Ideeleradio.- La Contraloría General de la República hará un seguimiento al reparto de alimentos del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), anunció el contralor Genaro Matute, tras revelar que su institución, pidió que este programa de asistencia directa, se ejecute con la mayor transparencia posible cinco días previos a su implementación.“En este país nadie puede meter las manos al fuego por nadie. (…) Hemos propuesto hacer una veeduría ciudadana, tenemos un programa y vamos a montar este esquema para poder acompañar a los camiones en el reparto”, dijo en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Al inicio de este programa, cinco días antes de la repartición, nuestro jefe del Órgano de Control Institucional envió una comunicación a la ministra recomendando un control preventivo, que se tenga mayor transparencia en la forma en la cual se realice el reparto de los víveres. Al principio fue tomado como una forma de frenar el proceso, pero después se dieron cuenta que esto es lo mejor. Pedimos que se nos informara cuáles eran los criterios que se estaban utilizando para determinar los beneficiarios del programa”, recordó.
Matute Mejía precisó, en ese sentido, que lo que está ahora en cuestionamiento es la logística misma, pero no los beneficiarios. “Lo que se está revisando ahora y que ha sido la crítica a nivel de medios y del secretario general del partido aprista (Mauricio Mulder), es que se pueden buscar otras formas de hacer el reparto”, manifestó.
Experto de Contraloría evalúa caso RBC en el MININTER
Por otra parte, tras los constantes cuestionamientos al proceso de publicidad empleado por el Ministerio del Interior, sobre todo en RBC Televisión, Matute Mejía anunció que la Contraloría ha contratado a un publicista que ya se encuentra evaluando el tema dentro del propio MININTER.
“Han hecho un plan estratégico de publicidad que establecen los elementos necesarios para definir como es que va a ser la publicidad del Ministerio del Interior. (…) El tema es que en este plan no está establecida la forma específica de medir, cómo se va a hacer la asignación presupuestal a diversos medios. (…) Ya tenemos un equipo en el Ministerio, hemos contratado a un especialista en publicidad para que nos apoye, un asesor que está trabajando en esto”, mencionó.
“Lo importante es ver, cómo es que el MININTER hizo la asignación de estos 6 millones en veinticuatro medios. Con eso vamos a ver la parte objetiva respecto a la asignación”, agregó.
Ratificó que el tema de la publicidad del Estado, es uno de los objetivos de su institución e indicó que posteriormente harán una serie de recomendaciones de cómo se debe evaluar y definir la asignación de los avisos gubernamentales.
Investigaciones de las licitaciones de patrulleros y pertrechos
Reveló que ya se están culminando las investigaciones y determinado las responsabilidades administrativas, tanto en el caso de las dos fallidas licitaciones de patrulleros en el Ministerio del Interior, como el de los pertrechos policiales.
“Los temas ahí (licitaciones de patrulleros) señalaban responsabilidades administrativas por los procedimientos que se utilizaron que podría estar equivocados, por encima de esto, no ha habido ningún tipo de responsabilidad adicional. (…) En el caso de los pertrechos recién va a salir el informe”, sostuvo.
Pide que MININTER discuta con proveedores garantía de patrulleros
El contralor comentó además, que han solicitado al Ministerio del Interior (MININTER), que discuta la garantía técnica de los patrulleros, con los proveedores de los 698 vehículos nuevos que compró la UNOPS - PNUD.
Explicó que el contrato establece una garantía técnica del vehículo hasta los 100 mil kilómetros o 36 meses de uso, por lo que -expresó- no queda claro cómo el Ministerio del Interior podría exigir su cumplimiento, si la carta fianza tiene una vigencia de 30 días.
“Hemos solicitado que el ministerio discuta con los proveedores para ver que se ajuste esta medida, nosotros le hemos hecho notar eso. (…) No hemos participado específicamente en la designación, pero sí hemos tenido información previa de las bases y una serie de elementos que nos ha permitido al Estado observar el proceso. Creo que ha sido positivo”, remarcó.
Contraloría no puede intervenir en caso de revisiones técnicas
Por otra Parte, aclaró que la Contraloría no puede intervenir en la problemática abierta a raíz de las revisiones técnicas vehiculares entre la Municipalidad de Lima y la empresa Lidercon Perú.
