martes, 7 de julio de 2009

Defensoría: Debe fortalecerse INDEPA para que se entable proceso de consulta entre Estado y comunidades


Ideeleradio.- El Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) debe ser fortalecido con el fin de que formule una base de datos sobre las organizaciones que representan a los pueblos indígenas y se pueda entablar un proceso de consulta con el Estado, planteó Alicia Abanto, jefa del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

“Una vez que se decide que sí hay que consultar, se identifica a las organizaciones representativas de los pueblos afectados, ellos eligen a sus representantes y los legitiman ante el Estado. La Defensoría del Pueblo ha propuesto que exista un organismo técnico especializado del Poder Ejecutivo que sea especialista en temas indígenas, actualmente tenemos el INDEPA, pero la Defensoría plantea un organismo técnico especializado, lo que implica un fortalecimiento del INDEPA”, aseguró en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Esta entidad debería estar encargada de tener una base de datos oficial sobre los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas, así la entidad que va a hacer la consulta pide al organismo técnico especializado en temas indígenas que identifique cuáles son los pueblos y sus representantes que van a ser participes del proceso a la consulta. (…) Es una acreditación e identificación caso por caso de cuáles son los representantes indígenas a ser convocados”, agregó.

Fue al referirse a la iniciativa legislativa denominada “Ley Marco del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas”, presentada por la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República, con el propósito de contribuir a la implementación normativa del referido derecho.

Indicó que el derecho a la consulta es un mecanismo que busca proteger a las comunidades nativas y es diferente a un proceso de referéndum o consulta popular.

“El derecho a la consulta es un mecanismo instrumental para proteger el derechos de los pueblos indígenas a su identidad cultural, entonces el mecanismo es el diálogo con el Estado. (…) El diálogo es con las organizaciones que representan a los pueblos indígenas, no es con todas las poblaciones”, refirió.

“El derecho a la consulta es distinto al derecho a la participación ciudadana. Los talleres y audiencias tienen enfoque informativo, la diferencia con el derecho a la consulta, es según el convenio 169 de la OIT, un proceso de diálogo para que ambas partes lleguen a un acuerdo. (…) Es además distinto a una participación política de un referéndum o una consulta popular”, acotó.

Explicó que la propuesta se trabajó en base a las opiniones emitidas por comisiones expertas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la experiencia de la Defensoría del Pueblo en el tema.
Dijo que antes de dictarse cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectar a las comunidades indígenas, es indispensable que se inicie un proceso de diálogo entre el Estado y los representantes de los pueblos amazónicos.

Refirió que los acuerdos establecidos deben respetarse en su integridad y que de no ser así se generarían responsabilidades civiles y penales de los infractores. Indicó que también cabe la posibilidad de que se estipule la aplicación de acuerdos de manera parcial o de que no se lleguen a entendimientos y se establezcan plazos para retomar posteriormente el diálogo.

Cabe destacar,que el establecimiento de una Ley Marco sobre el Derecho a la Consulta tiene por objetivo facilitar el cumplimiento de una obligación contraída por el Perú, al ratificar el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 15 años atrás, posibilitando que las entidades del Estado cuenten con procedimientos adecuados para lograr la institucionalización del diálogo con los pueblos indígenas.

Con esta propuesta, la Defensoría del Pueblo reitera su disposición a colaborar con el Congreso de la República, con el establecimiento de una regulación clara y acorde con las responsabilidades del Estado, en el marco de sus tareas en defensa de los derechos fundamentales de la persona y de la comunidad.

Defensoría del Pueblo: Se elevan a 273 los conflictos sociales en el país

Nota de Prensa.- Un total de 273 conflictos sociales registró, al 30 de junio del año en curso, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Según el documento, dos casos fueron resueltos, pero se suscitaron 14 nuevos conflictos, de diversa naturaleza.

Del total de conflictos registrados a junio del 2009, 226 se encuentran activos (83%) y 47 en estado latente (17%). Además, en el documento (que se emite mensualmente) se da cuenta de 28 acciones colectivas de protesta y de dos acciones de violencia subversiva.

