viernes, 22 de agosto de 2008

ANC: Gobierno ataca a ONG porque busca levantar nueva cortina de humo

Ideeleradio.- El gobierno, a través del ministro de Agricultura, Ismael Benavides, quien llamó a las ONG los “buitres del siglo XXI”, busca generar una nueva cortina de humo y utilizar como piñata a estas instituciones, para ocultar su incapacidad de repartir la riqueza, combatir los niveles de desigualdad y evitar la conflictividad social, afirmó Luis Sirumbal, presidente de la Asociación Nacional de Centros.

“Hay que tomar con relativa paciencia ese tipo de expresiones, porque no ayuda ni resuelve nada, sino que simplemente busca generar falsos debates, levantar nuevas cortinas de humo para tratar de distraer a la opinión pública. Emplazamos al gobierno a un debate más serio y alturado, que no se da en el Congreso, donde la opinión pública sabe la calidad de Congreso e iniciativas legislativas y de fiscalización que se plantean. Debe ser una discusión más alturada, más que un intercambio de adjetivos que lo único que pretende es pasar por alto, la atención de los problemas más graves del país”, expresó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Si existe un conjunto de protestas sociales en costa, sierra y selva, no son inventadas por las ONG. Esas protestas son expresiones de un malestar de una población que se cansa de escuchar, de leer y ver en todos los medios de comunicación, que desde hace años estamos en el país de las maravillas y sin embargo, el gobierno sale simplemente con una estadística un tanto extraña, a decir que la pobreza ha descendido. Eso vulnera a los que están en condición de pobreza”, apuntó.
Estimó que los ataques gubernamentales a las ONG, serán siempre un ataque sistemático que no representan nada nuevo en la vida de estas instituciones, porque siempre los regímenes buscan encubrir la ineficacia y la incapacidad de poder distribuir parte del importante crecimiento y del monstruoso valor agregado que se va generando en la economía del país en los últimos años.

“Cuando no tienen cómo explicar porque el gobierno y su modelo económico es incapaz de repartir siquiera parte de ese gran crecimiento a favor de combatir la pobreza y fundamentalmente los factores de desigualdad se levantan las clásicas cortinas de humo, echando mano a una clásica piñata política en la que nos estamos convirtiendo las ONG. Para cualquier problema del país, este gobierno y los anteriores colocan ante la opinión pública que los principales responsables son las ONG”, señaló.

“No hay nada más absurdo, por no decir cómico, de parte de los políticos que no tengan un mínimo de respeto por la opinión pública, pretendiéndoles distraer la atención de que somos las ONG las responsables de los problemas, sino más bien colectivo de profesionales que generamos conocimiento y masa crítica, que es lo que incomoda al gobierno”, concluyó.

Justicia Viva advierte que Subcomisión de Acusaciones Constitucionales será una espada de Damocles contra magistrados de caso Fujimori

Ideeleradio.- David Lovatón, integrante del Consorcio Justicia Viva, coincidió con el presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara y advirtió que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en manos de la fujimorista Martha Moyano, será una espada de Damocles y una amenaza para los magistrados que procesan a Alberto Fujimori, por el Caso Barrios Altos y La Cantuta.

“Es importante la aclaración del doctor Francisco Távara de alertar por un lado, el peligro a la independencia del Poder Judicial, pero en segundo lugar, lo más grave es que el Apra haya aceptado que la fujimorista Martha Moyano presida este grupo, porque sin duda es una espada de Damocles contra todos los jueces y fiscales que vienen participando en el juicio a Fujimori”, expresó en contacto con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“La ciudadanía está alertada y no nos sorprendería que al primer supuesto síntoma de parcialidad de los vocales (César) San Martín o (Víctor) Prado, al fiscal (José) Peláez Bardales, de inmediato se activen en el Parlamento los mecanismos de acusación constitucional. Ya estamos avisados de dónde vendría y cuál sería la intención y el pacto político que ha permitido este tema gravísimo”, añadió.

