DESCARGARIdeeleradio.- Es sorprendente que el Estado peruano haya responsabilizado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a Carlos Rivera, uno de los abogados del Caso Fujimori, de la detención irregular que fue víctima en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando regresaba de un viaje del extranjero, aseveró Juan Carlos Ruiz, integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Fue al comentar el informe Nº 111-2009-JUS/PPES que remitió el Perú al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, en la que sostiene que la captura del letrado se produjo dentro de un proceso regular y este incidente se produjo porque el intervenido no actualizó sus datos ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
“Sorprende la respuesta brindada por el Estado peruano a la CIDH, en relación con la medida provisional que fue solicitada a propósito de la encarcelación de Carlos Rivera. Dice el gobierno que la culpa es de Carlos Rivera por no haber actualizado sus datos en la Reniec. Eso nos parece preocupante”, criticó en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“A nosotros nos parece cuestionable esta respuesta, toda vez que Carlos Rivera no es un personaje desconocido, todo lo contrario, es uno de los abogados más destacados en el caso que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori (sentenciado en primera instancia a 25 años de pena privativa de la libertad por casos de lesa humanidad)”, agregó.
Para Ruiz Molleda, la respuesta del gobierno se trata de una medida de venganza contra Rivera Paz por la condena que obtuvo el ex jefe de Estado Alberto Fujimori.
“Entonces no convence esa respuesta del Estado peruano. En nuestra opinión eso tiene una relación a la condena de Alberto Fujimori que recibió 25 años por los casos de lesa humanidad, y para llegar a esa conclusión hay que ser muy suspicaz”, estimó.
El documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al cual Ideeleradio tuvo acceso señala que:
“El desconocimiento de las notificaciones y de la declaración de reo ausente, no son actos que se puedan imputar al Estado peruano, los mismo obedecen a la conducta procesal y legal del señor Rivera que no cumplió con las normas que le obligan a modificar su domicilio en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desde que se inscribió hace 24 años.
Por ende, el Estado peruano muestra su más profunda extrañeza que se pretenda involucrarlo en un accionar que puede representar un acto vulneratorio de derechos fundamentales”, señala el informe.
Villa Stein está equivocado
En otros temas, Juan Carlos Ruiz cuestionó al titular del Poder Judicial, Javier Villa Stein, por adelantar que no cumplirá con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que eventualmente ordene la liberación del etnocacerista Antauro Humala, principal
implicado del “andahuaylazo”.
“En estos momentos en donde aún no se conoce la sentencia por el caso Antauro Humala sorprende las declaraciones del magistrado Javier Villa Stein, cuando señala que Humala no podrá salir libre. Eso es un desacato al Tribunal Constitucional pues el titular precisamente del Poder Judicial es el primero que debería acatar la sentencia y dar ejemplos de ello”, señaló.
“Podemos discrepar de la sentencia ciertamente sí, en un Estado democrático, pero lo que no podemos decir es yo no voy a cumplir y quien lo dice es el titular del Poder Judicial. Creo que eso es un error y un desliz, esperemos que al final sea fruto de un comentario suelto” sostuvo.
Obstrucciones deben ser tomadas en cuenta
Sostuvo que otro de los temas que debe ser analizado por los integrantes del Tribunal Constitucional, es la dilación del proceso seguido a Antauro Humala, quien en reiteradas ocasiones se mostró irrespetuoso ante los magistrados que ventilaron su caso.
“Las obstrucciones tienen que ser tomadas en cuenta y eso también tiene que ser valorado. Sin embargo también hay un tema de fondo por la demora y la falta de celeridad, recuérdese que el caso data desde el 2005 ahora estamos en el 2009, también ahí hay un problema de demora y lentitud del Poder Judicial”, opinó.
Pedirán postergar elección de representantes ante CEPJ
Finalmente, anunció que en las próximas horas el Instituto de Defensa Legal solicitará postergar los plazos de la elección de los representantes de los jueces ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, porque este proceso se estaría realizando a espaldas de la opinión pública.
“La elección de los representantes de los jueces ante Consejo Ejecutivos del Poder Judicial será entre el 18 y 22 de julio. Sin embargo, nuestra principal crítica es que no conocemos a los candidatos y se está haciendo a espaldas de la opinión pública. Nosotros creemos que debería haber debates para dar mayor transparencia”, concluyó.
