miércoles, 11 de febrero de 2009

Rudecindo Vega: Modificación a la Ley de Formalización de la Propiedad Ilegal es polémica y peligrosa


Ideeleradio.- El ex ministro de Vivienda, Rudecindo Vega, calificó de polémica y peligrosa la promulgada modificación a la Ley de Formalización de la Propiedad Ilegal (Ley 28687), porque no establece diferencias entre la invasión de un terreno o la de una casa desocupada y porque permitiría la entrega de títulos de propiedad en zonas riesgosas.

“La ley actual genera polémica a pesar de que es lo mismo que se ha hecho en los últimos 50 años. Tengo la impresión de que hay algunos temas que son generalmente polémicos. (…) Primero, no distingue una ocupación masiva o invasión de un terreno que está desocupado -que ya es ilegal-, de una propiedad que puede ser una casa desocupada en una zona urbana. (…) Ese es un tema saltante que debe ser resuelto”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“El segundo tema que pone en riesgo toda esta situación, es que todas las leyes consideraban que no se puede titular, ni otorgar títulos de propiedad, en zonas que generan riesgo para las familias que están ocupando. Esta ley abre la puerta para que en zonas riesgosas se entregue títulos de propiedad y eso es sumamente peligroso. Uno puede decir que estas personas están muchos años y que hay que darle títulos y servicios, pero si es que no se ha solucionado el riesgo, eso no quiere decir que en los próximos cinco años, no pueda ocurrir una catástrofe”, agregó.

Expropiación y justiprecio
El ex funcionario dijo observar en esta norma, términos poco claros que podría ser aprovechado por algunas personas que no han buscado resolver un problema social de vivienda, sino aprovecharse delincuencialmente de algunas propiedades. Estimó que un asunto a resolver, será el establecimiento del valor real de un predio que ha sido expropiado por el Estado, con fines de titulación de una comunidad.

“Es todo un procedimiento que se ha ido reglamentando. Una expropiación no es otra cosa que obligar a vender a un propietario y el Estado lo puede hacer en temas sociales, como la invasión masiva. Y generalmente, el que compra es el Estado mismo a un justiprecio, aquí hay opiniones en torno al cálculo, que podría ser el valor arancelario o el valor del mercado. En esa discusión, si el propietario podrá reclamar por un justo precio a través de un juicio y eso está reglamentado. La cuestión es determinar un valor justo por la propiedad”, refirió.

Problema de 50 años
Recordó que el tema de la propiedad informal y de la formalización, es un problema que se registra reiteradamente en los últimos 50 años. Explicó que en los últimos 70 años el proceso de urbanización desorganizado en el Perú, se ha dado fundamentalmente por asentamientos humanos, urbanizaciones populares, llamados también pueblos jóvenes o barrios marginales.

Indicó que cada vez que han existido invasiones, el Estado paulatinamente ha venido formalizándolos y legalizándolos, para permitirles acceder al mercado. “Más aún para ser justo en este tema, la última ley global fue promovida por nosotros, en la gestión anterior, para que sea una ley de formalización, de acceso a suelos y de acceso a servicios de agua, desagüe y saneamiento. Es lo que ha permitido formar por ejemplo ‘Agua para Todos’ y entregar una buena cantidad de títulos de propiedad”, anotó.

“Mi Barrio” y “Mejorando Mi Pueblo”.
En otro momento, estimó que la población beneficiada con la formalización de su propiedad, no necesariamente se inclinará electoralmente por el partido gobierno. Exhortó más bien, a la población a implementar nuevamente los programas “Mi Barrio” y “Mejorando mi Pueblo”.

“Nuestra población es particularmente sabia, cuando se han enfrentado en estos temas. Si les beneficia aprovecharán la norma, pero eso no significa que se vaya a hipotecar más adelante su apoyo político. Felizmente, esto ha sido así por años. Aprovecha lo que le beneficia, sin hipotecar voluntariamente su voto. Si es que alguien quiere darle un uso político, hay que decirle que no necesariamente va a conseguir lo que buscan y más bien deberían de orientar su criterio a hacer una gestión más adecuada y atender mejor a estos asentamientos que están en una situación complicada”, anotó.

“Lo que hay que decirle (al gobierno) es que pongan nuevamente en funcionamiento programas, como Mi Barrio, Mejorando Mi Pueblo. Es penoso y lamentable que se haya devuelto la plata y que se haya perdido la plata dos años seguidos, el 2007 y el 2008 de estos programas Si el gobierno tiene una intencionalidad política, que bien que lo haga, que beneficie a los más necesitados. Por ese lado, me preocuparía menos y le exigiría que tenga más voluntad política para solucionar estos problemas sociales”, finalizó.

Ricardo Beaumont: Estado es el único encargado de explicar fallo del TC ante Corte IDH por Caso "El Frontón"


Ideeleradio.- El Estado peruano y no el Tribunal Constitucional es quien debe explicar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el sentido de la resolución que emitió el máximo intérprete de la Carta Magna en torno al caso “El Frontón”, afirmó el magistrado Ricardo Beaumont Callirgos.

