Ideeleradio.- El contralor Genaro Matute, anunció que su institución revisará después del desarrollo de las cumbres internacionales, si el gobierno nacional, regional y local, cumplieron con las formalidades que establece la ley en la reparación de las principales vías de Lima y del interior del país.
“Definitivamente se han aplicado y ajustado algunas normas para que esto (las cumbres) se dé y la posición del país sea el apropiado para estos eventos. Nosotros no queremos actuar en un proceso en el que después se piense que estamos interrumpiendo de alguna u otra manera los procedimientos de acomodos, mejora y reparaciones que se están llevando a cabo. Pero sí, eventualmente vamos a tener que hacer una revisión posterior para ver si todo este procedimiento fue el apropiado o no”, manifestó en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“En algunos casos hemos recibido consultas de algunos alcaldes para ver qué es lo que se puede hacer. Nos hemos reunido con algunos burgomaestres de Lima y nos han pedido una posición de los gastos en este tema. Es importante que se preocupen por esto y estamos abiertos a colaborar. Pero en ningún momento queremos ser vistos como obstructores del proceso, porque sino, otra vez entramos en conflicto con otros niveles que nos acusan de impedir que se trabaje”, añadió.
Fue al ser consultado sobre la posibilidad de que algunas entidades del Estado se salten algunos procedimientos o cometan errores en la ejecución de estas obras, que se preparan con miras a la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), así como la XVI Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).
ONA no debe ser desactivada
De otro lado, Matute Mejía se opuso a que la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) sea desactivada, tal como lo planteó la bancada del Partido Nacionalista con el apoyo de los miembros de la comisión de Fiscalización del Congreso, ante las denuncias por presuntas irregularidades de la jefa de esta institución, Carolina Lizárraga.
“La ONA no debe ser desactivada. No hay por qué impedir que alguien quiera patear en el mismo sentido que la Contraloría. Lo importante es no duplicar funciones y que se respeten las instituciones. Nosotros tenemos los brazos abiertos para ver como podemos ayudar para que una entidad del Ejecutivo pueda colaborar en la parte anticorrupción”, indicó.
“Para nosotros lo importante es encontrar una forma en que esta entidad del Ejecutivo (la ONA) que surge de una preocupación del Ejecutivo para resolver los problemas del Ejecutivo, realmente pueda aportar en esta tarea”, apuntó.
Remueven a jefe de control de SENCICO
Reveló asimismo que la Contraloría General de la República removió al jefe del órgano de control del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), por no haber advertido que Manuel Villacorta, quien fue designado gerente general del Banco de Materiales (BANMAT), habría cometido irregularidades cuando estuvo en Sencico.
“Estamos revisando que es lo que pasó en ese sentido. Puedo adelantar que el jefe del órgano de control ha sido cambiado. Este órgano de control institucional recibía muy poco apoyo de Sencico, porque era sólo el jefe del órgano que poníamos nosotros y otra persona más. No tenían la capacidad para poder dar respuesta a las necesidades de esta organización", aseveró.
Sobre este último punto, Matute Mejía comentó que su institución está creando un reglamento que determine la participación que debe tener un Órgano de Control Institucional en los diferentes niveles de presupuesto de una entidad, con lo cual explicó, se podrá advertir y ayudar a tener una mayor capacidad de respuesta ante hechos irregulares.
Ley de Carrera Pública
Reiteró que este problema se genera por la falta de una Ley de Carrera Pública, que permita seleccionar a profesionales idóneos para los puestos más importantes en las instituciones del Estado.
“No tenemos un procedimiento que nos permita buscar dentro de un grupo de profesionales a un gerente. Si nosotros tuviéramos una Carrera Publica y mucha gente que esté trabajando en el sector por muchos años y que ha demostrado calidad, profesionalismo y honestidad, va hacer muy fácil identificar a gente que pueda ir y trabajar en estos puestos”, expresó.
Finalmente, en cuanto al reparto de alimentos y de computadoras portátiles por parte del Ejecutivo a las zonas más pobres del país, informó que la Gerencia de Programas Sociales de la Contraloría viene recolectando información y evaluando si es que se cumplen o no con los procedimientos apropiados, para poder emitir con posterioridad un informe al respecto.
