martes, 23 de junio de 2009

Sutep rechaza estar detrás de protestas y acusa a Simon de actuar como “camaleón”


Ideeleradio.- El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) rechaza la versión del premier Yehude Simon y niega estar detrás de los actos violentos en el interior del país, sostuvo Hanner Villena Zúñiga, secretario general de esta organización, tras calificar de “camaleón” al jefe de gabinete.

“Hay que informarle al premier Yehude Simon que el señor Robert Huaynalaya ya no pertenece al Magisterio porque él ha sido destituido por el gobierno a través del Poder Judicial. Por lo tanto, indicar que el Sutep estaría detrás de estas movilizaciones es totalmente falso”, afirmó en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Yo lamento mucho las expresiones del premier (en torno a la responsabilidad del Sutep en las propuestas), quien lamentablemente ha perdido la personalidad y actúa como el camaleón de acuerdo a la ocasión porque ya perdió su identidad de la cual procedía y que su pasado histórico lo dice (respecto a su afiliación izquierdista)”, anotó.

Sutep está en la marcha pero no es responsable de actos violentos

Para el dirigente, es natural que se les observe marchando junto con los pobladores de las provincias de Andahuaylas (Apurímac), Sicuani (Cusco) y La Oroya (Junín), donde se registran conflictos sociales con bloqueo de carreteras, porque ello forma parte de un convenio de lucha con distintas organizaciones.

“Es natural ver al Sutep en una movilización porque el Sutep integra todos los frentes de defensa a nivel de las regiones, pero eso no implica que estemos involucrados en actos radicales. Si dice que esos actos son de un pequeño grupo y que el gobierno los tiene identificados, como al señor Huaynalaya ¿Por qué no los detiene?”, cuestionó.

“Hay que aclarar que el Sutep integra el Frente de Defensa por la Vida y la Soberanía y al ser integrantes en este frente y haber un acuerdo de luchas hemos participado activamente en las movilizaciones. Reitero, no sólo pertenecemos a este frente sino a la CGTP y los acuerdos que se han tomado a ese nivel hacen que nuestra participación en las movilizaciones sea activa”, acotó.

Gobierno genera condiciones de protesta y no podría llegar al 2011

Villena Zúñiga sostuvo que el Gobierno Central está generando una serie de condiciones para que en el interior del país se produzca una protesta social, como la ocurrida en las provincias de la Amazonía, donde murieron 34 personas, entre policías y civiles, tras una intervención policial en la “Curva del Diablo” (Bagua).

“Creo que el gobierno ha venido generando las condiciones para que las reacciones en el interior del país sean contundentes, por eso el gobierno retrocedió en esos decretos legislativos. Ellos mismos están generando las condiciones para que la protesta social crezca. Lo que tienen que hacer (el gobierno) es eliminar el arancel a cero y grabarles un impuesto a las mineras”, apuntó.

“Es bueno que las empresas mineras empiecen a pagar lo que por años se les ha favorecido sino precisan esos cambios y no hay aumentos ni salarios, el mismo gobierno está generando las condiciones para que este gobierno no termine su mandato hasta el 2011”, advirtió.

Cambio de gabinete

En ese sentido, consideró que debe haber un cambio sustancial en el gabinete empezando por el premier Yehude Simon. “Creo que dentro del gabinete debe existir un cambio sustancial porque si vamos a mantener a un personaje como Yehude Simon que ha perdido toda identidad, a quien le digitan el discurso y se limita a acusar de senderistas y radicales a todos los grupos opositores, no creo que esa sea la fórmula”, expresó.

“La formula es que exista un gabinete que dé un cambio de rumbo en la política económica y un ministro de Educación que se preocupe por mejorar la calidad educativa y no en desaparecer a un gremio que como el Sutep. Por eso, se debe implementar el Proyecto Educativo Nacional, la restitución de la jornada escolar y el incremento del presupuesto del sector educación”, agregó.

