Constantino Carvallo: Poner en vereda a maestros del SUTEP fue única política articulada del ministro de Educación

Ideeleradio.- La única política articulada emprendida por el gobierno en materia educativa ha sido la de frenar al gremio magisterial, afirmó Constantino Carvallo, director del Colegio “Los Reyes Rojos”, tras lamentar que el ministro Antonio Chang desmotive a los docentes, pues ni siquiera se ha dirigido a ellos, en el "Día del Maestro".

“Que el gobierno ponga mano dura, los califique de ociosos, los evalúe y muestre sus resultados, obtuvo cierta aprobación, pero estas evaluaciones no logran motivarlo, sino por el contrario, fastidiarlo, resentirlo, ponerlo en contra. Los maestros son los que van hacer la revolución (educativa) en el Perú. Son ellos los que deberían ser los aliados fundamentales del ministro. No veo que el ministro Chang en el Día del Maestro se dirija a ellos. Sacan un comunicado que ni siquiera está firmado. No se sabe si lo ha hecho el ministro, el presidente, el viceministro. No hay una palabra de aliento”, señaló en diálogo con el programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio.

“El gobierno por alguna razón es muy pragmático en materia educativa y no está en capacidad de definir metas. Al contrario, se encuentra interesado en algunos aspectos como la lucha contra el gremio magisterial. La política fundamental en el gobierno ha sido ponerlo en vereda, no sólo al gremio magisterial sino en general a los maestros. Si ha habido una política articulada ha sido esa. Lo demás la entrega de computadoras, comprar televisores para las aulas, etc, me parece que son medidas sin fundamento. Lo único claro del gobierno, es que ha querido quebrar al gremio magisterial. No ha habido otro norte en su actuación”, apuntó.

Maestros mal pagados con segundo trabajo
Remarcó que, por el contrario, el gobierno debería apoyarse en los maestros, en conseguir que estén motivados, interesados y comprometidos con la formación de la educación en el Perú. Sostuvo que quien va a resolver el problema educativo es el profesor, el cual debe de establecer un vínculo de motivación y aprendizaje con sus alumnos.

“Hay un estudio de Richard Web del Banco Mundial que señala cómo los maestros del Perú están desmotivados, desmoralizados y muchas veces con la cabeza puesta en un segundo trabajo. Están esperando salir de la escuela pública, para cumplir otro trabajo que es su sustento y lo será cuando se jubilen”, manifestó.

“Tener maestros mal pagados, angustiados con la situación económica, preocupados de qué van a vivir al retirarse o maestros contratados que se les paga en junio o julio lo correspondiente al mes de abril, es atentar con esos objetivos. No veo cómo vamos a tener maestros comprometidos y motivados, que los tenemos a pesar de esta situación, si el gobierno los trata como lo hace”, argumentó.

Quienes tienen el poder no apoyan al profesorado
Carvallo Rey precisó además que no está claro si los profesores tienen alguna responsabilidad en el deterioro grave de sus salarios, que trae como consecuencia dificultades en su propia formación. Explicó que ello, no depende sólo de que el Estado provea de los cursos necesarios, sino de que se tenga los medios suficientes para lograrlo.

“Un maestro que no puede comprar libros, viajar, tener computadora propia. Es difícil que alcance los niveles que un maestro debe tener. ¿Por qué se mantiene al maestro en esa condición? ¿Por qué hemos convertido a la escuela pública en la escuela de los pobres y se quiere responsabilizar al propio maestro?. Me resulta insólito que un país conviva con una formación o educación como la que tenemos en el país”, expresó.

“Quienes tienen el poder, quienes se benefician de esta situación no hacen nada por que se modifique, ni hay interés por ello. Quienes tienen voz incluyendo los propios dirigentes del SUTEP han resuelto el tema mediante la escuela privada. No es su problema. El 15% de la población mejor ubicada no vive el drama de la educación pública y no siente la urgencia de modificarlas, porque sus hijos acuden a escuelas particulares”, comentó.

No quieren ser maestros
Cuestionó que se incorpore al maestro, a la Carrera Pública percibiendo el mismo salario. Resaltó que es indispensable que exista una diferencia de remuneración fundamentalmente entre los distintos niveles en los que se encuentre el maestro. Lamentó, en ese sentido, el desinterés de los alumnos en estudiar la carrera de Educación. Recordó la reciente encuesta de Apoyo, donde se ubicó en los últimos lugares entre las preferencias de los escolares por parte del sector A y B.

