Ideeleradio.- Tras el cambio de opinión del Poder Ejecutivo sobre Ley de Carrera Judicial y la aceptación a las objeciones de la Corte Suprema sobre la evaluación de los jueces, queda una sensación de que se aplicó la política de la conveniencia o del “toma y dame”, afirmó Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso.
Fue al comentar los resultados de la última reunión, entre los titulares de la Corte Suprema, del Parlamento y la Presidencia del Consejo de Ministros, en que la ministra de Justicia, Rosario Fernández dejó de lado la propuesta de una comisión mixta de evaluación de jueces y accedió al planteamiento del Poder Judicial de una evaluación permanente que se realizará por esa misma institución, con resultados que serán entregados al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
“Yo no tengo una explicación, ésta tendría que darlas la ministra. Pero da la sensación de que es la política de la conveniencia, del toma y dame, de la negociación. Tenemos que ser claros. (…) Yo no sé si es el caso de los procesos de chuponeo, de los muchos procesos judiciales de los funcionarios del partido de gobierno que vienen siendo procesados, desde el tema de los patrulleros, de las ambulancias, del Seguro Integral de Salud, osea hay mucho funcionario aprista procesado actualmente en el PJ y no sabemos si eso ha podido pesar. No podemos argumentarlo con certeza, pero esperamos que no”, manifestó en el programa
“No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“La separación de poderes responde a principios valores, éticos y morales fundamentales. No podemos tener como filosofía el meter a partidarios y hacerlos ascender para en determinado momento tener un poder jurisdiccional. Esperamos que después de la dramática situación que tuvo el Poder Judicial en manos del fujimontesinismo, no se pretenda ahora tener objetivos similares”, agregó.
Eguren a Villa Stein: “Cada quien en su lugar”Apuntó que el Congreso será respetuoso de lo que resuelva el Tribunal Constitucional, en relación a la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley de Carrera Judicial y exhortó al presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, a respetar el trabajo del Poder Legislativo.
“Su reacción (del Poder Judicial) es normal, pero no debe expresarse a través de la presión mediática. La separación de poderes implica que es el Legislativo quien da las leyes y el Poder Judicial quien las cumple y las hace cumplir. Si el señor (Javier) Villa Stein quiere legislar e imponer sus criterios en las normas, tendría que renunciar al Poder Judicial postular al Congreso y seguramente sería un gran legislador. Pero, mientras tanto, cada quien en su lugar. El segundo paso, el Congreso será respetuoso de lo que resuelva el TC sobre la inconstitucionalidad de un artículo”, expresó.
“A mí me dio pena que (Villa Stein) haya dicho que la ley deviene de la sentencia (de 25 años) contra (Alberto) Fujimori. (Esa apreciación) no respondió a un error, porque el Poder Judicial tiene un coordinador parlamentario y sabía perfectamente que los fujimoristas no habían participado en la votación del dictamen y pese a saberlo dan a entender que era una venganza política del Congreso. Ese fue un desliz ético, porque el dictamen ha estado en discusión en la comisión cuatro semanas atrás, de una materia que se ha debatido con dos años de anticipación”, agregó.
Nueva propuesta significaría cambiar al CNM por softwareEl legislador recordó que el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Carrera Judicial que planteaba una evaluación por el CNM y que este poder del Estado hizo una concesión al Poder Judicial y accedió a la posibilidad de la conformación de una comisión mixta, que esté integrada por tres miembros del CNM y tres del Poder Judicial.
Lamentó que nuevamente se haya accedido a una petición de la Corte Suprema, a través de la cual el Poder Judicial tendrá que elaborar un cuadro de méritos de los jueces previa evaluación mensual, cuyo resultado anual será entregado al CNM.
“Hubo una concesión al plantearse la comisión mixta con tres miembros del CNM y tres del Poder Judicial, jurídicamente objetable, porque es un órgano independiente (CNM) quien debe evaluar para que no se produzca el otorongo no come otorongo. Pero después, la denuncia al Tribunal Constitucional. Primero logró vía negociación, el 50 % y después pateó el tablero, cual sindicato irrespetuoso de sus compromisos. Y por otro lado, el Ejecutivo cambia de argumentos jurídicos, sustenta y convence a la Comisión de Justicia y luego nos jala la alfombra y nos deja sin piso”, reclamó.
