martes, 7 de octubre de 2008

Carlos Ferrero: Contraloría debería analizar todas las licitaciones de Ministerio de Energía y Minas desde el 2006

Ideeleradio.- El Poder Ejecutivo debe solicitar a la Contraloría General de la República que analice todas las licitaciones realizadas por el sector Energía y Minas desde agosto del 2006 y no esperar a que el Congreso realice una investigación en torno al negociado entre funcionarios de Perupetro y de Discover Petroleum, consideró el ex presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero.

“El Poder Ejecutivo podría pedirle a la Contraloría por ejemplo, que analice todas las licitaciones y contrataciones hechas por el sector Energía y Minas desde agosto del 2006, eso sería un buen gesto, en vez de estar esperando que el Congreso pida una que moción en ese sentido. (…) Esto sería en las áreas de hidrocarburos, minería y energía”, afirmó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Estimó que el Parlamento Nacional tendría que tener la capacidad suficiente como para realizar una investigación sumaria en torno a las conversaciones telefónicas que sostuvieron el ex director de Perupetro Alberto Químper y el ex ministro aprista Rómulo León, para beneficiar a la empresa noruega Discover Petroleum con la buena pro en la explotación de cinco lotes de petróleo en el país.

“El Congreso deberá ser capaz de hacer una investigación rápida y pedir el conjunto de las adquisiciones y licitaciones de ese sector y hacer en tres meses un primer juicio de carácter político y que se entregue a las autoridades correspondientes las conclusiones respectivas”, aseguró.

Apra debe respetar autonomía de PJ y MP
El también ex presidente del Congreso dijo esperar que tanto las autoridades del Ministerio Público como del Poder Judicial actúen de manera autónoma en este caso, pues recordó que el APRA tiene siempre la intención de “controlar todas las esferas del poder”.

Apuntó además que el caso Perupetro y Discover Petroleum nace del afán aprista de copar todas las instituciones del Estado, actuar con soberbia y prácticamente tomar por asalto la administración pública.

“Tienen un partido cerrado que actúa de manera oligárquica, posee una dirigencia enclavada en puestos fundamentales. Entre ellos mismos son como una especie de argolla, el aprista tiene un concepto sectario de la vida política y partidaria. Primero nosotros y después los demás, eso demuestra que están acostumbrados a trabajar como grupos de argolla y se van protegiendo entre ellos mismos”, refirió tras recordar que el 98 por ciento de los peruanos, no tiene confianza en la honestidad del gobierno.

Mala imagen para APEC

Ferrero Costa, lamentó que escándalos de corrupción de este tipo se generen en el país cuando estamos ad portas de la llegada de los líderes económicos del mundo a la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Hay gente inescrupulosa que dice, esta es mi oportunidad para ganar plata y ahora estamos en un episodio dramático en vísperas de la APEC, en que se deben dar señales de transparencia y reglas seguras para la inversión privada extranjera. Ahora estamos enseñándoles a nuestro próximos visitantes que hay problemas graves de corrupción en el Perú, lo cual mella nuestra imagen”, manifestó.

Alertó además que el ex ministro aprista Rómulo León, estaría vinculado a otras instituciones públicas. “(Sus visitas a otras entidades) no era para que le tomen fotos, sino seguramente algún tipo de trabajo para conseguir ciertas cosas para cierta gente, a cambio de dinero”, afirmó.

Gabinete debe ser renovado
Carlos Ferrero coincidió con la lideresa de Unidad Nacional (UN) Lourdes Flores, quien pidió un cambio en el actual gabinete ministerial. Ferrero Costa recordó que este planteamiento lo estipuló ayer Perú Posible mediante un comunicado.

“No sé si obtendrán gran cosa con renovar el gabinete, pero es lo menos que se puede esperar de la situación actual. Perú Posible publicó un comunicado ayer, diciendo que no tienen credibilidad y les falta capacidad de acción, además no constituyen un conjunto efectivo en su trabajo”, informó.