“No hay interés en los alumnos de estudiar esta materia. La carrera no es atractiva y se instruyen en educación, muchas veces aquellos que no pueden estudiar otra cosa. Entonces, yo creo que no hay muchas veces la vocación en la profesión, porque está muy mal tratada económicamente, ha perdido además el prestigio que tenía hace 40 años. Hay que recuperar la dignidad social, económica y el prestigio de los maestros en el Perú”, enfatizó.

Ministerio no lidera lucha contra deficiencia en aprendizaje
Finalmente, dijo no entender porque el jefe de Estado plantea que el objetivo de su vida será acabar con el analfabetismo, cuando del otro lado tiene una “fábrica de analfabetos” que es la deficiente escuela pública.

“Qué sentido tiene alfabetizar a los adultos que seguramente caerán otra vez en analfabetismo por falta de textos, libros y motivación para leer, mientras que tenemos una escuela que produce estos resultados. La verdad es que aprender a leer o escribir son conocimientos básicos que la escuela debería cumplir con relativa facilidad. No puede volverse este un tema de una dificultad tan grave”, puntualizó.

“Las escuelas y los alumnos son evaluados, nos enteramos del porcentaje, pero no hay nada qué hacer. Yo creo que el ministerio no lidera una lucha contra este problema de aprendizaje, ni hay una claridad de cómo enfrentarlo. El Ministerio de Educación que es básicamente un ministerio de instrucción, no cumple con esto mínimo que es lograr los aprendizajes básicos y fundamentales que deberían tener todos los estudiantes. No comprendo por qué esto es así. No comprendo por qué se hace una evaluación censal dos años consecutivos en segundo de primaria y no hay una estrategia para enfrentar el problema que se muestra a nivel inicial“, recalcó.

Roberto Chiabra: Ministerio de Defensa debe precisar participación de militares en resguardo de “puntos críticos vitales”

Ideeleradio.- El gobierno debe precisar los alcances de la resolución suprema del Ministerio de Defensa que faculta a las Fuerzas Armadas a intervenir en el resguardo de “puntos críticos vitales” durante el paro nacional del 9 de julio, insistió el ex ministro Roberto Chiabra, tras considerar que los institutos castrenses no están preparados para repeler manifestaciones sociales.

“(Esos alcances) deberían puntualizarse. (…) No puede ser tan subjetivo, tan general, porque puntos críticos pueden ser mi casa, un banco o un supermercado y esa no es una tarea para el Ejército. Las Fuerzas Armadas apoyan cuando se sobrepasa la capacidad de la Policía y para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, el aeropuerto, las plantas de luz y agua. (…) Las cosas tienen que ser precisas, cuando hablamos de servicios públicos esenciales, todo mundo sabe a que se refiere, pero si colocamos puntos críticos vitales, ese es un término subjetivo”, manifestó en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Comentó que la responsabilidad constitucional de resguardar el orden interno es particularmente una función de la Policía Nacional del Perú (PNP). Indicó asimismo que las zonas y los ámbitos de participación de los militares deben ser puntualizados de acuerdo a las normas reglamentarias y no sólo por una decisión del presidente de la República.

“Hemos pasado por una serie de problemas, en los años anteriores, en donde los excesos se pagan por el lado más débil. ¿Cuál es el procedimiento reglamentario correcto y legal en un país democrático? Se reúne el Consejo de Seguridad Nacional donde participan todos los elementos que tienen que ver con el problema y allí los elementos de Inteligencia son los que pintan la situación; y los elementos operacionales, como la Policía, determinan qué puede hacer y qué apoyo requiere de las Fuerzas Armadas”, manifestó.

“Si es que no determinamos (los alcances de esa resolución), creo que debe concretarse en el Consejo de Seguridad, en donde se toma decisiones y el que dispone es el presidente de la República. De tal manera, que cuando suceda algún problema superior, tengamos que recurrir a ver quien fue el que ordenó. Si no se ha reunido el Consejo de Seguridad, no se han determinado las responsabilidades, no se ha establecido una orden de operaciones con objetivos y responsabilidades muy puntuales, los problemas vienen después”, apuntó.

