Ministro de Trabajo: Gobierno evalúa cómo cubrir brecha en Essalud que se generará con exoneración de aportes en gratificaciones

Ideeleradio.- El gobierno evalúa cómo cubrir la brecha que se generará en Essalud, con la aplicación de ley que exonera a las gratificaciones de los aportes a esa entidad, informó el ministro de Trabajo, Jorge Villasante, tras confirmar que a la fecha sólo un 12% de empresas privadas no han cumplido con el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) que son de libre disponibilidad.

“Essalud va a percibir menos de los recursos que tenía previsto, yo he tenido reuniones con el equipo técnico y el presidente de Essalud para evaluar esta situación y existe el compromiso de poder ver como logramos que exista una transferencia de recursos para cubrir esta brecha”, manifestó en conversación con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Esto es independientemente de lo que cada empleador abonará al trabajador el importe del 9 por ciento que corresponde y que el Estado lo dejará de cobrar, lo cual en el tiempo generará una brecha, que hay que ver como se cubre. El tema ha sido abordado en un Consejo de Ministros cuando estuve en Ginebra, por ello estamos trabajando con Essalud las alternativas para poder exponerlas al Consejo”, agregó.

Villasante Araníbar precisó además que a la fecha un 12% de mil 600 empresas no han cumplido con el depósito de la CTS que es de libre disponibilidad, según una ley que aprobó el Congreso, para revertir las consecuencias de la crisis financiera internacional.

“Los depósitos son de libre disponibilidad, al momento estamos realizando una fiscalización primero para evaluar el depósito de las CTS. (…) De la última evidencia de noviembre, hemos tenido un nivel de incumplimiento al 22%, a esta fecha hay un mayor grado de cumplimiento”, informó.

Deben deslindar de proyecto venezolano
En otro momento, se refirió a las declaraciones del presidente Alan García vertidas en el artículo “A la fe de la inmensa mayoría” y coincidió en que existe el interés del presidente venezolano Hugo Chávez de exacerbar los ánimos en el Perú, que coinciden con las afirmaciones de su par boliviano Evo Morales.

“Los últimos meses si uno revisa las declaraciones del presidente Evo Morales, uno puede ver en que dirección van. Un representante venezolano en la sesión de la OIT, denunció la muerte de 200 personas en Bagua, eso no es casualidad, hay una intervención. No dudemos que hay un proyecto político del señor Chávez, ya los hechos están sobre la mesa”, señaló.

“Y aquí hay quienes les hacen coro, por ello deberían algunos de ellos deslindarse. Hay obviamente temas que pueden ser capitalizados, sabemos que tenemos niveles de pobreza y de extrema pobreza en el país (…) y con eso es fácil de exacerbar los ánimos de las personas”, acotó.

Canchis: Consulta no es veto
El alto funcionario señaló, además, que tiene que existir un mecanismo de consulta informada y entender que esto no significa un veto. Destacó que en este caso, tanto los partidos políticos, como los líderes de opinión pública deben informar sobre los beneficios de los proyectos a las comunidades.

“Yo he estado en Sicuani y en verdad la gente se opone tajantemente a la hidroeléctrica de Salcca Pucara. Se le dice primero se está concluyendo un estudio del impacto ambiental y luego que se haga la consulta de las poblaciones del área de influencia, pero simplemente de antemano, se dice no hay nada (ni proyecto, ni estudio)”, argumentó.

“Para avanzar en el estudio de impacto ambiental, primero es necesario que las comunidades designen a los representantes que pudieran hacer el seguimiento del estudio y no los acreditan. Se exige que exista la posibilidad de la consulta, se tiene que cumplir con los requisitos técnicos, pero no se nombra a representantes, entonces el proceso no avanza”, justificó.

Incendio de Sunat buscó eliminar información
Lamentó que esta conducta persista en otros procesos de consulta, como las del sector minero energético, porque las audiencias públicas se frustran en razón de que las comunidades no participan o existe un sabotaje al no concurrir.

