domingo, 19 de octubre de 2008

Pablo Sánchez: No debe repetirse experiencia de la ONA en lucha contra la corrupción

Ideeleradio.- El presidente de la Academia Nacional de la Magistratura (Amag) y fiscal supremo Pablo Sánchez indicó que no debe repetirse el mismo error de crear una institución similar a la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), pero se mostró a favor de poner a funcionar una Comisión Nacional que se encargue de elaborar las políticas anticorrupción del Estado.

“No es la idea crear otro órgano más, existen dos órganos importantes que son la Fiscalía para temas penales y de prevención la Contraloría, claro sin prejuicio de las actividades preventivas que haga el Estado y cada institución por su cuenta. Crear una institución no es la idea fundamental, no ha ayudado. La experiencia nos está diciendo, que la fiscal (Gladys Echaíz) tuvo razón cuando sostuvo su posición (respecto a la ONA)”, expresó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Se tiene mas bien que elaborar toda una política integral de lucha contra la corrupción que comprenda dos planos, uno de política de Estado, una Comisión Nacional para elaborar los temas importantes de lucha contra la corrupción integrada con las principales instituciones del Estado, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría y el Congreso, además debe establecerse una política institucional donde cada institución del Estado elabore su propia estrategia de política interna”, señaló.

En este sentido, explicó que la política integral de lucha contra la corrupción, debe trabajarse desde distintos ámbitos. “Dentro de esa política tiene que trabajarse desde distintas áreas, una comisión para elaborar la política, los titulares de las instituciones y luego elaborar un programa de corto, mediano y largo plazo, que tenga como objetivos los temas integrales de lucha contra la corrupción, las bases normativas y el respeto a los convenios internacionales de dicha materia”, indicó.

El fiscal supremo sostuvo además que se debe trabajar en prevenir los actos de corrupción y refirió que para ello es necesario revisar las normas administrativas y penales. Indicó que es necesario que la Contraloría General de la República sancione temas administrativos de forma inmediata.

“La Contraloría no debe dejar que estas cosas pasen al ámbito penal, porque si no se engruesa el trabajo penal. Debe además haber mayor comunicación entre la sociedad civil y los medios de control, porque hubiera sido importante que los órganos civiles, las personas hagan sus denuncias a la Fiscalía o a la Contraloría, porque cuando la noticia llega tarde se posibilita sin querer que las personas oculten sus bienes o se fuguen del país”, apuntó.

Propuesta de premier sobre nuevo Contralor debe analizarse
De otro lado, Pablo Sánchez dijo que se debe analizar la propuesta del premier Yehude Simon respecto a que el próximo Contralor de la República sea designado mediante concurso público.

“Entiendo que lo que se busca es una transparencia en el tema de la elección del contralor, tema que antes ha sido básicamente de orden político. Una propuesta así habría que analizarla porque mucha gente querrá postular (…) En principio es importante abrir el espacio para que las personas que se sientan con las capacidades para ejercer una labor tan importante en el país, puedan tener la oportunidad”, mencionó.

De otro lado opinó sobre las versiones que señalan que el titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, Óscar Zevallos Palomino, evalúa la posibilidad de no utilizar como prueba los audios del escándalo que se incluyeron en la investigación penal que se le sigue al ex directivo de Perú-Petro Alberto Quimper Herrera y al prófugo ex diputado aprista Rómulo León, por la presunta concesión irregular de cinco lotes petroleros a una empresa noruega.

Sostuvo que en términos genéricos hay que tener cuidado con el tema probatorio, porque dentro de él no sólo rigen los principios fundamentales, sino también lo que es admitido como prueba en una investigación. En este sentido dijo que es necesario evitar adelantar opiniones. “Hay dos ejes centrales en un proceso penal, es cómo se obtiene la prueba y cómo se la valora. Los dos son importantes pero obviamente el segundo es mucho más importante, cómo se va a valorar positiva o negativamente. La teoría de la ponderación de intereses es más importante, pero hay muchos criterios en juego para este caso y para otros”, opinó.

“A veces no es bueno adelantar juicios sobre la postura de uno, porque en el caso de Montesinos en lo que respecta a los audios y videos ya se ha discutido y se zanjó judicialmente, donde prevaleció la ponderación de intereses. Ahora hay que ver cada caso, pero con mucho cuidado, evitando el adelantamiento del juicio para efectos de una decisión fiscal o policial”, anotó.

Persecusión contra las FFAA es una posición política
Asimismo mostró su rechazo a las declaraciones del jefe de Estado Alan García, quien señaló que existe una persecución contra los miembros de las Fuerzas Armadas que son procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos. Resaltó que los operadores de justicia actúan de acuerdo al principio de independencia e imparcialidad.

“Las declaraciones del presidente siempre son políticas y nosotros dentro del ámbito judicial, como Fiscalía tenemos posturas distintas, tenemos dos principios fundamentales la independencia y la imparcialidad. Resolvemos un caso de acuerdo con lo que existe en el proceso y tomamos la mejor decisión o acusamos o pedimos el archivo del proceso. Obviamente sin mayor injerencia de otro poder del Estado o de otra institución. Nosotros nos responsabilizamos de nuestras decisiones y esperamos que otras instituciones no se involucren en nuestro quehacer, porque eso afecta nuestra independencia”, finalizó.