Ideeleradio.- El premier Javier Velásquez Quesquén durante su presentación en el Congreso el próximo 10 de agosto, deberá precisar con claridad qué hará el gobierno en materia de justicia y lucha anticorrupción en los dos últimos años de periodo aprista, sostuvo el ex ministro de Justicia, Diego García Sayán.
“El país puede esperar que no todo se diga en el mensaje presidencial del 28 de julio, pero sí que en la presentación que se va a realizar en el Congreso, se precise con claridad qué cosa es lo que se va a hacer en los años que le quedan de gobierno, para institucionalizar, más allá de la coyuntura de quien es presidente o ministro de Justicia, sistemas más eficaces de prevención frente a la corrupción en el Perú”, refirió en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Las omisiones al tema de lucha anticorrupción son preocupantes porque no sólo es un tema pendiente, sino porque los procesos judiciales iniciados en el gobierno de transición aún continúan y es preocupante que muchos de ellos no hayan concluido, así se afecta el derecho del debido proceso”, agregó.
Deben actualizar Plan Nacional Anticorrupción de Paniagua
El también vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) refirió que se debería actualizar las recomendaciones del Plan Nacional Anticorrupción que dejó el gobierno de transición del ex presidente Valentín Paniagua.
Explicó que esta medida serviría para prevenir sucesos de corrupción en el gasto público, como en la operatividad de los nuevos núcleos ejecutores.
“Se dejó una propuesta de un Plan Nacional Anticorrupción generado por diversas organizaciones sociales e iglesias, que se orientaba a enfrentar los hechos de corrupción ocurridos en el pasado (época de Fujimori), para prevenir con mecanismos institucionales, educativos de acceso a la información. Seguramente del año 2002 a la fecha ha sufrido una serie de modificaciones, pero la idea es que sea reajustada y adecuada a las necesidades del momento”, recomendó.
“Es evidente que la dinámica institucional o el hecho de que haya una serie de decisiones que se están adoptando a nivel de la ejecución del gasto público, que se pueden abrir nuevas tentaciones de corrupción, que deberían ir de la mano de políticas preventivas que aseguren que eso no se repita en el futuro”, planteó.
Fue un error creación de un centro penitenciario en la selva
Diego García Sayán sostuvo que es preocupante el anuncio que hizo el jefe de Estado respecto a la creación de un centro penitenciario en la selva y lo calificó como un error político.
En ese sentido coincidió con otros analistas y afirmó que tal mención careció de coordinación con el Ministerio de Justicia.
“Como lo han comentado varios analistas el anuncio se hizo sin consulta, ni coordinación con el ministro de Justicia (Aurelio Pastor). La información que le dieron al presidente no era exacta porque ese penal en la selva no se está construyendo”, cuestionó.
“Entonces más allá de ese error que quiero calificarlo benévolamente, me parece que esto pone de manifiesto de que no hay una idea muy clara de qué se quiere hacer con el sector Justicia y en particular con el sector penitenciario y eso es muy preocupante porque el Perú vive hoy en día el peor hacinamiento penitenciario que ha tenido en toda su historia”, indicó.
Recordó que hace ocho años atrás cuando presidía el Ministerio de Justicia su gestión detectó cerca de 27 mil reclusos en los diversos centros penitenciarios del país.
Señaló que ahora hay más de 40 mil internos que no gozan de una atención debida y que pese a que la carga penitenciaria se incrementó en un 60 por ciento, no hay un aumento en el presupuesto.
“En ese contexto creo que el Ejecutivo no está cumpliendo su papel de que exista un sistema penitenciario para sancionar al que delinque y por supuesto para la simultánea rehabilitación”, comentó, tras señalar que esa debería ser la prioridad del Poder Ejecutivo y no la propuesta de crear un penal en la selva.
Todos tienen derecho de ir a la CIDH
Finalmente, García Sayán evitó pronunciarse sobre el caso del etnocacerista Antauro Humala y señaló que toda persona en general puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando sus derechos han sido vulnerados.
“Por el papel que desempeño en la Corte no puedo emitir una opinión especifica, pero si puedo decir que cualquier persona y no estoy adelantando un juicio ni ninguna opinión sobre Antauro Humala, cualquier persona que siente que sus derechos han sido afectados y que la institucionalidad nacional no ha sido capaz y no ha querido atender su reclamo de afectación de derechos, tiene el derecho de poder acceder a los mecanismos internacionales de protección”, concluyó.