“Definitivamente se han aplicado y ajustado algunas normas para que esto (las cumbres) se dé y la posición del país sea el apropiado para estos eventos. Nosotros no queremos actuar en un proceso en el que después se piense que estamos interrumpiendo de alguna u otra manera los procedimientos de acomodos, mejora y reparaciones que se están llevando a cabo. Pero sí, eventualmente vamos a tener que hacer una revisión posterior para ver si todo este procedimiento fue el apropiado o no”, manifestó en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“En algunos casos hemos recibido consultas de algunos alcaldes para ver qué es lo que se puede hacer. Nos hemos reunido con algunos burgomaestres de Lima y nos han pedido una posición de los gastos en este tema. Es importante que se preocupen por esto y estamos abiertos a colaborar. Pero en ningún momento queremos ser vistos como obstructores del proceso, porque sino, otra vez entramos en conflicto con otros niveles que nos acusan de impedir que se trabaje”, añadió.
Fue al ser consultado sobre la posibilidad de que algunas entidades del Estado se salten algunos procedimientos o cometan errores en la ejecución de estas obras, que se preparan con miras a la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), así como la XVI Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).
ONA no debe ser desactivada
De otro lado, Matute Mejía se opuso a que la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) sea desactivada, tal como lo planteó la bancada del Partido Nacionalista con el apoyo de los miembros de la comisión de Fiscalización del Congreso, ante las denuncias por presuntas irregularidades de la jefa de esta institución, Carolina Lizárraga.
“La ONA no debe ser desactivada. No hay por qué impedir que alguien quiera patear en el mismo sentido que la Contraloría. Lo importante es no duplicar funciones y que se respeten las instituciones. Nosotros tenemos los brazos abiertos para ver como podemos ayudar para que una entidad del Ejecutivo pueda colaborar en la parte anticorrupción”, indicó.
“Para nosotros lo importante es encontrar una forma en que esta entidad del Ejecutivo (la ONA) que surge de una preocupación del Ejecutivo para resolver los problemas del Ejecutivo, realmente pueda aportar en esta tarea”, apuntó.
Remueven a jefe de control de SENCICO
Reveló asimismo que la Contraloría General de la República removió al jefe del órgano de control del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), por no haber advertido que Manuel Villacorta, quien fue designado gerente general del Banco de Materiales (BANMAT), habría cometido irregularidades cuando estuvo en Sencico.
“Estamos revisando que es lo que pasó en ese sentido. Puedo adelantar que el jefe del órgano de control ha sido cambiado. Este órgano de control institucional recibía muy poco apoyo de Sencico, porque era sólo el jefe del órgano que poníamos nosotros y otra persona más. No tenían la capacidad para poder dar respuesta a las necesidades de esta organización", aseveró.
Sobre este último punto, Matute Mejía comentó que su institución está creando un reglamento que determine la participación que debe tener un Órgano de Control Institucional en los diferentes niveles de presupuesto de una entidad, con lo cual explicó, se podrá advertir y ayudar a tener una mayor capacidad de respuesta ante hechos irregulares.
Ley de Carrera Pública
Reiteró que este problema se genera por la falta de una Ley de Carrera Pública, que permita seleccionar a profesionales idóneos para los puestos más importantes en las instituciones del Estado.
“No tenemos un procedimiento que nos permita buscar dentro de un grupo de profesionales a un gerente. Si nosotros tuviéramos una Carrera Publica y mucha gente que esté trabajando en el sector por muchos años y que ha demostrado calidad, profesionalismo y honestidad, va hacer muy fácil identificar a gente que pueda ir y trabajar en estos puestos”, expresó.
Finalmente, en cuanto al reparto de alimentos y de computadoras portátiles por parte del Ejecutivo a las zonas más pobres del país, informó que la Gerencia de Programas Sociales de la Contraloría viene recolectando información y evaluando si es que se cumplen o no con los procedimientos apropiados, para poder emitir con posterioridad un informe al respecto.
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