miércoles, 24 de junio de 2009

Roberto Pereira: Muerte de PNP en Estación 6 no se produjo por transmisión de Radio La Voz porque su señal no llega a esta zona


Ideeleradio.- La versión de que los nativos del distrito de Imazita asesinaron a efectivos de la Policía Nacional producto de una transmisión realizada por Radio La Voz de Bagua Grande (Utcubamba) es falsa porque la señal de esta emisora no llega a la Estación 6 de Petroperú, aseguró Roberto Pereira, abogado de este medio de comunicación.

“Hay un hecho contundente, esta tesis que los nativos de la Estación 6 de Petroperú, enardecidos por la difusión de los hechos (de la Curva del Diablo) que se realizaba por Radio La Voz, cometieron los trágicos sucesos de Amazonas, es absolutamente imposible, porque la frecuencia de Radio la Voz de Bagua no llega a la zona de la Estación 6. Es técnicamente imposible que esta radio haya tenido algo que en esta situación”, afirmó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“No hay ninguna imputación formal (como una denuncia fiscal), lo único que tenemos como dato a estas imputaciones es una entrevista que le hizo Rosa Maria Palacios al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon cuando la periodista le preguntó si no era un despropósito haber cerrado Radio La Voz y él le contestó, tendrías que haber escuchado lo que esa radio transmitía. Es decir, un control de los contenidos, esa fue la respuesta del premier”, indicó.

Agregó además que le han enviado al programa “Enemigos Íntimos” que se emite por Frecuencia Latina, una carta de rectificación, porque transmitieron un audio en el que aseguraron que esta emisora instigó a los nativos para que cometan actos de violencia en Bagua.

“En el programa Enemigos Íntimos se pone un audio en el que se imputa a La Voz, haber trasmitido los hechos de Bagua y que esto desencadenó a la violencia en la Estación 6. Hemos enviado una carta de rectificación a este programa, porque en primer lugar, la voz que se escucha en ese audio no pertenece a ningún locutor ni reportero de Radio La Voz de Utcubamba, ni responde a ninguna llamada que haya recibido cuando abrió las líneas en el contexto de los trágicos sucesos de Bagua”, dijo.

“Por lo demás, aún sea el caso que una emisora, transmita lo que la gente denuncia y abra los micrófonos, eso no puede ser sujeto de un control administrativo. La única manera para controlar contenidos, es si estos califican un ilícito penal”, detalló.

Pereira Chumbe, aclaró en otro momento, que un testigo que aparece en esta misma transmisión del programa de Frecuencia Latina, afirma que fue una radio de alcance nacional la que transmitió los sucesos de Bagua. Dejó entrever que se trataría de Radio Programas del Perú (RPP).

“Esto tendrá que ser explicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por qué tiene una vara con unos y otra vara con otros. Debo aclarar que la conducta (del MTC), sea a un medio de alcance nacional o local resulta siendo arbitraria”, señaló.

Sostuvo que se viene utilizando “peligrosamente” y sin ningún sustento legal, la figura de una supuesta instigación.

“La instigación no es la expresión de cualquier opinión que disguste o que pueda coincidir con un determinada protesta, eso no es instigación. Se esta utilizando alegremente esta palabra, lo cual es muy peligroso y puede transmitir un mensaje negativo para generar la autocensura, lo cual es inaceptable en una democracia”, refirió.

Infracciones imputadas por el MTC ya fueron resueltas
El abogado, sostuvo que no existe ninguna justificación para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) haya procedido a la cancelación de la licencia de Radio La Voz de Bagua Grande (Utcubamba).

Explicó que los fundamentos en los que el MTC basa la medida entablada contra esta emisora radial, como el funcionamiento de la radio en un lugar distinto al asignado, la no homologación de su equipo transmisor y la no homologación de su antena, son puntos que ya fueron resueltos por este medio de comunicación, por lo que el cierre no tiene justificación.

