Red Nacional de pacientes: Uno de cada cinco enfermos es víctima de negligencia médica por ausencia de reformas en sector salud

Ideeleradio.- Una de cada cinco personas que se atiende en hospitales públicos es víctima de negligencia médica, por la ausencia de capacidad técnica y de reformas efectivas, afirmó Mario Ríos, coordinador de la Red Peruana de Pacientes y Personas Usuarias de los servicios de salud, al comentar el uso quirúrgico de alicates, tenazas y otros utensilios en hospitales de Junín, Cusco y Lambayeque, actividad que fue resaltada por el ministro Hernán Garrido Lecca.

“Nosotros consideramos que esto se ha convertido en una situación de inseguridad absoluta para los pacientes y es por eso que cifras últimas nos están diciendo que de cada cinco atenciones, uno es un evento adverso, es un daño causado a un usuario producto de las condiciones en las cuales se presta el servicio de salud. Eso lo vemos con preocupación, porque los pacientes solicitan después apoyo por los daños causados, aquellos que se han contaminado con VIH, que han sido afectados durante intervenciones quirúrgicas, que les tenían que amputar el pie derecho y se les corto el izquierdo, son situaciones increíbles que pasan cotidianamente en el Perú”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Radio San Borja.

“Todos los actores que trabajan en el campo de la salud, tienen que modernizar y dar condiciones de seguridad en los servicios de salud. Si eso no se hace, la situación será más dramática, pues los daños son asumidos por las personas, porque el Estado, ni los servicios de salud no los reparan. Primero, si hay muerte, implica un dolor en las familias; y de tener una secuela grave, un perjuicio económico que tiene que ser asumido por las familias. Estamos hablando de negligencia que no son de los profesionales, sino del sistema de salud”, puntualizó.

Responsabilidad del gobierno y regiones
Dijo en ese sentido, estar sorprendido por las declaraciones del titular del sector salud, quien destacó el ingenio de los médicos que realizan intervenciones quirúrgicas utilizando herramientas adaptadas esterilizadas. Denunció que existe una responsabilidad compartida en el ministerio correspondiente y los gobiernos regionales, por no invertir en el acceso y calidad de la salud.

“Que los médicos tengan como capacidad de respuesta este tipo de elementos que no son instrumentos que devienen de los estándares de calidad para las intervenciones quirúrgicas y otras, no implica que se exima de responsabilidad a quienes tienen la tarea de equipar y comprar los instrumentos, de mejorar la infraestructura de los establecimientos del sector salud. En eso, lamentablemente hay una responsabilidad compartida de la autoridad del nivel central hasta las autoridades regionales”, indicó.

“La poca preocupación que tienen las autoridades por atender las demandas de la ciudadanía confirma la crisis del sistema de salud, particularmente del sistema prestacional, que no está garantizando condiciones adecuadas a los usuarios, para que ellos tengan una situación real de garantía de calidad de los servicios de salud”, remarcó.

Incapacidad técnica y salud como gasto
Estimó que la razón de la actual situación del sector salud, se debe centralmente a que el Estado no está brindando ni capacidad técnica, ejecutiva a los hospitales, que les permita implementar un conjunto de acciones que implique una atención efectiva de las personas y se garantice condiciones de salud, más o menos adecuadas.

“Creo que primero hay un problema de la falta de capacidad de las autoridades por desarrollar programas de implementación de establecimientos de salud. Esa incapacidad no sólo es un problema del nivel regional, también es un problema del nivel central”, expresó.

“La ejecución del gasto por parte del Ministerio de Salud también es bajo, estamos en el uno o dos por ciento del gasto que debería ejecutarse. Estamos hablando de una incapacidad de gasto, por parte del Estado, que está limitando esta situación. Eso puede tener otra explicación, la poca responsabilidad que está teniendo el Estado en la atención de la salud de la población y eso tiene que ver con un problema de prioridades en la política de Estado”, añadió.

Comentó que el Estado no está asumiendo como prioridad la salud, al considerarla un gasto y no una prioridad. Citó como ejemplo, que los hospitales públicos tienen un atraso en inversión de cerca de 25 años, situación que representa que no ha habido ninguna preocupación por el sector público, en perjuicio de los más pobres que no acceden a los servicios básicos.

Reforma financiada de Salud
Refirió que la solución al problema no pasa sólo por un cambio en el portafolio de Salud, sino por una variación de visión que forme parte de una verdadera reforma.

“El tema no solo es de cambio de ministros, porque siempre se cambian ministros, cuando el problema es crónico de un atraso importante. Lo que se necesitan son reformas del Estado en el sector salud. No tenemos visos de reformas estructurales importantes, que garanticen calidad en la atención y acceso a los servicios de salud”, señaló.

“Una reforma es una tarea pendiente, que no se ha desarrollado de manera efectiva. Ese es un primer punto, un segundo punto es que esta reforma tiene que estar financiada. Una reforma sin financiamiento es una reforma discursiva, que no mira el aseguramiento universal, ni la calidad”, finalizó.