Defiende a Patria Roja y nuevos espacios

Finalmente, Villena Zúñiga defendió al movimiento político Patria Roja y dijo que este grupo solo impulsa una propuesta diferente porque existe la necesidad de articular un “Proyecto Nacional de Desarrollo” que es contar con un arancel cero y que las empresas mineras paguen las sobreganancias.

“La propuesta del Sutep es que se elimine el arancel a cero que sólo viene favoreciendo a un pequeño grupo de poder, entre ellos el Grupo Romero. Es hora que el Grupo Romero pague los impuestos que debe pagar. Otro propuesta es que se elimine el Plan Anticrisis porque sólo favorece a las grandes empresas con el apoyo del gobierno. Eso no favorece el aumento de sueldos y salarios a toda la población dentro de ellos el magisterio”, declaró.

“Eso es una propuesta que venimos difundiendo a nivel nacional y articular propuestas no creo que sea actuar radicalmente como lo pretende hacer ver el gobierno y el premier. Eso es lamentable porque lo único que está generando es simplemente el crecimiento de un descontento social, como lo dijo Javier Diez Canseco, que está creciendo y se está articulando en espacios como este Frente de Defensa de la Soberanía como la Coordinadora Política Social y que entendemos que esto servirá de ejemplo o en todo caso para consolidar a este gran sector y podamos por qué no llegar al gobierno”, concluyó.

Javier Diez Canseco: Si García no soluciona demandas de población, no llegará al 2011


Ideeleradio.- Si el gobierno aprista no soluciona las demandas sociales del interior del país y no realiza cambios en el gabinete que preside Yehude Simon, la crisis social se ahondará y Alan García no culminará su periodo presidencial en el 2011, afirmó el ex congresista Javier Diez Canseco.

“Si García sigue igual, la crisis se ahondará, porque la explosión social no tiende a apagarse, sino a extenderse y a extenderse sin un liderazgo y una propuesta única sin capacidad de negociación. Si García ahonda la crisis y no abre mecanismos de búsqueda de cambio, corre el riesgo de acelerar los tiempos políticos y no va llegar al 2011. Ante esta situación, es probable una crisis política fuerte que remezca al gobierno de García”, estimó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“En América Latina, (hay una) cantidad de gobiernos que han tenido elección por voto popular, han producido el enorme hartazgo en la población y ante su incapacidad de responder a los problemas elementales, no han culminado su periodos, eso ocurrió en Ecuador y Bolivia. Que el gobierno se mantenga depende del mismo García y de la forma como conduzca este tema”, acotó.

Llegaría al 2011 con inestabilidad
El sociólogo aseveró además que el gobierno aprista debe dejar de lado la “tozudez” y cambiar de rumbo. Además, dijo que le gustaría que se produzcan cambios en el Consejo de Ministros.

“Si García insiste en la misma política, en la tozudez de abandonar a su suerte los conflictos, indefectiblemente vamos a tener un gobierno que si llega al 2011 llegará en medio de una enorme inestabilidad o si no se acortaría su mandato. (…) Me gustaría que se enmiende el rumbo y haya un gabinete que haga profundos cambios, pero tengo serias dudas que se dé esta posibilidad. (…) Es un gobierno que está profundamente debilitado”, expresó.

Las últimas cenizas de Simon
Manifestó que el jefe de Estado buscará “incinerar hasta la última ceniza” del presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon, quien viajó a Andahuaylas para solucionar las demandas de la población, que acata un paro indefinido desde hace dos semanas.

Indicó que todos los conflictos que se viene generando en el país “eran previsibles”, pero el gobierno lamentablemente los negaba. Consideró que todos nacen producto de la crisis económica que azota al país y que no es reconocida por el Estado.

Señaló que detrás de las protestas hay movimientos sociales activos, pero desarticulados. “Hay movimientos con liderazgos locales y que revientan frente a los problemas, pero no obedecen a un todo, a una conducción”, manifestó.

