Ideeleradio.- La injerencia de los Estados en la regulación de los Organismos No Gubernamentales (ONG) tiene que ser razonable, porque en caso contrario se ingresa al campo de la arbitrariedad que puede afectar la libertad de asociación, afirmó Carlos Ayala, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fue al comentar el proyecto de ley que discute el parlamento venezolano, a través del cual se busca que las ONG preexistentes se inscriban en un nuevo registro, bajo criterios que serán fijados recién en un reglamento, iniciativa que sería similar a la que aprobó la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano, en el sentido de que supervigila los fondos privados que reciben estas instituciones.
“Es una ley (venezolana) que incide de una manera arbitraria en lo que es el funcionamiento de este sector de la sociedad civil, que si bien puede estar sujeto a las inscripciones, a dar cierta cuenta de sus gestiones, el nivel de injerencia estatal tiene que ser razonable para que no comience a entrar en el área de la arbitrariedad y la violación de estándares internacionales de derechos humanos de libre asociación”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Lo que propone la ley es un nuevo registro de ONG bajo el cual las organizaciones actuales tendrían que inscribirse en un registro, cuyos requisitos se establecerán vía reglamento, para tener existencia legal. (…) Eso nos recuerda algunos casos como el de Rusia, en donde después de dictar una ley, establecieron requisitos discrecionales y muchas ONG particularmente de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, quedaron ilegalizadas”, advirtió.
Proyecto venezolano: Recursos de ONG van a un fondo estatal
Informó que la Asamblea Nacional de Venezuela tramita este proyecto de Ley de Cooperación Internacional y que este sería aprobado antes de fin del año, pues está entre las prioridades legislativas y ya tuvo el visto bueno durante su primera discusión. Precisó que la suspicacia radica en que no se conocen cuales podrían ser los nuevos requisitos para la inscripción de estas instituciones y en que el Estado se interviene en los recursos que éstos perciben.
“(El proyecto dice que) la cooperación significa que va a haber un fondo estatal al cual van a llegar los fondos internacionales de cooperación a las ONG, (es decir) no van a llegar directamente a la institución, sino que irán a un fondo del gobierno para que allí se distribuyan y eso va a significar un nivel de intromisión en las organizaciones nacionales e internacionales no venezolanas”, refirió.
Régimen no es democrático cuando se cierran espacios
Opinó que cuando el Estado traspasa un nivel razonable de intervención, entonces se percibe un cuestionamiento a la percepción de lo que es la democracia, el poder y el rol de las personas en una sociedad democrática, más allá de la naturaleza ideológica del gobierno, sea esta de izquierda, de derecha o de centro, que aplique una política autocrática.
“Esta sociedad democrática se da cuando los ciudadanos tienen libertad de organizarse, de incidir, de denunciar de proponer y eso puede transitoriamente están en el poder, eso es lo que permite que una democracia haya un debate vivo, permitiendo que una democracia, que se organice en los ciudadanos para cumplir determinados objetivos que ellos se plantean, puede ser en materia cultural, deportiva, social, ambiental en derechos humanos y precisamente eso es lo que es democracia”, declaró.
“Cuando empezamos a cerrar estos espacios, entonces no estamos deslizando a un régimen distinto a la democracia, y para eso, basta leer la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima, el 11 de setiembre del 2001, donde precisamente uno de sus componentes de la creación esta una sociedad civil, activa y libre que juegue un rol fundamental para la vida democrática”, manifestó
Principio de no intervención debe prevalecer para ambos lados
Por otra parte, dijo desconocer si existe algún nivel de injerencia de Venezuela en el país, a propósito de la denuncia del presidente de la República, Alan García, quien señala la existencia de un complot internacional detrás de los conflictos sociales.
“No sabría en realidad el detalle de cómo puede ser o no la injerencia de mi país en el suyo. Le soy muy sincero, desconozco. (…) Aquí ha habido una condena histórica de países como EEUU o de granes potencias en países de America Latina, y ahí hay que condenarlo porque el derecho de la autodeterminación de los pueblos, prohíbe que otro interfiera en su política”, remarcó.
“Ahora sí es bueno el principio de no intervención, y es bueno para ambos lados, no puede ser bueno cuando se trata de promover una corriente que yo apoyo, y malo cuando existe una corriente que desapruebo. (…) Los principios de derechos internacionales deben respetarse, independiente de la ideología del presidente. Los países deben ser soberanos, sin intervención de sus asuntos internos, directa o indirectamente”, concluyó.