Glatzer Tuesta: “Las radios de provincias descentralizan el debate nacional”

En el Instituto de Defensa Legal (IDL) saben que los medios son cruciales en la lucha por los derechos humanos. Por eso existe Ideeleradio, que cumplió 12 años y que agrupa 182 emisoras locales. La dirige Glatzer Tuesta, conductor de No hay derecho, de 7 a 9 a.m., en Radio San Borja (91.1 FM).

"Trabajamos con una red de 182 radios en todo el país, algunas son comunitarias, comerciales, familiares o de iglesias. Y cada una tiene su personalidad y su agenda. Considerando que hay ocho millones de personas que hablan quechua y, de ellas, casi dos hablan solo quechua, llegamos también con equipos bilingües, incluyendo aymara, shipibo, awuaruna, etc.”, explica Glatzer Tuesta.

¿Qué contenidos trabajan con ellas?
Temas relacionados con seguridad ciudadana, justicia, discriminación, lucha anticorrupción pero también contribuimos con campañas del Estado, de salud o educación, por ejemplo, porque llegamos a donde el Estado no llega y, así, les generamos recursos. Lo que queremos es, en un país centralizado, descentralizar la información y el debate. En Lima, se habla de la lengua de Fujimori pero, en Cajamarca, se habla del tema minero y, en Moquegua, del canon.

¿Qué impacto tienen esas emisoras?
Pensemos que la Marcha de los Cuatro Suyos, al margen de que al final haya sido atribuida a Toledo, fue sostenida por las emisoras regionales, que escaparon al cálculo de Fujimori y Montesinos. Ellos pensaron que tomando los canales de TV tendrían todo controlado.

¿Por qué sigue esta línea de trabajo?
Yo soy provinciano. Y me crié escuchando radios locales y siempre notaba la desconexión con lo nacional, el centralismo. Mi hermana, a su manera, comparte eso. Es Sonaly Tuesta y, con ella, hablábamos de esas cosas desde chicos. Nos aterraba la idea de que cada vez que dijéramos “Chachapoyas” nos preguntaran si usábamos taparrabos o si había pumas... Entonces, donde podíamos planteábamos el tema pero no de modo chauvinista.

¿Cómo fue su llegada a Lima?
Fue en el 87. Y fue interesante. Es un país tan centralista que venir a Lima le cambiaba la vida a uno. De regreso uno ya no era visto igual.

Lo mismo que pasa en Lima con el que va a Estados Unidos.
Yo vine a terminar mi secundaria en el colegio La Inmaculada, pero acabé estudiando en el Leoncio Prado, por eso algunos ven como paradójico que me dedique a los derechos humanos. Pero eso me sirvió para entender cómo moverme en Lima y, también, para entender la mentalidad de los militares.

De hecho, usted ha participado en investigaciones de violaciones de derechos humanos.
Sí. En varias. Una fue cuando logramos identificar a un capitán, 'Chacal’, que había cometido asesinatos. Y lo ubicamos en La Libertad, donde tenía una empresa de transporte. Esta gente es abusiva; entonces, muchos dieron información. Después ubicamos al que se decía era jefe de aniquilamiento del Comando Rodrigo Franco, Huamán Alacute, que decían que no existía pero que ahora está en proceso.

En Pantaleón y las visitadoras salía una emisora local no muy recta. Y hay radios que atacan a empresas y mineras.

También hay extorsionadores. Hay periodistas que cobran en época de elecciones. He escrito sobre eso. Creo en la libertad de expresión, por supuesto, pero también hay problemas de justicia. Sí, hay las que atacan a empresas y también están las empresas que compran a los periodistas de las radios. No veo esto con ingenuidad.

¿Cuál es la relación de estas radios con la gente?
Es especial. Una vez hice una investigación sobre las famosas levas, las batidas, que ahora han parado porque la ley ha cambiado, pero que, antes, eran pan de todos los días.

Era secuestro institucionalizado por las Fuerzas Armadas.
Así es. Yo fui a Jaén, donde había el mayor índice de reclutas forzosos pero no había documentos para probarlo. Un dato, sin embargo, vino de las emisoras. Ahí donde no hay teléfono, no son raros en la radio mensajes para personas. Y encontramos comunicados que decían: “Por favor, que tal no venga a Jaén porque están levando en la carretera. Saludos, su mamá”.

¿Y qué papel jugaron en la guerra contra Sendero?
Esas fueron, justamente, las radios que combatieron a Sendero y que ayudaron con información sobre lo espantoso del conflicto. Los periodistas conseguían la información e iban a la fiscalía. Y son radios chiquitas, sin unidad de investigación y con poquísimos recursos.

