Pablo Sánchez: Villa Stein no debe poner el acento solo en Caso Panamericana sino en otros procesos de Lima y provincias

Ideeleradio.- Es positivo que el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, ponga el acento en casos como el de Panamericana Televisión, pero este énfasis debe darse no solamente en todos los casos de Lima, sino en los de provincia, consideró el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde.

Fue al comentar la demanda del también presidente de la Corte Suprema, quien pidió mayor celeridad en el caso de Panamericana Televisión, administración que es disputada entre el empresario Genaro Delgado Parker y los representantes de Ernesto Schütz.

“Todos los casos son emblemáticos. Lo que pasa es que uno genera más atención, alarma e interés de la colectividad, pero cualquier caso pequeño es importante para el justiciable. La misma actitud se tiene que tener con todos los otros casos no solamente con algunos”, manifestó en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Me parece bien que el presidente del Poder Judicial (Javier Villa Stein) ponga el acento en los casos emblemáticos como Panamericana. Es bastante bueno que lo haga siendo el presidente del Poder Judicial, pero el asunto está en que esto se repita no solamente en los casos de Lima, sino en todos los casos de provincia”, rechazó.

Proyecto de Mercedes Cabanillas no procederá
En otro momento, estimó que no tendrá acogida el proyecto de Ley Nº 3205/2008 de la congresista y actual ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, porque dijo es una iniciativa que va en contra de la reforma del sistema de justicia, impulsado a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Señaló que esta iniciativa tomó por sorpresa a todos los miembros del Ministerio Público.

“Nosotros pensamos que esto no va a pasar. Por el contrario, creo que se debe reflexionar sobre la necesidad de la Policía en temas de infraestructura, capacitación sobre el NCPP y coordinación del manejo de la investigación. Es decir, lo que se propone y se desprende del documento es que la Policía quiere dominar la investigación policial preliminar y que la fiscalía se convierta en una mesa de parte. Entonces hablar de ese tema en la actualidad es retroceder bastante”, indicó.

“El proyecto de Ley Nº 3205/2008 contiene en su esencia un contrasentido. La reforma del proceso penal es una exigencia nacional no sólo del Perú sino también en el derecho extranjero y en todos los modelos nuevos. Por eso, nos ha llamado mucho la atención este proyecto presentado a fines de abril y entendemos que esto obviamente no va a prosperar”, señaló.

Dijo que la iniciativa de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, afecta la esencia del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Se preguntó si en la redacción del texto hubo alguna participación de algún miembro del alto mando de la Policía Nacional del Perú. Opinó que si ese fuera el caso, aún no se entiende el nuevo modelo normativo.

“La lectura nuestra es que en los altos mandos de la Policía todavía no se ha aceptado este cambio de modelo normativo que además implica un cambio de mentalidad. Hay que pasar del sistema inquisitivo distinto en donde la justicia sea garantizada y más justa por respeto al derecho de las personas y de las víctimas”, recomendó.

“Creo que todavía no ha calado muy bien este tema del cambio de la mentalidad sobre el Nuevo Código Procesal Penal. Hay un asesoramiento quizás no muy bien apropiado (para la ministra) porque cuando se trabajó en la redacción del código se contó con la opinión de la Policía y después de ello se empezó a implementar y se han hecho coordinaciones. Sin embargo, aparentemente ha habido una resistencia interna en aceptarlo” anotó.

Apoyo logístico a jueces
Finalmente, Sánchez Velarde pidió a las autoridades que apoyen con mayor esfuerzo a los magistrados que ven los procesos de corrupción que se le sigue a la magistrada fujimontesinista.

“Hay que tener en cuenta que los casos de corrupción y que han existido no son casos comunes de usurpación o homicidio simple, son casos complejos que requieren de atención debida, concentración y continuidad. Aquí hay que pensar más bien en apoyar el trabajo de los jueces de las distintas áreas para efectos de que acaben lo más antes posible, al margen de las dilaciones propias que existen en el código penal”, pidió.

