Ideeleradio.- El incremento de penas para choferes ebrios no evitará o reducirá de manera sustancial el problema de los accidentes de tránsito porque se necesita de una campaña de educación vial y de tránsito, estimó Samuel Abad Yupanqui, abogado constitucionalista y ex primer adjunto de la Defensoría del Pueblo.
Fue al comentar la propuesta de la ministra de Justicia, Rosario Fernández, quien informó que presentará al Congreso un proyecto de ley que crea el nuevo Código de Tránsito, norma que servirá para que jueces especializados en esta materia impongan penas con cárcel efectiva a quienes conduzcan en estado de ebriedad.
“Lo que pretende la norma es disponer obligatoriamente la prisión. En definitiva el problema no se soluciona sólo con eso. Obviamente las personas que sean procesadas van a ir presas de aprobarse ese proyecto de ley, pero detrás de eso hay toda una campaña de educación vial y de tránsito. Sencillamente todavía se siguen presentando hechos de esta naturaleza y no creo que el incremento de penas evite o haga disminuir sustancialmente este tipo de problemas sin mencionar el tema de que los penales están que explotan”, informó en el programa
“No Hay Derecho” de Ideeleradio.
Abad Yupanqui explicó que actualmente existen normas que permiten la detención para las personas que conducen en estado de ebriedad y producen la muerte un ciudadano, pero señaló que los jueces no la aplican.
“En realidad en el Perú, lamentablemente se viene cometiendo bastantes accidentes de tránsito por razones de que la persona conduce ebria. No es la única razón, son una de las razones principales. Obviamente toda medida que pueda contribuir a evitar eso es saludable. Hay que ver si la medida es la adecuada. Una persona si maneja ebria y mata a una persona podría ir tranquilamente a la cárcel, ha habido casos en lo que esto ha sucedido. Pero reitero no ocurre en la realidad (con frecuencia) porque los jueces no la aplican”, comentó.
Juzgados especializados en tránsito requeriría de presupuestoSobre la creación de juzgados especializados en tema de tránsito, opinó que es positiva dicha propuesta. No obstante, sostuvo que eso significará que se reconviertan jueces penales en jueces de tránsito o en su defecto que el Ejecutivo le dé el presupuesto correspondiente al Poder Judicial para el incremento de jueces y la creación de esta especialidad.
“Esto último me parecería más saludable porque lo que hoy día ocurre es que un juez penal ve de todo”, señaló.
Sobre demora de juecesEn otro momento, se refirió a la propuesta defendida por la ministra de Justicia, Rosario Fernández, por la que se sancionaría a los jueces que en un determinado plazo establecido, no resuelvan un caso. Indicó que si bien esta medida tiene una buena intención, no toma en cuenta la realidad del país.
“La razón por la cual los jueces no resuelven en los plazos debidos no sólo es por una desidia judicial, sino lo que ocurre es que la carga procesal es enorme. No sólo en justicia penal, civil e inclusive en la constitucional (…) Ni el Tribunal Constitucional resuelve en los plazos establecidos por la ley y establecer una norma diciendo que si no lo haces te van a sancionar, es desconocer lo que ocurre en la realidad”, comentó.
CIDH debe emitir informe sobre Justicia MilitarPor otra parte, comentó la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, donde se analiza los argumentos a favor y en contra de los artículos de la Ley de Justicia Militar Policial peruana (Ley 29182), que disponen que sea el presidente de la República quien nombre a los vocales y fiscales supremos militares, los mismos que deben ser oficiales en actividad.
Dijo que espera que dicho órgano supranacional, pueda emitir un informe sobre el tema y que éste pueda ser presentado por el Tribunal Constitucional a fin de que se pueda tener todos los elementos de juicio necesarios para ratificar la inconstitucionalidad de la norma. Señaló que existe una resistencia del Congreso de la República y del Ejecutivo de acatar lo dispuesto por el TC en dicha materia.
“Existen razones y argumentos que consideran que la Justicia Militar y las Fuerzas Armadas son indispensables para mantener el orden del país. Ese recurso de la Justicia Militar es una suerte de decir: ‘Sí pues es indispensable tenerla de esa manera porque es una garantía de salvaguarda del orden’. En realidad no comparto esa opinión, creo que existen experiencias en otros países. Ya existen decisiones del TC que ubican a la Justicia Militar en su adecuado rol y lo que existe es una resistencia del Congreso y del Ejecutivo para acatar estas normas. Hoy día ya existen seis sentencias del TC que establecen los límites de la Justicia Militar y pese a eso se ha dictado una ley que insiste en un diseño donde los jueces son designados por el Ejecutivo”, remarcó.
“Ya se nombraron 10 jueces del Tribunal Supremo Militar Policial y si uno examina la conformación más allá de reconocer que hay personas conocidas importantes, uno se percata que realmente es una justicia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), porque de diez de sus miembros, nueve son de las FF.AA. específicamente del Ejército y uno de la Policía. Si uno examina el número de casos que llegan a la Justicia Militar se dará cuenta que un número importante de casos vienen de la PNP. Obviamente se trata de un dominio de las FF.AA. al interior del Tribunal Supremo”, agregó.