Tomado de Peru 21
Autor: José Gabriel Chueca

Aurelio Pastor admite que Apra mantiene conversación con Torres Caro y Gustavo Espinoza a pesar del escándalo

Ideeleradio.- El Apra continúa en conversación con todas las bancadas, inclusive con el grupo especial que está conformado con el vicepresidente del Congreso Carlos Torres Caro y el legislador Gustavo Espinoza, por que sus votos pueden ser determinantes en la elección de Javier Velásquez Quesquén en la presidencia de la Mesa Directiva, admitió Aurelio Pastor, máximo representante de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA).

“La conversación continúa no solamente con ellos, si no con todos los grupos. Nosotros estamos conversando con todos, lo que pasa es que después de cada reunión no salimos a hacer una conferencia de prensa. Aspiramos a que haya una Mesa multipartidaria este sábado y vamos a seguir haciendo nuestros mayores esfuerzos. Hoy, como vocero tengo a lo largo del día reuniones con voceros de distintos grupos políticos para seguir conversando e insistiendo”, señaló al programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Ellos (Carlos Torres Caro y Gustavo Espinoza) son un grupo, no llegan a tener la calidad de grupo reconocido en el reglamento que son de seis personas, pero son un pequeño grupo especial como lo ha denominado el reglamento del Congreso de tres personas y como grupo especial uno también tiene que acercase a conversar, siendo tres votos, pueden ser decisivos para una elección en el Congreso. No estamos rompiendo un grupo, para conseguir el apoyo de ese grupo”, anotó.

Acuerdos con grupos son de tipo político
Pastor Valdivieso, justificó a renglón seguido, que el Apra mantenga acercamientos con dos personajes que se han visto involucrados en un escándalo, en el caso de Gustavo Espinoza por grabar a escondidas a otros legisladores y en el de Torres Caro, por la realización de supuestos lobbys a favor de algunas empresas. En uno de los audios, además, el candidato a la Mesa Directiva, Javier Velásquez pide a Torres Caro que retire la denuncia constitucional que presentó contra el parlamentario Gustavo Espinoza.

“Los acuerdos que tomamos son de carácter político, con todos los grupos, todas las conversaciones y negociaciones que pueda haber son negociaciones de tipo político que tienen que ver con temas de carácter político. Podemos conversar con agendas, líneas de trabajo, pero lo que es extraparlamentario y extra político no lo podemos tocar en una conversación de carácter político”, aseguró.

“No he escuchado a Javier Velásquez participando en una conversación haciendo ofrecimientos que no se pueden hacer. (…) Ese era el nivel de conocimiento que tenía Velásquez, las cosas que salen a raíz de la conversación y que aparecen en el audio son cosas que él desconocía totalmente. Nosotros (el Apra), ni Javier (Velásquez) aceptaríamos ponernos en el medio, para arreglar un chanchullo. Aquí ha habido un tema distinto, el convocó por un tema distinto que luego salió a lo largo de una conversación (…) Estoy seguro que si él hubiera sabido que había otras cosas por debajo, que desconocía y colisionaban con aspectos de tipo ético, no hubiera convocado a una reunión”, agregó.

Conversamos sobre agendas
Dijo que Velásquez Quesquén desconocía que lo grabarían y resaltó que las conversaciones privadas tienen un marco de reserva estipulado en la Constitución.

“Él (Velásquez) llama a una conversación para solucionar un impasse que tenía que ver con la denuncia de un asesor que decía que el congresista Espinoza quería mandar a que le den unos golpes. No sabía que lo iban a grabar. Él ha llamado a un par de personas a conversar como conversamos todos nosotros”, informó.

Apuntó que no sólo les interesa la composición de la próxima Mesa Directiva, sino además llegar a ciertos consensos respecto a la agenda que tendrá el Poder Legislativo en la próxima legislatura.

“No podemos dejar de lado que somos un Parlamento fraccionado, que tenemos diversidad de intereses, que vamos a tener una disputa electoral dentro de tres años, pero dentro de eso, es posible llegar acuerdos para darle una agenda al Congreso, cómo recuperamos su legitimidad. Puede haber grupos que no vayan a participar con nosotros, pero por eso no dejamos de conversar con ello”, mencionó.

Oposición no puede llegar a consensos
De otro lado, cuestionó a la oposición por no poder llegar a consensos y por eso insistió en el deseo del Apra de presidir la Mesa Directiva. Estimó que podría generarse un estancamiento respecto a lo realizado por el Ejecutivo, si la oposición asume las riendas de la Representación Nacional.

“Dejar un año en libertad a que un sector de la oposición vea qué es lo que hace, puede generar un gran estancamiento de lo que está haciendo con esfuerzo el Ejecutivo. No somos un país con bases sólidas institucionales, estamos en una situación de ascenso, pero hay que generarle condiciones de estabilidad y ecuanimidad para que las cosas sigan caminando de forma positiva”, expresó.

