Antonio Maldonado: Condena a Fujimori es justa y proporcional

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Ideeleradio/Washington.- La condena de 7 años y seis meses de prisión por el pago de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos que dictó la Sala Penal Especial en contra Alberto Fujimori está ajustada totalmente a derecho y a los principios de la proporcionalidad y legalidad, consideró el ex procurador Antonio Maldonado.

Fue al comentar la sentencia que dictó esta tarde la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que preside César San Martín, instancia que fijó además un pago de reparación civil de 3 millones de soles. En este caso la defensa del preso ex mandatario apeló la sentencia y anunció que presentará un recurso de nulidad.

“La sentencia a Alberto Fujimori me parece ajustada totalmente a derecho y sobre todo creo que es una sentencia bastante justa, porque está en los principios de proporcionalidad y legalidad. Es decir, es una sentencia que esperaba”, expresó desde Washington en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Cuestionó, en ese sentido, que Fujimori Fujimori lejos de asumir su responsabilidad total por los delitos de peculado y falsedad ideológica haya intentado engañar a la opinión pública y al tribunal, esgrimiendo que la entrega de los US$ 15 millones a Vladimiro Montesinos fue en defensa de la soberanía nacional.

“El procesado lejos de asumir la responsabilidad penal de los hechos había hecho una pirueta circense y había tratado de excusarse en un supuesto propósito altruista señalando que le había evitado al Perú una situación de caos y anarquía que habría sido provocado por un golpe de Estado, Evidentemente el acusado estaba tratando de engañar al tribunal y al Perú”, criticó.

Piruetas circenses: Dilatará unos juicios y acortará otros
Estimó que la estrategia de la defensa del ex jefe de Estado será ampliar en algunos casos lo más que se pueda el proceso judicial, a fin de que se logre un contraste más cercano a un escenario político favorable a su hija Keiko Sofía Fujimori, quien participará de las próximas elecciones presidenciales del 2011.

“En general la estrategia consiste en demorar más de lo que se puede y en otros decisiones judiciales adelantar, como el caso de los 15 millones. Esto con el objeto de ganar tiempo y tratar de llegar a un contraste más cercano a un escenario político que favorezca la campaña de su hija Keiko Fujimori y eventualmente resulte ganadora en el sillón presidencial”, consideró.

“En general creo que esa es la estrategia que está utilizando el abogado de Fujimori. Ahora bien dentro de esa estrategia hay particularidades que es difícil de conocer de manera específica, pero en general se trata se hacer piruetas circenses”, agregó.

Barrios Altos y los casos de hoy
En otro momento, el ex procurador Antonio Maldonado señaló que la sentencia emitida el pasado 27 de abril, en la que se condena a 25 años de prisión al ex primer mandatario por delitos de lesa humanidad, es un fallo que dará sus frutos a mediano plazo. Dijo que con la sentencia ya están notificados los personajes acostumbrados a violentar los derechos humanos.

Sostuvo además que esa preocupación ya se vio en una entrevista realizada días atrás a la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, “quien parecía no haber estado en el Perú (cuando paso el caso Bagua) porque lo negaba todo”.

Consideró que “la sentencia contra Fujimori como autor mediato ya tiene un efecto en los actores políticos yo ven con temor y saben que en el futuro se les van a pedir cuentas por las acciones que podrían constituir violaciones a los derechos humanos”.

Autoría mediata en caso Antauro Humala
Del mismo modo, comentó que la teoría de la “autoría mediata” podría utilizarse para el caso de Antauro Humala, procesado por el caso del “Andahuaylazo”. Humala Tasso es procesado por la muerte de 4 efectivos policiales durante la toma de la comisaria de Andahuaylas, ocurrida el 1 de enero del 2005.

“Esto también se aplica a Antauro Humala, recordemos que por los hechos en el que se investiga a este señor son muy graves, son hechos de asesinatos a policías desarmados. Esto es un acto de barbarie calificada como una violación flagrante a los convenios de Ginebra que estaba automáticamente aplicado a una situación como la que se enfrentaba la población y la Policía”, recordó.

“Por lo tanto, no solo se trata de delitos tipificados en el Código Penal peruano, se trata de infracciones mucho más graves referidas al derecho humanitario y realmente me sorprende que la justicia peruana en más de seis años no haya hecho nada de investigar y sancionar ejemplarmente. De tal manera que este tipo de personajes como Antauro Humala y otros, por lo menos deben ser claramente investigados por su intervención, porque lo que le ocurrió a Alberto Fujimori (la pena impuesta) les puede pasar a ellos”, concluyó.