“Una diferencia entre el código viejo y el nuevo, es que en el viejo se inicia una audiencia, luego otra y otra y así se van acumulando las audiencias. En cambio con el nuevo código se inicia una audiencia o un juicio oral y no se pasan a otros hasta que estos terminen. Eso es concentración. Entonces, en el tema de la lucha contra la corrupción hay que ser firmes y constantes y apoyar a los jueces con logística, quienes están dando todo de ellos. Yo sé que algunos magistrados ni siquiera salen de vacaciones por seguir con sus casos”, concluyó.

Justicia Viva: Villa Stein podría ser acusado constitucionalmente por interferir en Caso Panamericana

Ideeleradio.- El presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, podría ser acusado constitucionalmente por interferir en el caso Panamericana al ordenar la notificación inmediata de una resolución que pasa la administración de Canal 5 a los representantes del prófugo Ernesto Schütz Landázuri, afirmó Javier La Rosa coordinador del Consorcio Justicia Viva, tras cuestionar que el mismo énfasis de celeridad procesal no se produzcan en casos como el de Business Track o Discover Petroleum.

“Si él (Villa Stein) dice que de lo que se trata es que las reglas sean iguales para todos, nos gustaría que también en los demás procesos se active la misma diligencia, para poder decir apúrense con los procesos. Eso lamentablemente no pasa, esta situación nos llama mucho la atención y nos preocupa que el propio presidente del Poder Judicial interfiera en un proceso. Y efectivamente se expone a que lo puedan denunciar”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“(Lo que él está haciendo) no es propiamente prevaricato, lo que él está haciendo es interferir y afectar la independencia del Poder Judicial, con la impartición de órdenes a jueces de menores instancias para que procedan en un sentido. Eso es una interferencia en la función jurisdiccional y por eso él puede ser acusado constitucionalmente (ante el Congreso) y eventualmente sancionado por ello”, agregó.

Imagen del PJ no se recupera a cualquier costo
La Rosa Calle dijo entender hasta cierto punto que Villa Stein busque mejorar la imagen del Poder Judicial, pero dijo que esto no se puede hacer a cualquier costo, ni mucho menos dejando la impresión de que se quiere favorecer a una de las partes en el litigio Delgado Parker- Schütz.

“Es sorprendente por decir algo mesurado. Sorprende porque lo que está ejerciendo una enorme presión sobre los jueces, para que procedan en una dirección, en el Caso Panamericana. No se trata de cualquier funcionario, se trata del presidente de la Corte Suprema y cuando él pide notificar es claramente para dar una instrucción a favor de una de las partes”, refirió.

Fernández y Caso Schütz
El letrado lamentó que el presidente el Poder Judicial esté confundiendo planos y estimó que en este tipo de actividades públicas no existe casualidades. Invocó a las autoridades a manejar este asunto con mucho cuidado, porque más de una vez se ha señalado que la ministra de Justicia Rosario Fernández tendría particular interés en que el Poder Judicial favorezca a Ernesto Schütz, su ex patrocinado.

“Se trata de un caso importante, pero donde en más de una vez se ha señalado que la ministra de Justicia tenía una vinculación, al haber sido abogada de la parte (Schütz) que se beneficiaría con esta situación, y con mayor razón habría que tener cuidado en cómo se maneja este asunto con las actuales autoridades de justicia”, agregó.

Mismo énfasis en caso Business Track y Discover Petroleum
Finalmente, dijo que al Consorcio Justicia Viva le hubiera gustado observar el mismo nivel de énfasis en el Caso Panamericana en procesos como el de interceptación telefónica atribuida a la empresa Business Track o el negociado para beneficiar a Discover Petroleum.

“Nos gustaría haber escuchado ese mismo énfasis que ha puesto el doctor Villa Stein para el Caso Business Track o petroaudios, donde ha justificado el retraso con que se vienen llevando aduciendo que son las reglas del proceso. Allí no se tiene la misma vara para medir este tipo de situaciones y que decir de miles de casos de personajes anónimos de la sociedad que tienen procesos judiciales que están demorando años y en los cuales no se nota esta misma actuación del doctor Villa Stein”, concluyó.

Piden que Defensoría o colegios profesionales presenten acción de inconstitucionalidad contra paquete de decretos inconsultos

Ideeleradio.- La Defensoría del Pueblo, los colegios profesionales, los congresistas o la sociedad civil, deben presentar ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra todo el paquete de decretos legislativos que emitió el Gobierno Central, sin realizar una consulta previa a las comunidades nativas y campesinas, planteó Maria Clara Galvis, consultora en derecho internacional.