Fue al comentar el informe Nº 111-2009-JUS/PPES que remitió el Perú al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, en la que sostiene que la captura del letrado se produjo dentro de un proceso regular y este incidente se produjo porque el intervenido no actualizó sus datos ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
“Sorprende la respuesta brindada por el Estado peruano a la CIDH, en relación con la medida provisional que fue solicitada a propósito de la encarcelación de Carlos Rivera. Dice el gobierno que la culpa es de Carlos Rivera por no haber actualizado sus datos en la Reniec. Eso nos parece preocupante”, criticó en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“A nosotros nos parece cuestionable esta respuesta, toda vez que Carlos Rivera no es un personaje desconocido, todo lo contrario, es uno de los abogados más destacados en el caso que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori (sentenciado en primera instancia a 25 años de pena privativa de la libertad por casos de lesa humanidad)”, agregó.
Para Ruiz Molleda, la respuesta del gobierno se trata de una medida de venganza contra Rivera Paz por la condena que obtuvo el ex jefe de Estado Alberto Fujimori.
“Entonces no convence esa respuesta del Estado peruano. En nuestra opinión eso tiene una relación a la condena de Alberto Fujimori que recibió 25 años por los casos de lesa humanidad, y para llegar a esa conclusión hay que ser muy suspicaz”, estimó.
El documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al cual Ideeleradio tuvo acceso señala que:
“El desconocimiento de las notificaciones y de la declaración de reo ausente, no son actos que se puedan imputar al Estado peruano, los mismo obedecen a la conducta procesal y legal del señor Rivera que no cumplió con las normas que le obligan a modificar su domicilio en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desde que se inscribió hace 24 años.
Por ende, el Estado peruano muestra su más profunda extrañeza que se pretenda involucrarlo en un accionar que puede representar un acto vulneratorio de derechos fundamentales”, señala el informe.
Villa Stein está equivocado
En otros temas, Juan Carlos Ruiz cuestionó al titular del Poder Judicial, Javier Villa Stein, por adelantar que no cumplirá con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que eventualmente ordene la liberación del etnocacerista Antauro Humala, principal
implicado del “andahuaylazo”.“En estos momentos en donde aún no se conoce la sentencia por el caso Antauro Humala sorprende las declaraciones del magistrado Javier Villa Stein, cuando señala que Humala no podrá salir libre. Eso es un desacato al Tribunal Constitucional pues el titular precisamente del Poder Judicial es el primero que debería acatar la sentencia y dar ejemplos de ello”, señaló.
“Podemos discrepar de la sentencia ciertamente sí, en un Estado democrático, pero lo que no podemos decir es yo no voy a cumplir y quien lo dice es el titular del Poder Judicial. Creo que eso es un error y un desliz, esperemos que al final sea fruto de un comentario suelto” sostuvo.
Obstrucciones deben ser tomadas en cuenta
Sostuvo que otro de los temas que debe ser analizado por los integrantes del Tribunal Constitucional, es la dilación del proceso seguido a Antauro Humala, quien en reiteradas ocasiones se mostró irrespetuoso ante los magistrados que ventilaron su caso.
“Las obstrucciones tienen que ser tomadas en cuenta y eso también tiene que ser valorado. Sin embargo también hay un tema de fondo por la demora y la falta de celeridad, recuérdese que el caso data desde el 2005 ahora estamos en el 2009, también ahí hay un problema de demora y lentitud del Poder Judicial”, opinó.
Pedirán postergar elección de representantes ante CEPJ
Finalmente, anunció que en las próximas horas el Instituto de Defensa Legal solicitará postergar los plazos de la elección de los representantes de los jueces ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, porque este proceso se estaría realizando a espaldas de la opinión pública.
“La elección de los representantes de los jueces ante Consejo Ejecutivos del Poder Judicial será entre el 18 y 22 de julio. Sin embargo, nuestra principal crítica es que no conocemos a los candidatos y se está haciendo a espaldas de la opinión pública. Nosotros creemos que debería haber debates para dar mayor transparencia”, concluyó.




