Ideeleradio.- El incumplimiento de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordena reparar económicamente a los familiares de las víctimas del caso La Cantuta revela que no existe voluntad del Estado para atender a quienes fueron afectados durante el conflicto armado interno, aseguró Gisela Ortíz, representante de los deudos de la Universidad "Enrique Guzmán y Valle".“Resulta alentador saber que se está avanzando respecto al Registro Único de Víctimas como la pieza fundamental para saber cuántos somos y cuánto presupuesto necesitamos para las reparaciones. Sin embargo, debo denunciar que lamentablemente no hay voluntad para atender la obligación de las reparaciones. Partiendo del Caso Cantuta en este tiempo se está cumpliendo dos años de una sentencia de la Corte Interamericana donde manda a reparar a los familiares de las víctimas con nombre y apellido ya que estamos identificados. Sin embargo, el Estado a través del Ministerio de Justicia muestra una indiferencia total”, informó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“(El Ministerio de Justicia) no sólo no responde los documentos que se le envía y no hay razones frente a la cual decida implementar nuestra reparación. Ante un hecho concreto hay una negación, hay una vulneración de nuestros derechos. Hemos vuelto a insistir ante el premier Yehude Simon para exigirle al Ministerio de Economía, el cumplimiento de estas reparaciones”, anotó.
Caso Cantuta no es el único
Apuntó que la situación que se registra en el Caso Cantuta se repite también en el caso de la reparación a los deudos del joven Celestino Baldeón -cuya sentencia está entrando al cuarto año del plazo establecido por la Corte Interamericana- así como el caso Cantoral.
“No sólo tenemos sentencias referidas a derechos humanos, sino también se encuentra pendiente la de los trabajadores de la Municipalidad de Lima y de los trabajadores del Congreso. En total, creo que tenemos siete sentencias en que los plazos establecidos por la Corte Interamericana han vencido largamente y por el cual el Estado peruano no atiende este derecho. Esto nos hace pensar con razón a los familiares que no hay voluntad sino un atropello permanente al derecho que tenemos como familiares a la reparación. Simplemente no dice nada”, añadió.
Hemos tenido que romper con la indiferencia
De otro lado, comentó que los familiares de las víctimas de la violencia han tenido que romper con la indolencia y muchos estigmas respecto a una supuesta vinculación con algún tipo de movimiento subversivo, para ganarse un espacio en la exigencia de derechos y respecto a su compromiso con la verdad y justicia.
Señaló que la lección que deja el juicio al ex presidente Alberto Fujimori es que todos somos iguales ante la ley y que no hay distinción respecto a la responsabilidad de nuestros actos. Sin embargo, lamentó que exista una negación del Estado de incorporar estos temas como parte del aprendizaje permanente en el país.
“Hay mucho temor de enfrentar a los niños y jóvenes con una historia dolorosa. Es a través del Estado que se demuestra un irrespeto total a la memoria y al dolor de los familiares. Vemos que existe una contradicción de no reconocer como obligación del Estado de incorporar a las víctimas y no estigmatizarlos al señalar que alguna culpa habrán tenido durante esta época”, mencionó.
No obstante, reconoció que hubo también indiferencia por parte de los familiares frente al clamor de otras víctimas del interior del país. Indicó que lo han reconocido públicamente y han pedido perdón por sólo preocuparse en sus propios casos. “Yo sí creo que hay que reconocer el dolor del otro, pero también expresar la solidaridad permanente de afianzar los lazos que fortalezcan la lucha de las víctimas”, expresó.
Finalmente, sostuvo que el objetivo fundamental de los deudos es la no repetición de hechos de violencia y aseguró que la sanción ejemplar y el esclarecimiento de lo ocurrido es la única garantía que evitará la reedición de la historia. “Enarbolamos estos derechos y no vamos a claudicar en ellos para que se atienda estos derechos. Los familiares de las víctimas esperamos los gestos necesarios del gobierno para que se reconcilien con nosotros y no se nos dé la espalda (...)”, remarcó.

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