“El Tribunal Constitucional debería declarar inconstitucionales estos decretos y las personas que tienen la capacidad de activar la jurisdicción del Tribunal Constitucional deberían presentar las correspondientes demandas en bloque de estos 102 decretos (si ninguno fue consultado), es decir, los Colegios Profesionales, la Defensoría del Pueblo, el 25 por ciento de los congresistas o con cinco mil firmas de ciudadanos. Por cualquiera de estas vías el Tribunal Constitucional debe ser activado”, aseveró en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

En ese sentido, explicó que el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que establece el derecho a la consulta de las comunidades indígenas y campesinas, tiene rango constitucional y es obligatoria, por lo que la discusión no debe centrarse en qué artículos son inconstitucionales, sino en que todo el paquete está viciado desde su origen, porque no fueron consultados.

“Cuando se omite la consulta previa, no se discute si la ley es buena o mala, porque hay un vicio de tal magnitud que no se puede salvar y la ley completa se tiene que declarar inconstitucional. (…) Desde la perspectiva constitucional y el Estado de Derecho, lo que hay que tiene que hacer el gobierno es derogar estos decretos”, recomendó.

“El TC en aplicación de este derecho fundamental a la consulta, no tendría mayor problema jurídico en declarar inconstitucionales esto decretos porque están viciados de origen y no se puede entrar a discutir si el contenido es bueno o no”, agregó.

Explicó que una vez declarados inconstitucionales los cuestionados dispositivos, el gobierno peruano debe “empezar de cero” y conjuntamente con los representantes de las comunidades proceder a emitir nuevas normas al respecto.

Sería una torpeza que a futuro la CIDH falle en contra del Estado
María Clara Galvis señaló que sería una "torpeza" no declarar la inconstitucionalidad de los mismos, porque más tarde la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría volver a fallar en contra del Estado peruano.

“Si el gobierno omite la consulta se tiene que declarar inconstitucional y empezar desde cero un proceso con las comunidades, porque esto es nulo. Si no lo dice el Tribunal Constitucional ahora, más tarde lo va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (…) El Perú ya tiene bastantes sentencias en la cortes y sería una torpeza que se deje llegar este tema hasta las instancias de la CIDH, cuando el sistema peruano tiene mecanismos internos inmediatos para derogar estos decretos”, advirtió.

Calificó como un “buen precedente”, para este tema, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundada una Acción de Amparo y ordenó la suspensión temporal de las labores de exploración y explotación en el Área de Conservación Regional de la Cordillera Escalera, contra las empresas Occidental Petrolera del Perú (hoy Talismán Petrolera del Perú), Repsol y Petrobras.

Dijo que este fallo sería vinculante para los casos que hoy son materia de debate, en torno a los decretos legislativos que atentarían contra la Amazonía.

Caso colombiano
Finalmente, manifestó que en Colombia, se presentaron casos similares con respecto a una ley ligada al desarrollo rural, la cual estuvo bien fundamentada pero terminó derogándose porque no fue consultada con las comunidades nativas.

Recordó que en los países que conforman las Naciones Unidas, cada vez más se viene tomando conciencia sobre la necesidad de tener en cuenta a las comunidades nativas y campesinas antes de tomar una decisión que les pueda afectar, por lo que dijo sería lamentable que el Estado Peruano emita una imagen negativa a nivel internacional, al negarse a derogar los cuestionados decretos legislativos.

Las comunidades nativas piden la derogatoria de los cuestionados Decretos Legislativos 1090, 994, 995, 1020,1060 y 1064, los que han dado lugar a que las comunidades de la selva acaten una prolongada huelga en toda la Amazonía.

Pablo Sánchez: Villa Stein no debe poner el acento solo en Caso Panamericana sino en otros procesos de Lima y provincias

Ideeleradio.- Es positivo que el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, ponga el acento en casos como el de Panamericana Televisión, pero este énfasis debe darse no solamente en todos los casos de Lima, sino en los de provincia, consideró el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde.