“De (Luis) Alva Castro ya no vamos a hablar, el ministro (Ismael) Benavides está peleado con (Antonio) Brack, el titular de Defensa (Antero Flores) no quiere dar la información que se le pide por la masacre de Putis, la ministra (Mercedes) Aráoz ha firmado en secreto una adenda al TLC con Chile y le ha negado información al Congreso. La mayoría actúa en función de errores y ya deberían ser reemplazados”, añadió.

Ferrero Costa reveló que el caso más impresionante es el del ministro de la Producción Rafael Rey, quien aseguró ha entregado el mar del Perú a siete empresas pesqueras.

“El caso de Rey es absolutamente pavoroso. Lo peor es que se ha repartido el mar del Perú, lo ha partido en pedazos y lo ha entregado a siete empresas. Ha señalado cuotas individuales de pesca, que entregan el 70 por ciento del mar a perpetuidad, a un grupo pequeño de empresas. Es lo más anacrónico que puede haber, entregar en propiedad los recursos marinos del Perú y todo esto, con el aval presidencial”, añadió.

Gobierno no debe seguir controlando el Congreso
Remarcó que un cambio de rumbo en el país, debería implicar que el Poder Legislativo no sea manejado por el partido de gobierno, que los organismos autónomos actúen con total independencia y que los medios de comunicación no defiendan los intereses del APRA.

“Debe ser importante la actuación independiente del Ministerio Público, la justicia ordinaria y sobretodo algunos canales de televisión”, señaló.

El chuponeo del Apra
Finalmente, denunció que el gobierno aprista viene interceptando las comunicaciones telefónicas de algunos personajes de Perú Posible y de la oposición.

“Sabemos que nuestras comunicaciones son constantemente interceptadas y tengo razones para pensar así. El gobierno del Apra graba y de eso estoy convencido. Lamentablemente todos perdemos porque la política debería ser transparente”, enfatizó.

CNDDHH pide debatir imprescriptibilidad e inhabilitación perpetua para casos de corrupción

Ideeleradio.- Es momento de iniciar una cruzada anticorrupción que permita la aprobación e implementación de medidas como la imprescriptibilidad y la inhabilitación perpetua en los casos de corrupción, afirmó Ronald Gamarra, ex procurador y actual secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Fue al referirse a los audios que registran conversaciones entre el ex ministro Rómulo León, representante de la empresa noruega Discover Petroleum y Alberto Químper, ex directivo de Perupetro, en la que se evidencia la existencia de un negociado para beneficiar a esa compañía extranjera.

“Se debe declarar la imprescriptibilidad de los actos de corrupción, para que no haya una barrera temporal que impida la investigación y el juzgamiento de todos los corruptos. También debería discutirse la conveniencia de una inhabilitación perpetua para todos aquellos funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción. Esas personas jamás deben volver a estar en la administración pública y todos aquellos particulares que han ayudado a funcionarios públicos a cometer actos de corrupción, por supuesto que jamás deberían ser parte del sector público y no se les debería permitir que tengan contratos con el Estado”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Hay que darle mayores facultades al Ministerio Público y al Poder Judicial para investigar y juzgar actos de corrupción. (...) Aquí en el Perú no tenemos una ley de protección de denunciantes de actos de corrupción. Esas medidas legales que sin bien podrían tener dificultades en su aplicación, son alternativas necesarias y decisiones que se deben tomar y ojalá que se puedan adoptar”, agregó.

Recordó que el ex congresista Rómulo León fue beneficiado por la prescripción, es decir por el vencimiento del plazo de persecución penal en 1998. Indicó que ese un ejemplo de porque deberían declararse imprescriptibles este tipo de delitos, por que estimó, la prescripción es sinónimo de impunidad.

