan el proceso que se le sigue por su supuesta participación en la falsificación de firmas del Partido por la Democracia Social (PDS).

“No se ha anulado el juicio y eso es incomprensible. (…) Yo he reiterado el pedido al juzgado para que anule el proceso, porque quiero defenderme y considero que si hasta el lunes, el juez no anula el proceso para darme la posibilidad de defenderme, voy a presentar ese día un Habeas Corpus contra el magistrado Julio César Díaz Paz y estaremos presentando una queja por inconducta funcional contra la fiscal Ninfa Espinoza, porque no puede actuar la justicia de una manera tan ciega, terca y obstinada”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Radio San Borja.

Rivera Paz explicó que el proceso debe quedar sin efecto pues la propia Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) determinó que existen graves irregularidades, como el hecho de que en calidad de procesado no se le notificó y no tuvo conocimiento del proceso.

Apuntó que cuando se le detuvo en el aeropuerto el 14 de junio pasado, el proceso se encontraba en el penúltimo paso para la etapa final.

“Yo pedí luego de declarar (tras la detención) que este proceso se anule, porque quiero defenderme de la imputación que me ha hecho el Ministerio Público, porque eso es lo que corresponde y el juzgado ha respondido que estamos en una etapa en que ya no corresponde hacer una diligencia y que por lo tanto, está poniendo el expediente a disposición de las partes y seguramente me va a citar para una lectura de sentencia”, señaló.

Precisó que el pedido de nulidad ha sido rechazado en una primera oportunidad y que el Ministerio Público ratificó en una carilla la acusación que presentó en mayo de este año, a pesar de que anteriormente la Fiscalía consideraba que las diligencias actuadas eran insuficientes.

“Yo tengo un documento del propio expediente, en el que en febrero de este año la fiscal Ninfa Espinoza le dice al juez que quiere un plazo adicional para investigar, porque consideraba que la investigación era insuficiente y que faltaban diligencias, como la pericia que determine la falsedad de las firmas. Días después el juez le dice que no tiene plazo y la fiscal me acusa a pesar de que primero pedía un plazo adicional, es decir, está acusando sin pruebas, ella ha ratificado una acusación con pruebas insuficientes”, apuntó.

El responsable del Área Legal del IDL remarcó en ese sentido la irregularidad de la investigación judicial que se le sigue por el presunto delito contra la fe pública y por el cual se le pide cuatro años de prisión.

“Esto no se puede dejar pasar no porque me toque a mí, sino porque la justicia debe garantizar el derecho de las personas y no atropellarlas”, refirió.

Sonia Medina: Nuevo jefe del Plan VRAE debe convocar a la Procuraduría Antidrogas, PJ y PNP

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Ideeleradio.- El titular de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Trabajo Multisectorial para el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), Fernán Valer, debería convocar a la Procuraduría Antidrogas para que ofrezca su experiencia en materia de lucha contra el narcotráfico, manifestó la procuradora antidrogas, Sonia Medina.

"Tiene que convocarse a los actores que tienen que ver con justicia, a la Procuraduría, a la Policía, entre otros. Todos deben intervenir porque todos tienen parte del problema. Esos son los actores principales porque cada quien tiene que decir algo y tendría que abonar algo", en programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

"Entonces esa problemática en general también nos tendría que involucrar a nosotros, sólo esperemos que algún día lo hagan para expresar nuestra voz y decir cuál es nuestra problemática desde la primera intervención”, demandó.

En ese sentido, saludó la resiente designación de Valer Carpio, quien solicitó un “plazo” para mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Debemos ser menos "hipócritas" y combatir seriamente el narcotráfico
Dijo además que "debemos ser menos hipócritas", quitarnos la venda de los ojos y tomar decisiones serias para combatir el narcotráfico y la corrupción que está inmersa en todos los niveles del Estado.

“Entonces seamos menos hipócritas en admitir cosas o dejar de admitirlas y de una vez por todas hay que quitarnos la venda de los ojos y actuar. El Estado tiene que demostrar autoridad a través de sus operadores y a través de sus autoridades, sino se hace, en todo caso tendremos como efecto y resultado que el narcotráfico nos ganará”, advirtió.

