Ideeleradio.- El ex procurador Ronald Gamarra, negó conocer al ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Jesús Sosa Saavedra, y desmintió haberse reunido con él para ofrecerle mejores condiciones legales, con el fin de que declare en contra del ex jefe de Estado, Alberto Fujimori.
“Yo no conozco a kerosene, nunca en mi vida he visto a ese asesino, nunca he promovido una reunión con él, no tengo felizmente amigos comunes. Mis amigos no frecuentan asesinos, ni he tratado de ofrecerle nada, ni ningún beneficio a cambio de su entrega”, indicó en el programa
“No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Yo soy un abogado de la parte civil, no soy representante del Ministerio Público, no trabajo en el Poder Judicial, yo no decido absolutamente nada. (…) No he señalado el nombre de aquellas personas que supuestamente tendrían un vínculo con él, conmigo y que habrían servido de intermediarios. No los ha señalado porque no existen”, agregó.
En otro momento, el también secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) afirmó que siempre seguirá llamando a Jesús Sosa Saavedra bajo el apelativo de “kerosene” y rechazó que pretenda identificarse con los soldados que sí lucharon verdaderamente con el terrorismo.
“Personas como él no pueden pretender personalizar a las Fuerzas Armadas que combatieron el terrorismo, porque así como se ha dicho que hubieron excesos y prácticas sistemáticas de violadores de derechos humanos, valerosos soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas sí combatieron al terrorismo homicida y esos sí merecen nuestro respeto y reconocimiento, pero esas personas no están representadas jamás por los miembros del Grupo Colina y particularmente por este asesino llamado ‘Kerosene’”, refirió.
Ronald Gamarra dijo que luego de todo el testimonio de Sosa Saavedra, queda claro que este no fue detenido, sino que se entregó para tratar de exculpar a Fujimori Fujimori. “Ha querido entorpecer y confundir los argumentos al interior de la sala, pero para la Fiscalía y la parte civil está claro que la línea de comando iba por el lado de Colina, Servicio de Inteligencia del Ejercito, Dirección de Inteligencia del Ejercito y el Servicio de Inteligencias Nacional, es decir, Fujimori Montesinos”, manifestó.
“Él (Sosa Saavedra) ha tratado de desviar la atención desde la Dirección de Inteligencia del Ejercito, hacia la Comandancia General del Ejército. Estamos sacrificando la cabeza de Hermoza Ríos para salvar a Alberto Fujimori”, añadió.
Sosa Saavedra pidió ayer que no le sigan diciendo 'Kerosene', porque afirmó que durante su carrera militar nunca quemó a nadie.
Todo empezó cuando le habilitaron la Diroes
El ex abogado del Estado comentó, en otro momento, que toda la problemática administrativa en el cambio de régimen penitenciario del ex presidente Alberto Fujimori tuvo su origen en el momento en que se decidió que permaneciera detenido en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de Ate Vitarte.
“Todo (la problemática) es parte del privilegio que se le concede a Fujimori, al internarlo en un establecimiento ad hoc para él, lo que representa un privilegio. Ahora lo que están haciendo es tratando de resolver los problemas que se van presentando como consecuencia de ese privilegio. (…) Tiene que ver con el privilegio de mantenerlo en un lugar especial que se creó para él, es decir, el establecimiento Barbadillo”, expresó.
Explicó que el hecho que se haya constituido la sede de la Diroes en un centro de reclusión, implicaría también un régimen de tratamiento para un solo procesado, lo cual es inviable.
“Es evidente que dentro de los problemas administrativos y económicos del INPE, no van a designar a una Junta de Tratamiento específica para ese caso, me parece que esa es la razón a la que obedece una Junta de Tratamiento Itinerante, han sacado a miembros de otros penales y los han nominado para que emitan la decisión en este caso en concreto”, señaló en referencia al hecho de que una Junta de Clasificación Itinerante fue la que modificó el régimen penitenciario del ex gobernante peruano.
En ese sentido, cuestionó el tratamiento “cuasi secreto”, que se le dio al cambio de régimen y calificó como un “manejo político”, el hecho de que ni el INPE, ni la defensa del ex presidente, ni el gobierno de turno, hayan hecho pública la variación de ese régimen penitenciario.