Correcto nombramiento del nuevo contralor
A pesar de no encontrar mayor voluntad política para llevar adelante una cruzada anticorrupción, el ex abogado del Estado, se mostró confiado en que la indignación ciudadana y el compromiso de funcionarios públicos honestos pueda generar una campaña para insistir y si se quiere presionar -en el buen término- al Poder Ejecutivo, sobre la institucionalización de la lucha anticorrupción y la correcta elección del nuevo contralor.

“Lo cierto es que no hay un plan integral que este gobierno levante contra la corrupción. Este es un gobierno particularmente huérfano de una visión estratégica del problema y de la manera de enfrentarlo. Por lo menos su bancada en el Congreso no ha sido capaz de presentar un conjunto ordenado y acabado de proyectos antimafia. Su sintonía con el fujimorismo lo ha hecho particularmente débil en el combate a los actos de corrupción del pasado y este gobierno poco o nada ha defendido a los juzgados anticorrupción que han sido objetos de crítica por parte del fujimorismo”, indicó.

“No se trata de adoptar una y otra medida aislada que podemos saludar, sino de que tengamos un verdadero sistema estatal para combatir la corrupción. Más allá de la creación fallida de la ONA (Oficina Anticorupción) que fue un saludo a la bandera y dado que el gobierno no tiene ninguna voluntad de crear una institución seria, que pueda coordinar o dirigir la lucha anticorrupción, de lo que se trata es de fortalecer las instituciones que están vinculadas a la lucha anticorrupción, la Contraloría y allí una medida importantísima sería verificar un correcto nombramiento del nuevo contralor”, explicó.

Cuestionó asimismo que los órganos de la administración pública destinados a la prevención de delitos, no hayan estado a la altura de las circunstancias, como en el caso de la Contraloría General de la República.

Cohecho, tráfico de influencias y colusión desleal
Gamarra Herrera saludó las medidas tomadas por el presidente Alan García, en las que se destituye a los funcionarios implicados y se los separa del Partido Aprista. Coincidió con los delitos que tipificó José Ugaz, abogado de Fernando Rospigliosi, en la denuncia que se presentó ante la Fiscalía.

“Más allá de los tipos penales que puedan establecerse, lo cierto es que estos son típicos actos de corrupción. Estoy de acuerdo con la denuncia planteada por Rospigliosi, porque estamos hablando de cohecho, tráfico de influencias, colusión desleal, que encajan en las conductas que se imputan. El Ministerio Público puede tomar esa denuncia íntegramente o modificarla, pero de lo que se trata es de dotarlo para que investigación exhaustiva, transparente y encaminada a determinar la responsabilidad de los hechos. Ahora más que opiniones de políticos respecto de la tipificación, hay que dejarlo actuar al Ministerio Público en la investigación concreta”, declaró.

Levantamiento del secreto bancario, de telecomunicaciones y denuncia inmediata

En otro momento, dijo que no debe desviarse la atención con discusiones en torno a la validez de los audios que registran las conversaciones del negociado entre representantes de Perupetro y Discover Petroleum, porque los hechos que allí se mencionan serán corroborados por el fiscal anticorrupción Oscar Zevallos en la investigación que -en su opinión- debería derivar en una denuncia inmediata ante el Poder Judicial.

“En principio determinar la validez de los audios le compete al Ministerio Público y al Poder Judicial. Lo que tiene hacer el Ministerio Público sobre la base de esos audios es investigar. Yo estoy convencido que existen un conjunto de pruebas y factores que independientemente del audio, van a llevar a la Fiscalía a un avance en estas investigaciones y a una denuncia en lo inmediato. Lo que hemos escuchado es una verdad, más allá de la validez del audio. Ese es un diálogo que realmente ocurrió y que no hace sino dar cuenta de actos de naturaleza delictiva”, señaló.