Fue al comentar la demanda del también presidente de la Corte Suprema, quien pidió mayor celeridad en el caso de Panamericana Televisión, administración que es disputada entre el empresario Genaro Delgado Parker y los representantes de Ernesto Schütz.

“Todos los casos son emblemáticos. Lo que pasa es que uno genera más atención, alarma e interés de la colectividad, pero cualquier caso pequeño es importante para el justiciable. La misma actitud se tiene que tener con todos los otros casos no solamente con algunos”, manifestó en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Me parece bien que el presidente del Poder Judicial (Javier Villa Stein) ponga el acento en los casos emblemáticos como Panamericana. Es bastante bueno que lo haga siendo el presidente del Poder Judicial, pero el asunto está en que esto se repita no solamente en los casos de Lima, sino en todos los casos de provincia”, rechazó.

Proyecto de Mercedes Cabanillas no procederá
En otro momento, estimó que no tendrá acogida el proyecto de Ley Nº 3205/2008 de la congresista y actual ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, porque dijo es una iniciativa que va en contra de la reforma del sistema de justicia, impulsado a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Señaló que esta iniciativa tomó por sorpresa a todos los miembros del Ministerio Público.

“Nosotros pensamos que esto no va a pasar. Por el contrario, creo que se debe reflexionar sobre la necesidad de la Policía en temas de infraestructura, capacitación sobre el NCPP y coordinación del manejo de la investigación. Es decir, lo que se propone y se desprende del documento es que la Policía quiere dominar la investigación policial preliminar y que la fiscalía se convierta en una mesa de parte. Entonces hablar de ese tema en la actualidad es retroceder bastante”, indicó.

“El proyecto de Ley Nº 3205/2008 contiene en su esencia un contrasentido. La reforma del proceso penal es una exigencia nacional no sólo del Perú sino también en el derecho extranjero y en todos los modelos nuevos. Por eso, nos ha llamado mucho la atención este proyecto presentado a fines de abril y entendemos que esto obviamente no va a prosperar”, señaló.

Dijo que la iniciativa de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, afecta la esencia del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Se preguntó si en la redacción del texto hubo alguna participación de algún miembro del alto mando de la Policía Nacional del Perú. Opinó que si ese fuera el caso, aún no se entiende el nuevo modelo normativo.

“La lectura nuestra es que en los altos mandos de la Policía todavía no se ha aceptado este cambio de modelo normativo que además implica un cambio de mentalidad. Hay que pasar del sistema inquisitivo distinto en donde la justicia sea garantizada y más justa por respeto al derecho de las personas y de las víctimas”, recomendó.

“Creo que todavía no ha calado muy bien este tema del cambio de la mentalidad sobre el Nuevo Código Procesal Penal. Hay un asesoramiento quizás no muy bien apropiado (para la ministra) porque cuando se trabajó en la redacción del código se contó con la opinión de la Policía y después de ello se empezó a implementar y se han hecho coordinaciones. Sin embargo, aparentemente ha habido una resistencia interna en aceptarlo” anotó.

Apoyo logístico a jueces
Finalmente, Sánchez Velarde pidió a las autoridades que apoyen con mayor esfuerzo a los magistrados que ven los procesos de corrupción que se le sigue a la magistrada fujimontesinista.

“Hay que tener en cuenta que los casos de corrupción y que han existido no son casos comunes de usurpación o homicidio simple, son casos complejos que requieren de atención debida, concentración y continuidad. Aquí hay que pensar más bien en apoyar el trabajo de los jueces de las distintas áreas para efectos de que acaben lo más antes posible, al margen de las dilaciones propias que existen en el código penal”, pidió.

“Una diferencia entre el código viejo y el nuevo, es que en el viejo se inicia una audiencia, luego otra y otra y así se van acumulando las audiencias. En cambio con el nuevo código se inicia una audiencia o un juicio oral y no se pasan a otros hasta que estos terminen. Eso es concentración. Entonces, en el tema de la lucha contra la corrupción hay que ser firmes y constantes y apoyar a los jueces con logística, quienes están dando todo de ellos. Yo sé que algunos magistrados ni siquiera salen de vacaciones por seguir con sus casos”, concluyó.