Dijo, finalmente, que el objetivo de haberse buscado una entidad como la Sunat para ser incendiada en Canchis, evidencia que hubo un interés de eliminar información, dada la existencia de un corredor de contrabando en la zona de Bolivia, hacia Puno, Cusco y otras regiones.

Mario Huamán: Gobierno aplica política fujimontesinista al comprar congresistas que no apoyaron censura de Simon

Ideeleradio.- El gobierno está aplicando una política similar a la del fujimontesinismo, al comprar congresistas para que no voten por la censura del premier Yehude Simon y la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, señaló Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

“Este gobierno está aplicando una política igual, al mismo estilo del fujimontesinismo, al comprar congresistas y comprar conciencias, es el mismo estilo. Lo que ha tenido que hacer es licenciar a un gabinete desahuciado, descalificado ética y moralmente para seguir conduciendo los destinos del país. Este gabinete por dignidad debería irse”, aseveró en el programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio.

“Si este gobierno continúa con su política errática, van aumentar los conflictos sociales que hoy superan los 280. El gobierno es el que atenta contra al democracia producto de la soberbia, la prepotencia y la lectura equivocada de lo que ocurre en el país. (…) Yehude habló de combatir la corrupción y esta sigue imperando. Acaso no es corrupción comprar congresistas para que no voten por la censura, es triste el papel de estos tránsfugas”, afirmó.

Consideró que el próximo gabinete debe tener una actitud “dialogante”, que afronte los conflictos sociales sin soberbia y sin echarle la culpa a factores interacciónales, a los problemas que afronta el país.

“Se necesita un gabinete dialogante que no meza a nadie, que busquen soluciones en un momento de crisis, pues existe un crecimiento negativo del Producto Bruto Interno (PBI). Necesitamos un gabinete con cambio de rumbo en la política y en la economía. Si esto no se da por la soberbia del presidente García, él será el culpable del aumento de los conflictos, el presidente no está escuchando al pueblo. Sólo entiende el lenguaje de la protesta (para hacer caso a una demanda)”, aseveró.

“No hay democracia participativa, sólo se escucha a los grandes empresarios, que con sus estudios de abogados dan las leyes. Se dan leyes a espaldas del pueblo y hoy ya se ha perdido la credibilidad en el diálogo, sólo entiende el lenguaje de la protesta. (…) Los conflictos brotan por todos lados, el gobierno sigue echándole más leña al fuego y el Congreso se sigue desprestigiando”, dijo.

García es una amenaza para la democracia
Huamán Rivera aseveró que el presidente Alan García se ha convertido en una “amenaza para la democracia”, al imponer leyes, no respetar los convenios internacionales y tener una lectura errada de los problemas del país.

“García se está convirtiendo en una amenaza para la democracia, esa es la verdad. Por ejemplo en los sucesos de Bagua ha quedado claro que los decretos atentan contra la Constitución y violentan acuerdos internacionales. Este hecho ha puesto al país en la última Conferencia Internacional en Ginebra, a sentarse en el banquillo de los acusados, por ser el segundo país del mundo que más violenta los tratados internacionales. Estos decretos nunca debieron darse”, refirió.

“El presidente de la República es quien tiene que respetar los tratados internacionales y cuando no lo hace se convierte en un gobierno autoritario camino a la dictadura. Entonces quien atenta contra la democracia es el propio presidente García”, agregó.

La táctica momentánea de García
Indicó además que el discurso del primer mandatario en el que hacia un llamado a la reconciliación es sólo una “táctica momentánea” para luego seguir por el mismo camino de la “soberbia y las prácticas antidemocráticas”.

Huamán Rivera, cuestionó además el nuevo artículo escrito por el presidente de la República denominado “A la fe de la inmensa mayoría” y dijo no sentirse aludido por el contenido del mismo.