Con relación al tipo de conflicto, el Reporte de Conflictos Sociales Nº 64 precisa que 128 casos (47%) corresponden a conflictos socioambientales, 41 (15%) responden a conflictos por asuntos de Gobierno Local, y 32 (12%) se encuentran vinculados a conflictos laborales.

Con relación a los nuevos casos, éstos se han producido en Ancash, Apurímac, Ica y Puno (dos casos en cada uno); y en Ayacucho, Cusco, La Libertad, Lambayeque y Lima (un caso en cada departamento). Además se reporta un caso nuevo de alcance nacional. Cinco de estos casos son conflictos laborales; tres se relacionan con asuntos de gobierno local y otros tres se vinculan a asuntos de gobierno nacional. Además, un caso corresponde a asuntos de gobierno regional; otro, a un problema de demarcación territorial; y, finalmente, otro se relaciona con el delicado tema socioambiental.

Del mismo modo, el Reporte da cuenta de dos conflictos sociales reactivados, los cuales se ubican en Arequipa y Huancavelica (un caso en cada uno). Ambos casos reactivados son conflictos socioambientales. Por otra parte, en el reporte se señala que dos conflictos socioambientales (ubicados en Ancash y en Loreto) se han resuelto. Igualmente, se da conocer que siete conflictos sociales latentes fueron retirados del registro (o dados de baja) debido, sobre todo, a que no se produjo algún acontecimiento relevante durante el monitoreo realizado durante un año, así como alguna actividad de los actores involucrados.

Cabe destacar que durante el mes de junio se registraron 102 casos cuyos procesos de diálogo se mantienen. En muchos de ellos, la Defensoría del Pueblo se hizo presente, como en los casos de Huaraz (Ancash) y Azulcocha (Junín), con la intención de incentivar a los actores involucrados a continuar desarrollando el diálogo y conseguir una pronta resolución del conflicto.

Asimismo, uno de los casos registrados en junio corresponde al paro amazónico. En el marco de sus competencias y mediante sus oficinas defensoriales y módulos de atención, la Defensoría del Pueblo intervino con una intención humanitaria. Los comisionados se preocuparon por la atención adecuada de los heridos durante el 5 y el 6 de junio –días en que ocurrieron hechos lamentables en Bagua– y durante los días posteriores a dichos acontecimientos. En el presente reporte se incluye, en detalle, información sobre la labor que los representantes de la Defensoría del Pueblo desarrollaron tanto en Bagua como en Yurimaguas.

Por otra parte, el Reporte da cuenta de dos acciones de violencia subversiva, una de las cuales derivó en el asesinato de un efectivo del Ejército Peruano por parte de elementos subversivos, en la provincia de Huanta, Ayacucho.

Felipe Osterling: Velásquez Quesquén es una “buena persona” pero no está para premier


Ideeleradio.- El actual presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, es una “buena persona” pero no es el candidato ideal para reemplazar a Yehude Simon en la presidencia del Consejo de Ministros, aseveró Felipe Osterling, ex titular del Senado y dirigente histórico del Partido Popular Cristiano (PPC).

“Javier Velásquez Quesquén es una buena persona pero nada más. No es para primer ministro, estoy muy sorprendido de que su nombre esté en juego para un cargo de esa envergadura. No le busco deméritos al congresista, pero estoy viendo su trayectoria como presidente del Congreso durante casi un año y no lo veo de presidente del Consejo de Ministros”, refirió en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Indicó que el actual ministro de Defensa Ántero Flores Aráoz y el ex ministro de la Producción Rafael Rey, siempre estarían dispuestos a ejercer el cargo de premier, debido a la personalidad que muestran en la política.

“En el caso de Flores Aráoz, él siempre está a la orden y eventualmente podría aceptar ser primer ministro, eso no lo descarto absolutamente conociendo su personalidad. En el caso de Rafael Rey, quien nunca ha pertenecido a mi partido, se fue a Roma, la ha pasado bien y si luego lo llaman y quiere aceptar un gabinete, en buena hora, es un hombre experimentado políticamente”, dijo.

Señaló que en las actuales circunstancias en que se encuentra el Ejecutivo y el gabinete, que aún preside Yehude Simon, es complejo y complicado de que alguna personalidad distinguida quiera asumir un cargo en el Consejo de Ministros.