Justicia Viva: Villa Stein podría ser acusado constitucionalmente por interferir en Caso Panamericana

Ideeleradio.- El presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, podría ser acusado constitucionalmente por interferir en el caso Panamericana al ordenar la notificación inmediata de una resolución que pasa la administración de Canal 5 a los representantes del prófugo Ernesto Schütz Landázuri, afirmó Javier La Rosa coordinador del Consorcio Justicia Viva, tras cuestionar que el mismo énfasis de celeridad procesal no se produzcan en casos como el de Business Track o Discover Petroleum.

“Si él (Villa Stein) dice que de lo que se trata es que las reglas sean iguales para todos, nos gustaría que también en los demás procesos se active la misma diligencia, para poder decir apúrense con los procesos. Eso lamentablemente no pasa, esta situación nos llama mucho la atención y nos preocupa que el propio presidente del Poder Judicial interfiera en un proceso. Y efectivamente se expone a que lo puedan denunciar”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“(Lo que él está haciendo) no es propiamente prevaricato, lo que él está haciendo es interferir y afectar la independencia del Poder Judicial, con la impartición de órdenes a jueces de menores instancias para que procedan en un sentido. Eso es una interferencia en la función jurisdiccional y por eso él puede ser acusado constitucionalmente (ante el Congreso) y eventualmente sancionado por ello”, agregó.

Imagen del PJ no se recupera a cualquier costo
La Rosa Calle dijo entender hasta cierto punto que Villa Stein busque mejorar la imagen del Poder Judicial, pero dijo que esto no se puede hacer a cualquier costo, ni mucho menos dejando la impresión de que se quiere favorecer a una de las partes en el litigio Delgado Parker- Schütz.

“Es sorprendente por decir algo mesurado. Sorprende porque lo que está ejerciendo una enorme presión sobre los jueces, para que procedan en una dirección, en el Caso Panamericana. No se trata de cualquier funcionario, se trata del presidente de la Corte Suprema y cuando él pide notificar es claramente para dar una instrucción a favor de una de las partes”, refirió.

Fernández y Caso Schütz
El letrado lamentó que el presidente el Poder Judicial esté confundiendo planos y estimó que en este tipo de actividades públicas no existe casualidades. Invocó a las autoridades a manejar este asunto con mucho cuidado, porque más de una vez se ha señalado que la ministra de Justicia Rosario Fernández tendría particular interés en que el Poder Judicial favorezca a Ernesto Schütz, su ex patrocinado.

“Se trata de un caso importante, pero donde en más de una vez se ha señalado que la ministra de Justicia tenía una vinculación, al haber sido abogada de la parte (Schütz) que se beneficiaría con esta situación, y con mayor razón habría que tener cuidado en cómo se maneja este asunto con las actuales autoridades de justicia”, agregó.

Mismo énfasis en caso Business Track y Discover Petroleum
Finalmente, dijo que al Consorcio Justicia Viva le hubiera gustado observar el mismo nivel de énfasis en el Caso Panamericana en procesos como el de interceptación telefónica atribuida a la empresa Business Track o el negociado para beneficiar a Discover Petroleum.

“Nos gustaría haber escuchado ese mismo énfasis que ha puesto el doctor Villa Stein para el Caso Business Track o petroaudios, donde ha justificado el retraso con que se vienen llevando aduciendo que son las reglas del proceso. Allí no se tiene la misma vara para medir este tipo de situaciones y que decir de miles de casos de personajes anónimos de la sociedad que tienen procesos judiciales que están demorando años y en los cuales no se nota esta misma actuación del doctor Villa Stein”, concluyó.

Fernando Tuesta: Denuncias contra Nadine o Keiko no afectarán las candidaturas presidenciales del Partido Nacionalista o Fuerza 2011

Ideeleradio.- Las denuncias contra Nadine Heredia o Keiko Fujimori no afectarán las candidaturas presidenciales que presenten el Partido Nacionalista Peruano o Fuerza 2011, afirmó Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

”No necesariamente afectaría (sus candidaturas), porque muchas veces estas denuncias de esta naturaleza posteriormente en un proceso electoral no aparecen como importantes. (…) Estamos a un tiempo relativamente importante de espacio, como para que el recuerdo sea fresco. Asimismo en el caso del (alcalde) Salvador Heresi con la lideresa de Lourdes Flores Nano, no creo que esto tenga una incidencia, porque va a depender de sus adversarios”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“En un caso (Keiko) se presume un nivel de beneficio personal de que dicho dinero proviene de los recursos públicos y que los beneficiarios son los hijos del propio ex presidente Fujimori y el otro sería en beneficio del partido, ahí lo que ocurre es una presunción que el dinero vendría del gobierno de Chávez. Esto tiene que estar esclarecido aunque en el Perú se aplica poco, es importante para observar los niveles de manejo económico y ética de los candidatos”, anotó.