FFAA no pueden repeler manifestaciones
Chiabra León aseguró que las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército, no pueden hacer frente a las protestas, porque no están preparadas, ni operativa, ni logísticamente.

“El personal de las Fuerzas Armadas no debe hacer frente a las manifestaciones de la población. En primer lugar no están preparadas porque no es su misión constitucional, no tiene el equipamiento. El policía tiene su casco y su escudo para defenderse de las piedras, pero si a un soldado le tiran una piedra y lo provocan, tiene un fusil en la mano (para usarlo). Eso es lo que hay que evitar. Una cosa es que participe en dar seguridad a los servicios públicos esenciales y otra es que las empleen en otros casos”, expresó.

Policía no puede abdicar antes del paro
Consideró, asimismo, que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional no pueden abdicar en sus funciones de resguardo al orden interno, antes de que se realice la protesta convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú.

“Por experiencia propia, cuando hubo el paro nacional en julio del 2005 y en plena Copa América, allí nadie dijo nada de que se estaba atentando contra la gobernabilidad del presidente (Alejandro Toledo) que se decía tenía el 5 por ciento. Allí también se pintó una situación de que se iba a incendiar Roma, es decir Lima, se iban a apedrear a los micros y también propusieron que las Fuerzas Armadas salieran. Nosotros asumiendo un sentido de responsabilidad dijimos que no, que el que tiene que asumir su función es la Policía y no puede abdicar antes de que se inicie la huelga. Lo que pasa es que a veces Inteligencia, nos pinta la situación un poco caótica y hace ver que si no tomamos una medida muy drástica, pueden ocurrir problemas”, remarcó.

Dirigentes deben asumir también su responsabilidad
El ex funcionario sostuvo que los dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú, deben asumir su responsabilidad en cuanto a la realización del paro nacional del 9 de julio, y que lo propio debe hacerse por parte de los gremios en el interior del país.

“Ya tenemos bastante experiencia, y los dirigentes que están encabezando esta paralización que es democrática, también tienen asumir su responsabilidad en cuanto a los desordenes y violencia que se puedan presentar. Ahora, una cosa es que te restrinjan dos carrilles de una vía y otra es que anulen toda una carretera. Y eso es lo que autoriza la Prefectura, que decide por que rutas hacen sus marchas y que sectores”, mencionó.

Sobre cambios ministeriales
Finalmente, se refirió a la posibilidad de que pueda cambiarse a los ministros del Interior y de Defensa, en el mes de julio, un periodo en que suele renovarse el gabinete.

“A veces cambiamos de personas y las que entran no tienen la suficiente autoridad. En Moquegua, hemos visto un típico caso de algunos superiores, que cuando las cosas salen bien, dicen que ellos hicieron el operativo, pero cuando las cosas salen mal, se le echa la culpa al subordinado. Ese es el típico superior. Hay que equipar a la Policía con los medios necesarios. Los problemas no lo genera el Mininter, sino los ministerios que tienen la responsabilidad de solucionar los problemas mediante el diálogo. Si estamos creciendo, porqué tenemos que llegar al paro y crearle un problema a la Policía”, concluyó.

IDL: Consejeros Edmundo Peláez y Delgado de la Flor deben explicar opiniones contradictorias en torno a caso Romero

Ideeleradio.- Edmundo Peláez y Francisco Delgado de la Flor, presidente e integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) optaron por no destituir al ex titular de la Corte de Lima, Ángel Romero Díaz, a pesar de que en un Anteproyecto de Reglamento Disciplinario del 2007, habían planteado que la emisión de fallos contradictorios ameritaba la separación de un juez o un vocal, reveló David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Ese anteproyecto que elaboró la Comisión de Procesos Disciplinarios el 2007, estuvo integrado por Edmundo Peláez, Francisco Delgado de la Flor y el señor (Efraín) Anaya. Ellos consideran –en el documento- una falta grave pasible de destitución, la expedición de fallos contradictorios, justamente la falta que se le imputa a Ángel Romero y en la que los dos primeros votaron por una sanción menor”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Radio San Borja.

“Esto revela una contradicción de cómo se tiene un doble rasero, totalmente distinto, en el caso Romero y lo que ellos propusieron. El Anteproyecto de Reglamento Disciplinario que está en la página Web del CNM, si bien no está aprobado, es una propuesta de ese grupo de trabajo y es una contradicción que (los consejeros) tienen que responder”, agregó.

