Ideeleradio.- La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) abrió proceso administrativo disciplinario al juez Julio César Díaz Paz, magistrado suplente del 40º Juzgado Penal de Lima, por haber ordenado irregularmente la detención de Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).
La resolución fue firmada por Elcira Vásquez, jefa de la OCMA, al ratificar un informe de Guillermo Huamán Vargas, integrante de la Unidad Anticorrupción de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), en el que se señala que Díaz Paz cometió una serie de irregularidades en el proceso que se le inició al letrado. El informe también incluye a la servidora judicial Lizeth Karina Carhuamaca Leiva.
Rivera Paz saludó la decisión de la OCMA la que calificó de una “resolución corta, pero contundente”, porque pone en evidencia la omisión negligente del juez y la secretaria, al momento de tramitar este proceso por la supuesta falsificación de firmas del Partido por la Democracia Social (PDS).
“Esta es una resolución simple, pero contundente, que este es un proceso irregular que transgredió las normas fundamentales del debido proceso y señala como responsable al juez Julio César Díaz Paz, quien está a cargo de esta investigación”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Aquí no vale ninguna justificación, porque se han incurrido en violaciones de manera sistemática porque el juez no tuvo la capacidad de corregir estas graves violaciones de mi derecho a la defensa y agravó mi situación sabiendo que no tenía conocimiento de ese proceso”, agregó
Explicó que el órgano de control encontró tres aspectos importantes que pueden considerarse irregulares, tales como, la no verificación de la notificación en términos adecuados, la consecuente declaratoria de reo contumaz y la orden de detención, así como la designación de un abogado de oficio cuando recién se efectúa la orden de detención.
Estimó que tanto el juez como la secretaria ya deben haber declarado ante la OCMA para dar cuenta de sus actos. Anotó que la resolución señala que existen obligaciones legales y constitucionales que debieron ser seguidas por el juez.
“Este proceso disciplinario es consecuencia de que la OCMA ha verificado graves irregularidades en la tramitación del proceso judicial que me fue informado de la manera más abrupta y violenta el 14 de junio pasado cuando regresé de Estados Unidos”, recordó.
La resolución fue firmada por Elcira Vásquez, jefa de la OCMA, al ratificar un informe de Guillermo Huamán Vargas, integrante de la Unidad Anticorrupción de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), en el que se señala que Díaz Paz cometió una serie de irregularidades en el proceso que se le inició al letrado. El informe también incluye a la servidora judicial Lizeth Karina Carhuamaca Leiva.
Rivera Paz saludó la decisión de la OCMA la que calificó de una “resolución corta, pero contundente”, porque pone en evidencia la omisión negligente del juez y la secretaria, al momento de tramitar este proceso por la supuesta falsificación de firmas del Partido por la Democracia Social (PDS).
“Esta es una resolución simple, pero contundente, que este es un proceso irregular que transgredió las normas fundamentales del debido proceso y señala como responsable al juez Julio César Díaz Paz, quien está a cargo de esta investigación”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Aquí no vale ninguna justificación, porque se han incurrido en violaciones de manera sistemática porque el juez no tuvo la capacidad de corregir estas graves violaciones de mi derecho a la defensa y agravó mi situación sabiendo que no tenía conocimiento de ese proceso”, agregó
Explicó que el órgano de control encontró tres aspectos importantes que pueden considerarse irregulares, tales como, la no verificación de la notificación en términos adecuados, la consecuente declaratoria de reo contumaz y la orden de detención, así como la designación de un abogado de oficio cuando recién se efectúa la orden de detención.
Estimó que tanto el juez como la secretaria ya deben haber declarado ante la OCMA para dar cuenta de sus actos. Anotó que la resolución señala que existen obligaciones legales y constitucionales que debieron ser seguidas por el juez.
“Este proceso disciplinario es consecuencia de que la OCMA ha verificado graves irregularidades en la tramitación del proceso judicial que me fue informado de la manera más abrupta y violenta el 14 de junio pasado cuando regresé de Estados Unidos”, recordó.
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