domingo, 17 de agosto de 2008

Defensoría pide “mano dura” para frenar accidentes y plantea construcción de terrapuertos

Ideeleradio.- María Jara, Comisionada de la Adjuntía de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, se mostró a favor de la propuesta de la Mesa Directiva del Congreso, que plantea endurecer las penas para sancionar la negligencia de los choferes o los representantes legales de las empresas de transporte y planteó a su vez, la construcción de terrapuertos que permitan centralizar la fiscalización de este sector y evitar accidentes automovilísticos.

Fue al comentar la iniciativa legislativa que presentó el titular del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, por la que se crearía un capítulo en el Código Penal referido a los delitos contra la seguridad de tránsito, con penas que irían desde los 4 y 10 años para los representantes legales de las empresas de transporte de pasajeros que permitan a sus choferes conducir en estado de ebriedad o sin SOAT.

“Estamos viendo que se están presentando iniciativas para elevar las penas para los choferes que participen en un accidente de tránsito y para extender la responsabilidad a los empresarios. Ciertamente hay que poner mano dura y también hay que generar los incentivos para que las empresas se formalicen. Por eso, es que la Defensoría del Pueblo señala la necesidad de que se construyan terrapuertos que son instalaciones donde las distintas empresas van a ofrecer sus servicios, los usuarios van a poder acceder a las distintas opciones de transporte que puedan tener y sobre todo donde se pueda realizar la labor de fiscalización de manera eficiente, porque se abaratan los costos”, dijo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Es mucho más sencillo hacer la fiscalización en un solo lugar, una sola ciudad y si hay algún problema o irregularidad, que el vehículo no salga. Eso es más fácil que cuando se hace en los puntos de control en las carreteras o en las garitas. Eso permitiría ayudar a eliminar las incomodidades que se pueden enfrentar los pasajeros al momento de tomar un bus”, agregó.

Poder Judicial debe aplicar sanciones
No obstante, apuntó que se requiere también de la participación de otros poderes del Estado, como el Poder Judicial para que se hagan efectivas las sanciones.

“Habría que decir que cuando señalamos que el problema requiere de la participación de muchos sectores nos referimos a que las sanciones tienen que ser efectivamente impuestas y que tienen que estar acompañadas del respaldo de los distintos otros poderes, como el Poder Judicial”, declaró.

Plan Tolerancia Cero debe reformularse
De otro lado, dijo que es indispensable que se reformule el plan ‘Tolerancia Cero’, al considerar que su labor de supervisión ha sido bastante limitada. Denunció, además, la falta de apoyo de algunos gobiernos regionales para ponerlo en marcha.

“La supervisión del plan ‘Tolerancia Cero’ es una supervisión que sólo aborda algunas cuestiones del vehículo, que el chofer no esté en estado de ebriedad o que esté en el registro de comunicaciones para ver la cuestión laboral. Ni siquiera esta supervisión se está dando. El plan ‘Tolerancia Cero’ tiene que trascender, por eso es necesario que se incorpore el Ministerio de Trabajo para ver las condiciones laborales y la PNP para acompañar la fiscalización que realizan los supervisores y fiscalizadores del Ministerio de Transporte y Comunicaciones”, aseveró.

“Una cosa que no debe ocurrir es lo que pasa en Puno donde no se realiza la supervisión de Tolerancia Cero que está a cargo del gobierno regional a pesar de ser un área con alta incidencia de accidentes de tránsito”, lamentó.