Hace algunas semanas, el CNM revocó su propia resolución en la que ordenaba la destitución de Ángel Romero. En la misma, Peláez Bardales y Delgado de la Flor retroceden en su decisión inicial por considerar que la reincorporación de treinta y tres ex trabajadores del BCR es irregular, pero no amerita la remoción del ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Preocupante Decreto Legislativo 1070
En otro momento, Lovatón Palacios mostró su preocupación, por el Decreto Legislativo 1070, uno de los 102 dispositivos que emitió el Poder Ejecutivo, bajo el argumento de que busca adecuar la normatividad peruana al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

“Hay un tema muy preocupante, el Decreto Legislativo 1070 que modifica la Ley de Conciliación Extrajudicial. La CERIAJUS que estuvo integrada por todas las cabezas de instituciones del sistema de justicia y fue presidida por el presidente del Poder Judicial recomendó en el 2004, revisar su carácter obligatorio en algunos casos y estimular y promover su aspecto voluntario. Este dispositivo va en sentido contrario y lo extiende. Es una burla a lo que se trabajó en CERIAJUS y es una norma que puede ser impugnada por ser inconstitucional, porque afecta la tutela judicial efectiva, que dicta la Comisión y la Corte Interamericana”, explicó.

Saludó finalmente la designación de Pablo Sánchez Velarde, como nuevo presidente de la Academia de la Magistratura (AMAG), institución que tendrá un papel importante en la formación de conceptos en torno al Código Procesal Penal.

Poder Judicial levanta impedimento de salida del país de Farid Matuk

Ideeleradio.- La Segunda Sala Penal Especial, presidida por el vocal Roberto Barandiarán, levantó el impedimento de salida del país que dictó el Poder Judicial en contra del ex jefe del INEI, Farid Matuk, investigado por la supuesta suscripción irregular de contratos de consultoría durante su gestión, informó su abogada Silvia Romero, integrante del Área Legal del IDL.

“La sala ha variado la medida y ha tomado en cuenta que no se eludió la acción de la justicia, porque Farid Matuk salió del Perú con rumbo a Irak, un mes antes de la apertura de instrucción y ha estimado que es una persona que ha colaborado con el proceso. Además, porque se ha podio acreditar que él tiene un arraigo familiar en el país por parte de su esposa e hija que laboran y estudian aquí”, manifestó en diálogo con Ideeleradio.

“Esta decisión es positiva, pues se está amparando la apelación al impedimento de salida. Nosotros considerábamos que era una medida exagerada y desproporcionada, porque el ex jefe del INEI ha mostrado interés en que se esclarezcan los hechos y en eso se nos está dando la razón”, apuntó.

En ese sentido, informó que han solicitado al Sexto Juzgado Penal Especial que se reprograme la diligencia en la que el ex funcionario deberá rendir su declaración instructiva, pues el levantamiento del impedimento de salida implica que su retorno a Lima, no tendrá ningún perjuicio para la actividad laboral que desempeña actualmente en Irak, para USAID.

“Hace poco nos notificaron que se amplió la instrucción por dos meses más porque se declaró complejo el caso. Se nos notificó el 27 de junio que el señor Matuk Castro tenía que rendir su declaración el 26 de junio y ahora estamos pidiendo que vuelva a ser citado”, manifestó.

El ex jefe del INEI es procesado porque habría autorizado el contrato de diversos profesionales de ciencias sociales bajo la modalidad de consultorías, entre setiembre del 2002 y setiembre del 2003, pese a que existía un dispositivo que prohibía el ingreso de nuevo personal.

Encargarían al Ministerio Público implementación de Mecanismo de Prevención contra la Tortura

Ideeleradio.- El Mecanismo de Prevención contra la Tortura sería puesto en vigencia este mes y se le confiaría la responsabilidad de implementarlo al Ministerio Público, anunció Luis Alarcón Quintana, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

“El proyecto (mecanismo de prevención) está en el despacho de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Al que se le ha designado como el encargado de estos controles es al Ministerio Público. Calculo que se va a poner en vigencia en el mes de julio, cuando se instale la nueva Mesa Directiva del Congreso. El cambio va a originar que se ponga en efectividad este documento" precisó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Alarcón Quintana aseguró que la Fiscalía fue elegida entre diferentes instituciones, como la encargada de la aplicación de este mecanismo de cara a prevenir los casos de tortura. “Este papel le compete al Ministerio Público, además es un órgano independiente. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, fue unas de las propuestas, pero al último se eligió al Ministerio Público”, relató.