Sostuvo que el fujimorismo está cogobernando con el Partido Aprista en el Congreso, en relación a la elección de Alejandro Aguinaga, en la primera vicepresidencia; la de Santiago Fujimori, en la Comisión de Relaciones Exteriores; la presencia de Rolando Reátegui en la de Energía, de Carlos Raffo en el grupo de Proinversión y la de Martha Moyano, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Creo que el gobierno debería reflexionar y recapacitar sobre esto y en el Congreso ver la forma en que esta decisión (la elección de Martha Moyano) se corrija. El mensaje es clarísimo, es una amenaza contra jueces y fiscales que están juzgando a Alberto Fujimori y sin duda, el doctor Távara también puede sentirse afectado, porque él fue el que conformó esa sala. Entonces, se puede sentir que ahora o en el futuro el fujimorismo pueda tomar una represalia contra el mismo”, refirió.

Caso De Valdivia Cano
Lovatón Palacios, cuestionó la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que dispone la reincorporación del ex vocal Ramiro de Valdivia Cano a la Corte Suprema. El letrado respaldó las posturas del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) frente a la eventual reincorporación de De Valdivia Cano, para quien el Ministerio Público ha solicitado siete años de prisión, por su participación en favor de la segunda reelección de Alberto Fujimori, cuando se desempeñaba como miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“En primer lugar tan polémico y tan negativa ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la reposición del vocal Ramiro de Valdivia Cano, que visitó al SIN varias veces y que mintió y ocultó esa información al entonces CNM, que el propio CNM y el Poder Judicial han rechazado públicamente ese fallo, pero inclusive el Poder Judicial ha ido más allá y ha dicho que no va a cumplir esa decisión, en el sentido de que el cupo de los 18 magistrados está lleno y que el señor De Valdivia Cano, tiene una denuncia penal pendiente”, remarcó.

“Lo que hay que decir también es que es increíble que el Poder Judicial se haya demorado seis años en todavía no juzgar, ni condenar a De Valdivia Cano. Ante un hecho tan evidente, nadie explica como de lado del Ministerio Público y del Poder Judicial, se han demorado tanto en condenar un hecho tan claro de corrupción y que traen como consecuencia la presunción de inocencia y una serie de formalismos, que sin duda han contribuido a que el TC emita esa sentencia muy mala, que debe ser precisada después del recurso aclaratorio que presente el CNM. Debe corregirse esta decisión que ha sido rechazada por una mayoría de sectores”, aseguró.

Enrique Bernales: “Problemas del Apra son su estilo de gobierno y las malas juntas”

Ideeleradio.- El mayor problema del régimen es su estilo de gobernar y las malas juntas, afirmó Enrique Bernales, director de la Comisión Andina de Juristas, al referirse a la forma en que el gobierno administra el país y los conflictos sociales, así como a la alianza entre el Apra y el fujimorismo, materializada recientemente con la elección de Martha Moyano como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Todos los gobernantes dicen que el problema está en la comunicación, pero eso es mentira. En este caso hay dos problemas, uno el estilo (de gobernar) y dos las malas juntas. Los problemas en el Apra son sus modelos que son tan autoritarios y tan prepotentes. Eso es por supuesto la razón de que el gobierno vaya perdiendo la confianza en la población.”, dijo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Además hay alianzas que condenan al Apra y en esto soy muy crítico porque es reincidente, parece que al Apra le gustan las malas juntas, se junto con el pradismo, odriísmo, y ahora se junta con el fujimorismo. No sabemos en qué va acabar”, agregó.

Sostuvo que el Apra le puede cobrar la factura respecto a la alianza sostenida con el fujimorismo, tras la elección de Martha Moyano como presidenta de ese grupo de trabajo parlamentario, que fue incluso fue criticado por el titular del Poder Judicial, Francisco Távara Córdova.

