lunes, 20 de abril de 2009

Avelino Guillén: Pediremos que Federico Salas y Carlos Boloña declaren en juicio a Fujimori por Caso 15 millones

Ideeleradio.- El ex ministro de Economía, Carlos Boloña, el ex premier y hoy presidente regional de Huancavelica, Federico Salas, el ex ministro de Defensa, Carlos Bergamino y el viceministro Alfredo Jaililie, declaren como testigos en el juicio que se le seguirá a Alberto Fujimori por la entrega de 15 millones al ex asesor Vladimiro Montesinos, informó el fiscal supremo adjunto Avelino Guillén.

“Nosotros vamos a pedir el testimonio del señor Carlos Boloña, Carlos Bergamino, del general Luis Muente y de Federico Salas. Tenemos claro esto y vamos a pedir como testigos a estas personas que anteriormente han tenido la condición de acusados y tienen sentencia condenatoria por parte de la Corte Suprema. Estamos evaluando aún convocar a otras personas más”, reveló en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“En este caso que se va a iniciar el 11 de mayo contamos con un proceso que se les siguió a los ex ministros Federico Salas, Carolos Boloña y Carlos Bergamino. Contamos con numerosos testimonios y documentos que prueban que Fujimori dirigió toda la actividad destinada para obtener fondos del tesoro publico (15 millones) para pagarle una CTS a Vladimiro Montesinos, él (Fujimori) impulsó esto, tramitó personalmente este decreto de urgencia que sirvió de pantalla para obtener dinero y pagarle a Montesinos”, añadió.

Demostraremos su culpabilidad
Explicó que con los testimonios directos de Boloña Behr, Bergamino Cruz y el ex secretario de la presidencia de la República, José Kamiya Teruya, la Fiscalía demostrará la culpabilidad de Fujimori.

“Consideramos que así dure lo que dure va a concluir con una declaración de culpabilidad del señor Fujimori. Contamos además con el original del decreto de urgencia que sirvió de pantalla para el pago a Montesinos. (…) Anhelamos una sentencia condenatoria”, añadió.

Grupo especial ve acusación
Afirmó que viene trabajando con un grupo especial para fundamentar la acusación contra el ex mandatario, quien habría cometido el delito de peculado en agravio del Estado. Por este caso, la fiscalía ha solicitado ochos años de cárcel para el acusado y el pago de dos millones de soles como reparación civil.

Indicó que esperan con “tranquilidad” el inicio de este expediente, el cual dijo confiar que se desarrolle de manera impecable. “Estamos organizando el equipo de trabajo, ordenando la documentación necesaria y preparando la línea de presentación del caso, enfocando la estrategia que se va seguir en este proceso. Contamos con pruebas que involucran directamente al señor Fujimori”, dijo.

”El esquema de la acusación contra el ex presidente se enfoca en tres bloques. Primero, la tramitación del decreto de urgencia que encubría a través del Plan Soberanía el pago a Montesinos, segundo lo relacionado a la salida del dinero del Banco de la Nación y el pago a Montesinos. Tercero, la salida del dinero al exterior y la entrega de los 15 millones al traficante de armas James Stone”, apuntó.

El proceso será visto por la Sala Penal Especial que en esta oportunidad ya no estará presidida por el vocal supremo César San Martín, sino por el vocal supremo Hugo Príncipe Trujillo.

Fujimori deberá responder por 30 millones de dólares
Guillén Jáuregui enfatizó que los 15 millones que le entregó Alberto Fujimori a Carlos Bergamino, es una suma de dinero diferente a la que el ex presidente devolvió al Banco de la Nación.

Por ese motivo dijo que Fujimori Fujimori deberá responder a la justicia por 30 millones de dólares. “Acá se va a discutir por los 30 millones de dólares y Fujimori tendrá que explicar de dónde sacó los 15 millones de dólares que le entregó a Bergamino”.

“Los 15 millones que posteriormente entregó Fujimori al ex ministro de Defensa Bergamino, es otra suma de dinero, no es la misma que saco del Banco de la Nación. Entonces estamos hablando de 30 millones de dólares. Fujimori tiene que explicar porque en palacio de Gobierno, Fujimori en presencia de Boloña y Jaililie, que también va a ser convocado como testigo, entregó en un maletín 15 millones de dólares devolviendo supuestamente el dinero, pero sostenemos que se trata de otro dinero, de otros billetes”, explicó.

“Montesinos cuando declaró en el Congreso señaló que el dinero salió del país y que devolvió otra denominación de billetes, otro dinero. Asimismo, los funcionarios del Banco de la Nación señalaron que el dinero que retornó a la institución fue otro”, recordó.

Finalmente, señaló que viene coordinando con la Procuraduría Anticorrupción a fin de lograr una estrategia conjunta y Fujimori Fujimori reciba una sentencia condenatoria.