Aprodeh pide que ministro Pastor tome medidas de seguridad tras reubicación de dos ex "colinas"

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Ideeleradio.- La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) pedirá al Ministerio de Justicia que explique y tome las medidas de seguridad en torno a la situación de Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara, dos ex miembros del Grupo Colina que gozarían de ciertos beneficios, tras ser recientemente cambiados de celdas en el ex centro penitenciario Sarita Colonia, anunció Gloria Cano, coordinadora del Área Legal de dicha ONG.

Fue al comentar la reubicación interna de ambos procesados en el establecimiento penitenciario (ex Sarita Colonia), a un lugar reservado oficialmente para los presos que colaboran con la justicia. El cambio se habría producido de forma irregular, sin mediar documento oficial que lo justifique y al parecer para habilitar un espacio a raíz de la aparición de casos de la gripe AH1N1.

“Nosotros vamos a proponer una acción en el Ministerio de Justicia, para que nos den las explicaciones del caso y se tomen las medidas de seguridad pertinentes. Sabemos por ejemplo que a la cárcel, va gente del Grupo Colina que está fuera del penal y que estarían en coordinaciones con Martin Rivas y Pichilingue, lo cual sería responsabilidad del Ministro de Justicia si ocurre un hecho que podamos lamentar”, declaró al programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Cano Legua sostuvo que esta acción responde a una serie de privilegios que tienen ambos ex integrantes, a nivel de trato penitenciario, visitas familiares y de sus abogados.

“Nosotros que acudimos a la Base Naval todas las semanas, podemos ver como los trasladan sin grilletes, con mínima seguridad, tienen visitas extraordinarias todas las semanas, los abogados pueden quedarse hasta la noche dentro de las instalaciones del penal, coordinando con ellos, ellos desde mucho tiempo vienen gozando de estos beneficios”, aclaró.

“No hay justificación alguna para ese cambio, ya que si bien es cierto, que pudo haber habido alguna intención de las autoridades de tratar de agrupar a personas que tienen esta gripe (A H1N1), tienen que tener en cuenta que estas personas son de alta peligrosidad y por lo tanto en el área donde se les ha ubicado, no reúnen las condiciones de seguridad necesarias”, agregó.

Antonio Maldonado: Presencia de Rey en gabinete y otros hechos prepararían escenario para favorecer candidatura de Keiko

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Ideeleradio.- Con la presencia de Rafael Rey en el nuevo gabinete que preside Javier Velásquez Quesquén y otros hechos alarmantes que están ocurriendo en el gobierno aprista, se estaría preparando un escenario propicio para favorecer el retorno del fujimorismo, particularmente para beneficiar la candidatura de Keiko Fujimori, estimó el ex procurador Antonio Maldonado.

Fue al comentar la presencia de Rafael Rey, como flamante ministro de Defensa en el nuevo Consejo de Ministros, quien no duda en mostrar sus simpatías por la década de los noventa y señala que el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo era mucho más corrupto que el de Alberto Fujimori.

“Es una lástima que personajes vinculados en simpatías con Alberto Fujimori tengan responsabilidades en el Estado. Tengo la hipótesis -no lo estoy afirmando- que se está preparando un escenario propicio para favorecer el retorno del fujimorismo al gobierno y particularmente para favorecer la candidatura de Keiko Fujimori”, señaló en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Hay varias señales alarmantes. Por ejemplo, lo que ocurre con ciertos medios de comunicación donde personajes que están bajo persecución judicial del Estado retoman al control de ciertos medios (caso Panamericana y Ernesto Schutz). Es una lástima que personajes que abiertamente expresan su simpatía por el fujimorismo tengan responsabilidad en el Estado”, agregó.

Ojo con Vladimiro Montesinos
En esa línea, el ex procurador anticorrupción sostuvo que el ex asesor presidencial Vladimiro Montesino debería estar recluido en un centro penitenciario común, bajo custodia de efectivos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y no en la Base Naval del Callao, porque “nadie sabe qué es lo que pueda estar pasando” para allanar el camino a favor del fujimorismo.

“Creo que mantener a Vladimiro Montesinos en la Base Naval es un grave error. Creo que debería estar en una prisión común bajo el control de las autoridades penitenciarias. Yo no veo por qué razón debe estar en una Base Naval, donde no se sabe qué es lo que pueda estar pasando”, planteó.

Excarcelación de León y Químper no debe sorprender
En otro momento, Maldonado Paredes declaró que la pronta excarcelación de Rómulo León y las contemplaciones procesales para con Alberto Quimper, principales sospechosos por el caso “Petrogate”, no deberían sorprender a la opinión pública, al considerar que el régime se ha caracterizado por ser una gestión de “omisión” de responsabilidades políticas en la lucha anticorrupción.

“La verdad no me sorprende, porque ésta es una línea de gobierno caracterizada por omisión de la agenda de la lucha anticorrupción, que fue señalada desde el 28 de julio del 2006. Eso es una lástima porque en los casos Montesinos y Fujimori hay mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, proponer acciones en casos como esterilizaciones forzadas y activos extraídos, en fin”, manifestó.