Sin embargo, anotó que para estos casos siempre habrá uno que quiera “dar la cara y sacrificarse por este gobierno, pese a que este régimen está profundamente desgastado”; apuntó.

Ministros temen a García
En otro momento, Osterling Parodi dijo que tiene la impresión de que en el Consejo de Ministros existe un miedo por parte de los ministros hacia el presidente de la República.

“No sólo el gabinete se encuentra profundamente desgastado sino que tengo la impresión de que hay ministros que son muy débiles y no están dispuestos hablarle al presidente García, mirándole al rostro, a los ojos, y dando honesta y abiertamente su opinión sobre lo que está pasando. Entonces, en el gabinete ministerial y en el Consejo de Ministros; se impone la autoridad de lo que el presidente dice o piensa y eso no está bien”, comentó.

“Los ministros tienen que ser personalidades importantes que puedan decirle al presidente cuál es el pensamiento no sólo acerca de la cartera a su cargo, sino respecto a los destinos de nuestra patria. Entonces, creo que puede haber dificultades pero siempre hay personas que están dispuestas a ingresar”, acotó.

Florián no es la candidata del PPC a la Mesa Directiva
El dirigente del Partido Popular Cristiano sostuvo que la parlamentaria Rosa Florián no es la candidata del PPC para presidir la próxima mesa directiva del Congreso. Explicó que no le atribuye mucha importancia a la presidencia del Congreso, pues estimó que la médula del asunto es una renovación del gabinete ministerial”.

“La candidata Florián está voceada por ella misma, ella se está promoviendo y está ofreciendo promover el levantamiento de la sanción a los congresistas humalistas. Ella no es candidata del PPC, es candidata de Rosa Florián y no del partido, eso que quede claro. El partido hasta lo que alcanza mi conocimiento, no va a tener candidato a este proceso para renovar la Mesa Directiva del Congreso, no sé a quien apoyarán los congresistas, quizá a alguien de la oposición”, expresó.

Excarcelación de Rómulo León llama la atención
El ex parlamentario dijo que le llama la atención que la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima haya cambiado el mandato de detención por el de arresto domiciliario a favor del ex ministro aprista Rómulo León Alegría. Estimó que en el caso de los “petroaudios” podría existir una injerencia política.

“Soy muy respetuoso de las decisiones del Poder Judicial. Sin embargo en este caso de lo ‘petroaudios’ llama la atención que en nueve meses no se haya escuchado o visto las grabaciones que existen. Esto es un hecho realmente incomprensible, ya que hay afirmaciones que implican al presidente, a los ministros de Estado y a personalidades de muy altor rango”, apuntó.

“De tal manera, que no entiendo por qué en estos nueves meses no se ha hecho nada, eso es extraño. Podría ser (que haya un interés del gobierno para que no se avance con las investigaciones), pero quiero hablar en condicional. Desde luego comparto la extrañeza que hay en un gran sector de la ciudadanía de que el juez a cargo del caso no haya hecho prácticamente nada”, opinó.

Argumentos son cuestionables
Para el ex titular del Senado, carece de sentido el argumento utilizado por el tribunal superior, respecto a que León Alegría no fugará del país porque es una persona con grado superior y porque tiene una hija congresista.

“Esas no son razones para conceder un arresto domiciliario, las razones son distintas. Es cuando se trata de supuestos delitos menos graves, cuando hay una suerte de certidumbre del Poder Judicial en el sentido de que no va haber una fuga del procesado con motivo del arresto domiciliario, en fin son criterios que quedan a la discrecionalidad del juez. (…) Pero no se puede argumentar porque tiene hijos o porque su señorita hija es congresista de la república, esos no son argumentos”, aseveró.

Gobierno no lucha contra la corrupción
En ese sentido, dijo sentirse bastante sorprendido del por qué el presidente Alan García no ha realizado hasta el momento un paralelo ante todos los hechos de corrupción, tomando en cuenta que esta es su segunda administración. Lamentó que el gobierno haya realizado un gobierno “absolutamente” dosificado.

“Yo le doy el mérito al presidente García durante sus primeros tres años de gobierno de que habido una disciplina y una orden fiscal, en contraste absoluto con su primer gobierno. Sin embargo no habido esa lucha contra la corrupción que debió seguir inmediatamente como no ha habido tampoco un programa orgánico para efectuar las inversiones que se requieren en el sector social.