“Los tres argumentos han sido absueltos por Radio La Voz, el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones homologó la antena en febrero y en marzo el MTC aceptó inscribirse en el plan de homologación anual para homologar el transmisor. Con respecto al lugar distinto, la radio presentó en enero dos certificados de la Municipalidad de Bagua afirmando que el lugar asignado por el ministerio es imposible para que funcione una planta de transmisión radial. Pese a toso esto, increíblemente decide la cancelación de la licencia de Radio La Voz. Tres supuestas infracciones que a la fecha de la cancelación ya estaban perfectamente absueltas y explicadas al MTC”, explicó.

Comunicado del MTC es contradictorio
En otro momento, Roberto Pereira aseveró que el comunicado emitido el fin de semana por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre el cierre de radio La Voz, es contradictorio y afecta el debido proceso.

Como se recuerda el MTC emitió un comunicado donde realiza una nueva imputación a este medio, la cual no figura en la resolución viceministerial de cancelación de licencia, señalando el uso de una frecuencia distinta a la autorizada.

El letrado aseveró que la nueva imputación fue también subsanada en su momento por radio La Voz, bajo un documento de la fiscal de prevención del delito y un funcionario del MTC.

“Ahora se le impugna a Radio La Voz utilizar una frecuencia sobre la cual no había solicitado una autorización, lo que se superó en el mes de febrero o marzo, sobre una frecuencia auxiliar de enlace. En su momento se hizo la inspección, se levantó una acta y el MTC nunca imputó una infracción en ese momento”, concluyó.

Pedro Barreto: Si trabajadores asumen administración de Doe Run será un momento histórico para recuperación ambiental de La Oroya


Ideeleradio.- Si los trabajadores asumen la administración de la operadora Doe Run será un momento histórico para los pobladores de La Oroya y Junín, porque se podrá iniciar un proceso de mejoramiento de la fundición y de la recuperación ambiental de la mano con el sector privado y la regulación del Estado, afirmó Monseñor Pedro Barreto, presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).

“Es un momento histórico para La Oroya y para la región Junín de que los trabajadores sean protagonistas de este proceso de recuperación de la fundición y de la recuperación ambiental. En segundo lugar, no creo que los trabajadores sean sólo los protagonistas; hay más de diez empresas mineras que proveen del mineral y ellos tienen que tener una participación activa dentro de la gestión de la fundición y lógicamente el Estado tiene que ser como un ente regulador para asegurar que se revierta lo que pasa en Doe Run”, estimó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

En ese sentido, dijo esperar que los trabajadores, la sociedad civil, el Estado y las empresas mineras con responsabilidad social puedan tener un único lenguaje, el de la verdad, para hallar una solución pacífica a este problema. Mencionó que este diálogo debe estar por encima del dinero y del lucro para que se dé una verdadera defensa de la vida y de la dignidad de la persona.

Cuestiona demora del Estado
El también Arzobispo de Huancayo y coordinador de la Mesa de Diálogo Ambiental Regional de Junín cuestionó la falta de decisión política del Estado por demorarse en atender los problemas de La Oroya. Calificó de tardía la designación del congresista y ex premier Jorge del Castillo como “facilitador” del diálogo.

“Desde el pasado 12 de marzo comenzó este vía crucis para los trabajadores de Doe Run y para la región Junín. Sin embargo, el Estado ha tenido que esperar a que se bloquee la carretera central para recién intervenir (a través del congresista Jorge del Castillo). Eso es muy doloroso”, criticó tras considerar que será difícil recuperar La Oroya.

Yehude Simon ha tomado el "toro por las astas"
No obstante, destacó el coraje del premier Yehude Simon de tomar “el toro por las astas” y buscar una solución a los conflictos sociales que existen en el interior del país. Dijo que Simon Munaro será recordado tal vez no como político, sino como persona humana.

“El tiempo lo dirá. La figura de Yehude Simon como político para algunos ya ha terminado pero como persona humana realmente lo admiro, porque sencillamente ha tenido el coraje de tomar el toro por las astas y dialogar, dialogar y dialogar (con quienes protestan en el interior del país), expresó.