“El decir que el Poder Judicial se va autoevaluar todos los días es igual a decir nunca se va evaluar. De nada sirve que vaya un expediente de autoevaluación al Consejo de la Magistratura, que tendría que ciegamente ratificar o ascender a lo que el Poder Judicial demanda. Si ya viene cocinado el file, obviamente ya no necesitaríamos al Consejo de la Magistratura y necesitaríamos más bien un software, para introducir la ficha y los valores asignados al juez, para que en automático salga quienes se quedan y quienes se van”, ironizó.
Más soldados al VRAEEl parlamentario propuso, además, que se incremente el número de efectivos militares y generales en la zona del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) para enfrentar al narcoterrorismo imperante en el lugar. Argumentó que el traslado de soldados se justificaría por cuanto no existe riesgo externo de amenaza a la soberanía nacional.
“El jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente y no hay decisión política, no hay la orden, hay miedo, hay temor, se quieren poner de perfil. Porque que pasaría si en vez de tener 800 hombres, tendríamos 8 mil, si en vez de tener un general en la zona, ponemos a un general en cada distrito con su equipo de élite. La cosa cambiaría radicalmente en meses”, refirió.
“Pero los generales yo no sé que hacen, lo digo con respeto. Y no es su culpa, es la de presidente. Tenemos 20 generales yendo a cócteles, a actividades de protocolo, a los desfiles; están en Arequipa, Trujillo, Chiclayo ¿Haciendo qué? ¡Concentración en el VRAE señor! No es cuestión de un plan, porque mire que pasó con el plan anticorrupción, que ahora no tenemos contralor”, acotó.
Estimó que el presidente Alan García tiene miedo de no ser denunciado por concepto de violación de derechos humanos, porque se ha hecho creer que la democracia es débil, concepto que fue impuesto por el fujimontesinismo.
Justicia Militar y sede del TCEguren admitió que el Congreso ha cumplido parcialmente con las recomendaciones del Tribunal Constitucional (TC) en relación a la Ley de Organización y Funciones de la Justicia Militar. No obstante, pidió al TC que respete también su propia ley orgánica y traslade su sede a la región Arequipa.
“Ratifico que tenemos que respetar lo que diga el TC y el Congreso no ha adecuado la norma de una manera diáfana, clara, porque ha tenido varias observaciones. Y el propio TC tiene que dar la muestra de ello, es el propio TC, porque su Ley Orgánica señala que su sede es Arequipa, pero ellos dicen que no lo han hecho por falta de presupuesto. Tenemos que cumplir las leyes. Que presente su proyecto para cambiar de sede, pero lo que no puede hacer es incumplirla sistemáticamente. Nos falta consecuencia”, aseveró.
A favor de asilo a RosalesFinalmente, se mostró a favor de que se le conceda asilo político al venezolano Manuel Rosales, quien es acusado de presunto enriquecimiento, como represalia por ser el principal opositor del presidente Hugo Chávez.
“El (asilo) es una figura de derecho internacional de antigua data y de múltiples aplicaciones en el Perú. Como principio creemos que si se debería dar el asilo. Obviamente, es la cancillería quien tiene que estudiar el caso. Yo hablo de manera superficial, de manera teórica, porque no conozco el detalle. Las reglas de conducta son fundamentales, nadie puede pedir un asilo y pretender formar un partido político y atacar al país de origen. Y en tercer lugar los peruanos tenemos la presunción de que en Venezuela no se cumplen las garantías constitucionales, no hay la debida separación de poderes y el debido proceso. Pensamos así en el Perú y esto nos lleva sostener que el asilo debería proceder en principio”, concluyó.
Ideeleradio.- En una decisión sin precedentes para el Perú y América Latina, el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial ordenó el impedimento de salida del país de 10 ex militares que operaron en las bases de Manta y Vilca (Huancavelica), al abrirles proceso por delitos de lesa humanidad y amparar una denuncia por la violación sexual de siete mujeres, hecho que ocurrió en pleno conflicto armado interno.