“Ese es un juego que al Apra le puede pasar una factura muy dura. Ellos se han olvidado que ya no son la mitad ni el tercio al país, que electoralmente no llegan ni siquiera al 20%. Pueden seguir siendo la primera fuerza pero con 19 o 20%. Esto no lo está viendo bien el país en su conjunto”, precisó.

Forma de gobernar se basa en imposición y no en el consenso
Estimó que existe una costumbre en la forma de gobernar basada en la imposición y no en el consenso, lo cual se vio reflejado en el conflicto suscitado con las comunidades nativas.

“En democracia se debe buscar el diálogo y consensos, pero desgraciadamente estamos acostumbrados a que las cosas no se hagan por consenso, sino por imposición vertical de arriba hacia abajo”, afirmó.

“En la medida que no haya sectores plenamente incorporados, que viven bajo una especie de protección y cuando el Estado le dice que hay que modificar o modernizar, evidentemente reaccionan porque entienden que la protección por la cual han vivido ya no funcionará. Ahí no hay un problema legal, sino sobre la relación entre gobernantes y gobernados”, puntualizó.

Insistió que se ha generado un problema no sólo por la falta de diálogo, sino también porque el Estado jamás ha trabajado en su relación de confianza con la población y particularmente con sectores como las comunidades nativas, que están viendo cómo sus territorios son depredados.

“Cuando se dice esto se modifica por decreto y tú ya no vas a participar con una votación igual. Aquí ven que algo huele mal”, expresó.

Comentó que este tipo de decretos legislativos deberían estar acompañados de garantías, pero lamentó que factor no se haya dado y que “la pelota” sea trasladada al Congreso, como si fuera la última rueda del coche. “Cuando la papa ya no está caliente sino quemada, se le traslada al Congreso para ver si se salva, pero ya no se puede salvar nada”, remarcó.

Anotó que la derogatoria del D.L. 1015 por otro lado dejará al gobierno muy mal parado porque le genera una suerte de debilidad que lo incapacita. “Es preocupante el debate parlamentario donde sea pato o gallareta, el Congreso tampoco va a quedar bien parado”, aseveró.

Keiko Fujimori no tendría acogida en el interior del país
Con respecto al posicionamiento de Keiko Fujimori en las encuestas y las preferencias electorales, sostuvo que si bien puede tener simpatía en Lima, las cosas serían distintas en el interior del país.

“En Lima siempre acostumbrada a los engreimientos de los dictadores, la señora Keiko Fujimori puede tener simpatía, pero que vaya al sur a ver cuántos votos recoge. No tendría acogida porque los estudios de opinión del conjunto del país demuestran que el fujimorismo es una fuerza que no va más allá del 7%”, enfatizó.

Fiscalía y Poder Judicial deben acelerar juzgamiento a congresistas
El ex senador sugirió que el Ministerio Público y el Poder Judicial deberían jugar un papel más activo solicitando el levantamiento de la inmunidad de los congresistas sobre los que pesan serias denuncias de corrupción, para que puedan ser debidamente investigados.

“Es necesario revisar la figura de la inmunidad, porque existen figuras que implican comisión de delitos que merecerían la intervención del Ministerio Público o en su caso del Poder Judicial solicitándole el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. El pensar que el juzgamiento se hará con criterios éticos de unos parlamentarios sobre otros, eso es un juego que ya nadie se lo cree. El Ministerio Público y el Poder Judicial deberían acelerar estos procesos, de forma más activa”, indicó.

El Congreso investiga a los parlamentarios de Unión por el Perú, Margarita Sucari y José Anaya, protagonistas de presuntos casos de corrupción. La investigación según los legisladores Daniel Abugattás y Carlos Bruce, encargados de sustentar los informes sobre los presuntos delitos cometidos por ambos parlamentarios, podría culminar en un plazo de dos semanas, porque sólo bastarían indicios de culpabilidad, para justificar la denuncia formulada por el presidente del legislativo Javier Velásquez Quesquén.