“No veo en la oposición, capacidad de llegar a consensos mayores. El Congreso es muy fraccionado, somos la bancada mayoritaria, pero en los otros grupos de oposición hay tal diversidad de pensamientos e ideas, Si no se ponen de acuerdo para lograr una candidatura de oposición a la Mesa Directiva, imagínese lo que puede ocurrir con la agenda del Congreso donde cada uno jale para su lado, en función si tiene uno o dos votos más. No se puede mezclar la posición de quienes quieren estatizar y retroceder el Perú a la década en que todo lo manejaba el Estado con los que creen en el libre mercado, etc”, puntualizó.

Aprodeh espera que se determine responsabilidad de Ollanta Humala en Caso Madre Mía

Ideeleradio.- Francisco soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) dijo esperar que el Poder Judicial acelere sus investigaciones y que defina la responsabilidad del ex candidato presidencial Ollanta Humala, quien es acusado de la desaparición forzada de los hermanos Jorge y Natividad Ávila Rivera y Benigno Sullca Castro, hecho que ocurrió cuando se desempeñó bajo el apelativo de ‘Capitán Carlos’ en la Base Contrasubversiva de Madre Mía (Tocache) en 1992.

“Indudablemente esperemos que acelere su trabajo y establezca como tenemos la convicción, la responsabilidad del “Capitán Carlos”, Ollanta Humala, en Madre Mía, en ese período que estuvo en el Huallaga, una zona que fue una de las más convulsionadas y donde menos se ha hecho en materia de investigación”, manifestó en diálogo con el programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio.

“Miles de los peruanos que residen en esta zona, migraron al lugar en los 70 y 80 y hay miedos instalados todavía en esta zona, que impiden que todo lo que ocurrió se conozca plenamente. Lo que aportó la Comisión de la Verdad (CVR) sobre esta región fue insuficiente y debe ser profundizado con el transcurso de los años, sobre qué, cómo y porqué pasó”, puntualizó.

Comentó que los pobladores de esa comunidad, no sólo esperan justicia, sino también la atención del Estado, que les permita contar con los servicios básicos y una mayor seguridad ciudadana, para dejar de lado, la pobreza y la exclusión de las zona andinas.

“Este caso es uno de los tantos expedientes que están pendientes de investigar en esta zona, en donde el río Huallaga se convirtió en una gran fosa de cadáveres, tras las ejecuciones extrajudiciales que se registraron en esta parte del país, que todavía vive dimensiones de convulsión por los remanentes de Sendero y sufre la presencia del narcotráfico, del tráfico de la madera y de combustible, que genera una situación compleja para ser atendida, de acompañamiento a las víctimas de estos hechos”, enfatizó.

Humala Tasso deberá concurrir este jueves al Cuarto Juzgado Penal para responder por su presunta participación en este caso.

Javier La Rosa: Nuevo presidente del Congreso debe concretar reforma judicial

Ideeleradio.- El nuevo presidente del Congreso y la Mesa Directiva deben materializar como prioridad de la próxima legislatura, la reforma del sector justicia, la aprobación de la Ley de Carrera Judicial y mecanismos que refuercen la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, afirmó Javier La Rosa, integrante del Consorcio Justicia Viva.

“Hay varios temas pendientes que se vienen esbozando desde diferentes gestiones parlamentarias como tareas por realizar, pero que no se hacen. El tema de la reforma constitucional del capítulo de administración de justicia es un tema clave. No se ha hecho y sigue un tema pendiente”, señaló en el programa “No hay Derecho” de Ideeleradio.

“En casos específicos, tenemos la Ley de Carrera Judicial, que llegó a dictaminarse favorablemente, pero lamentablemente no alcanzó un consenso a nivel del pleno. Esto es urgente, el Perú es uno de los casos en los cuales no existe una Ley de Carrera Judicial y hay bastante expectativa para poder apuntalar el servicio judicial”, remarcó.

Apuntó que el próximo Legislativo debe impulsar la aprobación de medidas que fortalezcan el servicio de defensa de oficio, en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal. “A pesar de ser una decisión que está a cargo del Poder Ejecutivo y Judicial, el Parlamento ayudaría mucho con este tema del abogado de oficio, que es importante para que funcione este nuevo mecanismo procesal”, declaró.

Estimó que en el caso de la reforma judicial hubo un entrampamiento por desidia de las bancadas parlamentarias, tras lamentar que los legisladores no valoren la modernización de la administración e impartición de justicia.

