Aseguran que si el Estado no esclarece lo sucedido en Bagua los nativos podrían reaccionar violentamente

Ideeleradio.- Si el Estado no esclarece lo sucedido en Bagua y soluciona próximamente sus demandas, estos podrían retomar sus medidas de fuerza y reaccionar violentamente, aseguró María del Carmen Gómez, hermana de la Congregación Siervas de San José, ubicada en Bagua.

“Es la primera vez que son interlocutores con el Estado, ellos dicen que es doloroso conversar con alguien que los trata mal, por eso hago un llamado a la sociedad civil nacional e internacional, porque sería muy negativo para los hermanos nativos que no se le procese adecuadamente. Como Iglesia sentimos la responsabilidad que ellos continúen esperando, pero el día que no esperen, ellos buscarán arreglar las cosas en sus posibilidades y podrían ocurrir reacciones violentas”, declaró en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

La religiosa manifestó que es necesario que se instale una Comisión de la Verdad en Bagua, con el objetivo de que se haga justicia y se esclarezca lo sucedido en la Curva del Diablo y en la Estación 6 de Petro Perú.

“Es necesario que se consolide una Comisión de la Verdad, integrada por veedores internacionales para esclarecer los hechos. (…) El vocero de la Junta de Fiscales nos dijo que los nativos nunca tuvieron armas, porque las que se encontraron pertenecían a la policía, que actuó sin la presencia de un fiscal. La policía careció en todo momento de un diálogo con los manifestantes, quienes fueron emboscados por un grupo de 30 efectivos que ingresaron antes de las seis de la mañana, arrojando bombas lacrimógenas”, reveló.

Falta presencia del Estado en Bagua
La religiosa indicó que desde que el ex presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon viajó a Santa María de Nieva (provincia de Condorcanqui) para dialogar con las representantes de los pobladores, ningún funcionario de alto nivel regresó a la zona.

“Fue la primera vez en su historia que un representante del gobierno los visitaba, demostrándoles que los nativos eran personas pacíficas que buscaban arreglar sus problemas. El premier dijo que de los siete puntos, sólo cuatro iban a tener una respuesta inmediata, entre ellos, la derogatoria de los decretos legislativos, la Comisión de la Verdad, hacer todo lo posible para que la situación de los procesos se agilizaran mediante una coordinación con el Ministerio Público y la indemnización de los muertos y heridos”, sostuvo.

La hermana María del Carmen Gómez precisó que los nativos nunca quisieron que ocurriera la tragedia y reiteró que la huelga siempre fue pacífica.

“Sólo han sido escuchados cuando aprendieron a movilizarse y tomar carreteras, reclamando su legítimo derecho en defensa de sus tierras y el medioambiente”, finalizó.

CIDH considera importante que el Perú les envíe una invitación para evaluar libertad de expresión

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Washington.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera importante y necesario que el Estado Peruano les envíe una invitación oficial para poder visitar el Perú y analizar los casos de libertad de prensa y expresión, aseveró la relatora especial, Catalina Botero.

“Es importante y necesario para un relator, cuando va a hacer una visita, esperar la invitación oficial de los gobiernos. (…) Nosotros solicitamos una visita pero esto toma un tiempo y me parece muy importante, porque hay problemas pero también oportunidades y es posible profundizar algunas cosas. Hay una sociedad civil muy activa y algunos actores del gobierno han planteado una relación con la relatoría, lo que es importante y por eso podemos avanzar en algunos temas, pero la visitas oficiales toman tiempo”, afirmó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Respecto al caso de Perú, en el capitulo 2 presentamos en octubre los temas que nos ocupaban y algunos de los cuales fueron objetos de la audiencia referida, como el cierre de la radio en Bagua (Radio La Voz) y otros temas que estamos evaluando y monitoreando”, agregó.

Existe un pedido para que Estado informe sobre caso de Radio La Voz
Catalina Botero indicó que si bien el Estado Peruano respondió rápidamente a la Relatoría Especial por el cierre de Radio La Voz de Bagua, aún está pendiente un pedido para que se informe directamente los resultados del mencionado proceso.

“Pedimos revisar la justificación administrativa, le pusimos presente el contexto y le pedimos por favor que tenga en cuenta esas consideraciones de libertad de expresión al momento de revisar su decisión. Nos respondió de manera rápida y concreta y eso no es poco. Segundo, por el contexto, la argumentación no parecía razonable y pedimos que se tomaran en cuenta los estándares de libertad de expresión. Le pedimos al Estado que nos informara cómo avanzaba el proceso, ya luego podremos hablar sobre los resultados de este proceso”, explicó.