“Necesitamos un cambio de rumbo que implica algo más que un cambio de gabinete. Cambiar la legislación para que las comunidades no se sientan amenazadas y la consulta se ejerza y se recupere control sobre los recursos naturales. (…) Necesitamos una propuesta de país alternativo”, añadió.

Gabinete “manchado de sangre”
Acotó que el gabinete ministerial se encuentra “manchado de sangre” y atraviesa una crisis producto de la profunda incapacidad y torpeza para manejar los problemas del país.

“Simon es un personaje que no tiene capacidad de gobernar. Cualquier amenaza de acción policial tiene la sombra de Bagua. Tiene a una mujer como ministra del Interior que es rechazada por la Policía (Mercedes Cabanillas), la Policía siente que es un agravio e insulto tenerla como ministra, porque les sopla la responsabilidad de todo a los coroneles y a los generales”, dijo.

“Es un gabinete con las manos manchadas de sangre, hay 34 personas muertas y desaparecidos en cantidad. Los Apus dicen que son 109 personas que faltan en sus comunidades. Nadie puede creer la versión gubernamental (sobre las cifras de muertos y desaparecidos) y la primera prueba es que se tiene a un mayor de la policía desaparecido”, sostuvo.


Asamblea Constituyente y gabinete “negociado”
En otro momento, el ex legislador propuso la realización de una Asamblea Constituyente, con el objetivo de cambiar la actual Constitución que data del año 1993.

“Se necesita en el país un cambio de fondo, una visión de país, una nueva forma de manejo del Estado, que las autoridades respondan a la población, que estén sujetas al control ciudadano, que haya una democracia participativa. Se necesita que el país recupere el control de los recursos naturales y los use en medio de la crisis en función de su beneficio”, aseveró.

“Todo esto requiere de una Asamblea Constituyente, que revise una Constitución, que no permite estos cambios y que ha congelado un modelo neoliberal desde la época de Fujimori, que no permite resolver los problemas del país. (…) Tenemos gabinetes fusibles y débiles sujetos a presión social para frenar la política económica neoliberal o para conceder determinadas concesiones”, añadió.

Diez Canseco Cisneros planteó la creación de un gabinete ministerial “negociado que reconozca la existencia de fuerzas de oposición legitimas”.

El fin del “Perro del Hortelano”
Indicó que la situación de conflictos establecidos en el país, debe llevar al presidente a poner fin a su visión del “Perro del Hortelano”.

“La situación lleva a un frenazo de la tesis del Perro del Hortelano. Alan García va a tener que frenar su pretensión de imponer una nueva ofensiva neoliberal privatizadora, de privilegios a los grupos económicos, de desatención y maltrato a los trabajadores del campo y la ciudad, así como de abandono al agro”, argumentó.

“Las demandas sociales lo obligarán a replantear todo, pero con la alianza establecida con Unidad Nacional y el Fujimorismo, no creo que lo logre”, acotó.

Ollanta o Marco Arana
El ex legislador afirmó que es necesario que en el país destaquen los movimientos regionales y grupos sociales, como una alternativa de cambio en el país. Aseveró que actualmente los que más destacan se encuentran Ollanta Humala y el padre Marco Arana.

“Se debe incluir a los movimiento sociales en el escenario político. (…) De este conjunto de fuerzas debería surgir una alternativa y debería tener una expresión electoral para ser gobierno y poder aplicar las propuestas de cambio de rumbo que el Perú reclama. Hay diversas candidaturas que están en el tapete como la de Ollanta Humala y el sacerdote Marco Arana, que aún es incipiente. Además tenemos los candidatos de los pueblos indígenas que últimamente han cobrado notoriedad”, concluyó.