“Se priorizaron otros temas importantes, pero no se abordó este asunto, a pesar de que apuntala un Estado de Derecho. Ha habido un esfuerzo individual de algunos parlamentarios que no fue apoyado”, refirió

Francisco Soberón: Paralizaría Registro Único de Víctimas si Estado no brinda presupuesto a Consejo de Reparaciones

Ideeleradio.- El Registro Único de Víctimas (RUV) quedaría paralizado si el Estado no brinda el presupuesto necesario al Consejo de Reparaciones (CR), advirtió Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

“Sería una expresión de voluntad política no adecuada de parte de la administración si es que se llega a paralizar por falta de recursos presupuestales, el trabajo importante que viene realizando el Consejo de Reparaciones. Su único mandato es elaborar el Registro Único de Víctimas, que es un pre requisito para que se puedan desarrollar otras actividades del Plan Integral de Reparaciones, que es una obligación del Estado para cumplir con las recomendaciones del informe final de la CVR”, manifestó en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Debemos demandar al Ejecutivo la ampliación presupuestal necesaria que permita continuar con esta tarea. Hay miles de personas, familiares, víctimas y sobrevivientes que no pueden continuar esperando para ser atendidos por el daño causado durante la violencia política. Se trata de gente adulta mayor, que son de extrema pobreza. Es una obligación moral del Estado peruano atender a estos compatriotas que son consideradas como ciudadanos de segunda categoría”, apuntó.

Comentó que el Estado debe asumir su responsabilidad, tras resaltar el trabajo del Consejo de Reparaciones con algunos gobiernos regionales, como el caso de Apurímac, Huancavelica y Junín. Destacó la apertura de los módulos instalados en Satipo, en Huanta y Ayacucho, que contribuirá al recojo de información que será valorada y ratificada por el Consejo.

“El Estado tiene la obligación de seguir con el registro en el conjunto del territorio nacional. Si eso se paraliza, debería preocuparle al gobierno, porque se afectaría el cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos, asumido por decreto supremo como política pública”, aseveró.

No hay expectativa en mensaje de 28 sobre DDHH
Al referirse al mensaje presidencial del 28 de julio, Soberón Garrido cuestionó que los dos últimos discursos no hayan hecho referencia al tema de los derechos humanos. Comentó que el jefe de Estado debería reflexionar en torno a las reparaciones individuales y colectivas; además de la revisión de las normas que escenifican una “criminalización” de la protesta.

“En los dos anteriores discursos de 28 de julio, para nada aparecieron el tema de los derechos humanos. No tenemos mucha expectativa de que el mensaje contenga elementos importantes de esta agenda, que está vinculada con las recomendaciones de la CVR, a los obstáculos del Ministerio de Defensa a las investigaciones del Ministerio Público y los recursos y la voluntad para las reparaciones individuales y simbólicas”, expresó.

“Las normas de criminalización, el uso de las armas (por parte de las Fuerzas Armadas), en situación no declarada en Estado de Emergencia, también deberían ser materia de reflexión, porque es un riesgo, las Fuerzas Armadas no están preparadas para velar por el orden interno”, acotó.

La chatura de la expresión de Mercedes Cabanillas
Finalmente, rechazó las declaraciones de la congresista Mercedes Cabanillas, presidenta de la Comisión de Defensa, quien dijo, que los Organismos No Gubernamentales (ONG) buscan justificar su financiamiento externo al criticar el reglamento de la ley que norma el uso de las armas por parte de los institutos castrenses.

“Es lamentable la chatura de la expresión de Mercedes Cabanillas, puesto que venimos actuando más de 25 años en el tema de los derechos humanos, defendemos principios y valores, sobre los cuales el Estado se comprometió a asumir”, refirió.

Transparencia plantea reducción de comisiones y compromiso de Mesa Directiva para reformar Parlamento

Ideeleradio.- El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Percy Medina, planteó la reducción de comisiones ordinarias en el Congreso y el compromiso de la nueva Mesa Directiva de reformar el Poder Legislativo, para evitar bochornosos incidentes como el suscitado entre los parlamentarios Carlos Torres Caro y Gustavo Espinoza, quienes se acusaron mutuamente de cometer una serie de irregularidades.

“En primer lugar hay que fortalecer el trabajo en las bancadas y de la Junta de Portavoces para que decida la mayor cantidad de cosas y no se pase a un cubileteo en el que participan los 120 congresistas. Una reforma del reglamento para tener procedimientos más sencillos y para que tengamos un menor número de comisiones de tal manera que los parlamentarios no tengan que participar en tres o cuatro comisiones, sino máximo en dos y aquellos que la presidan sólo puedan participar en una. De tal manera, que tengamos menos comisiones, (estas sean) más pequeñas. Y no necesariamente todos los grupos políticos deberían estar representados en todas las comisiones”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“No tendría que haber una representación proporcional, sino que se tendría que tratar de tener acuerdos que permitan una distribución de los congresistas entre las comisiones, pero también un trabajo más efectivo de éstas. De tal manera que se organiza el trabajo legislativo y fiscalizador de la mejor manera. Un último tema es que si el Congreso no hace un esfuerzo pro vincularse con la ciudadanía para representarla mejor, no se va acabar esta mala imagen y esta sensación que se tiene que el Congreso no sirve para nada”, agregó.

Se habla de personas, pero no de las propuestas
Indicó que la próxima Mesa Directiva debería estar integrada por personalidades que se comprometan a una reforma del Parlamento, a efectos de que vigile su funcionamiento interno y que mejoren la relación con la población.