Edmundo Peláez: Evaluación enmarcada en Ley de Carrera Judicial será sin venganzas ni presiones


Ideeleradio.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se viene preparando para implementar la Ley de Carrera Judicial y evaluará a los jueces y fiscales sin ninguna venganza o presión política, aseguró Edmundo Peláez Bardales, ex presidente y actual miembro del CNM.

“Creo que la evaluación es sumamente necesaria y todo depende de cómo se haga. Si se hace para cobrar venganza de orden político, o de otro tipo, es absolutamente malo y eso debe ser desterrado. La evaluación del desempeño de los jueces y fiscales les corresponde exclusivamente al CNM, por ello es que nosotros hemos avalado el proyecto del Poder Ejecutivo”, expresó en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Nosotros defendemos la función constitucional respecto al desempeño de los jueces y fiscales, para renovar o no la confianza y el aspecto disciplinario que hemos avalado con el proyecto del Ejecutivo (sobre la Ley Carrera Judicial). Nosotros nos estamos preparando para evaluar sin venganzas y sin presiones, para que esta evaluación sea permanente pero que no signifique una presión negativa para su importante trabajo”, explicó.

Reiteró que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura conformaron una comisión mixta que observará los alcances de la Ley de la Carrera Judicial y que dicho grupo está integrado por los presidentes de las comisiones permanentes del CNM y algunos funcionarios técnicos.

TC resolverá demanda de inconstitucionalidad
Peláez Bardales sostuvo que los cuestionamientos contra la Ley de Carrera Judicial, por porte del Poder Judicial y del Ministerio Público, sólo deben quedar en manos del Tribunal Constitucional (TC), ya que la norma entrará en vigencia el próximo siete de mayo.

“Al margen de las objeciones que se han hecho por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público a través de la presentación de esta demanda de inconstitucionalidad, nosotros tenemos que prepararnos para la implementación y el funcionamiento de está ley. Creo que los cuestionamientos tendrán que verse en el Tribunal Constitucional (TC), pero entre tanto no podemos quedarnos dormidos y tenemos que ir preparándonos”, agregó.

Implementación es recomendación del CERIAJUS
Finalmente, recordó que la implementación de la Ley de Carrera Judicial es una recomendación de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Justicia (CERIAJUS) que se formó después del 2002, pues dijo la función pública tiene que ser evaluada, inspeccionada y sometida a un enjuiciamiento público.

“Esta comisión dentro de sus recomendaciones y conclusiones casi unánime, señaló que era conveniente que se produzca una evaluación continua del trabajo de la función judicial o fiscal y ahora en la Ley de Carrera Judicial se ha considerado este dispositivo, señalando que casi tres años y medio el CNM debe realizar esta evaluación del desempeño para descubrir debilidades o faltas de fortalezas en el desempeño de algunos magistrados y tratar de corregirlos para implementar un mejor servicio”, explicó.

“Si estos correctivos no son atendidos por el magistrado entonces el proceso de evaluación y ratificación tendrá que responder por ello, y si el Consejo no renueva la confianza será porque se estima que no hay una buena conducta entonces el magistrado tendrá que no ser ratificado”, concluyó.

Villa Stein: PJ cumplirá con Ley de Carrera Judicial hasta que TC resuelva su inconstitucionalidad

Ideeleradio.- El Poder Judicial cumplirá con la Ley de Carrera Judicial hasta que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva la inconstitucionalidad de algunos de sus artículos, aseguró el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, tras ratificar su cuestionamiento a la evaluación parcial de magistrados cada tres años y medio.

“No hay nada que discutir, mientras la ley no se declare inconstitucional, se tiene que cumplir; ese no es un tema de forcejeo, la ley se cumple. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y todos tenemos que cumplir la ley. Acá no existen islotes, ni burbujas, de impunidad, ni de comportamiento al margen de la ley. Todos tenemos que cumplir la ley. En un diálogo democrático discrepamos e iniciamos las acciones que la ley flanquea, pero sin imponerlas al caballazo”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Seguimos trabajando en lo nuestro y tratamos de mejorar cotidianamente y (por eso) exhorto a los jueces a que resuelvan con rapidez y eficiencia. Estamos empeñados en combatir la corrupción en todas sus modalidades y sabemos que la corrupción está ahí donde los expedientes demoran, (y) la gente hace lo que sea con tal de que se resuelvan sus casos con rapidez”, refrió.

Iniciaremos diálogo intenso
No obstante, reiteró las críticas de su institución en contra de este dispositivo, al considerar que la separación de un magistrado no puede ser el resultado de una evaluación de cada tres años, porque éstos no son “escolares”. Enfatizó que la ratificación que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), es el único mecanismo constitucional por el cual se puede apartar a un juez de la judicatura.