Fue al comentar el pronunciamiento de ese organismo supranacional, por el que pide al Perú que eleve un informe en un plazo de dos semanas, en torno al fallo que en la práctica archivó el proceso seguido a Teodorico Bernabé Montoya, uno de los ex marinos denunciados por la Fiscalía por presunta violación de derechos humanos.

“El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre el caso El Frontón, ya dictó su decisión por mayoría, es una resolución que hay que respetar. Me he enterado que la Corte se ha pronunciado Tendrá que explicar el Estado (…) en el TC ya no tenemos nada que ver, ya emitimos un pronunciamiento”, dijo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Me imagino que (se responderá) a través del Ministerio de Justicia, sobre el sentido de la sentencia, con las fases que ha tenido, cómo es que ha llegado a la Corte Superior y como de ahí a través de un recurso de queja del IDL, llegó a ser declarado procedente y donde por mayoría emitió su pronunciamiento el Tribunal Constitucional”, anotó.

TC verá criminalización de protestas
De otro lado, anunció que el próximo martes 17 y el miércoles 18, el Tribunal Constitucional revisará las demandas interpuestas contra los decretos que criminalizan la protesta social. Precisó que escucharán los alegatos para luego emitir una sentencia.

“Escucharemos el informe oral de los abogados, después de eso queda al Tribunal estudiar, revisar y dictar la sentencia correspondiente. Efectivamente hay una relación de seis, ocho, diez o doce demandas de inconstitucionalidad que se ven el martes 17 y el miércoles 18 en nuestra sede en la ciudad de Arequipa. Vamos a escuchar los informes orales, el pleno va a estar bajo la cabeza de Juan Vergara Gotelli (presidente del TC)”, explicó.

Hemos recuperado respeto
Beaumont Callirgos reveló, también, que se ha recuperado el nivel de respeto y cordialidad entre los miembros del Tribunal Constitucional tal y como se logró alcanzar durante el periodo del ex titular César Landa. Justificó las declaraciones de Juan Vergara Gotelli, quien durante su discurso inaugural dijo que se autorregularán para evitar las críticas a dicha entidad.

“La comunidad jurídica, por lo menos ciertos sectores manifestaron su preocupación por esas expresiones del Presidente del Tribunal. Cada presidente asume su rol y durante su discurso expone sus líneas directrices, que no creo que sean inamovibles o inmodificables. Estoy seguro de la calidad profesional académica de Vergara Gotelli (…) Esperaremos los primeros plenos del próximo mes de marzo para precisar, aclarar y ver si el presidente podría hacer algunas correcciones, como por ejemplo que las personas jurídicas también tienen derechos fundamentales”, argumentó.

Remarcó que existe la vocación y voluntad de los miembros del Tribunal Constitucional de concurrir a los diferentes lugares del interior del país y continuar con su política de acercar la justicia constitucional. En tal sentido, adelantó que viajarán a Arequipa para atender diversas demandas de inconstitucionalidad.

Habeas Corpus
Comentó, además, la reciente sentencia del máximo órgano constitucional donde se precisa las causales de improcedencia del Hábeas Corpus para evitar que esta figura se use de manera indiscriminada. Al respecto, mencionó que dicha norma tiene carácter instructivo y docente.

Indicó que en la sentencia emitida se establece una metodología para que los jueces constitucionales la apliquen al momento de evaluar una acción de garantía constitucional. Indicó que el magistrado debe identificar el derecho que implícitamente pudiera verse afectado por los actos arbitrarios que son demandados.

“En esta actividad el juez debe dejar de lado interpretaciones formalistas o literales para dar paso a la búsqueda e identificaciones de aquellos otros derechos fundamentales que si bien no hubieran sido mencionados expresamente son plenamente identificables, desde una lectura atenta de los hechos consignados en la demanda”, aseveró.

“No podemos pedir que todo el país, ni que todos los abogados y demandantes tengan absoluta claridad en la redacción de sus recursos. De tal manera, que le corresponde distraer unos minutos de su tiempo, el juez constitucional sí lo puede hacer para identificar qué derechos están siendo vulnerados por actos arbitrarios. Deberá también identificar la verdadera pretensión del demandante, para ello debe examinarla en su conjunto. Deberá analizar si dicha pretensión forma parte del contenido constitucional protegido en alguno de los derechos fundamentales que son objeto de tutela en el proceso de Habeas Corpus”, agregó.

Finalmente, señaló que lo resuelto ha sido aprobado por Segunda Sala del Tribunal Constitucional y que por ello no tiene carácter vinculante. “No tiene carácter vinculante porque no ha sido aprobado en pleno. Es instructiva. Pero esto mismo puede ser llevado a un Pleno y reafirmarlo y decir que es precedente vinculante”, declaró.