“La norma dice que no podemos abocarnos cuando ya el proceso entra en el Poder Judicial o en arbitraje, sino lo que generamos es ruido, una situación donde no tenemos capacidad de actuar. Hicimos algunas recomendaciones en el convenio original, las que debieron haberse recogido oportunamente. Recomendamos que se ampliara y se busque una mayor participación de las empresas que estuvieran decididas a entrar en la concesión”, rememoró.
“Nosotros solicitamos al Congreso que tome en consideración, que en toda concesión, la Contraloría tenga la posibilidad de hacer un informe previo. (…) Para las concesiones vemos que hay muchísimos problemas y cuestionamientos, consideramos que debe existir el ojo independiente de la Contraloría, esto para que los procesos concesionarios no tengan ningún problema”, subrayó.
La Interoceánica
El Contralor de la República estimó que al superarse los costos originales en la elaboración de la carretera Interoceánica, sería necesario que se realice una nueva licitación o que se revise íntegramente la concesión actual.
“Si revisamos las recomendaciones de la Contraloría, muchos de los riesgos son los que se están presentado hoy. Ya se están viendo las posibilidades para ver cómo es que hay que hacer el tratamiento de la Interoceánica de aquí en adelante. Los costos originales se han superado tremendamente, o sale una nueva licitación o concesión, o se revisa íntegramente la concesión actual”, declaró.
El Consejo Directivo del Congreso admitió hace unos días dos mociones que plantean la conformación de una comisión especial de carácter multipartidario, que se encargue de investigar si existieron irregularidades en la concesión y construcción de la carretera Interoceánica Sur.
Habría que cambiar las leyes para intervenir en la FPF
También se refirió al caso de Manuel Burga, titular de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sobre quien persisten las denuncias de supuestas irregularidades, al punto que un grupo de congresistas presentó una Acción de Amparo para que deje de ejercer la presidencia del ente rector del fútbol peruano.
“Estuvimos revisando el tema (de la FPF) y sólo podemos entrar en aquellas áreas donde el Estado pone el dinero. Lamentablemente habría que cambiar las leyes para que esto funcione de otra manera. El tema es que aquí hay un temor grande de todo el mundo, que es que si cambiamos eso, la FIFA puede desafiliarnos, pero yo creo que si no vamos al mundial desde el año 70, que nos saquen para que nos armemos bien y podamos realmente tener una federación que funcione”, concluyó.
Proveedores del Ejército y la Marina
En otro momento, consideró que legalmente no existe forma de que se pueda prohibir la participación de empresas cuestionadas o denunciadas por malos manejos, en las licitaciones que realiza el Ejército y la Marina de Guerra del Perú.
“La ley y la Constitución respaldan el derecho a que la empresa pueda hacer negocio (con el Ejército). Lamentablemente estamos atrapados por nuestro propio sentido del derecho y de las ventajas que debe tener una empresa cuando actúa en el país. Es un problema difícil”, lamentó.
“En la Marina, la ley les da la razón y ese es el tema. Lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos modificar algunos elementos que impidan que aquellos que están siendo identificados y prácticamente tienen pruebas concretas de su participación en actos ilícitos puedan participar. Es un entrampamiento legal”, añadió.
El fin de semana, el comandante general del Ejército, general EP Edwin Donayre, reconoció que la empresa “SJT Comercializaciones y Representaciones”, que ganó recientemente una licitación convocada por el Servicio de Intendencia del Ejército (Sinte), pertenece a una red de compañías de la familia Díaz Costa que está cuestionada por su institución debido a malas prácticas comerciales.
Por el lado de la Marina de Guerra, esta institución castrense contrató suministros con la misma empresa que vendió al Seguro Integral de Salud (SIS) con sobreprecio, alimentos para damnificados del terremoto.
ONA debe limitarse a su campo de acción
Finalmente, el contralor consideró que la Oficina Nacional Anticorrupción debe limitarse a actuar sólo en su campo de acción y no en áreas que no le corresponden.
“Hay un campo de acción muy concreto para trabajar en conjunto, el tema es que la ONA quiere hace otra cosa. Fue creada para poder articular el trabajo de todas las entidades para poder discutir el tema anticorrupción, pero alrededor de los funcionarios públicos del Ejecutivo. La ONA se sale de eso y habla del Congreso, del Poder Judicial, de las regiones. En su momento nos sentamos a coordinar, pero creo que (al abarcar varios temas) la ONA tiene una definición clara de lo que ellos quieren hacer”, resaltó.