“Si en el contexto de una confrontación entre una radio y un gobierno local o nacional, se cierra un medio por razones administrativas puede ser que tenga razón, pero es sospechosa. Entonces es importante preguntar y que existan explicaciones claras y transparentes”, agregó.

En ese sentido dijo que es necesario diferenciar entre criticar una política de Estado e incitar a la violencia.

La incitación a la violencia no es hacer críticas, ni es contar hechos perturbadores para el Estado o llamar a la gente a que tenga una posición crítica frente a una determinada política. (…) La incitación a la violencia no puede convertirse en un caballito de batalla para cuestionar a los medios de comunicación”, detalló.

Gobierno de Venezuela debe legitimar a los medios de comunicación
La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que el gobierno de Venezuela debe legitimar a los medios de comunicación, en vez de tener una posición agresiva.

“Hay una tensión injustificable muy grave en Venezuela. El gobierno tiene que entender que su responsabilidad es que los medios puedan hablar, pues los medios opuestos al gobierno tienen derecho. (…) El gobierno debe dar una política de legitimidad a los medios de comunicación”, refirió.

“Creo que es posible revertir siempre los procesos. Hay que tener un componente de optimismo. Lo del ataque de Globovisión fue muy grave, después de una serie de declaraciones que son estigmatizantes de autoridades que dicen que los medios privados hacen terrorismo mediático y llaman al odio entre los venezolanos”, añadió.

Finalmente calificó como “ambigua y autoritaria” la denominada ‘ley de delitos mediáticos’ y manifestó que si esta se aprueba nadie podría estar tranquilo en Venezuela.

Elcira Vásquez: Magistrados no deben temer porque la OCMA no persigue a jueces ni revisa aspectos jurisdiccionales

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Ideeleradio.- Los magistrados no deben temer porque la Oficina de Control de la Magistratura no persigue a jueces, ni revisa aspectos jurisdiccionales, enfatizó Elcira Vásquez, jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

Esto en referencia a las declaraciones del presidente de la Corte Suprema Javier Villa Stein, quien dijo que la Oficina de Control de la Magistratura debe respetar a los organismos superiores.

“El hacer seguimiento es algo preventivo, de cuidado y de ver qué pasa, pero no es ir contra los jueces. Ellos no tienen que tener miedo, cuando tienen conciencia de lo que están resolviendo, de ninguna manera. Nosotros no le vamos a decir cómo van a resolver, sino nos dirigimos hacia los actos disfuncionales”, señaló en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Sería muy importante que el pueblo conociera a veces cómo es el trabajo al interior del Poder Judicial que muchas veces se critica. Por ejemplo, en el caso del juez Jorge Barreto (que evalúa el caso Business Track) no podía abrir el CPU porque le faltaba una u otra cosa. Entonces hemos cumplido con hacer una investigación preliminar y hemos terminado con una exhortación en este caso”, agregó.

Asimismo, la jefa de la OCMA, opinó sobre las declaraciones del presidente del Poder Judicial, quien anunció que la jueza encargada del "Caso Business Track", María Luisa Martínez, iniciará una investigación en contra de los abogados que filtraron información a la prensa respecto a la interceptación de correos electrónicos de dicha empresa hacia legaciones diplomáticas de países vecinos.

“Efectivamente la jueza tiene todo el poder. El juez de primera instancia, resuelve y por eso tiene que tener conciencia de resolver, esa es su función. Lo que ha dicho el doctor Villa Stein es que el juez es quien tiene que decidir, porque además están sometidos por su trabajo a una sanción disciplinaria, penal o administrativa”, mencionó.

Reiteró que la Oficina de Control de la Magistratura se focaliza en evaluar los actos irregulares o quejas respecto a una inconducta funcional.

Aclaró que las resoluciones judiciales sólo pueden ser modificadas a través de los recursos de apelación, de casación o los recursos de nulidad en materia penal.

“La oficina de Control no entra al aspecto jurisdiccional. El hecho de revisar una resolución, no significa que esté opinando o diciéndole cómo tiene que resolver. Eso lo hemos aprendido durante el estudio del derecho", mencionó.

