domingo, 21 de septiembre de 2008

Genaro Matute: Controlaría iniciará Acción Rápida en IRTP y se pronunciará en dos semanas sobre supuestas irregularidades

Ideeleradio.- La Contraloría General de la República evalúa la documentación del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) en el marco de una Acción Rápida, actividad que permitirá conocer en menos de dos semanas si se cometieron o no irregularidades en Canal 7, informó el contralor Genaro Matute.

“Estamos evaluando la documentación para ingresar con una Acción Rápida que es una labor un tanto diferente a lo que se realiza normalmente. Allí solicitaríamos la información y de evidenciarse algún delito, inmediatamente la Fiscalía Ad Hoc y la policía adscrita actuarían sobre estos temas. Hoy me deben estar entregando los resultados de la evaluación que se ha hecho y en función de eso actuaríamos probablemente comenzando la próxima semana y si se encuentra algún problema serio procederemos de forma inmediata”, adelantó al programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Normalmente la Acción Rápida, si encontramos en el proceso evidencias de un delito inmediatamente pasamos esto al Ministerio Público y eso puede durar dos semanas, no más, si es que con la documentación que tenemos se presentan indicios contundentes”, precisó.

Matute Mejía, evitó detallar los aspectos o problemas que verificará su institución. Sin embargo, a través de los medios de comunicación se conoció a inicios de semana, de la presunta contratación irregular de personal, del uso de los gastos operativos y de la adquisición de material audiovisual.

Las Acciones Rápidas, según los normas de esta entidad constituyen actividades de control abreviado que se desarrollan en un plazo sumario frente a irregularidades que sean de carácter significativo, manifiesto y/o de interés público.

Congreso debe reevaluar Caso Canchaya
También se refirió a la posible reincorporación de las congresistas Tula Benites y Elsa Canchaya, quienes retornarían al Parlamento, a pesar de haber cometido serios ilícitos que fueron denunciados oportunamente por la procuraduría de ese poder del Estado, pero en base a delitos mal tipificados. Argumentó que el trabajo congresal es de control político y que por ello no aplican apropiadamente la evaluación legal.

“No quisiera pensar que ha habido un problema de la Fiscalía o que esta está actuando sesgadamente a favor de nadie. La Fiscalía va a tener que actuar y responsabilizarse por sus decisiones. Si el Ministerio Público está limitado a evaluar lo que ha dicho el Congreso (en una acusación constitucional) no puede ir más allá. En el Congreso mismo deberían reevaluar la situación y ver si procede o no continuar con el proceso. Estoy seguro que hay una razón de fondo”, mencionó.

Dificultad en presupuesto no impedirá control en Forsur
En otro momento, sostuvo que la Contraloría ha tomado las precauciones del caso para fiscalizar de manera efectiva el uso de los recursos en el Fondo de Reconstrucción del Sur, a propósito del problema presupuestal que afecta a todas las instituciones. La semana pasada el ministro de Vivienda, Enrique Cornejo dijo esperar que se puedan iniciar mecanismos de Acción Rápida en la entrega del “Bono 6000” y la administración de los recursos en la recuperación de Ica, a más de un año del terremoto del 15 de agosto.

“Para la Contraloría este problema (uso indebido de bonos) está en riesgo porque es un tema de revisión muy profunda, pero ya hemos tomado precauciones allí. Tenemos identificados problemas en otras zonas, como en Chincha e Ica, donde se están utilizando mal esos bonos”, declaró.

“Pero lo que hemos recomendado es que cada vez que se presente un programa, se destine un porcentaje de ese dinero para el control, porque cada vez que salta un nuevo tema tenemos que dejar lo que hacemos normalmente y apagar incendios. Si hay un nuevo programa, que se destine una parte de (su presupuesto) para control y evitar problemas. Por eso hemos presentado una iniciativa legislativa para impedir que las restricciones presupuestales nos impidan intervenir situaciones que no son regulares. El tema del terremoto del sur y la interoceánica no es un tema regular”, señaló.

Humala puede ser investigado por Fiscalía o Sunat
Aclaró finalmente que a la Contraloría no le corresponde investigar el supuesto desbalance patrimonial del líder nacionalista Ollanta Humala y que en todo caso la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) o la Fiscalía son competentes para evaluar el tema.

“Humala no es funcionario público y nosotros tenemos que ver con la naturaleza de un funcionario público. Es Sunat quien tiene que hacer una investigación sobre estos procesos con el Ministerio Público”, concluyó.

Contralor: Auditoría al Congreso demorará dos meses, mientras tanto documentación de gastos operativos tiene el carácter de intangible

Ideeleradio.- El Órgano de Control Institucional (OCI) del Congreso culminará en aproximadamente dos meses, la auditoría e investigación del uso de los gastos operativos de los 120 parlamentarios y mientras dure ese proceso la documentación que ha sido solicitada por los medios de comunicación tiene el carácter de intangible, afirmó el contralor Genaro Matute.

Fue al referirse a los argumentos esbozados por la Dirección General de Administración del Poder Legislativo, para denegar documentación al periodismo y los blogers, quienes solicitaban copias de los recibos y comprobantes emitidos por ese rubro.

“Durante una investigación del Órgano de Control Institucional (del Congreso) la información que ha sido solicitada tiene el carácter de intangible, durante el proceso de investigación, para que pueda mantenerse la integridad de la información. El problema es que la investigación es fundamentalmente documental y tiene que trabajarla directamente. El OCI está trabajando el tema de los gastos operativos”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“El proceso de investigación (sobre los gastos operativos) está dándose, la información está en cautela de la comisión encargada y debemos esperar un poco que se termine la investigación para devolverla al Congreso y este disponga lo pertinente. En este momento no tengo la información específica de los programas que están trabajando en la Comisión del OCI del Congreso, pero prevemos que es un proceso largo, puede ser (que dure) un mes o hasta dos meses porque se está verificando las facturas de cada uno. Imagínese son 120 congresistas con facturas de aproximadamente 6 mil soles mensuales (cada uno), que es un número considerable.”, precisó.

Revisar sueldos y salarios
Ratificó que es necesario revisar y estandarizar los sueldos y salarios de los funcionarios del país, porque estimó que la solución al problema sobre su uso indebido y distorsión no pasa sólo por fiscalizar los gastos operativos.

“Tenemos que comenzar a desarrollar un cambio general, el tema de los gastos operativos no es significativo para efectos de los cambios que se requieren en el país, sino es otra señal más de que tenemos que actuar seriamente a nivel nacional. Tenemos que tener estándares apropiados para el pago de los funcionarios públicos. (…) El tema aquí es arreglar este tema porque estamos generando un impacto en la institucionalidad tremenda, no sólo en el Congreso sino en el Poder Judicial, etc. Eso de allí en determinado momento puede explotar”, indicó.

“Tenemos el problema con las Fuerzas Armadas que tienen sueldos de un sol veinte y finalmente eso no es lo que reciben realmente. Lo que hay que hacer es trabajar una solución del problema de manera integral. Conversaba con un comandante general que ha estado trabajando alrededor de 30 años y le han pagado alrededor de 75 mil soles al jubilarse. Eso comparado con el trabajo de un funcionario del BCR que termina sus 30 años y se va tranquilo a casa. La diferencia es que al funcionario del BCR recibe similar sueldo mensual que este oficial y al final uno recibe una determinada cantidad de dinero y el otro recibe una miseria porque no se ha revisado y estandarizado los sueldos del país”, comentó.