“Los hechos que se señala y la excarcelación de Rómulo León y Alberto Químper puede que estén arregladas o no, eso es un tema jurídico. Pero lo que sí es notorio es que en el Perú la ley no se aplica por igual para todos. Entonces, creo que ahí hay un grave problema que afecta a la reforma de la administración de justicia”, anotó.

García debe aplicar agenda anticorrupción
En ese sentido, exhortó al presidente Alan García Pérez, a retomar la lucha anticorrupción en el tiempo que le queda de gobierno y que en todo caso, sea el ministro de Justicia quien presente nuevas estrategias contra este flagelo.

“Creo que la agenda anticorrupción debe retomarse y sería muy loable que el presidente García, en el tiempo que le resta de su gobierno, pueda retomar la agenda anticorrupción y propusiera algunas iniciativas; por lo menos el ministro de Justicia (Aurelio Pastor) podría motivar algunas iniciativas o repotenciar la agenda anticorrupción en el país”, planteó.

Ocho años contra Fujimori es adecuado
Por otra parte, calificó de adecuada la pena de ocho años de prisión solicitada contra el ex presidente Alberto Fujimori, en el marco de la sentencia que dictará la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por el caso del pago irregular de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, por concepto de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS).

“Me parece que la pena es la correcta. El Ministerio Público ha pedido la pena más alta por el delito de peculado, la pena inferior es por falsedad ideológica, me parece que en cuando a la pena, el Ministerio Público está muy bien sustentado y en cuanto a la reparación civil esto es discutible, porque creo que siempre hay un daño mayor que el causado”, indicó.

“Entonces, me parece que en base a los medios de prueba acopiados en el proceso por el Ministerio Público y por el lado civil el órgano juzgador llegará a la convicción de una condena contra Alberto Fujimori por el delito de peculado y falsedad ideológica y lo condenarán”, concluyó.

Continúa la violencia en Majaz

Sus vidas se han convertido en un verdadero calvario. Las amenazas, agresiones y hostilizaciones contra las víctimas de la minera Majaz (Piura) no han cesado. Como consecuencia de estas represalias, los integrantes de la comunidad campesina Segunda y Cajas declaran vivir atemorizados. “Tenemos que pasar por caminos escondidos, por miedo a que nos ataquen”, señala uno de los pobladores, que prefiere permanecer en el anonimato por temor a las represalias contra su integridad física y que forma parte de una serie de testimonios que ha podido recabar la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

La señora María Ozeta conoce en carne propia la crudeza de estas agresiones. El pasado 5 de junio un individuo vinculado a la “Asociación Integrando” le rompió el cráneo de un machetazo. Otros miembros de la comunidad también fueron heridos como resultado del ataque de más de 50 sujetos.

Campesinos pobladores de la zona señalan que bajo la fachada de una ONG llamada “Asociación Integrando”, que opera en la zona de Huancabamba, se ha creado una fuerza de choque que tiene atemorizada a la población. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha recogido testimonios de pobladores de la zona, quienes indican que dicha ONG estaría pagando un jornal diario de 30 nuevos soles a sus adeptos, los cuales se dedican a intimidar a la población e imponer las actividades de la minera Majaz.

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Otras agresiones
En la misma línea, integrantes de las ONG Grufides y Cooperación fueron amenazados el pasado fin de semana con un arma de fuego por el periodista Duber Mauriola, conocido en la zona por promover los intereses de la minera Majaz en Huancabamba. Lo mismo sucedió el pasado 10 de junio con una integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuya camioneta fue interceptada y rodeada por la fuerza de choque creada por Integrando. Ambas agresiones fueron denunciadas en su momento a la Policía. Coincidentemente, al menos tres de las víctimas de las torturas cometidas en el campamento de la empresa Minera Majaz en el año 2005 han reportado amenazas por la vía telefónica en el curso del último mes.

Más de lo mismo
De acuerdo a versiones de testigos pobladores de la zona, varios de los miembros de Integrando, elementos de esta fuerza de choque que promueve los intereses de la Minera Majaz habrían sido los que impulsaron la denuncia por terrorismo contra los opositores a la minera. Como es de conocimiento público, la denuncia fue archivada por falta de sustento. En el curso de la investigación fiscal, quienes impulsaron la denuncia admitieron estar pagados por la empresa minera, y contar con el apoyo del gobierno regional.

No es la primera vez que personas afines a la minera Majaz están involucradas en actos de violencia contra las comunidades campesinas aledañas al proyecto. En el año 2006, una investigación policial encontró evidencias de que funcionarios de la empresa minera habían contratado a un grupo de personas y les habían suministrado armas para que atacaran a los participantes en un foro sobre minería celebrado en la ciudad de Huancabamba.

Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).