En ese sentido, dijo sentirse confiado y seguro de que con las iniciativas de la ministra de Justicia, Rosario Fernández y las preocupaciones del presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, se podrá iniciar -mañana- un diálogo intenso que satisfaga a todos los actores y los involucrados en este asunto.

“Este tema tenemos que conversarlo todos, porque nosotros (la Corte Suprema) estamos de acuerdo con que exista una evaluación permanente en procura de beneficiar la excelencia de los jueces, y no con el propósito de que esta evaluación sea una espada de Damocles, porque eso sí podría resultar siendo inconstitucional y puede resultar afectando la independencia de los jueces. Los jueces empezarían a trabajar en función de la evaluación próxima y eso podría afectar su independencia y un juez sin independencia prácticamente desaparece como juez”, señaló.

“La ratificación se hace cada siete años (por el CNM), cualquier adelanto de ese plazo solamente estaría quebrantando este asunto. (…) La evaluación solo podría ser para efectos de mejorar la excelencia, de detectar las falencias, sin llegar nadad más que para eso. No para que si hay reincidencia el juez sea separado. Eso no es así, eso es completamente errado, porque eso implicaría que permanentemente tendríamos un órgano por encima y vaya sustituyendo a la Suprema. Eso me parece bien peligroso”, apuntó.

Anotó que los jueces están en permanentemente observación y que cuando alguien comete una infracción, se definen las responsabilidades inmediatas. “El tema es que hay que hacer la evaluación, pero con el propósito de capacitar a los jueces y mejorar su índice de excelencia”, refirió.

Tomamos con calma aprobación del 27%
En otro momento, comentó la encuesta de Apoyo, en la que se estima que la aprobación de la gestión del Poder Judicial obtuvo un 27%, seis puntos más que en marzo y once puntos más que en febrero.

“Lo que digan (las encuestas) hay que tomarlo siempre con calma y hay que evitar que el resultado sea de eventos coyunturales. Lo importante es que el pueblo y el país esperan que el Poder Judicial resuelva sus problemas. En consecuencia, nosotros no nos podemos sentir contentos con un aumento (en las encuestas) si es que no tenemos un plan estratégico que conduzca a que la ciudadanía entienda que el Poder Judicial está en la línea del cambio para resolver los problemas con rapidez y eficiencia”, aseveró.

“Estamos apuntando a modernizar el Poder Judicial, a utilizar la tecnología. Ya hemos implementado la notificación electrónica. Queremos generalizar este evento a nivel nacional, en el curso de este año. Tenemos que exhortar y motivar a los jueces para que los asuntos se resuelvan rápidamente. Hemos hecho el 4 de abril un inventario nacional de expedientes y hemos encontrado que no es tanta la carga que nosotros estábamos pensando, en consecuencia tenemos espacios para seguir avanzando rápidamente”, anotó.

Tema del VRAE amerita una reunión urgente
Villa Stein remarcó que reactivará la propuesta para que las altas autoridades del Ejército, el Misterio Público y el Poder Judicial, se reúnan en el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) a fin de contribuir a la pacificación de esta zona habitada por narcotraficantes y evaluar la propuesta para que los delitos que se cometan por militares sean vistos por el fuero militar.

“Este tema requiere de un análisis cuidadoso y diálogo intenso con el alto mando de las Fuerzas Armas y autoridades del Ministerio Público, eso amerita reunirnos, realizar un encuentro para ver como manejamos estas cosas. (…) He propuesto una reunión en el VRAE y voy a activar esta propuesta, para que nos reunamos todos aquellos los que podemos contribuir a la pacificación de la zona”, indicó.

Resolveremos recurso presentado por Raffo
El presidente del Poder Judicial, señaló que próximamente la Corte Suprema resolverá el recurso presentado por el congresista de Alianza por el Futuro, Carlos Raffo, quien se resiste a acudir a declarar ante la Justicia pese a estar procesado por presuntamente haber recibido 150 mil dólares de manos del ex asesor Vladimiro Montesinos para financiar la campaña electoral del año 2000 a favor del condenado Alberto Fujimori.

“El congresista (Raffo) a interpuesto un recurso ante la Suprema y tenemos que esperar la solución que la Corte Suprema dé al respecto”, señaló.

Código Procesal y presupuesto
Finalmente, dijo que para que se pueda implementar el Nuevo Código Procesal Penal en Lima, es necesario que esta iniciativa vaya acompañada de un buen presupuesto.

“Yo plantee esta iniciativa y sé que el presidente de la República está interesado, pero las cosas se manejan con criterio de realidad y la realidad está muy de la mano con el presupuesto. Es un tema que hay que manejarlo con ponderación, cuidado y sin afectar el presupuesto, porque ya sabemos lo que ocurre cuando el presupuesto se mal maneja”, concluyó.