jueves, 14 de agosto de 2008

CAL cuestiona al Congreso por demorarse meses en investigar a parlamentarios y aplicar sólo sanciones leves

Ideeleradio.- El decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez Camacho, cuestionó al Congreso de la República, por demorarse meses y aplicar sólo sanciones leves a los parlamentarios que son acusados de contratar empleados fantasmas o a aquellos que redujeron irregularmente el sueldo de sus trabajadores y exigió a su vez, una investigación sumaria contra el legislador José Anaya (UPP), quien trató de justificar sus gastos operativos con boletas de pago supuestamente adulteradas.

“Lo que pasa es que no está funcionando el derecho administrativo sancionador. (…) Eso mismo que sucede en el Congreso, el tema ético debería ser solucionado de manera sumarísima. Se trata del derecho disciplinario que tiene que ver con la ética que debe ser solucionado de modo rápido. Sin embargo vemos que demoran semanas, hasta meses y esos señores son suspendidos apenas por un par de meses y luego regresan”, afirmó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Según denunció el programa televisivo "Prensa libre", José Anaya Oropeza (UPP) presentó al Departamento de Contabilidad y Tesorería del Poder Legislativo boletas adulteradas para justificar sus gastos operativos, que superan los siete mil soles mensuales.

No funciona el sistema sancionador
Gutiérrez Camacho, citó también como ejemplo del deficiente sistema sancionador, el caso del vocal Ángel Romero Díaz, quien se reincorporó a la Corte Superior de Justicia de Lima, por un retroceso en la decisión inicial de destitución del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Tenemos también por un lado el Consejo Nacional de la Magistratura que sanciona, pero de repente el diseño no anda bien allí. Es importante que se establezcan bien los procesos, que los tipos se fundamenten porque cualquier resquicio legal va a permitir un amparo que finalmente va a terminar en el Tribunal Constitucional (TC) e inclusive en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, advirtió.

“Si no hacemos las cosas bien, tengamos la seguridad que gente que no quisiéramos que regrese pueda terminar haciéndolo por problemas de forma. Hay que solucionar el problema del derecho administrativo sancionador que en el Perú aún está implementándose de modo germinal y tiene algunos defectos", anotó.

Congreso debe revisar centenar de DL
Por otra parte, indicó que el Congreso como parte de la prioridad de su agenda, debe primero revisar los 99 Decretos Legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo en el marco de la adecuación de nuestra normatividad a la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (EE.UU).

“Estamos culminando la revisión de estos decretos y hemos advertido que en contenido y forma, hay varios que exceden a las facultades que otorgó el Congreso, pues bien debería de revisarse primero estos decretos. Esa es su función directa, inmediata y existencial”, mencionó.

Estimó que durante la revisión se ha podido percibir algunos aspectos de inconstitucionalidad en las normas emitidas y advirtió que no habría sustento en las modificaciones a determinados artículos del Código Penal, en relación a ese acuerdo comercial.

“Se ha modificado el Código Penal, dejando sin efecto la tipicidad de lo que era la colusión o una suerte de competencia desleal que estaba tipificado en el Código Penal. Se ha destipificado ese tipo penal”, opinó.

Parlamento no debe renunciar a sus fueros
Insistió en que la Representación Nacional debió revisar inmediatamente estos decretos luego de otorgarle las facultades al Poder Ejecutivo. Cuestionó al Legislativo por renunciar a sus fueros y seguir el camino del desprestigio.

“Aún no sabemos que haya hecho algo. Eso significa renunciar a sus fueros, a su función. Si esta función tan importante no la realiza quiere decir que habría decidido continuar en el camino de la desinstitucionalización y el desprestigio. Aún se están instalando las comisiones y queremos creer que en breve vamos a tener noticias, pero no es posible que se ponga de costado y no mire los 99 decretos”, remarcó.

“El principal acto de este poder del Estado es el acto legislativo y legal. No es posible que renuncie a esa función por muy buenas que sean las normas. Si hemos decidido vivir en una sociedad democrática debemos empezar por respetar las leyes y el Congreso es el primero”, acotó.

Ramiro de Valdivia y Walde Jáuregui no deben ser repuestos
Por otra parte, consideró que el Tribunal Constitucional no debería pronunciarse por la reincorporación a la Corte Suprema, de los vocales Ramiro de Valdivia Cano y Vicente Walde Jáuregui. El primero, investigado por sus supuestos vínculos con el ex asesor Vladimiro Montesinos y el segundo, destituido por emitir un fallo irregular que violaba la cosa juzgada.

“En el caso de Valdivia Cano, el tema es claro y creemos que es una sanción que ya se dio y no hay ninguna posibilidad -desde el punto de vista legal- de que pueda ser repuesto. En el caso de Jáuregui, es un tema más técnico pero hay una resolución. No hay que olvidar que la Constitución dice que (el CNM) resuelve en última instancia. Salvo que sea un tema de debido proceso o derecho fundamentales que en sus caso no ha habido”, enfatizó.

Estado debe respetar sentencia en caso Castro Castro
Finalmente, aseguró que debe respetarse la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de la matanza del penal Castro Castro (1992), a pesar de que no se comparta la decisión que tome este organismo, tras la demanda de interpretación presentada por el Estado peruano.

“Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben respetarse, formamos parte del sistema y eso es lo que hace institucionalidad en el país, por más que no estemos de acuerdo. De repente la Corte se excede en algunos aspectos, pero hay que respetar las sentencias. Inclusive por más que estemos en desacuerdo con la tímida defensa que el Estado ha tenido en este caso”, admitió.

