lunes, 22 de septiembre de 2008
Susana Villarán: Flores Nano fue imprudente e irresponsable el “azuzar al fuego” en Moquegua
Blogers presentarán Hábeas Data para exigir entrega de información de gastos de congresistas
Ideeleradio.- Vencido el plazo que establece la ley para que los congresistas entreguen el registro de sus gastos operativos, los blogers presentarán ante el Poder Judicial diversas acciones de Hábeas Data, en el marco de la campaña “Adopte un Congresista”.Henry Pease: Debe modificarse norma que “ata de manos” a Fiscalía para permitir cambios en acusación que emite el Congreso
Ideeleradio.- Se debe reformar el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, que “ata de manos” al Ministerio Público y al Poder Judicial, porque este rompe el equilibrio de poderes, al establecer que no se puede modificar la acusación que remite el Congreso en contra de un alto funcionario público, planteó el ex presidente del Parlamento, Henry Pease.
Fue al comentar las discrepancias existentes entre la Fiscalía y el Poder Legislativo, en torno a la mala tipificación de los delitos (estafa, falsedad genérica, nombramiento indebido) por los que el Poder Legislativo denunció a la congresista Elsa Canchaya, investigada por contratar irregularmente a su empleada doméstica como asesora.
“El Ministerio Público no puede salirse de los términos de la acusación constitucional. Lo que sigue vigente hoy día es un sistema del fujimorismo para atar de manos al fiscal y al juez y ese es un grave error porque rompe el equilibrio de poder. Cuando el Congreso acusa, el fiscal está obligado a acusar en base a lo que dice el Congreso y eso no está bien. El magistrado tiene que actuar con su criterio, que es diferente. Ahora ellos (los fiscales) están atados de manos, por lo que esa gente corrupta hizo, que fue acabar con la división de poderes”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Los especialistas tendrán que ver cual sería el procedimiento dentro y fuera del Congreso (para cambiar este punto). El primer cambio que tiene que haber, es modificar esa norma constitucional que rompe el equilibrio de poderes, el segundo cambio que tiene que haber es probablemente en cómo se hizo la acusación”, agregó.
El último párrafo del artículo 100 (Título IV de la Estructura del Estado y el Capítulo I del Poder legislativo) de la Carta Magna dice que “los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso”.
Quien nombra y contrata es Recursos Humanos
En otro momento, coincidió con los argumentos esbozados por el fiscal Tomás Gálvez en el archivamiento del delito de nombramiento indebido que se le imputaba a la legisladora Elsa Canchaya. Indicó que los parlamentarios no ejercen una función administrativa y que la responsabilidad del nombramiento del personal recae en el Departamento de Recursos Humanos.
“Allí hay un problema técnico. El argumento de la Fiscalía es que (Elsa Canchaya) no ha nombrado a esta persona, que quien nombró fue (el Departamento de) Recursos Humanos y eso es una cosa lógica. Alguien no puede ser acusado simplemente por haber propuesto algo mal hecho. Sin embrago, esto no elimina la falta de la congresista, hay una falta ética fundamental al proponer a su empleada del hogar, pero se supone que Recursos Humanos debió haber entrevistado a esa persona por lo menos”, indicó.
“Dicen que no hay requisitos para los cargos de asesores, pero yo recuerdo que en mis tiempos por lo menos tenían que ser bachiller y esta señora (Jacqueline Simon) no habría culminado estudios universitarios. No sé si ese requisito lo cambiaron, pero en cualquier caso, quien tiene que verificarse si la persona es idónea para el mínimo desempeño de la función profesional. Y quien es responsable de la decisión es quien nombra y no quien propone, creo que ese es el problema central, lo cual no quiere decir que esa congresista no haya cometido un acto de corrupción, pero son cosas diferentes. Puede haber este problema técnico y obviamente el fiscal tiene que actuar técnicamente”, anotó.
La Mesa Directiva y las contrataciones
Pease García estimó, asimismo, que existiría un nivel de responsabilidad en la presidencia y la Mesa Directiva del Legislativo si es que existía una política general del Departamento de Recursos Humanos de aprobar sin la evaluación pertinente, las propuestas de nombramiento planteadas por los parlamentarios.
“La oficina (de recursos humanos) tiene que intervenir y no ha cumplido su función. La presidencia del Congreso, la Mesa Directiva tienen la responsabilidad de dirigir la administración. La administración no esta allí por las puras. La administración está para decirle sí o no al congresista, esa es la administración de recursos humanos. Otra cosa es que la presidencia pueda tener como política que simplemente todo mundo diga si señor y que se haga lo que el congresista diga. Si esa es la política, allí hay responsabilidad por esa política, porque está convirtiendo en inútil la administración. Esta oficina es responsable de lo que nombra y contrata. Ese punto es el que hay cambiar, para que no pasen estas cosas”, refirió.
Sobre el Tribunal de Cuentas
Estimó que la Representación Nacional debe encontrar una salida a este entrampamiento, pues consideró que siempre existen salidas, cuando hay voluntad de perseguir la corrupción. Opinó a favor de evaluar la posibilidad de instalar un Tribunal de Cuentas que sancione un tema en el que el Ministerio Público o el Poder Judicial no tienen la posibilidad de sancionar.
“Eso sería una buena idea, pero esa es una etapa que no es penal, sino que es previa. En todo caso, seria bueno recurrir a evaluar la experiencia de lo que se llamó el Tribunal Mayor de Cuentas”, señaló.
Intangibilidad, transparencia y acceso a la información
Por otra parte, confirmó el carácter intangible de la información de los gastos operativos de los congresistas solicitada por blogers y medios de comunicación, por cuanto ésta es revisada por el Órgano de Control Institucional (OCI), que realiza una auditoría a los recursos del Estado desembolsados bajo ese rubro.
“Cuando hay una investigación de por medio no se puede entregar información, porque se distorsiona la investigación y termina convirtiendo la investigación en un juego de poder que hay detrás de cada investigación. Entonces, esa norma tiene sentido”, precisó.
No obstante, dijo ser partidario del examen general del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la cual observó, estaría siendo incumplida por el propio Congreso y otras instituciones del Estado.
“Sin embargo, en términos generales hay que hacer una evaluación de las leyes de transparencia, porque son las leyes más importantes que se dieron en el Congreso pasado. Hay que hacerlo, porque tantos las páginas Web como los mecanismos de acceso están siendo trabados, no sólo en el Congreso, sino en todas partes. El Congreso, es el primero que debe hacer cumplir la ley, tanto la ley de transparencia, cono la que establece que durante una investigación en la que hay que guardar reserva”, enfatizó.