“Creo que la derogatoria de los decretos legislativos (1090 y 1064) que causaban gravísimos problemas en la Amazonía es debido a él y la historia lo reconocerá no tanto como político, sino como una persona integra de principios que nadie puede negar que se ha vendido a una ideología, sino que ama y quiere sacar adelante al país de un atolladero que se está viviendo”, agregó.

Resaltó que el gobierno debe buscar la globalización de la solidaridad para poder oír el clamor de la población, como cuando escucha a los empresarios del país.

“El señor (Alan) García ha escuchado en gran parte a los empresarios y está bien porque sin empresa no hay un desarrollo del país, pero no ha escuchado el clamor del Perú que necesita una propuesta de solidaridad. (Ahora) lo que hay que globalizar es la solidaridad no la globalización económica que muchas veces trae como consecuencia lo que estamos viviendo hoy”, agregó.

Defenderé La Oroya con mi propia vida
El presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) dijo que defenderá con su vida los intereses de La Oroya, pese a las presiones políticas o amenazas de muerte en su contra.

“No soy la persona indicada para juzgar (a mis detractores), pero lo que sí puedo decir es que desde hace cuatro años que se propuso la mesa de diálogo y han habido algunos sectores de parte de la empresa (Doe Run) y de la política que buscan denigrar e insultar, incluso de amenazas de muerte”, subrayó.

“(Por ejemplo) hace cinco años recibí una llamada telefónica dándome un pésame por mi muerte, con el fin de callar la voz de la iglesia pero lógicamente en vez de desanimarme me señaló el camino que Jesús mismo vivió. Y ahora hace unos 10 o 12 días pasearon un ataúd con mi nombre. Eso en vez de desanimarme quiere decir que la iglesia tiene una voz y la iglesia no puede callar cuando están violando los derechos de las personas humanas. Por eso como he dicho en varias oportunidades estoy dispuesto a dar la vida por mis hermanos de La Oroya a quienes quiero mucho y comparto sus sufrimientos y esperanzas”, enfatizó.

Conflictos sociales podrían agudizarse por conjunción de compromisos incumplidos e intereses electorales


Ideeleradio.- Los conflictos sociales podrían agudizarse por la persistencia del gobierno de no abordar los problemas de fondo de las regiones, de no cumplir con los compromisos asumidos y probablemente por intereses políticos electorales, estimó Javier Azpur, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana.

“Seríamos inocentes, si no aceptáramos que va a haber intereses políticos electorales en las dinámicas de conflictos que pueden generarse. El problema está en cuál es la base de legitimidad que tengan estas movilizaciones. (…) Pero, la pregunta es ¿Qué es lo que les permite a ellos capitalizar, promover y liderar una movilización? Éstas no son de cinco o diez personas, son significativas, tiene que ver justamente con que los acuerdos no se cumplen y no se llevan a la práctica”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Comentó que los conflictos se seguirán generando si no se solucionan los problemas de fondo, si no se cumplen los compromisos y si la propia autoridad regional y local no asumen su responsabilidad en parte de los compromisos y la resolución de los conflictos

Recomendó, por lo tanto, que se requiere un seguimiento muy detallado no sólo de parte del gobierno, sino de diversos sectores incluidas las autoridades regionales y locales, para que el Ejecutivo asuma sus obligaciones y logre niveles de concertación.

Yehude cumple el mismo papel que Del Castillo
Azpur Azpur cuestionó, en ese sentido, que el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon esté cumpliendo el mismo rol personalista que Jorge del Castillo, cuando estuvo a cargo de la PCM. Estimó que el nivel de incumpliendo del gobierno pasa por temas generales, como la descentralización fiscal o el seguimiento del trabajo del Ceplan (Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico), y por no consumar los acuerdos de las actas firmadas con las mesas de diálogo.

“Lamentablemente (Yehude) está cumpliendo el mismo rol que cumplía el anterior presidente del Consejo de Ministros, lo que sucede es que los instrumentos no le permite transferir responsabilidades a los gobiernos regionales y locales, esto tiene que ver con la indecisión del gobierno y de la PCM de ejercer un efectivo proceso de transferencia. Ese proceso debió iniciarse desde el primer día”, señaló.