IDL: FF.AA. deben ser sumamente cautas al apoyar a Policía en Apurímac, Cusco y Junín


Ideeleradio.- Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) deben ser sumamente cautas cuando apoyen a la Policía Nacional (PNP) en el normal funcionamiento de los servicios esenciales en Apurímac, Cusco y Junín, y el Congreso ejercer una labor de control de esta tarea excepcional del personal castrense en cuestiones de orden interno, planteó Ana María Tamayo, responsable del Área de Defensa y Reforma Militar del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“El Ejecutivo tiene que ser sumamente cauto en el despliegue de nuestra Fuerza Armada en estas tareas de apoyo a la PNP, porque es la PNP la que tiene la misión constitucional de resguardar el orden público y son circunstancias extraordinarias y por lo tanto no permanentes que habilitan que hagan este despliegue, siempre y cuando haya una conducción y control por parte del Ejecutivo y por parte del Parlamento (respectivamente). Lo que nunca se verifica en la práctica es ningún control efectivo respecto a los Estados de Emergencia y a las situaciones a las que estas se han decretado y se han desarrollado”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Indicó que el ministerio de Defensa tendría que ser sumamente escrupuloso al dictar las directivas correspondientes que ordene el despliegue de las Fuerzas Armadas para el fin que señala la resolución suprema, publicada hoy en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

“(Se debe ser escrupuloso) sobre todo tomando en cuenta que la normatividad que existe en relación a la Ley 29166, la ley del empleo de uso de la fuerza, tiene pendiente ante el TC una demanda de inconstitucionalidad por algunos puntos particulares y sabemos que existe personal militar que está seriamente preocupado por esta norma”, agregó.

En Andahuaylas (Apurímac), Canchis (Cusco) y Doe Run (Junín) se han registrado conflictos sociales por plataformas y reclamos distintos. Según el dispositivo del gobierno, el control del orden interno permanece a cargo de la Policía Nacional, salvo en aquellos lugares que están bajo Estado de Emergencia con el control del orden público encargado a las Fuerzas Armadas.

Tamayo Flores explicó que los institutos armados no pueden suplantar a las autoridades políticas, porque el concepto de autoridad política militar fue zanjado oportunamente por el Tribunal Constitucional (TC).

“La autoridad militar tiene que concretarse estrictamente a las directivas que dicta el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a su vez bajo responsabilidad del ministro de Defensa. Sólo pueden abocarse a tareas estrictamente contenidas en esas directivas. No pueden tomarse atribuciones políticas y tienen que acotarse a lo que está (señalado)”, declaró.

Defensoría del Personal Militar debió ser debatida
En otro momento, se refirió a la resolución que crea la Defensoría del Personal Militar, oficina que defenderá los derechos de los militares frente a cualquier amenaza o afectación directa a su bienestar, los orientará respecto a la prestación de servicios legales para la defensa del personal militar y promoverá el acceso a la información sobre la situación institucional ante los organismos públicos y privados.

“El primer comentario que me suscita respecto a esta creación de la Defensoría del Personal Militar es que no habido desde el Ministerio de Defensa, en general desde el Ejecutivo, ni del Congreso debate alguno sobre la idea. (…) Lo que aquí hubiese sido sumamente útil es un debate público, entre las instituciones públicas con una presentación de contenidos en diversos niveles, que en mi opinión confunden el sentido original”, aseguró.

“Creo que hay que rescatar la idea de una Defensoría del Personal Militar en el sentido original del tema (…) para resguardar y tutelar la posible vulneración de los derechos del personal militar por la propia institución. Ese es el sentido original del tema cuando la propia institución pudiera vulnerar los derechos de su personal dado que es una organización jerárquica y aunque en teoría el superior debería conocer lo que está pasando, no necesariamente eso sucede así con un despliegue territorial tan complejo de nuestra Fuerza Armada”, acotó.

