viernes, 3 de abril de 2009

Yván Montoya: Fujimori recibiría mínimo 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad


Ideeleradio.- Si se acredita que Alberto Fujimori conocía de la existencia y el accionar del Grupo Colina en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, el ex mandatario recibiría una sentencia condenatoria no menor de 25 años de prisión, estimó Yván Montoya, ex Jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Ad Hoc.

“Si se encontrasen elementos que acrediten su responsabilidad en el caso de La Cantuta, en el cual existen menos dudas que Barrios Altos, la pena privativa temporal que contempla el Código Penal es de 35 años, pero aquí no podemos tomar como referencia el actual marco penal hay que ver que parte de los procesos se ventilaron con el Código Penal anterior. (…) De todas maneras creo que al margen del marco penal que se tome de referencia, las penas son considerablemente altas, sobretodo para una persona como Fujimori, considero que (la pena para él) será considerablemente alta, como mínimo 25 años”, señaló en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Explicó que existen puntos importantes que acreditar como la existencia del aparato de poder, el conocimiento que Fujimori Fujimori tenía del mismo y su funcionamiento, así como, la “posición clave que ocupaba Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos en la línea que conduce hasta el destacamento Colina y sus aniquilamientos”.

Apuntó que el ex mandatario pudo haber parado el funcionamiento del Grupo Colina y los crímenes perpetrados por este destacamento y no lo hizo.

En otro momento, consideró que en la matanza de La Cantuta, queda clara la responsabilidad de Alberto Fujimori y manifestó que teniendo en cuenta este punto, no será difícil para el tribunal supremo dictar una sentencia.

“Cantuta parece ser y podría ser el suceso más claro para la atribución de responsabilidad del ex presidente, tanto omisivamente, como por los elementos que se han ventilado en el juicio. Barrios Altos es un suceso que aún está en determinación cuál será la posición de la sala en ese sentido, sobretodo para saber el nivel de control, poder y dominio que tenía el presidente en ese momento, a efectos de controlar el funcionamiento de Colina. Como que quedan menos dudas respecto a Cantuta”, refirió.

Anotó que prácticamente la sala ya tiene bastante avanzada la redacción de la sentencia, pese a que Fujimori Fujimori expresó -hoy y el miércoles último- sus alegatos de defensa.

Reveló además que la avanzada edad que ostenta el ex presidente no es un atenuante para la sentencia que dictará el tribunal que preside César San Martín.

“La edad para la pena no cuenta, cuenta la edad que tuvo la persona juzgada en el momento que se cometieron los hechos delictivos, el año 1991. En ese tiempo la edad que tenía Fujimori no merecía ningún tipo de atenuación. (…) Si la edad va a ser considerada, será después de la sentencia, si es condenatoria. Para efectos de algún derecho de gracia o indulto posterior, (pero) parece que hay ciertas limitaciones (de beneficios) por (casos de) violaciones graves de derechos humanos”, sostuvo.

Finalmente, manifestó que los argumentos utilizados por Alberto Fujimori durante su autodefensa son mixtos, ya que implican tanto mensajes políticos como argumentos legales vinculados a los aplicados por su abogado César Nakazaki.

Opinó que Fujimori Fujimori comprendía absolutamente todo lo concerniente a la lucha contra el terrorismo, por lo que no es creíble que no conociera del accionar del Grupo Colina.

“En su discurso político, cuando señala la intensidad en el manejo de la lucha contrasubversiva, deja en claro la omnicomprensión que tenía del espectro de la lucha subversiva desde el inicio. Entonces es muy difícil sostener que se le escapaban las cosas, sobre todo hechos como la existencia de un aparato de poder organizado en el seno o muy vinculado estrechamente al Servicio de Inteligencia del Ejército”, concluyó.

Omar Chehade: Ministra Rosario Fernández dice una serie de falsedades

Ideeleradio.- El ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría, Omar Chehade, desmintió a la ministra de Justicia Rosario Fernández y ratificó que se vio obligado a dejar el cargo, porque le prohibió declarar contra el entonces extraditado Alberto Fujimori.

Fue al rechazar las expresiones de la titular de Justicia quien negó que Chehade Moya haya sido procurador titular, adjunto o jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Ad Hoc y que “no le conoce ni el timbre de su voz”.

“Con todo respeto, lamento que la ministra de Justicia, salga a decir una serie de falsedades que no se ciñen estrictamente a la verdad de los hechos. En primer lugar queda registrado y ustedes pueden preguntar a los reporteros del canal 5 que la ministra no los dejó entrar en febrero del año pasado, cuando yo di una declaraciones por una radio local respecto a lo que había dicho Máximo San Román incriminando a Fujimori”, dijo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“En segundo lugar es absolutamente falso lo que dice la ministra en el sentido de que sólo me conoce por video conferencia. En primer lugar, la procuraduría anticorrupción queda en los predios del Ministerio de Justicia en Miraflores. Si bien es cierto hemos cruzado muy pocas palabras, nosotros nos hemos reunido un par de veces con los demás procuradores anticorrupción. Es cierto que hemos hablado muy poco porque yo renuncié a los dos meses después que ella ingresó como titular. Nunca le interesó tampoco el respaldo a la procuraduría anticorrupción, pero que diga que me conoce a través de video conferencia es falso”, agregó.