Decisión técnica de Caparrós es equivocadaGamarra Herrera calificó como una decisión “técnicamente errada” la adoptada por el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) Leonardo Caparrós, quien ordenó la modificación del régimen penitenciario del ex alto dignatario y permitió que tenga más facilidades en sus visitas familiares, amicales y políticas.
“En ningún momento para la calificación al Régimen Cerrado Especial, se habla del delito de asociación ilícita, ahí se habla de vinculación a una organización criminal, y más allá de lo que formalmente diga el jefe del INPE, en el sentido de que en la decisión judicial no se le imputa la participación o intervención en el delito de asociación ilícita, lo cierto es que es público y notorio y todo el mundo lo sabe -más allá de que tenga un documento o no- que lo que se le imputa a Fujimori es la comisión de los hechos de Barrios Altos y La Cantuta, es decir autoría a través del Grupo Colina que es una organización criminal”, aseveró.
“En ese caso, el doctor Caparrós, erró de formalismo y debió solicitar una información adicional y sobre esa base recién pronunciarse. El error está en equiparar el tema de la vinculación con una organización criminal, al delito de asociación ilícita. (…) Considero que es equivocada y que ha recibido los aplausos, del premier, la ministra del Justicia, el presidente García y los fujimoristas”, opinó.
No descartó la posibilidad de que desde el Ministerio de Justicia o desde la Presidencia del Consejo de Ministros se haya insistido o presionado al jefe del INPE para que varíe el régimen carcelario del ex presidente acusado de violación de derechos humanos, tal como lo señala la revista Caretas. “El señor Caparrós tendrá que explicar si esa información que emite la revista Caretas es cierta o no”, puntualizó.
Estado no tiene argumentos para pedir interpretación en caso Castro CastroPor otra parte, Gamarra Herrera aclaró que el Estado Peruano no tiene argumentos para solicitar una interpretación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castro Castro y recordó que en casi todos los pedidos de interpretación hechos por el Estado, este salió perdiendo.
“Mas allá del rechazo que tenemos a la condición de terroristas de muchos de los que murieron en Castro Castro, lo cierto es que ellos estaban bajo la protección del Estado y fueron funcionarios públicos los que violaron sus derechos y por lo tanto aún ellos siendo terroristas tenían el derecho a la vida y eso fue una violación por parte del Estado y la responsabilidad está clara”, aseguró.
Indicó que la mayoría de reparaciones dictadas por la Corte IDH, son destinadas a los familiares y por lo tanto no se puede confundir la responsabilidad penal de los fallecidos, con la de sus familiares. “Uno puede tener a un familiar terrorista, pero eso no hace a la madre, al hijo, ni al hermano, igualmente terrorista”, alegó.
Bromley se superponía a las decisiones de los fiscalesRecordó también que el ex jefe del Instituto de Medicina Legal (IML) Luis Bromley poseía mucho poder y que por esa razón, se superponía a las decisiones de los fiscales que ordenaban las diferentes investigaciones y exhumaciones al interior del país.
“Quien decide cuando, cómo y donde debe de procederse a la exhumación de los restos de quienes fueron ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos y luego asesinados es el Ministerio Público. Sin embargo, el doctor Bromley tenía demasiado poder y en algunos casos se imponía respecto al trabajo de los fiscales, lo cual no era correcto y creo que obedecía a otro tipo de decisiones del propio doctor Bromley”, remarcó.
Apuntó además que darán a conocer al nuevo jefe del IML, Gino Dávila, las diferentes preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos en cuanto al retraso en las exhumaciones y a la relación entre el Instituto de Medicina Legal (IML) y el Equipo Peruano de Antropología Forense (Epaf).
ONA fue un globo de ensayo para las tribunasReiteró finalmente que la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) fue un globo de ensayo más del gobierno, al igual que el Forsur y el Pacto Social. En ese sentido, insistió en que nunca existió voluntad política del Estado por luchar contra la corrupción.
Saludó la decisión de la Defensoría del Pueblo de crear su Unidad Anticorrupción, la cual identificará y denunciará aquellas acciones ilícitas que perjudiquen los derechos fundamentales de las personas al acceso a los servicios básicos que ofrece el Estado.