Cuestionó, en ese sentido, que se plantee que esta institución del Ministerio de Defensa les proveerá de defensa legal a sus integrantes, cuando esta es una cuestión que ya está regulada y normada. Criticó as u vez que se establezca como función de esta Defensoría la difusión los logros y actividades de las Fuerzas Armadas, cuando esta es una actividad más vinculada a la política de comunicación o de relaciones públicas.

Finalmente, calificó de interesante que se haya mencionado la supervisión de la provisión de servicios básicos para personal militar destacado a cumplir misiones militares o el cumplimiento de goces y beneficios.

IDL: OCMA suspendió a esposa de Moisés Tambini y otros dos vocales por declarar prescrito Caso Frontón


Ideeleradio.- La Oficina Control de la Magistratura (OCMA) suspendió a la vocal Nancy Ávila León, esposa del ex jefe de los procuradores Moisés Tambini, y a otros dos vocales, por declarar prescrito el Caso “El Frontón”, sin motivar ni fundamentar las razones por las que se debía desconocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigía al Estado investigar y sancionar a los responsables de este crimen ocurrido en 1986.

Así lo informó Silvia Romero, integrante del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL) tras precisar que los jueces superiores Nancy Tiburcia Ávila León de Tambini y Jorge Egoavil Abad fueron suspendidos por 30 días sin goce de haber, mientras que el magistrado Mallson Urbina La Torre recibió una sanción de 10 días de suspensión. Éstos integraron la Sala que acogió el Hábeas Corpus presentado por el ex marino Teodorico Bernabé Montoya y declaró prescrita la acción penal en su contra.

“Esto es muy importante, porque destaca que ha existido una falta de motivación que constituye un principio constitucional. Es una resolución extensa que sostiene que (los vocales) no se han tomado la molestia de detallar (su posición) de por qué no sería de aplicación la resolución de la Corte IDH que obliga al Estado peruano a sancionar a los responsables. Igualmente en el caso del vocal Mallson Urbina, que emitió un voto final que concluyó con la prescripción”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Comentó que la resolución de la OCMA menciona de manera contundente que los argumentos del vocal Mallson Urbina carecen de consistencia y racionabilidad pese a la cantidad de argumentos que vertió en su fallo.

Romero Borda remarcó que la resolución de la OCMA firmada por el juez supremo Víctor Lucas Ticona Postigo no está invadiendo la independencia judicial de quienes integraron la Tercera Sala Penal con Reos Libres.

Dijo que el órgano de control del Poder Judicial no analizó si los hechos ocurridos en el Frontón son delitos de lesa humanidad o no, sino que resalta con claridad mediana que existe una obligación de los magistrados investigados de exponer motivos razonables por los cuales consideraban que no se debería aplicar el fallo de la Corte para amparar el cese de la investigación de una persona implicada.

“La OCMA sostiene que no se puede alegar razones de orden interno para dejar de asumir esta responsabilidad interna establecida. (Esto) es resaltante porque marca finalmente la pauta para efectos de que si (los otros procesados) quisieran presentar un Hábeas Corpus, ya sabemos cuales deben ser los resultados porque los magistrados van a tener en cuenta lo que expone la OCMA en relación a los tratados internacionales, sobre la obligación de investigar y sancionar”, argumentó.

“Esta es una cuestión básica, lo que se ha visto es si han cumplido con fundamentar sus resoluciones y sostener porque no eran de aplicación los tratados internacionales. (…) Ese es el sentido de esta resolución, si algún magistrado va a aceptar un Hábeas Corpus que argumente lo mismo que Teodorico Bernabé que cuestionó el tema de la prescripción, los magistrados van a tener que pronunciarse sobre la prescripción detallando que es un crimen de lesa humanidad, como ya se pronunció el juez”, acotó.

Finalmente, resaltó que quienes resultaron agraviados con la resolución de prescripción, pueden activar las acciones civiles o penales correspondientes contra los magistrados suspendidos, por las dificultades que trajo consigo este fallo que estuvo reñido con el derecho.