“Debe actuarse de manera inmediata. El Ministerio Público debe haber obtenido una orden de limitación de derechos y en su investigación, el Ministerio Público tiene que hacer uso de todas las herramientas que el derecho le da, entre ellas el levantamiento de su secreto bancario y las conversaciones telefónicas. Todo lo que a ley le permite, para determinar responsabilidades de quienes han cometido actos de corrupción y para dejar a salvo el honor de algunas personas que eventualmente pudieron haber sido mencionados pero que eventualmente no tienen ninguna vinculación”, remarcó.

Esperamos dialogo entre CGTP y gobierno
Finalmente, dijo que para los organismos de derechos humanos queda claro, que un Estado de Derecho contempla la posibilidad legítima de una manifestación pública, que no puede ejercerse de cualquier manera, sino respetando a los demás y propiciando el diálogo.

“En lo personal considero que hay razones válidas para la protesta, pero yo espero que la misma se desarrolle de manera regular, respetando la propiedad pública y privada, los derechos de las otras personas y por supuesto sin atentar contra la integridad física o la libertad del personal policial. Lo que espero es que los que protestan y el gobierno se sienten a dialogar para encontrar soluciones y resolver los problemas”, concluyó.

Confiep: Lourdes Flores se aprovecha políticamente de Caso Perupetro cuando pide cambio de gabinete

Ideeleradio.- La lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, incurre en aprovechamiento político cuando plantea la remoción del Consejo de Ministros tras la difusión de los audios que revelan un negociado entre funcionarios de Perupetro y representantes de Discover Petroleum, afirmó Jaime Cáceres Sayán, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

“Que el gabinete sea removido es algo que no tiene ningún sentido. No se puede meter a todos en un mismo saco y hacerlos responsables de un sólo hecho, no me parece”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Eso es una exageración, es como si en el caso de que una persona de cualquier institución que comete un grave delito se pida la renuncia del gerente o de todo el directorio. Hay que hacer una invocación para que no haya un aprovechamiento de tipo político contra el gobierno, por un hecho en el que ya se están investigando a los responsables”, agregó.

Fue al referirse las conversaciones telefónicas que sostuvieron el ex director de Perupetro Alberto Quimper y el ex ministro aprista Rómulo León, para beneficiar a la empresa noruega Discover Petroleum con la buena pro en la explotación de cinco lotes de petróleo en el país.

Confiep rechaza corrupción
Aseguró que el comportamiento general de los empresarios es correcto y honesto, tras rechazar a nombre de la Confiep, todo acto de corrupción que ocurra en el ámbito público o privado. Indicó que las corporaciones no avalarán jamás ningún tipo de irregularidad, porque eso afecta la imagen del país.

“Lo que afecta, tratándose de una empresa del exterior, es la imagen del país, porque los medios están destacando esta información, que no le conviene al Perú”, señaló.

Saluda decisión judicial y gubernamental
Saludó asimismo la reacción del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público, que en el primer caso dispuso la remoción de los funcionarios implicados y en el segundo, ordenó la detención de quienes fueron denunciados por la procuraduría pública.

“La reacción del gobierno ha sido inmediata, se han denunciado los hechos, destituido a personas, se ha denunciado (a los presuntos responsables). Ha habido una reacción, el presidente ya había anunciado una eficiente lucha contra la corrupción y que cualquier indicio de ella, sería duramente atacado. Ese es un tema que hay que resaltar. Ya eso quedará en manos de la justicia”, declaró.

Paro de CGTP perjudica a los más pobres
Cáceres Sayán rechazó finalmente la jornada nacional de lucha convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la cual será respaldada por varias organizaciones sociales regionales.

“La CGTP con sus aliados del SUTEP estarían en una campaña no contra el gobierno sino contra el Perú. Quienes más se perjudican con esta paralización son los que menos tienen. No perjudican a la gente pudiente, sino a quienes más necesitan ir a trabajar, que es un taxista, un chofer de combi o un artesano. Hay que invocarlos a que, reconociendo su derecho a protestar, presenten propuestas”, concluyó.