Desde 1988 el Estado peruano es parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo desde el 2006, cuyo objetivo es prevenir la tortura en todas sus modalidades.

En octubre del año pasado se venció el plazo para que se implemente el Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura, motivo por el cual no estaría en condiciones de garantizar a las víctimas y sus familiares el acceso a la justicia y a una reparación acorde con el daño causado.

Vargas Valdivia: Podría acudirse a Corte IDH para que Ministerio de Defensa entregue información de militares que operaron en Putis

Ideeleradio.- Los familiares de las víctimas de la matanza de Putis (Ayacucho) ocurrida en 1984, podrían recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que se le exija al Ministerio de Defensa, que entregue la lista de los militares que operaron en esta comunidad en esa época y se pueda identificar a los responsables del asesinato de más de 400 personas, afirmó el ex procurador Ad Hoc, Luis Vargas Valdivia.

“Si el Ministerio de Defensa no entrega los documentos que pide la Fiscalía, los familiares de las víctimas podrían recurrir a la Corte Interamericana para que se obligue a las autoridades del Perú a colaborar en la investigación. De mantenerse esta situación, quedaría habilitada la jurisdicción internacional como otra alternativa”, manifestó en diálogo con Ideeleradio.

Indicó que existen mecanismos para reconstruir parte de los archivos, que habrían sido incinerados, según la versión dada por altos mandos castrenses a la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho.

“Hay mecanismos para poder reconstruir y básicamente no sería mucho problema recurrir por ejemplo, a la foja de servicio de los oficiales y suboficiales del Ejército. Son muchos, pero no tantos, además todo está computarizado, para que en un plazo razonablemente corto, se determine a todos los que estuvieron sirviendo en esa zona, durante esa época”, declaró.

“Esa información no es imposible de conseguir, a menos que nos digan que se perdió toda la información del legajo de todos los oficiales y suboficiales del Ejército. Lo que se requiere acá es interés del Estado de apoyar y coadyuvar. (...) Si no se entregan los documentos, la investigación quedaría reservada hasta que se identifique al autor o los autores", puntualizó.

La vía penal
El ex abogado del Estado advirtió asimismo que los funcionarios del Ministerio de Defensa podrían ser pasibles de una denuncia penal, en caso de que persista la resistencia de colaborar con las autoridades que indagan la masacre de Putis.

“Este proceso seguirá abierto hasta que se identifique a los presuntos responsables, porque este tipo de casos son imprescriptibles conforme a los instrumentos internacionales. (…) Hay elementos (para señalar responsabilidad) y los funcionarios están obligados a entregar información, de no hacerlo tendrán que responder ante la ley. Allí habría responsabilidad por no colaborar con las indagaciones y eso está tipificado como encubrimiento real y personal, donde las penas son muy altas”, enfatizó.

“No se puede justificar este hecho irracional (la matanza de Putis). Es un acto bárbaro, absurdo, delincuencial, que debe ser materia de condena por todos. Estamos hablando de cerca de 400 personas que fueron ejecutadas, mujeres, hombres y niños. Acá no se trata de ver los hechos como la muerte de los otros, se ha ejecutado a nuestra gente. Osea son nuestros hermanos, no podemos dejar, ni permitir que esto quede en impunidad, ni podemos justificar que esto se dio en otro contexto (de violencia interna). No hay contexto que justifique estas ejecuciones y estos asesinatos”, concluyó.

Los hechos
En 1984 efectivos de la Base Militar de Putis –integrados directamente a la Base Contrasubversiva de Huanta- reunieron a un grupo de pobladores de diversos caseríos y anexos para que sean trasladados a una zona aparentemente estratégica con la finalidad de brindarles protección.

Dichos militares persuadieron a los comuneros ya instalados en Putis, para excavar zanjas que iban a servir supuestamente para un vivero de truchas, sin saber que el lugar se convertiría en su propio lecho de muerte. Los habitantes de Putis fueron fusilados y enterrados en una fosa.