Julio Favre: No volvería a asumir recuperación del sur porque alcaldes y presidente regional de Ica fueron "enemigos de reconstrucción"

Ideeleradio.- El ex presidente del Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur), Julio Favre, descartó la posibilidad de volver a asumir un cargo para la recuperación de Chincha, Pisco y Nazca, al considerar que el presidente regional de Ica, Rómulo Triveño y un grupo de alcaldes malintencionados, fueron enemigos de la reconstrucción y eludieron su responsabilidad en la reedificación de estas ciudades.

“Definitivamente esto para mí ha sido una experiencia bastante frustrante. Yo no me imaginé que una labor que era básicamente social, en el que los empresarios ni siquiera cobramos sueldos durante siete meses y fuimos blanco de ataques inmisericordes de políticos torcidos o malintencionados. (Pero), no todos (son así), porque hay alcaldes, como los de Tambo de Mora, Pisco y Chincha que son colaboradores. Pero, gran parte de los alcaldes y el presidente regional de Ica han sido enemigos de la reconstrucción”, declaró al programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“¿Cómo puedes construir algo, si tienes enemigos en los propios responsables de la reconstrucción de los pueblos?. Acá era muy fácil soplarle la pluma a alguien, decir tú tienes la culpa, yo no tengo la responsabilidad y así se la han pasado meses de meses. (Sin embrago), yo eximo de esto a Luis Gonzáles Posada o Mauricio Mulder, porque lo que pasó fue una mala interpretación de la responsabilidad que tenía Forsur. Una vez que se aclaró la responsabilidad de Forsur, cesaron los ataques (de ellos), mientras que si continuaron por parte de estos otros elementos que lo único que quieren es perturbar al gobierno”, anotó.

Lamentó, en ese sentido, que en el Perú las buenas voluntades políticas se estrellen con la triste realidad que representa la maraña burocrática del Estado. “Si hubiéramos tenido autonomía hubiéramos tenido un avance mayor, pero esto se cuestionó y se dijo que iba a haber un festín o una pachamanca de millones”, recordó.

Recordó que Forsur fue una institución que incluía a la empresa privada en la gestión, por ser más eficiente que la empresa pública. Indicó que se les dio todas las prerrogativas, pero que el Congreso le restó autoridad y delimitó su trabajo en la planificación, coordinación e identificación de proyectos y zonas habitables.

Plan de Forsur debe ser obligatorio
Favre Carranza aclaró que Forsur nunca se burocratizó, porque tenía 33 empleados, para una enorme tarea multisectorial. Remarcó que uno de los graves problemas estuvo focalizado en que las autoridades del interior vieron al Fondo de Reconstrucción del Sur como una suerte de intrusos, en vez de ser las primeros funcionarios en apoyar este proceso. Estimó que la recuperación después del terremoto del 15 de agosto pasado, será posible en aproximadamente tres o cuatro años.

“Presentamos un plan de reconstrucción, en el que se especifica los pasos y cuáles son las responsabilidades de cada sector, con planificación, con cifras, con presupuestos y responsabilidades. Eso no se ha cumplido. La responsabilidad de Forsur era planificar, coordinar con los sectores, identificar los proyectos, valorizarlos y evaluarlos, con un plazo como término. Y eso (el plan) no se ha cumplido, eso no es responsabilidad de Forsur, a pesar de que algunos políticos sigan hablando de que es responsabilidad de Forsur. (Por ejemplo), el presidente regional de Ica atacó a Forsur desde que se creó hasta la fecha, en vez de considerarlo como un apoyo en la planificación.”, declaró.

“Para comenzar el plan de reconstrucción que hizo Forsur debe ser un plan obligatorio y si fuera así, estoy cien por ciento seguro, de que en muy pocos años, Chincha, Pisco e Ica serán ciudades modernas, bien planificadas y seguras. Deben agilizarse los trámites para formalizar las propiedades, porque de otra manera, el Estado se ve impedido de ayudar con el bono de Techo Propio y de la reconstrucción. Esos programas no se llevan a cabo, porque es carísimo estar en la informalidad. Y tercero, que sean los propios damnificados, los que participen activamente en la reconstrucción de sus casas y su ciudad. No es posible que la gente crea que ellos deben esperar sentados para que le hagan sus casas”, planteó.

Pregúntenle a la burocracia
Dijo que a la fecha, según el plan de Forsur, ya debieron de haberse inaugurado 18 colegios emblemáticos y dos hospitales de la región, que fueron devastados por el sismo de 7.9 grados en la escala de Richter.

“Estos centros educativos debieron ser inaugurados en marzo del 2008 y recién se está construyendo por estas trabas burocráticas que existen. Los dos hospitales debieron estar construidos y recién se están licitando. Habría que preguntarle a esta burocracia ¿Porqué no se ha cumplido con el cronograma establecido?”, sostuvo.

Formalícense
Reiteró que el mensaje del terremoto que sacudió el sur chico, debe servir de experiencia para el resto de ciudadanos, a quienes invocó a formalizar sus domicilios con la adquisición de un título de propiedad.

“Aparentemente la gente interpretó que el Estado tenía que construirle una vivienda. Y lo que en realidad el Estado, les decía es que te vamos a dar un bono de la reconstrucción de 2 mil dólares, más el bono de Techo Propio que existe para cualquier ciudadano que no tiene casa. Con 6 mil dólares se podrían hacer casas, pero el 90 por ciento no tenía título de propiedad. Y eso es una primera alarma para todo el Perú, porque este es un país sísmico. Ojalá que con este ejemplo, todos los pobladores del Perú comiencen a regularizar su título de propiedad, porque hay demasiada informalidad que es muy costosa para los damnificados”, concluyó.