“La corrupción es muy fuerte a nivel general ya sea por el ingreso de los insumos en el VRAE o en el nivel policial y fiscal, todo genera corrupción. (…) Lo que se tiene que hacer y una vez más lo digo es que se tiene que tomar decisiones muy serias, como el Plan VRAE, para que nosotros podamos amenguar un tanto la problemática del narcotráfico que en este momento está prevaleciendo sobre los remanentes o no, que dicho sea de paso ya están subyugadas al narcotráfico. Entonces acá tenemos decisiones políticas que atender”, refirió.

Se debe evitar tráfico de insumos químicos al VRAE
Sonia Medina manifestó que es indispensable que se corte el tráfico de insumos químicos a la zona del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), pues este es uno de los principales problemas que genera que esta “lacra” siga creciendo.

Lamentó que hasta ahora no haya una verdadera actitud política para solucionar este tema y el problema de corrupción en las autoridades.

“El narcotráfico lo primero que genera es una corrupción subliminal y evidentemente violencia. Si los insumos no entrarían a esas zonas tan agrestes (se disminuiría este problema) o si hubiera un debido control (se evitaría). Segundo, las zonas donde pasan los narcotraficantes no son desconocidas para algunas autoridades, simplemente pasan por corrupción”, denunció.

“Lo que tiene que hacerse aquí definitivamente es actuar. Sabemos que el mal que nos aqueja es el aumento del narcotráfico, eso lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces prácticamente todo este malestar se está volviendo endémico, porque en el VRAE se centraliza gran parte de la producción del narcotráfico sin mayor control”, criticó.

Recibe constantes amenazas
Sonia Medina reveló que constantemente es víctima de amenazas contra su vida, por las funciones que cumple en la Procuraduría Antidrogas, pero afirmó que pese a ello continuará combatiendo el narcotráfico, así esto genere “reacciones virulentas”.

“Lamentablemente sí se dan este tipo de situaciones (amenazas), pero tengo la confianza de los ministros con quienes he trabajado uno a uno. Entonces mientras haya esa confianza de saber que uno está trabajando y lo estoy haciendo por una obligación de tener una función pública que tengo que cumplir”

“Eso me lleva a decir cosas y simplemente no tengo porque dorar nada o por transparencia pública tener que decir las cosas que se hacen, se dicen o deben de hacerse. Desde nuestro punto de vista muy solitario lo hacemos en la procuraduría, pero eso genera muchas reacciones virulentas de ciertas personas y nos vemos en serios problemas”, apuntó.

Siempre hay represalias
Comentó que es natural que todo el personal de la Procuraduría Antidrogas, Ministerio Público y la Policía Nacional, tenga una denuncia o demanda después de una intervención. Manifestó que ello muchas veces se manifiesta en represalias que afirmó los funcionarios afrontan con valentía.

“Entonces eso genera que estas personas se defiendan y como es natural tienen que hacerlo en buena ley y no amedrentando, demandando, denunciando o coactando a cualquier autoridad que se atreva a decir algo”, apuntó.

“Creo que los señores de la Policía como de la Fiscalía, la Procuraduría Antidrogas o los jueces, tenemos que perder ese temor a decir las cosas tales como son para que podamos actuar, lamentablemente pasa eso y es lamentable admitirlo”, explicó.

Fiscales y jueces serían coactados
La funcionaria del Estado, estimó que otra de las causas del por qué los fiscales y jueces no formalizan una denuncia, sería el hecho de que habrían sido coactados por miembros del narcotráfico.

“Evidentemente se cumple el dicho (cuando los perros ladran señal que se avanza), pero de todas maneras no deja de molestar y de repente para algunos operadores que van más allá de una decisión y de un efecto como son los jueces y fiscales, los estén coactando y eso hace amenguar un poco la autoridad con que deberían de pronunciarse”, sostuvo.

Sí hay “casos cojos” de narcotráfico
En otro momento, coincidió con el coordinador de la Sala Penal Nacional Pablo Talavera, quien denunció que hay algunos miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público que entregan al Poder Judicial “casos cojos” de narcotráfico.

