Junta Interregional Centro Sur se reunirá con ministro de Defensa para aplicar un plan nacional en el VRAE

Ideeleradio.- El presidente de la Junta Interregional Centro Sur (CENSUR) y titular de la región Junín, Vladimiro Huaroc, pidió al Poder Ejecutivo que fortalezca el Plan de Desarrollo para el Valle del Río Apurímac y Ene (Plan VRAE) y anunció que mañana se reunirán con representantes de diversos sectores para concertar y construir una sola estrategia multisectorial.

“A nombre del CENSUR yo he planteado este tema y le hemos recordado al ejecutivo la necesidad de fortalecer el Plan VRAE y tener de una vez por todas, una acción mucho más efectiva y que dé resultados para que genere tranquilidad a la sociedad nacional”, afirmó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Mañana estamos convocados algunos presidentes regionales que participamos en esta área del VRAE para tener una reunión en el Ministerio de Defensa y plantear con los representantes de otros sectores, nuestros puntos de vista. Buscamos concertar y construir un solo plan nacional en el que estén presentes los gobiernos regionales y locales, las áreas policiales y militares en sus respectivos campos”, afirmó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

En ese sentido, consideró como un buen indicador, que el gobierno haya recogido esta propuesta y dijo esperar que se elabore una agenda para empezar a atender esta problemática. La Junta Interregional Centro Sur (CENSUR), está formado por Huánuco, Pasco, Junín, Lima Provincias, Huancavelica, Ayacucho, Ica y Apurímac.

Se descentralizarán los programas sociales
En otro momento, Huaroc Portocarrero señaló que entre los principales logros de la reunión sostenida ayer con el presidente de la República, destaca el hecho de que algunos programas sociales como Juntos, el Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo (Foncodes) y el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (Pronamachs), serán transferidos a las regiones.

“Se ha demostrado que los gobiernos regionales son más eficientes en la lucha contra la pobreza. Los programas sociales deben ser manejados por las regiones, ya que es menos burocrático y costoso atenderlos. Se va a transferir Foncodes, Pronamachs y el proyecto Juntos. (…) Se va a buscar ser más eficientes, lo cual es responsabilidad de las regiones”, refirió.

Gobierno y descentralización
El titular de CENSUR resaltó el hecho de que el Gobierno Central haya reafirmado su voluntad de avanzar en el proceso de descentralización, pues recordó que meses atrás no existía una mixtura entre el jefe de Estado y los ministros para llevar adelante esta responsabilidad.

“La claridad y las líneas políticas que el gobierno está empezando a tomar en torno a la descentralización son un buen indicador, que en conjunto podemos definir las grandes estrategias. Considero que hoy están dadas las condiciones para que los equipos técnicos de las regiones y el Ejecutivo trabajen en la profundización de la descentralización”, mencionó.

No se debe afectar el agro
Finalmente, el titular de la región Junín reveló que le han comunicado al Ejecutivo, su disconformidad con los Decretos Legislativos Nº 997, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y el Decreto Legislativo N.° 994, que favorece la inversión privada "en proyectos de irrigación de tierras eriazas para ampliar la frontera agrícola".

“Esto afecta el agro. Estamos en desacuerdo porque no se puede someter a libre mercado la propiedad de las comunidades campesinas, ni de las comunidades nativas. El tema del agua es un bien cada vez muy escaso y de todos los peruanos. No se puede privatizar de la manera como se estaba pensando”, concluyó.

Ernesto de la Jara advierte que ataques contra el IDL pretenden anular indultos concedidos en el 2001

Ideeleradio.- Ernesto de la Jara, fundador del Instituto Defensa Legal (IDL), advirtió de que los ataques personales e institucionales que provienen de los diarios Correo, Expreso y La Razón, buscan anular los beneficios concedidos en el 2001, por la Comisión de Indultos, Derecho de Gracia y Conmutación de Pena en las que él participó.

Fue al responder a la campaña de desprestigio iniciada por esos medios de comunicación, en el caso de los indultos otorgados a personas inocentes acusadas de terrorismo, durante el gobierno de Valentín Paniagua.

“Me siento orgulloso y tranquilo por que he defendido a personas inocentes que fueron víctimas de una injusticia y además porque eran pobres; no me podía beneficiar porque mi trabajo era ad honorem. Más bien me generaba problemas, porque uno se puede equivocar y siempre hay personas que se aprovechan de estos temas para atacar. Afortunadamente el IDL y otras organizaciones ayudamos a muchas de estas personas que injustamente estaban en las cárceles”, sostuvo en conversación con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“(Estos medios) son tan irresponsables, que se han aliado con los fujimoristas para tratar de que se anulen los indultos en los que yo participé. Es decir, piden que una persona indultada en el año 2001, que ya rehizo su vida, vuelva a la cárcel para que cumpla su condena. O sea, para atacar al IDL, que estamos en contra de las violaciones de los derechos humanos y luchamos contra la corrupción, no tienen ningún inconveniente de perjudicar a esta gente”, comentó.

Se sienten respaldados por el gobierno
De la Jara Basombrío, consideró que estos diarios defienden intereses comunes y aseguró que la credibilidad de estos periódicos está por los suelos.