“No sabemos exactamente cuáles son los compromisos con la reforma del Congreso que piensa asumir el candidato aprista (Javier Velásquez Quesquén) y la Célula Parlamentaria Aprista y qué es lo que las otras bancadas van a exigir como compromisos a quien salga nominado como candidato de la oposición o a los integrantes de esa Mesa Directiva. Me parece que estamos hablando de personas, de individualidades, no de compromisos y apuestas de fondo”, opinó.

“No he escuchado ideas claras de qué es lo que se piensa hacer con el Congreso con el año (legislativo) que empieza el 27 de julio, qué reformas importantes, cómo va a cambiar, qué compromisos van asumir la bancadas y los integrantes de la Mesa Directiva con la reforma de la institución. Eso ha estado ausente, hemos estado hablando de personas, pero ¿Qué hay de las ideas que deben sustentar esas candidaturas?”, preguntó.

Debe investigarse participación de Velásquez y responsabilidad del Apra
Medina Masías sostuvo que debe investigarse la participación de Velásquez Quesquén, aunque indicó que existe la versión de que habría sido sorprendido. “Habría que ver cuál va a ser la responsabilidad que va asumir la bancada aprista con la reforma del Congreso, pues ha tenido (el Apra) dos oportunidades en la presidencia del Legislativo y está postulando por una tercera vez”, recordó.

Consideró que las acusaciones entre el vicepresidente del Congreso de la República Carlos Torres Caro y el congresista Gustavo Espinoza hacen que la ciudadanía encuentre más razones para desconfiar del Parlamento. Insistió en que no sólo es importante que este tema sea visto por la Comisión de Ética, sino que se tomen medidas de fondo.

“A todo el mundo le queda claro que hay un Congreso que no tiene partidos políticos detrás que respondan por sus parlamentarios, que no tienen bancadas que funcionen como grupos y que tomen coherentemente decisiones. Un parlamento de este tipo va condenado al fracaso. Habría que sacar en positivo de este bochornoso incidente las lecciones que nos ayuden a mejorar el Congreso”, concluyó.

IDL: Ministro de Defensa es el responsable político de retroceso e inconstitucionalidad de varias leyes vinculadas a las FF.AA.

Ideeleradio.- El ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, es el responsable político del retroceso que han generado normas inconstitucionales como la Ley de Justicia Militar, la que establece el uso de la fuerza y la participación de los institutos castrenses en zonas que no han sido declaradas en emergencia, y las irregularidades presentadas en los dispositivos referidos a los ascensos y la Ley de Situación Militar, afirmó Ana María Tamayo, responsable del Área de Fuerzas Armadas y Reforma Militar del IDL.

“En el tema de los ascensos se está revirtiendo lo avanzado, lo que ha costado tanto empujar. Acá no se trata de estar en contra de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), si pensamos en la línea de carrera profesional. La Ley de Justicia Militar es una suerte de termómetro de la incomprensión de una reforma democrática. Hay una resistencia al cambio, a pesar de que la tendencia comparada en la región que va por otro camino. Y nuevamente la responsabilidad es de la clase política”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Radio San Borja.

“La responsabilidad política en primer lugar, es la del ministro de Defensa, por inacción, por dejar hacer. Se le han pasado muchas cosas, no ha podido dar explicaciones de un decreto supremo que ha firmado recientemente respecto a la reactivación del arma de Inteligencia dentro del Ejército. Hay una serie de señales y eso ha pasado también con sus declaraciones respecto a la inversión de las prioridades de la NUBE (Núcleo Básico Eficaz).”, acotó.

Inconstitucionalidad de Ley de uso de la Fuerza
La especialista, cuestionó, en ese sentido, que se mantenga en vigencia la Ley 29166, que establece las reglas del empleo de la fuerza para el personal militar, la misma que les permite intervenir en las protestas sociales en apoyo a la Policía Nacional (PNP), en zonas que no han sido declaradas en Estado de Emergencia.

Explicó que la norma no respeta los ámbitos de competencia de las Fuerzas Armadas, pues se le involucra en las tareas de control del orden interno, una tarea que es responsabilidad primaria de la Policía Nacional. Sostuvo que la mejor garantía de que no habrá un escenario de enfrentamiento entre los institutos armados y la ciudadanía es que el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea cumplan sólo con su rol constitucional, la defensa nacional.

“La primera inconstitucionalidad radica en que se abre la posibilidad de que los soldados participen en zonas que no se han declarado en emergencia. Y además se hablan de reglas de intervención de personas, para la intervención de vehículos, que son competencias de la Policía, en donde los objetivos militares son los ciudadanos. Este reglamento confirma nuestro cuestionamiento a la ley 29166, que se plantea (por el Estado) sobre una confusión estructural. No sólo expresó su preocupación la sociedad civil, sino también la Defensoría y un sector del Congreso”, remarcó.

