Ideeleradio.- La Fiscalía de la Nación espera que el comandante general del Ejército, Edwin Donayre, concurra a declarar al despacho de la magistrada Marlene Berrú, que investiga la existencia de supuestos malos manejos en la asignación y uso del combustible adicional en la Región Militar Sur (RMS), porque los altos funcionarios deben enseñar con el ejemplo, afirmó Gladys Echaíz, titular del Ministerio Público.“Las personas que tenemos algunos cargos y sobretodo cuando estos son de jefatura tenemos una doble moral, es decir la de respetar la ley y someternos a la misma y la otra, es la de enseñar con el ejemplo. Si pretendemos imponer orden, hacer respetar la ley y vivamos como ciudadanos dentro de esa ley, tenemos que comenzar por nosotros mismos por vivir dentro de ese marco. Espero que hayan sido razones muy importantes que hayan impedido que el general no concurra hasta ahora”, dijo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Vamos a darle el beneficio de la duda y esperamos que en esta última citación que le ha efectuado la fiscal, él concurra a prestar declaración por su propia salud, porque le permitiría exponer su punto de vista, confrontar las informaciones que tiene la fiscalía para evitar cuestionamientos, que ya son muchos los que le hacen a la institución que él dirige, para contribuir a la paz social y hacer que nuestro país se coloque en el nivel de los países civilizados y no del respeto o de la imposición de la fuerza”, agregó.
No hay presión a fiscal Marlene Berrú
Echaíz Ramos negó, por otro lado, que la fiscal a cargo de la investigación haya recibido algún tipo de presión tal y como lo señalaron algunos medios periodísticos. Dijo que si ese fuera el caso, tanto la magistrada encargada de investigar este tema, como ella, en su calidad de titular del Ministerio Público, hubieran denunciado cualquier acto de intimidación.
“No tengo conocimiento de que haya recibido algún tipo de presión la doctora (Marlene Berrú), al menos no nos ha informado (de ese supuesto). Quiero entender que lo que sale en la prensa como alguna percepción o especulación porque sino yo lo hubiera denunciado. He dicho públicamente que el día que nosotros suframos una presión de donde venga, voy a denunciarlo públicamente. La doctora actúa libremente, de acuerdo a su criterio”, mencionó.
Amnistía nos lleva al olvido y a conocer la verdad
Al ser consultada sobre los proyectos de la amnistía o indulto a favor de militares implicados en casos de violación de derechos humanos, Echaíz Ramos sostuvo que conoce bien la evaluación que se ha hecho del tema y que no le corresponde hacer algún tipo de declaración política. No obstante, manifestó en líneas generales, que la amnistía nos lleva al olvido y nos impide conocer la verdad.
“La amnistía es el olvido, el Estado se olvida de algunos delitos y le alcanza a todas las personas que hubieran incurrido en él. Sin embargo, poniéndose del lado de las mismas personas que se encuentran procesadas nos pone en una situación difícil, porque nunca conoceremos la verdad. Se le impide incluso que se declare su inocencia, porque la investigación al estar sometido a un proceso, no es estar condenado. Si es culpable y si así se llegara a determinar y se diera a alguna circunstancia que conllevara al perdón, queda el indulto, pero ya individualmente analizando las situaciones en razón de las personas y no en el delito”, opinó.
“Aquí somos nosotros simplemente somos operadores de la justicia, de investigar y hacer una petición requeriente al Poder Judicial cuando encontramos alguna responsabilidad. No sé si serán las circunstancias graves que motiven una ley de esta naturaleza para pacificar el país pues habría que hacer una evaluación de esa naturaleza que no me compete”, finalizó.
Dilación de juicios se debe a que instituciones castrenses no entregan información
En otro momento, se pronunció en torno a la supuesta dilación de los procesos judiciales por violación de derechos humanos, utilizado como argumento por legisladores apristas, para impulsar la aprobación del proyecto de ley de amnistía e indulto, a favor de militares procesados por violación de derechos humanos. Sostuvo que la negativa de las instituciones militares de brindar información de los procesados, es uno de los motivos que dificulta que las autoridades judiciales puedan culminar las indagaciones dentro de los plazos razonables.
“Hay dificultad para poder diligenciar. Lo que pasa es que existen problemas para poder tomar algunas declaraciones de las personas, en la individualización o identificación de los probables autores, porque no se contribuye con la justicia. Son las mismas instituciones que bajo un errado criterio de solidaridad, retardan o nunca dan la información que se solicita”, señaló.
“No podemos caminar rápido, sino hay contribución para el esclarecimiento de la verdad, para fortalecer a un país que está deseoso de salir adelante, de crecer y desarrollarse en paz, después de conocer la verdad de las cosas. Eso es un poco lo que detiene el trabajo fiscal y judicial. Nosotros nos demoramos en investigar porque no encontramos evidencia, pero siempre está el hecho concreto, el tema, de que algunos elementos que no son muy suficientes para llevar a juicio, pero la duda no nos permite archivar y estamos en ese estado de indefinición o indeterminación, porque no podemos hacer más nada”, acotó.
Dos expertos internacionales apoyarán investigación de chuponeo
En otro momento, se pronunció sobre la dificultad que afronta la Fiscalía para investigar los casos de interceptación telefónica y anunció, en este sentido, que el Ministerio Público ha tomado contacto con dos expertos internacionales para que colaboren en la investigaciones.
“Se requiere tener los conocimientos de algunos expertos en el tema, que en el Perú difícilmente lo encontramos. Ya he tomado (contacto) con un par (de) especialistas, que no son nacionales y que probablemente nos ayuden a caminar en el curso de estos trabajos que son muy técnicos. Nosotros podemos conocer la ley, pero no necesariamente la tecnología que utiliza para este tipo chuponeo o interceptaciones telefónicas. Inclusive de la reserva o del secreto de la comunicación”, mencionó.
También se pronunció en torno a las declaraciones del ministro del Interior, Remigio Hernani, quien recomendó a los ministros encriptar sus teléfonos para evitar este tipo de interceptación de sus comunicaciones. Dijo que sería ideal tener esta clase de aparatos, pero calificó de lujo, que no se pueden dar algunas instituciones.
“Ya no sabemos qué hacer porque la violación de las comunicaciones se da de todos los lados. Nosotros estamos tratando de investigar estos hechos y de verdad que nos estamos encontrando con una serie de situaciones que ojalá nos lleve a encontrar los hilos de tantas redes. Que no hablemos mucho, no sé si sea la salida del problema (comprar equipos encriptados). Desde mi posición de fiscal yo creo que debemos analizar las causas y atacarlas. No podemos estar cuidándonos, porque lo que uno habla son cuestiones propias del trabajo donde no hay nada que ocultar, pero también hay que trasmitir informaciones reservadas que puedan dañar trabajos o ser mal usada (esta información) más ahora que se ha hecho un comercio de esto”, precisó.