Fue al comentar el proyecto de ley que discute el parlamento venezolano, a través del cual se busca que las ONG preexistentes se inscriban en un nuevo registro, bajo criterios que serán fijados recién en un reglamento, iniciativa que sería similar a la que aprobó la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano, en el sentido de que supervigila los fondos privados que reciben estas instituciones.
“Es una ley (venezolana) que incide de una manera arbitraria en lo que es el funcionamiento de este sector de la sociedad civil, que si bien puede estar sujeto a las inscripciones, a dar cierta cuenta de sus gestiones, el nivel de injerencia estatal tiene que ser razonable para que no comience a entrar en el área de la arbitrariedad y la violación de estándares internacionales de derechos humanos de libre asociación”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Lo que propone la ley es un nuevo registro de ONG bajo el cual las organizaciones actuales tendrían que inscribirse en un registro, cuyos requisitos se establecerán vía reglamento, para tener existencia legal. (…) Eso nos recuerda algunos casos como el de Rusia, en donde después de dictar una ley, establecieron requisitos discrecionales y muchas ONG particularmente de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, quedaron ilegalizadas”, advirtió.
Proyecto venezolano: Recursos de ONG van a un fondo estatal
Informó que la Asamblea Nacional de Venezuela tramita este proyecto de Ley de Cooperación Internacional y que este sería aprobado antes de fin del año, pues está entre las prioridades legislativas y ya tuvo el visto bueno durante su primera discusión. Precisó que la suspicacia radica en que no se conocen cuales podrían ser los nuevos requisitos para la inscripción de estas instituciones y en que el Estado se interviene en los recursos que éstos perciben.
“(El proyecto dice que) la cooperación significa que va a haber un fondo estatal al cual van a llegar los fondos internacionales de cooperación a las ONG, (es decir) no van a llegar directamente a la institución, sino que irán a un fondo del gobierno para que allí se distribuyan y eso va a significar un nivel de intromisión en las organizaciones nacionales e internacionales no venezolanas”, refirió.
Régimen no es democrático cuando se cierran espacios
Opinó que cuando el Estado traspasa un nivel razonable de intervención, entonces se percibe un cuestionamiento a la percepción de lo que es la democracia, el poder y el rol de las personas en una sociedad democrática, más allá de la naturaleza ideológica del gobierno, sea esta de izquierda, de derecha o de centro, que aplique una política autocrática.
“Esta sociedad democrática se da cuando los ciudadanos tienen libertad de organizarse, de incidir, de denunciar de proponer y eso puede transitoriamente están en el poder, eso es lo que permite que una democracia haya un debate vivo, permitiendo que una democracia, que se organice en los ciudadanos para cumplir determinados objetivos que ellos se plantean, puede ser en materia cultural, deportiva, social, ambiental en derechos humanos y precisamente eso es lo que es democracia”, declaró.
“Cuando empezamos a cerrar estos espacios, entonces no estamos deslizando a un régimen distinto a la democracia, y para eso, basta leer la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima, el 11 de setiembre del 2001, donde precisamente uno de sus componentes de la creación esta una sociedad civil, activa y libre que juegue un rol fundamental para la vida democrática”, manifestó
Principio de no intervención debe prevalecer para ambos lados
Por otra parte, dijo desconocer si existe algún nivel de injerencia de Venezuela en el país, a propósito de la denuncia del presidente de la República, Alan García, quien señala la existencia de un complot internacional detrás de los conflictos sociales.
“No sabría en realidad el detalle de cómo puede ser o no la injerencia de mi país en el suyo. Le soy muy sincero, desconozco. (…) Aquí ha habido una condena histórica de países como EEUU o de granes potencias en países de America Latina, y ahí hay que condenarlo porque el derecho de la autodeterminación de los pueblos, prohíbe que otro interfiera en su política”, remarcó.
“Ahora sí es bueno el principio de no intervención, y es bueno para ambos lados, no puede ser bueno cuando se trata de promover una corriente que yo apoyo, y malo cuando existe una corriente que desapruebo. (…) Los principios de derechos internacionales deben respetarse, independiente de la ideología del presidente. Los países deben ser soberanos, sin intervención de sus asuntos internos, directa o indirectamente”, concluyó.
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