“En parte comparto eso porque lo vemos a diario. Lamentablemente dentro del problema integral que tenemos que afrontar es el apoyo a la Policía Nacional, quienes tienen primero la investigación seguida de la Fiscalía, pero si me preguntan si hay varones de la droga, por supuesto que hay en el país, pero tenemos que actuar y para eso quien tiene la autonomía de hacerlo es el Ministerio Público”, opinó.

“No sé si es por inercia, indiferencia o negligencia de funciones, pero de una vez hay que echar mano de esa gente que constituye una lacra en el país. Yo tengo problemas personales por haber denunciado a gente que pueden ser varones de la droga o no, pero al fin lacras son”, explicó.

Luis Valdez y “Turbo” son casos emblemáticos
Finalmente, Sonia Medina sostuvo que por el momento el Perú tiene dos casos emblemáticos, el de Oscar Rodriguez alias Turbo y el del suspendido alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez, ambos procesados por narcotráfico.

“Tenemos casos muy serios y emblemáticos por casos de lavados de activos que en el Perú recién todos estamos terminando de entender. Los nombres de los procesados son materia de investigación, el cual se guarda reserva, pero uno de los más emblemáticos es el caso Turbo que está listo para que se inicie un juicio oral y el otro el caso Valdez que está judicializado”, concluyó.

Sonia Medina: Fernando Zevallos no ha pagado reparación civil de 100 millones que debe al Estado

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El fundador de la desaparecida aerolínea Aerocontinente, Fernando Zevallos, condenado a 20 años de prisión por narcotráfico, aún no le paga al Estado la suma de 100 millones de soles (33 millones de dólares), como concepto de reparación civil, aseguró la procuradora antidrogas, Sonia Medina.

La letrada explicó además que son varios los capos del narcotráfico sentenciados por este delito en los últimos años, que le adeudan al Estado millones de soles por este mismo concepto y reveló que son sumas muy difíciles de cobrar.

“Hasta este momento estamos en el trabajo de ejecución de la sentencia del caso (Fernando) Zevallos y por cierto nos se ha abonado nada. Se ha pedido una reparación de 100 millones de soles. (…) Son millones (los que deja de cobrar el Estado en general), en este momento no tengo una cifra exacta pero son millones y muy considerables”, aseveró en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“El cobro (de las reparaciones civiles) nos resulta muy difícil por el propio sistema que hay para la ejecución de las sentencias. El Estado en cierta forma siempre es el pagano de no realmente recuperar toda la inversión que hace para combatir a esta lacra (narcotráfico)”, agregó.

Fernando Zevallos también fue investigado en Chile por lavado de dinero y Estados Unidos lo puso en la lista de los diez narcotraficantes más peligrosos del mundo.

A jueces les parecen muy altas pretensiones indemnizatorias
Indicó además que muchas veces existen problemas cuando se imponen las reparaciones civiles, porque a muchos operadores judiciales les parecen muy elevadas.

“La imposición de las reparaciones civiles a favor del Estado es otro problema para la Procuraduría Antidrogas, porque a veces solicitamos como pretensión indemnizatoria, sumas que al parecer a los operadores judiciales les parecen muy altas, pero lo hacemos en función a la comercialización de la droga que se da a nivel nacional e internacional. Esas reparaciones son muy poco aplicadas en una suma que resulte significativa al bolsillo del delincuente”, detalló.

Mejoran recursos humanos y logísticos pero todavía nos falta
En otro momento indicó que si bien se han mejorado los recursos humanos y logísticos con los que cuenta la Procuraduría Antidrogas, aún existe un desbalance en referencia a los acusados por narcotráfico.

“Se ha atendido la problemática de recursos humanos y logísticos, estamos avanzando, pero todavía nos falta. Hay una desigualdad de armas terribles en cuanto a la defensa del Estado y la criminalidad organizada”, indicó.

“En un sólo caso somos dos o tres por caso y esto es fuerte o emblemático, mientas que la delincuencia organizada utiliza un staff de abogados para cada cosa, para lo civil, penal, registral, constitucional, tienen diferentes defensas para buscar vicios y nulidades donde las hay o no las hay. Pese a todo estamos para ejercer una debida defensa del Estado ”, señaló.