“Sólo para dar un ejemplo, hace 15 meses se dijo que se iba a instalar el proceso para negociar el proceso de descentralización fiscal, pero hasta el momento ningún premier ha podido sentar al ministro de Economía para hacer una descentralización fiscal efectiva. Hasta este momento, no existe la Ley de organización y funciones de los ministerios, y allí hay una responsabilidad de la PCM y de política general. Eso no se ha cumplido y ahora ya es tarde, porque estamos en los tiempos de un nuevo gabinete”, acotó.

Lamentó que seamos un país sin capacidad de planeamiento a pesar de que a fines del 2008 se dio inicio al Ceplan que definirá el rol de las autoridades, las juntas de coordinación interregional o las mancomunidades. Consideró que la resistencia clave al planeamiento proviene del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) porque esta institución no quiere perder poder sobre la asignación de recursos.

Incumplimiento de agendas locales
Precisó como ejemplo, que en el caso de Canchis (Cusco) no se realizó el estudio del impacto ambiental del proyecto Hidroenergético Salcca Pucará y que en el caso de Andahuaylas muchas de las demandas tienen que ver con compromisos no asumidos. Anotó que el conflicto en la Amazonía se desencadenó por la inobservancia del Convenio 169 de la OIT en la emisión de un paquete de decretos legislativos.

“En la Amazonía, la población no le cree al gobierno, a ninguna autoridad. Las encuestas no están mostrando una caída espectacular del gobierno, sino el descrédito del sistema político, que se resuelve legitimando el diálogo. (…) Este no es un problema de imponer decisiones, sino de negociar y dialogar con seriedad. Esas actas firmadas deben ser un compromiso que involucre a todos los niveles, para que en base al diálogo encuentre niveles por lo menos de soluciones parciales. Lo que es inadmisible es que la autoridad no asuma sus compromisos y eso genera desconfianza”, advirtió.

Gabinete se agotó porque no dialogó
Indicó que el cambio de gabinete terminó agotándose porque no optó desde el inicio por el diálogo, porque hizo un mal manejo del conflicto con la Amazonía y porque no se asumió una verdadera voluntad de enmienda cuando el Congreso persistió en defender los inconstitucionales decretos que no fueron consultados.

“Este gabinete se ha agotado porque no ha dialogado y aquellos que recurren al principio de autoridad como elemento central del quehacer democrático olvidan que también está el principio de justicia, de equidad, del derecho a ser escuchado, esos son los elementos fundamentales de la democracia. No es imponer el orden a como de lugar, porque esa es una democracia que se basa en la fuerza, y esa democracia puede durar un tiempo, pero pierde legitimidad en muy corto plazo y lo que genera más bien es que se exacerbe la polarización y el conflicto. Se debió mantener el diálogo, la negociación y el acuerdo”, refirió.

Descentralización, conflictos, gobierno nacional y regional
Estimó que los conflictos deberían ser trabajados con los gobiernos regionales, pero se trasladan al Gobierno Nacional porque es este nivel quien tiene capacidad de decisión. Por ello, dijo que se debe incidir en la descentralización, que busca que la población tenga niveles más cercanos de interlocutores con la capacidad de resolver sus demandas.

“Yo creo que los presidentes en los casos de la amazonía, han cumplido un rol de intermediación importante, pero es evidente que los presidentes regionales tienen que pararse firme y decirle al gobierno nacional que quieren ser gobierno ejecutivo en la región, que no quieren ser constructores de carreteras, sino para formular e implementar política y esa negociación tiene que resolverse en los próximos meses si es que no queremos tener un proceso de reforma descentralista”, argumentó.

“La descentralización tiene el objetivo de que la población tenga niveles cercanos de interlocutores con la capacidad de resolver sus demandas, de canalizar sus intereses. Pero, en el diseño actual de la descentralización nos encontramos con problemas serios, como la falta de instrumentos para realmente enfrentar los temas de política de gobierno de las regiones, que tiene que ver con la ausencia de un costeo y una evaluación clara de lo que tiene que hacer cada nivel de gobierno”, concluyó.