Samuel Abad: Oficial Mayor del Congreso podría ser denunciado por abuso de autoridad al negar información de gastos operativos

Ideeleradio.- El Oficial Mayor del Congreso podría ser denunciado penalmente por abuso de autoridad, al denegar información relacionada a los gastos operativos de los legisladores, afirmó Samuel Abad, ex primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, tras considerar que se está malinterpretando las leyes cuando se rechaza la solicitud de la prensa y los blogers.

Fue al comentar la decisión de la Oficialía Mayor -encargada de proporcionar esa documentación según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública- de rechazar los requerimientos que se plantearon en el marco de la campaña “Adopta a un congresista”. Dicha oficina comunicó a través de la Dirección General de Administración que no se puede atender a esa solicitud por un principio de reserva y por una auditoría que realiza la Oficina de Control Interno (OCI).

“La propia ley de Transparencia y Acceso a la Información establece que negar arbitrariamente información es un delito de abuso de autoridad. El funcionario responsable que niega la información es en este caso el Oficial de Mayor del Congreso, que está actuando por decisión del Parlamento. Lo más probable es que (el Parlamento) se ratifique en esta decisión y que la denuncia requiera una evaluación por parte del Poder Judicial, para determinar que norma es aplicable, o la Ley de Transparencia o la Ley de la Contraloría, esta última malinterpretada para denegar información”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“(En tanto), el contralor (que tiene la misma opinión del Congreso) no podría ser pasible de una denuncia, porque no ha firmado nada, él ha dado su opinión, tiene libertad de expresión. La respuesta negativa (por escrito) a quienes han solicitado la información proviene del Congreso, en consecuencia la responsabilidad no se contagia, la respuesta es individual (de la Oficialía Mayor)”, agregó.

Contraloría mantiene cultura del secreto
Abad Yupanqui calificó, en ese sentido, de lamentable la respuesta del Congreso y de la propia Contraloría General de la República, porque dijo, se basan en la interpretación de la Ley de la Contraloría que contradice los principios de publicidad y de transparencia. Cuestionó que aún se siga interiorizando una cultura del secreto, después de más de cinco años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

“Se acogen a una ley especial para contradecir un derecho fundamental de acceso a la información. El argumento de la Contraloría es una interpretación absolutamente equivocada, que sin duda tiene una base legal, pero las leyes tienen que interpretarse. Ellos se basan en el artículo 9, inciso “L” de su ley, para negar arbitrariamente la información, que prohíbe revelar información durante la ejecución del control. Pero se olvidan de citar el texto seguido que dice que esa prohibición existe siempre y cuando la divulgación pueda causar daño a la entidad, a su personal o al sistema, o dificulte la tarea de la Contraloría. Pero, en este caso concreto de los pedidos de información de declaraciones juradas y de gastos operativos, ese supuesto no se presenta”, explicó.

“La Contraloría es una de las instituciones más reservadas que existen en el país. La concepción de esta entidad es el secreto y eso no es una novedad. Esta no da información y si la da es excepcional. (…) Lo que debería hacer la Contraloría para dejar atrás esa cultura del secreto, es establecer un sistema imaginativo que bajo el control de la Contraloría, permita dar la información que se requiera sin afectar la investigación. Lo más fácil es prohibir, lo difícil es interpretar las normas a la luz de la Ley de Transparencia”, agregó.

La última vía: El Hábeas Data
El constitucionalista apuntó que en caso de persistir la negativa, el siguiente paso que deberían seguir quienes solicitan esa información, es la vía judicial, a través del Hábeas Data.

“La única salida es la vía del Hábeas Data. Cuando ya la negativa se mantiene, en realidad lo que cabe es acudir al Poder Judicial. Para presentar esta acción de garantía no se requiere firma de abogado y es gratuito. Tienen el camino libre y hay formatos para presentar una demanda, no se requiere de mayor formalidad. Y esperamos que el Poder Judicial resuelva rápidamente, porque podría resolverse cuando culmine la investigación del Congreso. Lo ideal es que esto ocurra cuanto antes”, recomendó.