“La base del problema es el rol que se le quiere dar a la FFAA. Esto no le conviene políticamente al gobierno, ni a las Fuerzas Armadas por que les podría traer problemas a los oficiales en cuanto a la aplicación de las reglas. La historia nos dice que finalmente que los políticos se lavan las manos y si hay vulneración de derechos humanos, los afectados tienen el legítimo derecho de actuar judicialmente. El argumento inicial fue brindar un marco, para que después no se los acuse de cometer delitos y este riesgo no existiría si no se les ordena realizar actividades para la cual no están preparadas”, puntualizó.

La CVR y el tiempo
Tamayo Flores estimó, asimismo, que con el correr de los meses, los sectores críticos al interior de las Fuerzas Armadas se darán cuenta del “embrollo” en el que la clase política y el Ejecutivo los ha metido.

“Esto contradicciones se verán cada vez más con el tiempo. Lo lamentable es que tenemos una cultura política ciudadana que soporta y alienta estas actitudes, porque es un país con raigambre autoritaria y que viene de un escenario post conflicto”, manifestó.

Aseguró que el camino correcto hubiera sido el desarrollo constitucional del artículo 137 de la Carta Magna, a fin de regular los estados de excepción, tal y como lo estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación. “Las Fuerzas Armadas intervienen excepcionalmente y no de manera permanente. Hay que rescatar esta dimensión, porque ese era el camino que la CVR planteó”, dijo.

FFAA y su capacidad de negociación política
Opinó que con dispositivos de este tipo, las Fuerzas Armadas logran tener un espacio para negociar con el poder político, que les permite a su vez, ganar terreno en cuanto al rol que cumplen en el país.

“Acá los altos mandos tienen una responsabilidad importantísima. Hay todo un terreno de ambigüedad, en el poder político, en la FFAA y en la clase dirigente, pero la responsabilidad la tiene la clase política. Los militares están buscando un rol, una justificación conceptual, doctrinaria y principista, ante la sociedad y ante el gobierno. Hay sectores más politizados en donde se está pensando que esto es un espacio para negociar con el poder político, cuando deberían abocarse a su profesionalización, la defensa nacional”; refirió.

“Este no es el camino. Quienes piensan esto han abdicado toda su capacidad de negociación política y para eso están los partidos políticos. Y lamentablemente sectores importantes de la clase dirigente piensan que esa es la manera de hacer las cosas en un país post conflicto armado interno, donde se trata de recomponer las relaciones entre las Fuerzas Armadas y la sociedad”, apuntó.

Participación mínima
Comentó que la Ley 28222, que faculta la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo de los servicios públicos esenciales, está -junto a otros dispositivos- segmentando a los institutos castrenses.

“Ellos participan, pero de manera mínima, porque saben que están entrenados para el uso de la fuerza letal. En la Marina están constituyendo una Unidad de Elite para enfrentar protestas sociales, en el Ejército están haciendo ejercicios con escudos y cachiporras. Hay que revisar esto. Ese es un espacio para la negociación política, que se entiende como la imposición de la FF.AA. frente a la ineptitud civil, es decir se desprofesionaliza a las FF.AA.”, recalcó.

“Lo que se debe hacer más bien es fortalecer y profesionalizar a la PNP y no militarizar la preservación del orden interno. No significa segmentar a la Fuerza Armada, que por un lado combata al enemigo de armas y otra con fines policiales”, añadió.

Felipe Osterling: “Torres Caro y Gustavo Espinoza no deben ir a la Comisión de Ética, sino a la cárcel”

Ideeleradio.- Los congresistas Carlos Torres Caro y Gustavo Espinoza, quienes se acusaron mutuamente de cometer irregularidades, deberían ir a la cárcel, más allá de ser investigados por una condescendiente Comisión de Ética, afirmó el ex presidente del Senado, Felipe Osterling, tras plantear la eliminación del voto preferencial y la renovación por tercios para tener representantes más calificados.

Fue al comentar los audios y videos grabados a escondidas por el congresista Gustavo Espinoza, material que fue presentado al programa 'Cuarto Poder' y que probarían que el tercer vicepresidente del Congreso, Carlos Torres Caro, habría pedido 10 mil dólares al empresario argentino Sergio Cayrús a fin de facilitarle el acceso a las altas esferas del Ejecutivo y a ser tomado en cuenta en licitaciones estatales.

“Todas estas personas que han entrado en esto van a (ir a) la Comisión de Ética, pero está integrada por congresistas que son condescendientes. Estos (legisladores) deberían ir a la cárcel. Es una cosa absolutamente inaudita lo que ha ocurrido. Me siento avergonzado de haber transitado unos años de mi vida en el Congreso y de ser una persona que ocupa una posición en un partido que es muy respetable, pero que lamentablemente está en juego con todos estos partiduchos políticos, eso es vergonzoso”, aseveró en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

En este sentido, calificó de deplorables las actitudes de los parlamentarios involucrados y estimó que el escándalo es consecuencia de la descomposición moral y ética que se vive en el país, donde prevalece la improvisación.