"No sorprende que el presidente escriba un artículo en diario El Comercio porque es el más importante, el más antiguo y tiene credibilidad, pero en Correo, que tiene poca lectoría y una credibilidad por los suelos, eso si sorprende", aseveró.

Indultos fueron aprobados por MINJUS y Defensoría
El directivo del IDL, remarcó en ese sentido, que el propio ex presidente Alberto Fujimori y su ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, han tenido mayor sensibilidad que los diarios Correo, Expreso y La Razón, ya que durante este gobierno se liberaron a más de 500 inocentes, a través de la Comisión de Indultos.

“Estos diarios dicen que la Comisión de Indultos aprobó los beneficios que el padre Hubert Lanssiers rechazó, pero son tan irresponsables porque no se han tomado el trabajo de averiguar que el padre Lanssiers constituyó conmigo la Comisión. Es decir, todos los indultos que yo recomendé fueron aprobados por el padre Lanssiers, por un representante del Ministerio de Justicia y por un representante de la Defensoría del Pueblo. Además Lanssiers jamás hubiese permitido algo incorrecto”, acotó.

Correo se siente dolido
Para Ernesto de la Jara, la campaña de desprestigio iniciada por el diario Correo, se debe a la denuncia que hiciera el IDL en el sentido de que los dueños de este medio de comunicación recibieron dinero de Vladimiro Montesinos para que también cambien su línea editorial y además por la cercanía que mantiene su director, Aldo Mariátegui con el actual gobierno aprista.

Finalmente, recordó que el IDL ha recibido diversos premios por su larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, entre ellos, el del Colegio de Abogados de New York, por la labor que se desempeñó con las personas injustamente encarceladas.

Presidente de la Comisión de Justicia confía en que Congreso aprobará Ley de Carrera Judicial a pesar de oposición del Nacionalismo

Ideeleradio.- La Ley de Carrera Judicial se aprobará mañana en el pleno del Congreso, a pesar de que existen sectores como el Partido Nacionalista que se oponen a esta norma, afirmó Raúl Castro Stagnaro, presidente de la Comisión de Justicia.

“Es verdad que la norma tiene alguna resistencia de algunos sectores reacios a los cambios y reforma. Curiosamente el Partido Nacionalista no quiere la reforma del Poder Judicial y no van a votar a favor, pero estamos tratando de seguir convenciendo a los congresistas individualmente respecto a las bondades de la norma. Yo estoy optimista”, dijo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Esperamos el quórum suficiente para poder sacar este importante instrumento de gobierno del Poder Judicial. Esta es una ley que fue observada por el Ejecutivo, ha regresado a la Comisión de Justicia, donde se trabajó nuevamente de manera ardua. Se ha aprobabo por unanimidad un dictamen que ha ido al Pleno en cuatro oportunidades y luego ha quedado al voto desde el año pasado”, agregó.

El legislador precisó que el referido dispositivo requiere de 61 votos, por tratarse de la modificación a una ley orgánica. Lamentó que el proyecto no haya podido ser debatido oportunamente, por las sesiones de las comisiones de trabajo y el viaje de parlamentarios que hacía que la asistencia sea de 80 u 85 congresistas, que ponían en riesgo la posibilidad de ser aprobada.

Oposición también en el Poder Judicial
Comentó que las resistencias más grandes a esta propuesta no sólo se presentan en el Legislativo, sino también en parte de un sector del Poder Judicial, que no entiende que las sociedades tienen que orientarse a métodos mucho más eficientes de administración pública.

“Yo diría que hay una resistencia en el Congreso por algunos sectores que no quieren comprender la norma por razones de naturaleza política, pero también hay algunos sectores del Poder Judicial. Aunque la verdad, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura han entendido la norma”, manifestó.

“El tema de la evaluación es un aspecto muy importante que trae la ley. No como un factor sancionador o separatista, sino como un factor correctivo para capacitar, enrumbar y esto no escapa al Poder Judicial como poder del Estado. En el Congreso hay métodos de evaluación muy severos, en repetidas oportunidades se les ha tomado a los funcionarios examen los días domingos donde se les califica permanentemente”, declaró.

Evaluación cada tres años
En este sentido, el parlamentario de Unidad Nacional recordó que la norma plantea un proceso racional y ordenado sobre la base de ingreso, selección, capacitación, ascenso, evaluación, el régimen disciplinario con faltas tipificadas y la terminación de la carrera del juez.

Explicó que el examen periódico de los jueces que se realizará cada tres años, se encuentra a cargo de una comisión mixta conformada por el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“El Consejo elige a los jueces, las ratificaciones se mantienen igual, porque el proceso de reforma constitucional todavía está para verse en el Pleno. Pero en cuanto a la Ley de Carrera Judicial la evaluación periódica, es decir cada tres años, se hace a cargo de una comisión mixta, conformada por el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura”, sostuvo.

“Se acumulan experiencias, se revisan antecedentes y se hace una evaluación que permite establecer si los jueces necesitan ir a una capacitación o pueden continuar la tarea y luego cada siete años el Consejo Nacional de la Magistratura, ratificará a los jueces, de acuerdo a las normas que tienen establecidas y que tienen como punto de partida la Constitución”, concluyó.