“El país puede esperar que no todo se diga en el mensaje presidencial del 28 de julio, pero sí que en la presentación que se va a realizar en el Congreso, se precise con claridad qué cosa es lo que se va a hacer en los años que le quedan de gobierno, para institucionalizar, más allá de la coyuntura de quien es presidente o ministro de Justicia, sistemas más eficaces de prevención frente a la corrupción en el Perú”, refirió en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Las omisiones al tema de lucha anticorrupción son preocupantes porque no sólo es un tema pendiente, sino porque los procesos judiciales iniciados en el gobierno de transición aún continúan y es preocupante que muchos de ellos no hayan concluido, así se afecta el derecho del debido proceso”, agregó.
Deben actualizar Plan Nacional Anticorrupción de Paniagua
El también vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) refirió que se debería actualizar las recomendaciones del Plan Nacional Anticorrupción que dejó el gobierno de transición del ex presidente Valentín Paniagua.
Explicó que esta medida serviría para prevenir sucesos de corrupción en el gasto público, como en la operatividad de los nuevos núcleos ejecutores.
“Se dejó una propuesta de un Plan Nacional Anticorrupción generado por diversas organizaciones sociales e iglesias, que se orientaba a enfrentar los hechos de corrupción ocurridos en el pasado (época de Fujimori), para prevenir con mecanismos institucionales, educativos de acceso a la información. Seguramente del año 2002 a la fecha ha sufrido una serie de modificaciones, pero la idea es que sea reajustada y adecuada a las necesidades del momento”, recomendó.
“Es evidente que la dinámica institucional o el hecho de que haya una serie de decisiones que se están adoptando a nivel de la ejecución del gasto público, que se pueden abrir nuevas tentaciones de corrupción, que deberían ir de la mano de políticas preventivas que aseguren que eso no se repita en el futuro”, planteó.
Fue un error creación de un centro penitenciario en la selva
Diego García Sayán sostuvo que es preocupante el anuncio que hizo el jefe de Estado respecto a la creación de un centro penitenciario en la selva y lo calificó como un error político.
En ese sentido coincidió con otros analistas y afirmó que tal mención careció de coordinación con el Ministerio de Justicia.
“Como lo han comentado varios analistas el anuncio se hizo sin consulta, ni coordinación con el ministro de Justicia (Aurelio Pastor). La información que le dieron al presidente no era exacta porque ese penal en la selva no se está construyendo”, cuestionó.
“Entonces más allá de ese error que quiero calificarlo benévolamente, me parece que esto pone de manifiesto de que no hay una idea muy clara de qué se quiere hacer con el sector Justicia y en particular con el sector penitenciario y eso es muy preocupante porque el Perú vive hoy en día el peor hacinamiento penitenciario que ha tenido en toda su historia”, indicó.
Recordó que hace ocho años atrás cuando presidía el Ministerio de Justicia su gestión detectó cerca de 27 mil reclusos en los diversos centros penitenciarios del país.
Señaló que ahora hay más de 40 mil internos que no gozan de una atención debida y que pese a que la carga penitenciaria se incrementó en un 60 por ciento, no hay un aumento en el presupuesto.
“En ese contexto creo que el Ejecutivo no está cumpliendo su papel de que exista un sistema penitenciario para sancionar al que delinque y por supuesto para la simultánea rehabilitación”, comentó, tras señalar que esa debería ser la prioridad del Poder Ejecutivo y no la propuesta de crear un penal en la selva.
Todos tienen derecho de ir a la CIDH
Finalmente, García Sayán evitó pronunciarse sobre el caso del etnocacerista Antauro Humala y señaló que toda persona en general puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando sus derechos han sido vulnerados.
“Por el papel que desempeño en la Corte no puedo emitir una opinión especifica, pero si puedo decir que cualquier persona y no estoy adelantando un juicio ni ninguna opinión sobre Antauro Humala, cualquier persona que siente que sus derechos han sido afectados y que la institucionalidad nacional no ha sido capaz y no ha querido atender su reclamo de afectación de derechos, tiene el derecho de poder acceder a los mecanismos internacionales de protección”, concluyó.