“Entonces, eso quiere decir que el país se sigue desintegrando y que desde hace algunas semanas encontramos al país en una situación caótica. Esto va de la mano efectivamente con el combate contra la corrupción porque es un todo. Creo que el gobierno está con una visión muy parcializada, breve y pequeña de lo que se hace en el Perú”, acotó.

Podría existir complot contra sistema democrático
Osterling Parodi coincidió con el presidente Alan García y con quienes señalan que en el país habría una presencia extranjera que busca desestabilizar el sistema democrático. Recomendó al gobierno actuar con firmeza, tal como señala la Constitución Política del Perú (CPP).

“Creo que podría haber una dosis de recursos y una ideología que viene del extranjero, lo digo en condicional. Sin embargo, creo que ha habido una gran ineficiencia o una gran desatención de los servicios de inteligencia del Perú (…). Por otro lado, ha habido un pésimo manejo del gobierno, empezado por el manejo de Bagua”, refirió.

“Pero preocupa un hecho que no puede ser desapercibido y es la circunstancia de que un pueblo se levanta porque no quiere una hidroeléctrica, entonces exigen que vaya el premier, dialogan, se dan plazos, se acuerda y se tranquiliza la población. Luego, hay otro levantamiento y éstos quieren que se construya una carretera y el gobierno empieza a ceder”, explicó.

Cuestionó que las exigencias sociales del país tengan que solucionarse de esa forma. Advirtió que sí el gobierno sigue así está perdido. “Lo que tiene que haber en primer lugar es orden y disciplina y tiene que aplicarse la ley sin excederse”, concluyó.

Anel Townsend: García debió pedir comisión investigadora para caso “petroaudios” porque libertad de Rómulo León busca su silencio


Ideeleradio.- El presidente de la República Alan García debió pedir la conformación de una comisión investigadora en el Congreso para que se esclarezca su participación en el negociado irregular entre representantes de Perupetro y Discover Petroleum, afirmó la ex congresista Anel Townsend, al considerar que el arresto domiciliario concedido a Rómulo León busca su silencio en torno a su relación con las altas esferas del poder.

“Yo creo que a pesar de la Constitución dice que no se le puede procesar ni someter a juicio durante su mandato, el presidente de la República ha debido pedir que haya una comisión investigadora para que le pregunte como es que no llega a saber nada respecto a estas circunstancias absolutamente fuera de lo normal y regular, que un premier (Jorge del Castillo) se reúna una cantidad enorme de veces en una suite del Hotel Country con un empresario (Fortunato Canaán) que venía a buscar contratos directos, sin licitación y con altos contactos”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Además se veía que Rómulo llegaba a todas partes y no había una puerta que se le cerraba y menos la de Palacio de Gobierno. Yo creo que hay la intención de favorecer a Rómulo León para que Rómulo León que no hable, así es como ocurre muchas veces”, agregó.

Estimó que si ya existía una falta de confianza sobre la forma en que se ventilaba el juicio, con la liberación del ex funcionario aprista no existe ninguna garantía de que este continúe su curso normal.

“Ya sabemos que con dinero o con corrupción a malos funcionarios se les puede manipular, respecto al arresto domiciliario, que es un premio para que él haga lo que quiera. Definitivamente hay que pedir explicaciones (…)”, aseveró.

Intervención política de quienes no quieren ser tocados
La ex legisladora calificó de un escándalo que el Poder Judicial se pronuncie a favor de una “prisión dorada” para León Alegría, tras considerar que la variación de la medida es injustificada, porque eso permitirá que el procesado pueda “manejar mayor información y desviar lo que pretenda desviar y cambiar algunas cosas referidas a su proceso”.

Dijo no sorprenderle la decisión judicial, sobre todo porque en los últimos días se habría aprovechado del interés del público en las informaciones vinculadas al asesinato de la artista folclórica Alicia Delgado, que refirió está llegando a ser “un psicosocial que está durando casi como lo que eran los psicosociales fujimoristas”.

