Ideeleradio.- Tacna le exigirá al Gobierno Central una compensación por los más de 260 millones de soles anuales que perderá tras la modificación de la ley de distribución del canon minero, aseguró el presidente regional Hugo Ordóñez, luego de denunciar la existencia de una política gubernamental anti Tacna.“Hoy voy a pedir una reunión con el premier Yehude Simon, para exigirle una compensación. Deben resarcir los grandes daños económicos que se están causando a Tacna. (…) No hay derecho que el gobierno central maltrate tanto a Tacna, ayer nos han quitado más de 260 millones de canon minero, único recurso que tenemos para financiar los proyectos de desarrollo para nuestra abandonada región”, indicó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Queremos que se ponga punto final a lo que consideramos una política gubernamental anti Tacna, que nos esta maltratando fuertemente. (…) Hay una política que no se concilia con la intereses de Tacna y nos llama la atención que nunca haya habido una objeción y que de la noche a la mañana se haya procesado este proyecto de ley altamente lesivo”, agregó.
En ese sentido le pidió al presidente del Consejo de Ministros, que "escuche las demandas de los tacneños y reflexione", pues advirtió que esta reforma de la norma ha generado disconformidad, cólera y resentimiento en la región fronteriza con Chile.Hugo Ordoñez, denunció que la empresa Southern Perú habría influido en las decisiones del Poder Ejecutivo respecto a la problemática surgida con Moquegua.
“Southern está muy presente en esa toma de decisiones, me consta que el proyecto de ley que envió el presidente Alan García y el ex premier Jorge del Castillo, en el fondo utiliza las mismas palabras y metodología que planteó Southern en julio de este año, cuando aconsejaba que se dé un proceso de cuentas separadas”, explicó.
En otro momento, Ordoñez Salazar saludó la aprobación del dictamen que señala que las empresas establecidas en la ZofraTacna continuarán con sus labores de reparación y acondicionamiento de vehículos usados hasta diciembre del 2010, acuerdo tomado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.
Como se recuerda, un grupo de trabajo legislativo reconsideró la votación de la semana pasada, por la cual se aprobó un dictamen que establecía prorrogar dichas actividades hasta el último día del 2012.
