viernes, 12 de junio de 2009

Lucila Pautrat: Gobierno utilizó TLC con EE.UU. como pretexto para no derogar decreto 1090

Ideeleradio.- El gobierno utilizó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) como pretexto para no derogar el Decreto Legislativo 1090, porque lo que realmente busca es aperturar el mercado de tierras de la Amazonía para otorgarlas a los inversionistas ligados al negocio de los biocombustibles, afirmó Lucila Pautrat, coordinadora del Equipo de Bosques de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

“El TLC se ha usado como pretexto para no derogar el decreto legislativo 1090. Las autoridades señalaron que si lo derogaban se afectaba el TLC con Estados Unidos, pero eso no es así. Con el 1090 modificado, ya estamos incumpliendo el TLC, porque algunas regulaciones no se han cumplido. (…) El gobierno lo que busca es abrir el mercado de tierras de las comunidades que el señor presidente (Alan García) había denominado en su discurso del Perro del Hortelano como tierras ociosa”, afirmó en el programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio.

“Han existido errores de algunas autoridades que han tratado de justificar el decreto 1090, señalando que favorece a la reforestación de tierras deforestadas, lo que no es verdad, porque las tierras deforestadas están en Tocache, en el Valle del Monzón, en las zonas cocaleras y no en la Amazonía. Esas zonas no son las que se van a entregar para los biocombustibles”, agregó.

La ex comisionada de la Adjuntía para los Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, aclaró que detrás de estas normas, existen grandes intereses de inversionistas privados.

“Lo que está detrás es el negocio de los biocombustibles, se necesitaba aperturar el mercado de tierras de la Amazonía de la selva baja, para otorgar tierras a los inversionistas privados que ya han solicitado al Ministerio de Agricultura, miles de hectáreas para la promoción de biocombustibles”, refirió.

“Con la modificatoria del 1090 se deja la posibilidad de hacer un cambio de uso de las tierras forestales y eso genera un incentivo perverso al tráfico de tierras porque actualmente COFOPRI viene entregando títulos de propiedad a pequeños colonos parceleros que deforestan, queman y abren chacras para poder acceder a un título o certificado de posesionario y después vender las tierras”, explicó.

Señaló que el gobierno no sólo ha violado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sino también el protocolo de enmienda del TLC con Estados Unidos, pues aseguró que ambos documentos afirman que se debe realizar una consulta previa a las comunidades nativas.

“Se ha debilitado la institucionalidad forestal y la misma administración forestal no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con el TLC, que señala la consulta previa. Si realmente se quisiera cumplir, no hay los recursos necesarios para garantizar un mejor control de la tala ilegal. No se ha avanzado nada en esto”, refirió.

“Las comunidades nativas tienen temor, porque la sobrevivencia de las comunidades depende de la calidad del bosque. Ellas (las comunidades) están bien alimentadas, pero en un bosque alterado, con invasiones y actividades contaminantes, éstas tienen afectaciones a su calidad de vida”, añadió.

Cuestionó la “forma arbitraria” en la que el Estado aprobó los cuestionados dispositivos legales, sin cumplir con los procedimientos correspondientes, como la pre publicación de las normas, la participación ciudadana y la consulta a las comunidades nativas.

En ese sentido recomendó que se abra un debate amplio sobre los decretos legislativos que atentan contra la Amazonía y se elabore una nueva Ley Forestal, pero con la previa consulta a “las comunidades, a los presidentes regionales, a los sectores industriales y a los organismos ambientalistas”.

“Las políticas de comercio de exterior y desarrollo, no pueden estar por encima de los derechos de los ciudadanos, afectar sus vidas y estar por encima de la Constitución”, concluyó.

Javier La Rosa: Existen elementos que llevan a sospechar que número de muertos en Bagua sería mayor


Ideeleradio.- Existen elementos que llevan a la sospecha de que el número de muertos en la provincia de Bagua es mayor a la lista oficial del gobierno y eso está registrado en los diversos testimonios que ofrecen los pobladores, afirmó Javier La Rosa, responsable del Área Acceso a la Justicia del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Quiero que todo esto se entienda en condicional, las cifras oficiales son las que se han mencionado, 34 personas. Sin embargo, hay algunos elementos que generan dudas y creo que ameritaría que haya una investigación imparcial y seria (en la provincia de Bagua)” expresó en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“¿Cuáles son estos elementos? Por un lado, tenemos testimonios que coinciden, porque no es posible que todas estas personas se hayan puesto de acuerdo para decir lo mismo, en el sentido de que ellos han visto a una serie de personas heridas o muertas y que de pronto ya no están (osea están como desaparecidos)”, comentó.