Rosario Fernández desmontó la Unidad de Extradiciones
Chehade Moya calificó como una total aberración que Fernández Figueroa niegue su calidad de Jefe de la Unidad de Extradiciones, tras señalar que dicha dependencia fue creada durante el gobierno de Alejandro Toledo cuando estaba a cargo de la procuraduría anticorrupción, Antonio Maldonado.

Informó que fue la propia titular de Justicia quien desmontó la Unidad de Extradiciones, al momento en que emitió su renuncia a dicha jefatura. En tal sentido, lamentó que insista en señalar que la Procuraduría Anticorrupción es un ente autónomo.

“Nadie sale a decir algo en la procuraduría, ahí se juega al silencio. Además sigue mintiendo como lo hizo al despedir a Luis Alberto Salgado (ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos), por haber hecho un comentario contra un broadcaster de TV (Baruch Ivcher)”, declaró.

“La Unidad de Extradiciones fue una de las áreas que más réditos y éxitos dio a la procuraduría anticorrupción. No sólo con la extradición de Fujimori de Chile. Evidentemente la persona o titular que desmontó la jefatura de extradiciones fue la actual titular de Justicia Rosario Fernández. Ella fue la que desmontó después de mi renuncia la Unidad de Extradiciones que lideré durante más de un año y medio”, apuntó.

Pablo Talavera: Archivamiento de procesos contra Alan García no pueden aplicarse a Caso Fujimori

Ideeleradio.- Las razones que determinaron el archivamiento de las denuncias que se ventilaron contra el presidente Alan García por las matanzas de Accomarca y Cayara no pueden ser aplicadas en el juicio que se le sigue a Alberto Fujimori, estimó Pablo Talavera, coordinador de la Sala Penal Nacional.

Fue al ser consultado por los argumentos utilizados por César Nakazaki, abogado del ex jefe de Estado, quien dijo en sus alegatos finales que su patrocinado debe ser exculpado, porque en el 2005, García Pérez fue absuelto por la inexistencia de directivas de Estado que dispongan el inicio de cuestionados operativos militares en el interior del país.

“Yo no puedo dar una opinión sobre como va a ser esta sentencia, pero si puedo decir que los hechos no son los mismos. (…) En el caso de Alan García se le atribuyó participación en estos hechos (Cayara y Accomarca) por el simple hecho de que era presidente, pero no se estableció la existencia de un grupo clandestino o paralelo (como el Grupo Colina), dentro del Estado que realizara acciones determinadas. A él (García Pérez) se le atribuyó estos hechos sólo por estar en la cúspide del poder”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Son cosas distintas y me imagino que será objeto de pronunciamiento distinto, según los cánones y criterios que establezca el tribunal, de acuerdo a los hechos probados o no, que hay en esa causa (Barrios Altos). Siempre es bueno saber que las imputaciones son diferentes, aún cuando lo único similar es que ambos detentaban el poder en ese momento, pero eso no implica que los casos sean los mismos. Es una opinión muy general la que puedo dar porque no conozco a fondo el caso Fujimori”, agregó.

Cordura y prudencia al resolver prescripción
En otro momento, dijo confiar en que otras instancias del Poder Judicial actúen con cordura y prudencia, al momento de resolver los Hábeas Corpus que presenten aquellos implicados en actos de violación de derechos humanos.

Fue al referirse a las acciones de garantía constitucional que presentaron los procesados en el caso “El Frontón”, amparados en la resolución del Tribunal Constitucional que favoreció al ex militar Teodorico Bernabé.

Remarcó que la persecución penal se mantiene vigente por lo menos hasta el 2016, si se toma en cuenta que estos casos ocurrieron en 1985.

“Yo creo que los tribunales penales están observando la tendencia mayoritaria y la doctrina internacional sobre estos temas de debido proceso y el tema de prescripción. Mayores obstáculos no hemos encontrado, no se han repetido, algunos Hábeas Corpus se han declarado improcedentes. Falta que se pronuncien en el caso Castillo Páez, creo que la prudencia y la cordura tienen que primar, se trata de casos que se han llevado con el debido proceso”, señaló.

“Y en cuanto a los temas de prescripción, pareciera que nos olvidamos de un tema. Los hechos se produjeron en el año 85 ó 86 y de acuerdo a las leyes ordinarias para que un caso de asesinato prescriba, tendrían que haber transcurrido 30 años si es que ya las investigaciones se iniciaron, 20 cuando no ha habido una investigación. Si sumamos estamos todavía hasta el 2016 sin entrar a debatir si se tratan o no casos de lesa humanidad. Sólo por la aplicación de las leyes ordinarias”, enfatizó.