Celeridad en investigación a jueces que excarcelaron a León Alegría
Elcira Vásquez indicó que la OCMA actuará con celeridad en la investigación que realiza a los integrantes de la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima (Manuel Carranza Paniagua y Carlos Manrique Suárez), respecto a si hubo o no alguna irregularidad en la emisión de la resolución que ordenó la excarcelación del ex ministro aprista Rómulo León.

“En este momento (este caso) está en el despacho de un magistrado denominado sustanciador. Este magistrado tiene que realizar algunas diligencias, buscar información y luego emitir informe. Nosotros procuramos que sea lo más rápido posible, porque no queremos que se demore mucho, queremos dilucidar estos temas para que así se le dé mayor transparencia a la jefatura”, refirió.

“Esa es una investigación preliminar pero es reservada por ahora. La Oficina de Control tiene varias unidades como la anticorrupción. Entonces el jefe de control dicta una resolución y luego va a la unidad anticorrupción. El magistrado anticorrupción designa a un magistrado para que él se dedique a investigar. Cuando él termine, dará cuenta para ver si hay mérito para abrir proceso o no”, concluyó.

Rumrrill: Estado no podrá vencer al narcotráfico si se mantiene nivel de corrupción y lavado

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Ideeleradio.- Es imposible que el Estado pueda ganarle la guerra al narcotráfico y a Sendero Luminoso, porque los niveles de corrupción, el lavado de dinero y la cantidad de insumos que se trasladan al Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) son demasiados altos, afirmó Roger Rumrrill, experto en temas amazónicos.

“Quisiera manifestar de una manera tajante lo siguiente: es imposible ganarle la guerra al narcotráfico y a Sendero Luminoso porque tenemos un Estado deslegitimado por la corrupción. Desde mi punto de vista no vamos a ganar esta guerra en las condiciones actuales, ni a Sendero, ni al narcotráfico, por el nivel de corrupción existente”, expresó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Oficialmente en el Perú se utilizan 34 mil toneladas métricas de insumos para producir 300 toneladas métricas de cocaína, sin embargo, el año pasado sólo se han decomisado 400 toneladas métricas, es decir nada. Entonces cómo vamos a derrotar al narcotráfico y a Sendero Luminoso si tenemos este nivel de corrupción en el Estado peruano”, apuntó.

Señaló que con los altos niveles de corrupción respecto a los traslados ilegales de insumos químicos al Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) el Estado se muestra debilitado y deslegitimado. Indicó que a ello se suman los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera que dan muestra que son más de 2 mil 800 millones de dólares de activos fijos que se lavan en el Perú.

Rumrrill García calificó al ex responsable Político del Plan VRAE Jorge Durand de “fantasmal” por su ausencia en este proyecto y recordó que este funcionario en el año 2006 informó al Congreso que más de un millón de galones de kerosene, 105 toneladas métricas de soda cáustica liquida, 22 galones de acetona, 15 mil galones de acido clorhídrico y 60 toneladas de cemento por mes ingresaron a la zona de conflicto.

En ese sentido, estimó que ese porcentaje de insumos químicos trasladados ilegalmente al VRAE se elevó entre 10 y 15 por ciento, respecto al año 2009.

Asimismo cuestionó que desde octubre del 2007, fecha en que el presidente Alan García se pronunció sobre la captura de Fernando Zevallos y la disolución de una red de empresas ligadas al narcotráfico, hasta hoy no se hayan producido otras interceptaciones.

“Desde el 15 de octubre 2007 ninguna más se ha desarticulado. Esas operan en el sistema financiero nacional, son los varones de cuello y corbata. O sea en el Valle del Huallaga están los ‘narcos’ de las firmas, pero los varones de cuello y corbata están en el sistema financiero nacional. Con eso el Perú se convierte en una enorme lavandería y con este flujo de insumos no podemos derrotar ni al narcotráfico ni a Sendero”, manifestó.

Nativos exigen promulgación de decretos para caso Bagua
El experto en temas amazónicos informó que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú y otros gremios, demandan al Ejecutivo que promulgue un decreto supremo que oficialice las mesas de diálogo, a fin de que los acuerdos que se tomen por el caso Bagua sean vinculantes.

“Debido a que la Comisión de la Verdad todavía está en el papel y las otras mesas de diálogo avanzan lentamente, lo que ellos están exigiendo para formalizar y oficializar es que el gobierno emita un decreto supremo que oficialice las mesas de diálogo, a fin que los acuerdos por el caso Bagua sean vinculantes”, afirmó.