Tuesta Soldevilla sostuvo, en ese sentido, que es necesario que los partidos políticos informen del origen de los recursos para las campañas electorales.

“Los recursos privados han sido el espacio donde han aparecido las influencias en el mundo, llevando a muchas legislaciones a estructurar un nivel de control mayor y sobre todo incorporar el financiamiento público para que los partidos no tengan que depender de corporaciones económicas o fuentes ilegales para solventar las campañas”, declaró.

Debe regularse publicidad de obras del Gobierno Nacional
En otro momento, aseguró que es importante que prevalezca el control sobre las actividades del Estado ad portas de un proceso electoral, para evitar que los representantes del Ejecutivo emprendan una campaña tratando de publicitar sus obras. Fue al referirse al proyecto aprobado en el Congreso en el que se regula sólo la publicidad de los municipios, para evitar el aprovechamiento político.

“(Esta iniciativa) tiene que extenderse a nivel del Ejecutivo, no es bueno para las arcas públicas, porque hay un aprovechamiento personal, y es necesario aplicarse a nivel nacional”, manifestó.

También se refirió las declaraciones del congresista Aurelio Pastor, en las que asegura que habrá celeridad en la inauguración de obras para fortalecer la candidatura del aspirante del Apra con miras al 2011.

“Seguro que si hubieran estado en la oposición, hubieran estado en contra de estas declaraciones. Deben entender que existen normas y reglas de juego que deben ser válidos más allá de un gobierno. El aprovechamiento de la publicidad estatal con fines partidarios que es el caso de esta inauguración de obras atenta contra el erario publico”, enfatizó.

Elecciones en el Apra son una vitrina de lo que ocurrirá en otros partidos
En otro momento, Tuesta Soldevilla comentó que siempre habrá contratiempos en las elecciones internas de una agrupación, a propósito de las irregularidades registradas en el procedimiento que organizó el Partido Aprista el último domingo.

“Siendo el partido (aprista) más organizado, con mayor militancia en el Perú, podemos imaginar que pasaría en otras agrupaciones, como ocurre en todo tipo de gremio o asociación para sus elecciones internas. Si no hay un comité electoral realmente autónomo, no existen las condiciones para las elecciones que sean competitivas, transparentes y limpias. Siempre van a estar cuestionadas, pero poco a poco se están organizando mejor”, refirió.

Opinó que el Apra es una buena vitrina para entender los procesos internos de los partidos políticos. “No hay organismo autónomo, no hay las condiciones de como ocurrió, el padrón es el punto básico, obviamente esto no deja demostrar las pugnas que en todo partido existe, como facciones o tendencias”, acotó.

Onpe sólo observa, no supervisa
El también director de Opinión Pública de la Universidad Católica informó que en el país existe una gran equivocación con respecto a la labor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), en relación a los comicios internos de las organizaciones políticas.

“(La Onpe) no observa, no supervisa, lo que le faculta la ley es una asistencia técnica al comité electoral, que no es poca, porque lo asesora en todos los procedimientos logísticos, de acuerdo a los convenios que se pactan entre dicha institución y el partido, en este caso el Apra”, aclaró.

“Se permite el ingreso de tantos partidos que en el fondo no tienen capacidad de organización mínima en las elecciones internas, lo que podría ocurrir sería un desborde absoluto, donde la ONPE no podría cumplir porque requeriría de recursos. El próximo año tendría que estar acompañado de elecciones internas de candidatos, donde habría 14 mil puestos en disputa por cada partido, en donde también se tiene que elegir a los representantes del parlamento, agotando cualquier mínimo presupuesto”, concluyó.