Más datos que llevan a la sospecha
Asimismo, denunció que la zona de conflicto fue cercada durante cinco días por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, bajo el respaldo del toque de queda que dispuso el Gobierno y dijo que este hecho es extraño, porque durante ese tiempo ninguna autoridad civil, representantes del Ministerio Público o de la Defensoría, pudo ingresar a “la Curva del Diablo” a constatar lo ocurrido.

“La zona en donde fue el enfrentamiento fue totalmente vedada hasta el día miércoles (10 de junio), no podía ingresar nadie e incluso recién ese día pudo ingresar el Ministerio Público. (Recuérdese que los sucesos ocurrieron el último viernes 05 de junio). Entonces es una situación bastante irregular, por decir lo menos”, criticó.

Para La Rosa Calle, estos sucesos configuran un nuevo cuadro de elementos que dan cuenta de un número mayor de víctimas respecto al rol oficial del gobierno. Aclaró que pese a la existencia de estas sospechas no se puede afirmar –todavía- que exista un buen número de muertos desaparecidos.

“Si a eso le sumamos los obstáculos que habían puesto las autoridades (militares y policiales) para que no puedan intervenir las organizaciones de derechos humanos, pues (inclusive) la propia Cruz Roja Internacional tuvo dificultades, entonces estamos creando un cuadro en el cual hay elementos para dudar y sospechar de las cifras oficiales”, declaró.

Hubo subordinación de autoridades
Cuestionó asimismo el desempeño de los representantes del Ministerio Público destacados en la zona, que no habrían actuado prudentemente dentro de los cánones constitucionales. Comentó que parecía una subordinación del poder civil frente al poder militar o policial.

“Nos sorprende la actuación del Ministerio Público en la zona. Hay algunos elementos que permiten explicar esto: Cuando el día martes pedimos entrevistarnos con los detenidos en la comisaría de Bagua Chica, lo que nos dijo el fiscal es que comprendiéramos la situación por la cual no se podía seguir los cánones formales e institucionales. Comprender esa situación es como decir hay que flexibilizar lo que dicen las leyes, lo cual obviamente discrepamos”, anotó.

“Sin embargo se notaba claramente la debilidad de las autoridades civiles, no sólo era un tema del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo tampoco pudo ingresar a la zona, lo cual nos hacía recordar épocas ya superadas en el país, la época de la guerra interna en la cual se dio esta subordinación del poder civil frente al poder militar o policial”, denunció.

Hay personas que están dispuestas a testificar
Estimó que con estas acciones se violó los derechos mínimos del debido proceso de las personas detenidas en la comisaría de Bagua Chica, acusadas de cometer los actos de violencia y asesinato de los efectivos de la Policía de la “Estación Nº 6”.

Aseguró que existe un buen número de personas indígenas que están dispuestas a testificar lo ocurrido, pero siempre y cuando se les brinden las garantías del caso, que podría ser a través de una comisión independiente. Pues señaló que éstos ya no confían en las autoridades políticas.

“Hay muchos pobladores que están dispuestos a mencionar esto, con sus testimonios, pero piden una comisión independiente, una suerte de delegación imparcial donde ellos puedan hablar porque no confían en el gobierno. Hay tal clima de desconfianza y que dan un rechazo a lo que venga del gobierno. Creo que dada las circunstancias amerita que cuanto antes vaya esta delegación”, exhortó.

“Creo que esta instancia mediadora que se ha formado a nivel de la Iglesia Católica y otras iglesias deben abordar eso, porque mientras haya la presunción de desaparecidos o que existen más muertos será muy difícil alcanzar la paz social en la zona”, comentó.

Hubo racismo en problema con indígenas
Finalmente, el responsable del Área Acceso a la Justicia del Integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL) cuestionó la actitud de las principales autoridades políticas como del presidente Alan García por tratar este problema con “racismo”.

“Una de las cosas que nos llama la atención es del lado estatal, la manera racista como han manejado esta situación. Lo cual se ha evidenciado desde las más altas esferas gubernamentales como del propio presidente de la República, hasta las autoridades policiales y militares”, apuntó.

“Eso se evidencia cuando se les trata como ciudadanos de segunda clase porque como son indígenas no importan y sí se les puede maltratar. Eso es algo que hay que denunciar porque claramente se trata de personas (que tienen derechos) que como nos decían: Nunca hemos recibido nada del Estado y ahora lo que vemos es el lado más feo”, concluyó.

IDL: Equipos especiales deben investigar muertes en Bagua y responsables de asesinatos deben ser condenados




Ideeleradio.- La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo deben designar equipos especiales para investigar la muerte de policías y nativos en Bagua (Amazonas), y los responsables deben ser condenados, respetándose el debido proceso, afirmó Ernesto de la Jara, director fundador del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Nosotros (IDL) como organismo de derechos humanos creemos que frente a cualquier delito se debe exigir lo mismo, se debe investigar, individualizar, juzgar con la garantía del debido proceso y condenar a quienes han matado a los policías. Y lo último es esa es una responsabilidad penal directa que se tiene que asumir y que nosotros denunciamos”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Dijo, en ese sentido, que confía en que la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, mandará un equipo apropiado a la zona para las indagaciones pertinentes, pues el viernes 5 de junio, día del enfrentamiento, los fiscales estaban sin ningún equipo y sin los peritos que apoyen su trabajo.