“En el momento, en que todo el mundo está siguiendo esto, explotando la popularidad de la actividad artística, soltar a Rómulo León a un arresto domiciliario parecía lo más conveniente a los intereses de quienes no quieren ser tocados, no nos olvidemos, por que qué hacia la secretaria de Alan García en el Country Club y el secretario general de la presidencia coordinando las citas para Canaán. Estamos hablando de otros niveles de poder que se vinculan con la corrupción”, aseguró.

“Son nuevos meses en los que no se ha abierto la computadora, se han dado idas y venidas y hay desde mi punto de vista una intervención política, el presidente de la Corte Superior es aprista, César Vega Vega y el de la Corte Suprema, escribía artículos a favor de los hermanos Wolfenson. Osea que el panorama del Poder Judicial, con honrosas excepciones, amerita a que se haga una alerta”, complementó.

Del Castillo debe someterse a testimonios que pida PJ
Consideró que “sería el colmo” que el proceso seguido al ex ministro de Pesquería termine con un archivamiento en el Poder Judicial. Se mostró a favor de que las indagaciones continúen y que el ex presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, debe responder a las citaciones que formule el juez del caso.

“Yo creo que todo funcionario público tiene que estar dispuesto a someterse a las investigaciones y aclaraciones del caso, creo que este proceso que lleva meses y tiene expresiones negativas respecto a la celeridad, hay que estar vigilantes y exigir que este proceso continúe, porque (…) el Poder Judicial no ha cerrado el caso, eso sería el colmo”, refirió.

“Del Castillo y todos los involucrados tienen que someterse a los testimonios que le soliciten, porque recordemos que el Poder Judicial tiene la capacidad de solicitar al Parlamento, cualquier circunstancia que afecte a sus miembros, a través de los mecanismos constitucionales”, acotó.

Congreso perdió capacidad de investigar
Remarcó que el Poder Legislativo (PL) ha perdido capacidad de investigación, al recordar que después del 2001 el primer poder del Estado realizó una sistemática tarea para indagar las irregularidades cometidas en el gobierno de Alberto Fujimori.

“Hemos visto que para la investigación de los petroaudios se ha buscado eso (escollos), no hay un conocimiento de lo que ha sido el informe en minoría y además hay una alianza entre fujimoristas y apristas. No olvidemos que el señor Carlos Raffo, que era un supuesto opositor y después vimos como terminó la decisión de la comisión (con su voto). Hay un problema de conexiones para no remover asuntos que vayan a afectar temas como el de las cajas del Ministerio de Salud y el tema de la reconstrucción del sur”, señaló.

Estudios de Keiko deben ser investigados en el PL
En otro momento, Townsend Diez canseco recomendó al Parlamento abordar la denuncia periodística que señala una serie de irregularidades en torno al financiamiento de los estudios de Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori.

“En ese punto, en el caso de Keiko Fujimori, no se trataba de un caso juzgado, porque ella en realidad no fue investigada, sino su padre. Y en el marco de esas investigaciones, a nivel del Congreso, encontramos las incongruencias respecto a un sueldo de 2 mil soles declarado por Fujimori y en los gastos totales de más de 600 mil dólares por lo menos en educación de sus hijos y una venta de un inmueble cuyo dinero se obtuvo a posteriori”, relató.

“Oficiamos a la Fiscal de la Nación en el 2001 para que tomara las medidas preliminares, porque estábamos advirtiendo que existía la presunción de un delito contra la fe pública, de que (Keiko) no había entregado los documentos que nos había ofrecido, pero lamentablemente a pesar de nuestro oficio, el Ministerio Público en ese momento, decidió que no se requería esas medidas. Esos son temas que el Congreso debería abordar, más aún cuando ella es una candidata declarada a la presidencia de la República”, resaltó.

CNDDHH expresa total adhesión a proyecto que precisa monto de referencia del seguro de vida para policías y militares

Blog de la Coordinadora de Derechos Humanos.- En carta al presidente del Congreso de la República, Javier Velásquez Quesquén, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresa su total adhesión al Proyecto de Ley 3360/2008 que precisa el monto de referencia del seguro de vida para el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La CNDDHH solicita al Parlamento que este proyecto se materialice pronto en una norma que pueda reivindicar los derechos de nuestros policías y militares en lo que a su seguro de vida corresponde.