“Ellos dudan del proceso de negociación, porque después de las cuatro o tres mesas que están funcionando piensan que no se hará nada. Ellos planteaban que haya este decreto supremo, para lo que se acuerde en cada mesa sea vinculante, pero mantienen serias dudas porque lo que notan es una falta de voluntad política para resolver el tema”, añadió.

Señaló que las demandas que realizan las comunidades nativas responden a los acuerdos incumplidos por el Estado. “Cada propuesta que ellos tienen a la mano son simplemente hechos y normas que el Estado no ha cumplido”, dijo.

Nativos rechazan presentación de Pastor en Ginebra
Roger Rumrrill denunció que tras los lamentables sucesos de Bagua del pasado 05 de junio, existen 82 personas nativas que fueron heridas de bala, de este grupo 16 están internados en los centros de salud y el otro porcentaje están en sus comunidades y necesitan tratamiento médico urgente.

Dijo que ello demuestra la falta la percepción, visión e informe del ministro de Justicia, Aurelio Pastor. En ese sentido, calificó de alucinante el hecho que Pastor Valdivieso dijera ante las Naciones Unidas que lo ocurrido en Bagua fue producto de una intervención externa y que las ONGs y la Iglesia Católica fueron los supuestos incitadores.

“Lo concreto es que ellos responden a esta increíble percepción que ha hecho el ministro de Justicia en Ginebra, que no se ciñe a la verdad porque es una invención y una cosa totalmente alucinante. En principio esas afirmaciones contradicen el informe de Jame Anaya, veedor de las Naciones Unidas. Ahí hubo violencia y vulneración de los derechos humanos”, replicó.

“Igual el informe de Amnistía Internacional y de otras organizaciones sociales internacionales a las cuales no se les puede acusar de antigobiernistas dicen lo mismo, que hubo mucha violencia durante el desalojo”, explicó.

Finalmente, indicó que esta falta de respuesta e interés del Estado ante los sucesos de Bagua, se debe a que la comunidad indígena desestabilizó al gobierno aprista.

“Provocó una crisis política y tumbó un gabinete, dejando maltrecho la imagen del gobierno a nivel internacional. Tengo la sensación de que el gobierno no perdona a los indígenas y lo que siento es que los indígenas sienten eso. Eso lo siento en toda la Amazonía”, concluyó.

Deudos de policías fallecidos en Bagua esperan que ministro Salazar cumpla esta semana con sus promesas

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Ideeleradio.- Los deudos de los policías fallecidos en la incursión policial en Bagua, esperan que el ministro del Interior, Octavio Salazar cumpla cuanto antes con su promesa de resarcir a los familiares de los efectivos caídos y heridos el pasado 5 de junio, aseguró Flor Vásquez, viuda del comandante PNP Miguel Montenegro.

“Según las autoridades habrían entregado un monto de 55 mil soles (por concepto de seguro), pero esto no se ha hecho efectivo, porque aún no le han pagado al notario encargado de dicho trámite. (…) Esta semana se cumple el plazo para cumplir los ofrecimientos”, declaró al programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Agregó que es lamentable que luego de dos meses de ocurrida la muerte de su esposo y la de los demás efectivos policiales, aún no se haya cumplido con la entrega de una bonificación a los deudos.

Remarcó que si bien existe voluntad del titular del Interior por ayudar a los sobrevivientes, es necesario que esto se materialice.

“Existe una voluntad por parte del ministro del Interior, Octavio Salazar de querer ayudar a los sobrevivientes, quienes han sido afectados por medio de descansos médicos, vacaciones, ayuda psicológica, entre otras cosas”, sostuvo.

Condecoración a Cabanillas fue un "insulto" para policías
En otro momento, Flor Vásquez afirmó que todos los familiares están indignados por la condecoración entregada a la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas, quien recibió la medalla “Corazón Policial”. Indicó que este hecho representó un “insulto” para todos los policías dignos del país.

“Fue un insulto para todos los policías dignos, ese fue un día vergonzoso por parte de los generales. Porque fue ella quien hizo trabajar a los sobrevivientes al mes siguiente, estando heridos, con perdigones en las piernas, con dificultad para caminar y con heridas expuestas”, detalló.

Cabe indicar que los familiares se reunieron en dos oportunidades con el ministro del Interior, Octavio Salazar y el director general de la Policía, general PNP Miguel Hidalgo, los días 17 y 21 de julio, en donde ambos funcionarios escucharon las demandas de los deudos y se comprometieron a darles inmediata solución.