Ideeleradio.- Todavía no existe consenso entre los integrantes de la Junta de Fiscales en torno a la elección del nuevo titular del Ministerio Público, que reemplazará a la desaparecida ex magistrada Adelaida Bolívar, informó el fiscal supremo Percy Peñaranda.
“No tenemos ningún acuerdo ni nada al respecto. Los cuatro fiscales tenemos los requerimientos para asumir la jefatura de la institución, pero seguramente trataremos este tema dentro de un clima de absoluta serenidad y confianza entre nosotros, como lo hemos venido haciendo”, manifestó en diálogo con Ideeleradio.
Fue al comentar la reunión de este 14 de abril, en que el más alto órgano de gobierno del Ministerio Público elegirá al máximo representante de esta entidad. Los fiscales supremos titulares Gladys Echaíz Ramos, Pablo Sánchez y el propio Percy Peñaranda Portugal son los candidatos a asumir esta función.
El magistrado comentó también la determinación de José Peláez Bardales de no participar como candidato para centrarse en el juicio a Alberto Fujimori. Peñaranda Portugal sostuvo que se trata de una decisión que cada letrado puede tomar, en el marco de su independencia y autonomía.
En otro momento, señaló que uno de los principales retos que deberá cumplir el responsable de la Fiscalía de la Nación, será ver todo lo referido a los conflictos sociales y la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en las ciudades de Arequipa y Chiclayo.
Ansiada Ley de Carrera Judicial
Se refirió también a la decisión del Pleno del Parlamento de reconsiderar -por 84 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones- la votación registrada en una sesión pasada, en la cual se rechazó la norma sobre la Ley de la Carrera Judicial.
En ese sentido, demandó al Poder Legislativo la pronta aprobación de este dispositivo que permita establecer los parámetros de acción de los administradores de justicia.
“Esta ley comprende obligaciones, derechos, deberes y responsabilidades. En esa escala es que se debería establecer los parámetros de la Ley de Carrera Judicial. Esta es una aspiración muy reclamada, no sólo por los jueces y fiscales, sino también por la sociedad que exige que se establezcan las reglas del juego de cómo van a manejar estos cuatro conceptos los jueces y fiscales”, declaró.
Indicó que la primera labor del Legislativo en esta materia, debe ser evaluar cuál será el posicionamiento desde el punto de vista constitucional, tanto del Poder Judicial y el Ministerio Público, para que en base a esos parámetros se pueda trabajar esta normativa.
Caso Alberto Rivera
De otro lado, Peñaranda Portugal, quien se desempeña como titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno, informó que hasta el momento la Junta de Fiscales Supremos no ha tomado una decisión de cuál será la situación final del ex fiscal provisional de Pucallpa, Delbo Rodríguez, quien fue denunciado por no haber apelado la sentencia absolutoria del alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez y al ex vocal Solio Ramírez, presuntos implicados en el asesinato del periodista, Alberto Rivera, ocurrida en el año 2004.
“El señor Delbo Rodríguez era un fiscal provisional, entonces, al tener ese nivel, la Fiscal de la Nación tiene la potestad de retirarlo del cargo dentro de la discrecionalidad que se tiene. El señor Delbo Rodríguez ya fue separado del cargo, sin que eso perjudique las investigaciones por una inconducta funcional al no haber apelado dicho fallo. Este tema aún está en investigación. Más adelante sabremos cuáles son los resultados. Todavía no hay una decisión”, manifestó.
Delbo Rodríguez Ticona fue acusado de cometer los presuntos delitos de inconducta funcional e incumplimiento de funciones, al no haber pedido la nulidad de esta sentencia absolutoria, a pesar de que en una audiencia anterior había ratificado su solicitud de 20 años de prisión para los procesados.
Nuevo Código Procesal Penal es positivo
Finalmente, destacó los avances que se han logrado en la Corte Superior de Huaura luego de un año de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, balance que fue realizado por el Consorcio Justicia Viva, integrado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.
“La evaluación es positiva y tendrá que ser tomada como referente en las próximas aplicaciones del Nuevo Código Procesal Penal. Esto favorece mucho a erradicar la corrupción, ya que con el método de la oralidad, los jueces y fiscales ya no tienen posibilidades de arreglar con los litigantes o que se les pierda los expedientes”, enfatizó.
Explicó que otro de los avances de esta nueva normativa, es la disminución de las quejas contra los magistrados del Poder Judicial. Sin embargo, precisó que este logro no se está notando en los magistrados del Ministerio Público, pues dijo, con este nuevo sistema, el fiscal tiene un rol más protagónico en los procesos en las investigaciones.