Víctor Cubas a Sousa: Liberación de condenados por terrorismo obedecen a políticas fijadas por el Ejecutivo y el Congreso

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Liberación de condenados por terrorismo obedecen a dispositivos legales emitidos por el Poder Ejecutivo, previa autorización del Congreso y no a políticas del Poder Judicial y el Ministerio Público, afirmó el coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Víctor Cubas Villanueva.

Fue al responder los cuestionamientos del congresista fujimorista, Rolando Sousa, quien informó que la Comisión de Justicia del Congreso decidió invitar al titular del Poder Judicial, Javier Villa Stein y a los integrantes de la Sala Antiterrorista, para que informen sobre la liberación de un grupo de sentenciados por subversión.

“La opinión del miembro de la Comisión de Justicia es respetable, pero la política respecto a los beneficios penitenciarios no la ha aplicado el Poder Judicial ni el Ministerio Público. La política criminal en general es responsabilidad del Estado por medio del Congreso y el Poder Ejecutivo”, aseveró en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“La regulación sobre beneficios penitenciarios está contenida en el Decreto Legislativo 927 (que regula la ejecución penal en materia de delitos de terrorismo), que es una disposición dada por el Ejecutivo, previa autorización del Poder Legislativo. De tal manera que el Poder Judicial no regula estos beneficios. La regulación de las políticas penitenciarias la hace el Estado por medio del Congreso o el Ejecutivo”, detalló.

Cubas Villanueva, aseguró que el Poder Judicial actuó de acuerdo a ley en el caso de la liberación a los ex miembros de Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Dijo que el resolver en contra del texto expreso de la ley, acarrea sanción penal.

“Nosotros como fiscales y los jueces como representantes del Poder Judicial tenemos que cumplir la ley. Hay que recordar que el terrorismo data de 1980 y por eso hay diferentes disposiciones legales. Las disposiciones que se dieron en la década del 80 establecían sanciones de penas privativas de libertad. Esas personas condenadas han cumplido con su pena”, señaló.

“Eso es irreversible y no hay ninguna acción que tomar. Las penas son más drásticas a partir del Decreto Ley 25475 (Ley de Terrorismo) del 6 de mayo de 1992. Esas personas aún están cumpliendo sus penas. En general los beneficios se dan de acuerdo a las disposiciones legales y al procedimiento previsto”, apuntó.

Sí se realiza seguimiento a liberados
El coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, refirió que no hay nada nuevo en lo expresado por la congresista Keiko Fujimori, quien pidió hacer un seguimiento a los condenados por terrorismo que vienen siendo liberados.

El magistrado explicó que cuando el juez decide conceder el beneficio de la libertad condicional, lo hace bajo estrictas reglas de conducta, que se encuentran contenidas en el Decreto Legislativo 927.

“Son 10 reglas de conducta y además en el artículo 7 (del Decreto Legislativo 927) se establecen órganos de control y de supervisión respecto a los liberados. Los órganos de control, inspección y supervisión de liberados son el Ministerio Público y la autoridad penitenciaria”, manifestó.

“Los fiscales que intervienen en estos procedimientos, realizan visitas de control en los domicilios en donde están señalados que van a residir los liberados, para determinar si están cumpliendo con las condiciones que se les ha impuesto al momento de ser liberados. De tal manera que esa regulación sí existe”, aclaró.

En este sentido, señaló que el Ministerio Público cumplirá con lo dispuesto por el Poder Judicial y continuará con sus labores de control con respecto a las personas liberadas.

“Eso se viene cumpliendo y no es que se va a ser recién en este momento. Tengo los documentos con los que puedo acreditar que periódicamente, semana a semana los fiscales tienen los programas de verificación de las actividades de los liberados. Lo puedo manifestar porque cada uno de los fiscales hace un oficio informando, que les va a corresponder dentro de las actividades de su función hacer ese control. De tal manera que eso se viene haciendo”, afirmó.