“Nadie le cree esto del complot internacional. Lo que pasa es que son especialistas de las cortinas de humo y los psicosociales. Él (Alan García) le echa la culpa a la oposición de los propios errores de su gobierno. La lucha de los amazónicos ya se sabía desde el año pasado, pero se insistió en el error, con el objetivo de lotizar la selva. Por ejemplo, tenemos que no se investiga el tema de los petroaudios porque involucra a altos funcionarios del gobierno”, acotó.

“Creo que el gobierno con esas apreciaciones en ese artículo mal escrito, sigue hundiéndose en sus propios errores. Hace unos días se dirigió al país llamando a la reconciliación, a la unidad y hoy ataca a la oposición e insiste en sus ideas o tesis de la conspiración internacional, dice que somos unos fracasados y que la conspiración tiene como objetivo hacer fracasar a la democracia”, aseveró.

Manifestó que el primer mandatario busca dividir al país y lamentablemente continúa gobernando para las minorías. “Lo que quiere Alan García es dividir al país entre los que lo apoyan y la oposición, es decir, los que pedimos el cambio, el cumplimiento de sus compromisos electorales en materia política, económica y social, pues no se ha cumplido nada. Se gobierna para las minorías, es un gobierno de los ricos”, sostuvo.

Finalmente, el dirigente de la CGTP señaló que el Frente Nacional por la Paz y la Soberanía, buscará próximamente “proponer una alternativa política de cambio en el país”. Reiteró que el próximo 8 de julio se realizará una jornada de lucha a nivel nacional.

Aprodeh: A pesar de que no fueron censurados, Simon y Cabanillas ya recibieron sanción moral, social y política

Ideeleradio.- A pesar de que el Congreso no censuró al premier Yehude Simon y a la ministra del Interior Mercedes Cabanillas por los luctuosos sucesos ocurridos en Bagua (Amazonas), la mayoría de los peruanos ya los sancionó moral, social y políticamente, sostuvo Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

“Si bien formalmente no se logró la censura por la posición de Unión Por el Perú (UPP), la conciliación de la alianza mayoritaria, el comportamiento de algunos congresistas como David Waisman y la sanción contra siete congresistas nacionalistas, existe la sanción moral, social y política que está instalada en la conciencia de la mayoría de los peruanos” expresó en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Esto refleja también en como se viene emitiendo una opinión del ejercicio de la presidencia y del Ejecutivo en estas últimas encuestas de opinión. Entonces creo que esto está claro (la censura social) y es evidente aunque se haya impedido la censura política a los responsables del manejo tan grosero e inapropiado que hubo a la crisis de Bagua”, comentó.

En la víspera, el Poder Legislativo rechazó la moción de censura que se presentó en contra del premier Yehude Simon y la ministra del Interior Mercedes Cabanillas.

Declaraciones del canciller reflejan posición del Gobierno
En otro momento, Soberón Garrido se refirió a las recientes declaraciones del canciller José Antonio García Belaunde, quien dijo que la supuesta “injerencia externa” contra el régimen también vendría de parte de los Organismos No Gubernamentales (ONG).

Calificó esas afirmaciones como un reflejo similar a la dictadura del gobierno de Alberto Fujimori y a la posición que tiene el jefe de Estado, en torno al derecho a la libertad de opinión.

“Creo que las declaraciones del canciller no hacen sino confirmar lo que es la posición de este gobierno como lo fue la dictadura de Alberto Fujimori y Montesinos, de querer pretender que no sólo las organizaciones de derechos humanos, los que promueven el desarrollo, el medio ambiente, tengamos que limitar y restringir nuestra actuación e intervención a lo que quiere definir como política pública el gobierno de turno”, criticó.

“Creo que la libertad de opinión, de expresión y de conciencia garantiza a que los ciudadanos organizados en diversas formas, ya sea como organizaciones sociales, gremiales, sindicales o políticas y organizaciones no gubernamentales en general de la sociedad civil, tengamos el legítimo derecho a seguir actuando e interviniendo, manteniendo los principios y valores de la democracia y los derechos humanos”, acotó.

Comentó que Aprodeh y en general los organismos defensores de derechos humanos seguirán opinando ante regímenes autoritarios o antidemocráticos que intenten “acallar y silenciar las voces cuando se discrepa de las políticas que puedan promover”.