“No tenemos ningún acuerdo ni nada al respecto. Los cuatro fiscales tenemos los requerimientos para asumir la jefatura de la institución, pero seguramente trataremos este tema dentro de un clima de absoluta serenidad y confianza entre nosotros, como lo hemos venido haciendo”, manifestó en diálogo con Ideeleradio.
Fue al comentar la reunión de este 14 de abril, en que el más alto órgano de gobierno del Ministerio Público elegirá al máximo representante de esta entidad. Los fiscales supremos titulares Gladys Echaíz Ramos, Pablo Sánchez y el propio Percy Peñaranda Portugal son los candidatos a asumir esta función.
El magistrado comentó también la determinación de José Peláez Bardales de no participar como candidato para centrarse en el juicio a Alberto Fujimori. Peñaranda Portugal sostuvo que se trata de una decisión que cada letrado puede tomar, en el marco de su independencia y autonomía.
En otro momento, señaló que uno de los principales retos que deberá cumplir el responsable de la Fiscalía de la Nación, será ver todo lo referido a los conflictos sociales y la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en las ciudades de Arequipa y Chiclayo.
Ansiada Ley de Carrera Judicial
Se refirió también a la decisión del Pleno del Parlamento de reconsiderar -por 84 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones- la votación registrada en una sesión pasada, en la cual se rechazó la norma sobre la Ley de la Carrera Judicial.
En ese sentido, demandó al Poder Legislativo la pronta aprobación de este dispositivo que permita establecer los parámetros de acción de los administradores de justicia.
“Esta ley comprende obligaciones, derechos, deberes y responsabilidades. En esa escala es que se debería establecer los parámetros de la Ley de Carrera Judicial. Esta es una aspiración muy reclamada, no sólo por los jueces y fiscales, sino también por la sociedad que exige que se establezcan las reglas del juego de cómo van a manejar estos cuatro conceptos los jueces y fiscales”, declaró.
Indicó que la primera labor del Legislativo en esta materia, debe ser evaluar cuál será el posicionamiento desde el punto de vista constitucional, tanto del Poder Judicial y el Ministerio Público, para que en base a esos parámetros se pueda trabajar esta normativa.
Caso Alberto Rivera
De otro lado, Peñaranda Portugal, quien se desempeña como titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno, informó que hasta el momento la Junta de Fiscales Supremos no ha tomado una decisión de cuál será la situación final del ex fiscal provisional de Pucallpa, Delbo Rodríguez, quien fue denunciado por no haber apelado la sentencia absolutoria del alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez y al ex vocal Solio Ramírez, presuntos implicados en el asesinato del periodista, Alberto Rivera, ocurrida en el año 2004.
“El señor Delbo Rodríguez era un fiscal provisional, entonces, al tener ese nivel, la Fiscal de la Nación tiene la potestad de retirarlo del cargo dentro de la discrecionalidad que se tiene. El señor Delbo Rodríguez ya fue separado del cargo, sin que eso perjudique las investigaciones por una inconducta funcional al no haber apelado dicho fallo. Este tema aún está en investigación. Más adelante sabremos cuáles son los resultados. Todavía no hay una decisión”, manifestó.
Delbo Rodríguez Ticona fue acusado de cometer los presuntos delitos de inconducta funcional e incumplimiento de funciones, al no haber pedido la nulidad de esta sentencia absolutoria, a pesar de que en una audiencia anterior había ratificado su solicitud de 20 años de prisión para los procesados.
Nuevo Código Procesal Penal es positivo
Finalmente, destacó los avances que se han logrado en la Corte Superior de Huaura luego de un año de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, balance que fue realizado por el Consorcio Justicia Viva, integrado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.
“La evaluación es positiva y tendrá que ser tomada como referente en las próximas aplicaciones del Nuevo Código Procesal Penal. Esto favorece mucho a erradicar la corrupción, ya que con el método de la oralidad, los jueces y fiscales ya no tienen posibilidades de arreglar con los litigantes o que se les pierda los expedientes”, enfatizó.
Explicó que otro de los avances de esta nueva normativa, es la disminución de las quejas contra los magistrados del Poder Judicial. Sin embargo, precisó que este logro no se está notando en los magistrados del Ministerio Público, pues dijo, con este nuevo sistema, el fiscal tiene un rol más protagónico en los procesos en las investigaciones.