Entrega de restos de Putis será el 19 de agosto
De otro lado, sostuvo que los procesos penales en el Perú son muy morosos y en especial los que se relacionan con el ámbito de derechos humanos al tratarse de casos complejos en lo que es difícil acceder a la información de las personas involucradas en dichos procesos.

Al respecto informó que la entrega de los restos de las víctimas de Putis será el próximo 19 de agosto.

“Específicamente el caso Accomarca está judicializado y en el caso Putis está adelantada la investigación. Se ha terminado de hacer el trabajo antropológico forense y si no me equivoco está programada la entrega de los restos a los familiares y a los miembros de la comunidad debe llevarse a cabo el 19”, afirmó.

“Dentro de las posibilidades que tiene el Ministerio Público en el ámbito de la investigación estamos haciendo los esfuerzos necesarios por cumplir con los objetivos de la investigación y los casos en que se alcance la identificación por entregar los restos a los familiares, con cuyo dolor nos identificamos”, dijo.

Castro Gómez: Es necesario realizar un “sacudón” al Estado para desterrar burocracia y reconstruir hospitales en Ica

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Es necesario realizar un sacudón al Estado, para poder desterrar la burocracia que retrasa el proceso de reconstrucción del sur y ejecutar la construcción de hospitales en Pisco e Ica, aseveró el decano del Colegio Médico del Perú, Julio Castro Gómez.

“A dos años del desastre hay una evaluación que hacer sobre el enfoque con que se asumió la tarea de la emergencia y la reconstrucción, las relaciones con los órganos descentralizados, la apuesta a los gobiernos y por este tema de los faenones y la poca transparencia, han dado su cuota para alargar los procesos, por lo tanto la situación de salud se encuentra paralizada. Es necesario hacer un sacudón para desterrar los problemas burocráticos que ocasionan una gran ineficacia en la gestión de los recursos públicos”, indicó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Con la base de una participación concertada de compromisos a favor de la salud y el desarrollo, se podrán abordar los problemas pendientes con suma urgencia, como la reconstrucción de los hospitales de Pisco y el hospital regional de Ica”, manifestó.

Sostuvo que es fundamental que los diferentes niveles del Estado se organicen en el Consejo Regional de Salud, con el objetivo de agilizar la reconstrucción.

Problemas sanitarios en el VRAE
El especialista en Salud, indicó que en la zona del VRAE existen gravísimos problemas sanitarios vinculados al tema del desarrollo, la pobreza y la desnutrición, por lo que afirmó se requieren decisiones políticas que se han venido postergando año tras año.

“No existe visión política sobre la base de afirmarnos en una orientación distinta que priorice a la gente. Yo apuesto a la alianza con los sectores populares para aislar a los grupos narcotraficantes y remanentes terroristas. Creo que será imposible deslindar a fondo el asunto, mientras exista la complicidad con el narcotráfico”, manifestó.

“Parece que le tienen miedo a entrar a estos temas. Se sabe hace más de 20 años que la hoja de coca por si sola no produce cocaína, se requiere de insumos y hasta ahora están viendo el control de estos. No hay decisión para afrontar este problema”, aclaró.

Citan para el martes a Agustín Mantilla por Caso “El Frontón”

Ideeleradio.- El ex ministro del Interior aprista Agustín Mantilla deberá acudir este 18 de agosto al Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial de Lima, con el fin de rendir su declaración testimonial en el proceso que se le sigue a un grupo de ex marinos implicados en la matanza de “El Frontón”, ocurrida a mediados de junio de 1986.

Así lo establece la resolución del juez Segismundo León Velasco en el expediente 213-09, a la que tuvo acceso Ideeleradio. La citación esta prevista para las 9 y 40 de la mañana, bajo el apercibimiento de ser conducido de grado fuerza en caso de inasistencia, al igual que otros personajes convocados.

Según dos ex miembros de la Marina de Guerra y tres ex agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes participaron en la reconstrucción del operativo en el penal El Frontón, Agustín Mantilla habría llegado a la isla San Lorenzo y les dijo a quienes lo recibieron que se haría cargo de todas las operaciones militares para el debelamiento de las acciones de los reclusos por "expresa disposición del presidente Alan García Pérez", quien por entonces gobernaba el país por primera vez.

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