“Creo que en estas circunstancias ameritan que todas las instituciones pongan un equipo especial con mucha experiencia. Otro tema es el de que mucha gente inocente que ni siquiera ha participado de la protesta, que ha sido detenida y que más bien cumplía una función. Hay muchos casos de personas inocentes que han sido detenidas y lo que pasa es que los integrantes del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía, se pasan la pelota, por temor a perder su trabajo y lo que se vaya a pensar desde Lima”, apuntó.

Sería interesante ver las filmaciones
Lamentó la excesiva reserva de los militares y los policías respecto a los hechos ocurridos y la cantidad exacta de nativos que murieron en la zona. Calificó como una broma los argumentos esgrimidos por las autoridades, que sostenían que esa actitud era para preservar las evidencias.

“Se preservan las evidencias de otra manera, creo que uno deja entrar testigos, autoridades, filma todo lo que ha ocurrido. Y supongo que todo esto debe estar filmado y sería interesante ver las filmaciones. Nosotros hemos ido al lugar como defensores de derechos humanos y creemos que es importante (que esto se realice) para evitar barbaridades e injusticias que (al final) resulte contraproducente para el gobierno y los peruanos”, agregó.

No obstante, dijo que no se puede seguir enviando más policías y militares a zonas de conflictividad sin ningún buen diagnóstico. “(Se los envía así), sabiendo que va pasar eso, después se exhiben los cajones y el dolor de los familiares, se les da un poco de ayuda los primeros días y después se los abandona completamente. Eso también es parte de la responsabilidad”, refirió.

“Los militares son muchas veces también víctimas en la zona, me impresiona que la mayoría de la cantidad de efectivos eran casi niños y muchos de los oficiales eran enviados por primera vez en la selva”, acotó.

Facilidades para cruce de información
De la Jara Basombrío propuso además que se otorgue las facilidades del caso a la Fiscalía, la Defensoría, la Iglesia, la sociedad civil para que puedan cruzar información respecto al número de nativos que estuvo en la protesta, que no han regresado a sus comunidades, y que se presume están detenidos o desaparecidos.

“Hemos acompañado en varias ocasiones, por decisión del Ministerio Público y las propias autoridades, a los ciudadanos que viven en las comunidades nativas, porque ellos dicen que de alguna comunidad salieron cincuenta y regresan sólo cinco. Esas personas pueden estar todavía escondidas y como no hay claridad de donde están todos los detenidos, porque hay detenidos en Chiclayo, en la Base Militar (de Bagua), y ellos dudan y hay que darles facilidades para que ellos, la Fiscalía, la Defensoría, la Iglesia, la sociedad civil puedan cruzar información y hacer una lista de gente que estuvo en la protesta y que no han regresado a sus comunidades”, refirió.

“Cuando fuimos a la zona se permitió el acceso a determinadas alturas, y hay muchos pobladores que están dispuestos a dar testimonios cuando les den las garantía del caso, porque dicen que la policía y determinados elementos de las Fuerzas Armadas han entrado, disparado para que no siguieran caminando. El Estado de Excepción no significa que tomen el mando autoridades militares o policiales, siempre debe estar la autoridad civil, y el juez y el fiscal siguen teniendo sus mismas atribuciones”, remarcó.

No hay complot internacional
Aseguró que el Estado tiene todo el derecho y el deber de impedir el bloqueo de carreteras o la toma de lotes petroleros, pero dijo que debió tomarse en cuenta que ya habían negociaciones y acuerdos para abrir las carreteras que habían permanecido bloqueadas. Descartó, igualmente, que existe un complot internacional detrás de esta protesta, como lo ha denunciado el presidente Alan García.

“Uno tiene que darse cuenta contra quien está combatiendo. (La Policía) no está combatiendo a Sendero Luminoso, MRTA, secuestradores, bandas armadas o las FARC, y otro elemento que ha quedado clarísimo es que no tiene nada que ver con un complot contra la democracia promovido por potencias extranjeras; estamos hablando de grupos de comunidades indígenas apoyados por toda la población. Ellos que viven ahí lo que reclaman es que no se les ha consultado”, señaló.

“Si el congreso hubiese tomado una mínima medida, se hubiera evitado esto y por una formalidad del Congreso, no se hizo, lo que permite decir que existe gran responsabilidad en el gobierno y las autoridades que han manejado pésimamente el conflicto en el que tienen la razón los nativos”, finalizó.