viernes, 12 de junio de 2009

Javier La Rosa: Existen elementos que llevan a sospechar que número de muertos en Bagua sería mayor


Ideeleradio.- Existen elementos que llevan a la sospecha de que el número de muertos en la provincia de Bagua es mayor a la lista oficial del gobierno y eso está registrado en los diversos testimonios que ofrecen los pobladores, afirmó Javier La Rosa, responsable del Área Acceso a la Justicia del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Quiero que todo esto se entienda en condicional, las cifras oficiales son las que se han mencionado, 34 personas. Sin embargo, hay algunos elementos que generan dudas y creo que ameritaría que haya una investigación imparcial y seria (en la provincia de Bagua)” expresó en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“¿Cuáles son estos elementos? Por un lado, tenemos testimonios que coinciden, porque no es posible que todas estas personas se hayan puesto de acuerdo para decir lo mismo, en el sentido de que ellos han visto a una serie de personas heridas o muertas y que de pronto ya no están (osea están como desaparecidos)”, comentó.

Más datos que llevan a la sospecha
Asimismo, denunció que la zona de conflicto fue cercada durante cinco días por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, bajo el respaldo del toque de queda que dispuso el Gobierno y dijo que este hecho es extraño, porque durante ese tiempo ninguna autoridad civil, representantes del Ministerio Público o de la Defensoría, pudo ingresar a “la Curva del Diablo” a constatar lo ocurrido.

“La zona en donde fue el enfrentamiento fue totalmente vedada hasta el día miércoles (10 de junio), no podía ingresar nadie e incluso recién ese día pudo ingresar el Ministerio Público. (Recuérdese que los sucesos ocurrieron el último viernes 05 de junio). Entonces es una situación bastante irregular, por decir lo menos”, criticó.

Para La Rosa Calle, estos sucesos configuran un nuevo cuadro de elementos que dan cuenta de un número mayor de víctimas respecto al rol oficial del gobierno. Aclaró que pese a la existencia de estas sospechas no se puede afirmar –todavía- que exista un buen número de muertos desaparecidos.

“Si a eso le sumamos los obstáculos que habían puesto las autoridades (militares y policiales) para que no puedan intervenir las organizaciones de derechos humanos, pues (inclusive) la propia Cruz Roja Internacional tuvo dificultades, entonces estamos creando un cuadro en el cual hay elementos para dudar y sospechar de las cifras oficiales”, declaró.

Hubo subordinación de autoridades
Cuestionó asimismo el desempeño de los representantes del Ministerio Público destacados en la zona, que no habrían actuado prudentemente dentro de los cánones constitucionales. Comentó que parecía una subordinación del poder civil frente al poder militar o policial.

“Nos sorprende la actuación del Ministerio Público en la zona. Hay algunos elementos que permiten explicar esto: Cuando el día martes pedimos entrevistarnos con los detenidos en la comisaría de Bagua Chica, lo que nos dijo el fiscal es que comprendiéramos la situación por la cual no se podía seguir los cánones formales e institucionales. Comprender esa situación es como decir hay que flexibilizar lo que dicen las leyes, lo cual obviamente discrepamos”, anotó.

“Sin embargo se notaba claramente la debilidad de las autoridades civiles, no sólo era un tema del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo tampoco pudo ingresar a la zona, lo cual nos hacía recordar épocas ya superadas en el país, la época de la guerra interna en la cual se dio esta subordinación del poder civil frente al poder militar o policial”, denunció.

Hay personas que están dispuestas a testificar
Estimó que con estas acciones se violó los derechos mínimos del debido proceso de las personas detenidas en la comisaría de Bagua Chica, acusadas de cometer los actos de violencia y asesinato de los efectivos de la Policía de la “Estación Nº 6”.

Aseguró que existe un buen número de personas indígenas que están dispuestas a testificar lo ocurrido, pero siempre y cuando se les brinden las garantías del caso, que podría ser a través de una comisión independiente. Pues señaló que éstos ya no confían en las autoridades políticas.

“Hay muchos pobladores que están dispuestos a mencionar esto, con sus testimonios, pero piden una comisión independiente, una suerte de delegación imparcial donde ellos puedan hablar porque no confían en el gobierno. Hay tal clima de desconfianza y que dan un rechazo a lo que venga del gobierno. Creo que dada las circunstancias amerita que cuanto antes vaya esta delegación”, exhortó.

“Creo que esta instancia mediadora que se ha formado a nivel de la Iglesia Católica y otras iglesias deben abordar eso, porque mientras haya la presunción de desaparecidos o que existen más muertos será muy difícil alcanzar la paz social en la zona”, comentó.

Hubo racismo en problema con indígenas
Finalmente, el responsable del Área Acceso a la Justicia del Integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL) cuestionó la actitud de las principales autoridades políticas como del presidente Alan García por tratar este problema con “racismo”.

“Una de las cosas que nos llama la atención es del lado estatal, la manera racista como han manejado esta situación. Lo cual se ha evidenciado desde las más altas esferas gubernamentales como del propio presidente de la República, hasta las autoridades policiales y militares”, apuntó.

“Eso se evidencia cuando se les trata como ciudadanos de segunda clase porque como son indígenas no importan y sí se les puede maltratar. Eso es algo que hay que denunciar porque claramente se trata de personas (que tienen derechos) que como nos decían: Nunca hemos recibido nada del Estado y ahora lo que vemos es el lado más feo”, concluyó.
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