IDL: Declaraciones de ministro de Agricultura demuestran intolerancia e ignorancia respecto al trabajo de ONG

Ideeleradio.- Las declaraciones del ministro de Agricultura, Ismael Benavides, respecto que los Organismos No Gubernamentales (ONG) son los “buitres del siglo XXI”, pretenden utilizar a estas instituciones como 'chivo expiatorio', frente al mal manejo del conflicto amazónico y demuestran la intolerancia e ignorancia del gobierno frente al trabajo de las ONG, afirmó David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al comentar la postura de Benavides Ferreyros, quien en la víspera atacó a las ONG, bajo el supuesto de que tienen intereses políticos en el conflicto suscitado desde hace dos semanas entre el Ejecutivo y los indígenas en la selva, en relación a la derogatoria de los decretos 1015 y 1073 que permitirían a las comunidades nativas decidir sobre la venta de sus tierras sólo con la aprobación del 50% más uno de sus miembros.

“Creemos que la opinión pública se da cuenta de que cada vez que el gobierno comete un error, demuestra incapacidad para manejar un conflicto como el de los pueblos indígenas en relación al decreto legislativo 1015. Lo único que hace es buscar un chivo expiatorio. Pueden ser las ONG un día, puede ser el nacionalismo otro día, el capital extranjero al siguiente, pero nunca tienen la valentía de asumir su responsabilidad política en el manejo del conflicto con los pueblos indígenas”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Lamento las expresiones del gobierno, del ministro (Ismael Benavides), que sin duda demuestran intolerancia e ignorancia de lo que es el trabajo de diversas instituciones que trabajan por el medio ambiente y los pueblos indígenas desde hace muchísimos años, con el respaldo de la cooperación internacional”, anotó.

Sostuvo que el Poder Ejecutivo intenta engañar de una manera tan burda a la opinión pública, al punto que ha desarrollado un ‘modus operandi’ de evadir su responsabilidad y atacar a las ONG, el humalismo o la oposición.

Aclaró que no existe ningún interés de las ONG en manipular la protesta en Loreto y Amazonas, pues recordó que la propia Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto legislativo que flexibiliza los requisitos para que una comunidad decida el usufructo de sus territorios. Anotó que incluso, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén (Apra), ha mostrado disposición para arreglar esta disputa y viabilizar la derogatoria del decreto del Ejecutivo.

Aclaración en Caso Castro Castro es una buena noticia
En otro momento, calificó como una buena noticia, para el gobierno y la sociedad en su conjunto, el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (corte IDH) haya aclarado algunos puntos de la sentencia que emitió en el 2006, en torno al carácter terrorista y genocida de Sendero Luminoso (SL).

“Recordemos que el IDL y la Coordinadora de Derechos Humanos, en mayo del año pasado, presentaron un informe Amicus Curiae, en el que precisamente respaldábamos, ampliábamos y precisábamos uno de los pedidos del gobierno peruano en torno al rechazo a Sendero Luminoso como un grupo terrorista y esta sentencia aclaratoria establece que -sin perjuicio de la responsabilidad internacional del Estado peruano que nadie discute en la matanza de 41 personas en el caso Castro Castro- se ratifique su condena al terrorismo y reconozca algo que la Comisión de la Verdad, ya estableció hace 5 años, que Sendero Luminoso era un grupo terrorista y genocida”, señaló.

“Es una precisión muy importante que ayudará a los peruanos a comprender mejor este tipo de decisiones de la Corte, que son controversiales, o que no pueden ser bien entendidas por quienes sufrieron los embates del terrorismo, familiares de policías, de militares que lucharon valerosamente en esta guerra, pero que como dice la sentencia, la barbarie del terrorismo, no puede combatirse con la barbarie del Estado”, agregó.

Destacó por un lado, que la Corte IDH haya tomado en cuenta la sensibilidad peruana en torno a este caso y cuestionó, por otro, que el régimen aprista no haga mención al respaldo de las ONG al pedido de aclaración que remitió el Perú a ese organismo supranacional, en el que se solicita que se ratifique el carácter terrorista y criminal de Sendero Luminoso.