Recordó que esta organización mostró una dura resistencia -por diez años- ante la dictadura de Alberto Fujimori y aseguró que ante cualquier señal de un régimen formalmente democrático que quiera relucir sus señales de autoritarismo, también actuarán en defensa de la democracia.

“Existen compromisos asumidos con principios y valores que están reconocidos internacionalmente y dentro de esos parámetros siempre seguiremos actuando”, enfatizó.

Artículo de García en “Expreso” confirma alianza con fujimorismo
Finalmente, opinó que la reciente publicación del articulo “A la fe de la inmensa mayoría” en el diario Expreso, es una señal clara de la alianza que existe entre el Apra y el fujimorismo.

“La publicación en Expreso es una expresión más de lo que se venia señalando desde hace unos meses de lo que es la alianza básica y la alianza principal del gobierno del García. Es su alianza con los remanentes del fujimorismo y el montesinismo y de todos sus voceros mediáticos. Esto confirma que estas apreciaciones que hemos sosteniendo desde que se estableció con claridad esta alianza en el Congreso y por parte de medios de prensa vinculado a esas posiciones”, concluyó.

Jorge Villasante: Debe conformarse equipo técnico-ministerial en torno a Convenio 169 y avanzar en diálogo que no sea de coyuntura

Ideeleradio.- El gobierno debe iniciar un diálogo de más amplio nivel y que no sea de coyuntura para abordar específicamente los alcances del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y conformar para ese fin, un equipo técnico que sea liderado por uno o dos ministros de Estado, planteó Jorge Villasante, titular del sector Trabajo y Promoción del Empleo.

“En esta etapa será bueno, buscar que parte del gobierno no sé si los ministros o sólo los ministros puedan estar involucrados en ellos, yo si pensaría en un equipo de trabajo liderado por uno o dos ministros, que pueda abordar la problemática integral en su conjunto, específicamente del Convenio 169, que en parte era la madre del cordero. Creo que allí deberíamos avanzar en función de un diálogo que no tiene que ser de coyuntura”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Al momento, lo que se ha hecho es bajar la tensión social y eso va bien, pero creo que deberíamos iniciar sino un diálogo de más amplio nivel y determinando quienes son los interlocutores válidos, tanto por los sectores de las comunidades indígenas, nativos, amazónicos, no contactados, hay varias vertientes y obviamente por parte del gobierno también. Reitero, debería haber presencia ministerial, pero la presencia de un equipo técnico que vea el problema en toda su dimensión”, agregó.

Recordó que en su momento el presidente de la República, Alan García, dirigió un mensaje a la nación donde admitió que se había cometido errores que debían ser enmendados y que ahora se trabaja en esa línea, al instalar mesas de diálogo y de trabajo con las comunidades amazónicas y andinas.

No funcionan mecanismos de participación
En otro momento, lamentó que no estén funcionando eficazmente los mecanismos que permitan a las comunidades andinas y amazónicas participar de la toma de decisiones de sus autoridades. Indicó que las demandas no se deben focalizar sólo en el gobierno nacional y que no debe olvidarse de otros espacios de diálogo.

“Aquí el problema no solo es del gobierno central, sino si es que existen mecanismos de expresión a nivel de los gobiernos regionales y locales y esos mecanismos están previstos al momento de la ley, lo que pasa es que no están funcionando eficazmente”, refirió.

“(Por ejemplo), los presupuestos participativos permiten que las comunidades intervengan y hay expresamente disposiciones que reservan un porcentaje de participación a representantes de comunidades. En elecciones regionales y municipales, en aquellas zonas donde se reserva hasta un 15 por ciento para candidatos que representen a estas comunidades. Pero, estos mecanismos no están funcionando”, anotó.

Reconoció hasta cierto punto que las demandas de la población en las regiones no sean canalizadas correctamente por la ausencia de partidos políticos, pero enfatizó que el problema radica en que las comunidades no escogen bien a quienes los representan. Precisó que en este último punto no se refiere a los Apus, pues estos no participan en los procesos electorales.

“Esto debería de servirnos de lección, como por ejemplo en el Gobierno Regional de Cusco, donde por la presencia de comunidades nativas se habla de un porcentaje de participación de los candidatos en las listas, sino que a veces no se trabaja con tiempo en la definición de quien representa a esas comunidades. Porque si habría participación de las comunidades, que canalice las preocupaciones y demandas de esos sectores, seguramente que los gobiernos regionales podrían atender los reclamos de esa región”, expresó.

Presidente evaluará desestimada censura
Al referirse a la desestimada censura del presidente del Consejo de Ministros, comentó que ese proceso forma parte de un régimen de división de poderes, en el que el Poder Legislativo ejerce un control político de fiscalización del Poder Ejecutivo.

“Obviamente es el juego democrático el que permite primero la interpelación, la explicación y de ser el caso el voto de censura. Al margen de que no se alcanzó la mayoría, sin embargo estimo que el presidente de la República hará una evaluación en su contexto global y en función de lo cual me imagino que va a tomar una decisión. Y el presidente sabe que los cargos de los ministros siempre están a su disposición”, argumentó.

Tardanzas o ausencias durante el paro serán recuperadas
Villasante Araníbar reafirmó además que las horas de retraso o la inasistencia a un centro de trabajo, generadas por la ausencia de vehículos que acataron el paro nacional de los transportistas, no deberán ser contempladas con una sanción por parte del empleador, pero si recuperadas oportunamente.

“Hicimos una primera evaluación y había una causa objetiva que imposibilitaba que todos los trabajadores ingresen a tiempo. Eso nos hizo generar una tolerancia promedio de dos horas que tendrían que ser recuperados en un acuerdo entre empleadores y trabajadores y si había casos de personas que no podían llegar, los empleadores tenían que entender que eso, ni la ausencia ni la tardanza, puedan imputarse como una falta. Y lo segundo, es que se establezca un mecanismo de recuperación para no afectar al trabajador. En efecto, por esto no podría sancionarse a ningún trabajador”, explicó.

Ratificó también que se debe diferenciar la situación de Lima y Callao de otras regiones, porque en la capital la restricción del servicio fue notoria. Recordó que al hacer un monitoreo en un promedio de 100 empresas de distinta actividad económica y determinadas aleatoriamente, se registró una asistencia de un 96 %.

“En realidad la asistencia ha sido masiva en el propio caso del ministerio de Trabajo, a las ocho de la mañana teníamos ya más de 60% trabajadores y a las nueve de la mañana un 98%. Ahora, se (de tomar en cuenta que se) estima que el promedio ordinario de asistencia en una empresa de 100 trabajadores está entre el 95 o 96%”, complementó.

Posiciones extremas determinaron el paro
El titular de Trabajo, declaró, además que el paro nacional de transportistas se desencadenó por las posiciones extremas de algunos de sus dirigentes, a pesar de la mesa de diálogo sectorial que inició el ministro Enrique Cornejo.

“Hay algunos temas sectoriales respecto a lo cual, la gente cree que si toma una medida de fuerza podría eventualmente lograr la inaplicación de un determinado dispositivo. En este punto hay que señalar que tenemos un sistema de transporte caótico y la prueba de eso son la cantidad de muertes en las ciudades. Debe evaluarse cuales son las causas de estos accidentes de tránsito, en el que siempre habrá resistencia de quienes son los más infractores”, apreció.

“Lo que ocurre es que el ministro de Transportes desde que inicio su gestión tiene una mesa de diálogo con los transportistas evaluando diversos temas y también es cierto que hay posiciones extremas, y hay quienes prefieren seguir siendo infractores y no aceptar un nuevo régimen. Estuvimos trabajando parte de la reglamentación y el ministro de Transportes ha trabajado este tema con los gremios final y hay quienes esperan a último momento cuando ya se han promulgado algunos decretos”, concluyó.