“Es deplorable la actitud de los congresistas al grabar, tomar fotos de hechos delictuosos que son la consecuencia de una descomposición moral y ética que se vive en el país. Los principios morales no se cumplen y en el caso de los partidos políticos hay una enorme improvisación", manifestó.

"Ingresa al Congreso, gente sin ningún nivel intelectual y esta descomposición obedece a este voto preferencial que tenemos, en la que aquellos que tienen recursos o arraigo, son los que salen como primeros lugares. Todo esto hay que revisarlo y corregirlo, pero hay una inercia de los congresistas para poderse regular, porque muchos de ellos piensan en su reelección. Esto es penoso y lamentable”, anotó.

Velásquez Quesquén está descalificado como candidato
Indicó que la participación del aprista Javier Velásquez Quesquén en este suceso, lo descalifica para postular a la presidencia de la Mesa Directiva. Al respecto insistió en que es necesario que se elimine el voto presidencial.

“Velásquez Quesquén ha cometido un enorme error al tratar de conseguir dos votos de dos tránsfugas del humalismo. Es decir, hay una sumatoria de votos; una actitud de esta naturaleza lo descalifica como para postular al cargo. En este momento, también pueden cambiarse perfectamente a los candidatos porque las listas se inscriben con 24 horas de anticipación, pero el problema va más allá de esta elección penosa, sino respecto al futuro", expresó.

“Si no somos exigentes en inscribir a partidos sólidos, con bases en todo el Perú, con dirigentes calificados, si no vamos a un sistema de partidos políticos, si no generamos un proceso electoral eliminando el voto preferencial, si no vamos a una renovación por mitades o por tercios para que el pueblo los fiscalice, se va a continuar desprestigiándose más los partidos políticos”, advirtió.

Se “arañan” por más votos
Aseguró que las elecciones internas en el Poder Legislativo, se han convertido en una especie de contiendas de sumas y restas donde hasta se “arañan” para conseguir votos. Recordó que hace algunas décadas, el Congreso era un poder respetable y los procesos internos, abiertos y limpios, donde no había prebendas. “Hoy día es una inmoralidad absoluta. Esto nunca ocurrió en el Perú”, sentenció.

Consideró que es penoso que ingresen personas a la vida política sin ningún calificativo personal ni ético. Explicó que sólo existe codicia y ambición personal de acceder a ciertas posiciones.

“Este tipo de situaciones determina que ciertas personas capaces de acceder a la vida política se inhiban, porque salen magullados con estos rebotes. Si los partidos políticos serios se ponen de acuerdo y siguen cada uno sus propios intereses seguirá desprestigiándose más. (...)Los partidos tienen el deber de captar a los mejores cuadros de partidos. Hoy llegan algunos improvisados porque se colaron y la gente vota por un número”, precisó.

Caso Torres Caro-Espinoza-Velásquez no es una anécdota
Osterling Parodi mostró además su escepticismo frente a la posibilidad de que pueda existir algún cambio en el Congreso de la República, al considerar que es difícil cambiar los principios morales y éticos de personas ya formadas.

“Acá más bien debemos tratar que los medios de comunicación puedan acosar y acorralar a los sinvergüenzas que existan, pero no podemos generalizar porque hay personas correctas también en el Congreso. Tenemos que ver al futuro de manera seria y tratar de que esto no sea visto como una anécdota que dentro de un mes sea olvidada”, subrayó.

“Hay muchos olvidos respecto a las actitudes de los congresistas. Este señor Torres Caro vicepresidente de la República, por ejemplo, es el que tomó unas fotos en Brasil, que fue acusado por acoso. Cómo puede llegarse en el Congreso a esos niveles por eso hay un repudio legítimo de la gente”, puntualizó.

PPC tomará la decisión correcta
Por otra parte, evitó pronunciarse respecto a la candidatura del Partido Popular Cristiano (PPC) a la Mesa Directiva. Sostuvo que es un tema que va ser visto por la Comisión Nacional del PPC, tras abrigar la esperanza de que se tome la decisión correcta.

“Mi opinión es votar por el candidato más idóneo, honorable, que genere consenso y no entrar en este tipo de componendas. Tengo la certidumbre que Javier Bedoya se retiró hace unos días, porque no es un hombre que esté dispuesto a estos tomas y dacas. Ahora Rafael Yamashiro es una persona muy correcta, de excelentes modales pero recién ha sido elegido congresista y lo conozco menos. Entiendo que es un hombre que tiene muy buenas maneras y es componedor, pero más allá de eso yo tengo la esperanza que mi partido tomará la decisión correcta e idónea”, declaró.

No obstante, opinó que vería con simpatía que el PPC apoye al candidato Víctor Andrés García Belaunde, tras sostener que es una persona correcta.

Rosa Villarán: Mensaje presidencial debe incidir en lucha antiterrorista, reconciliación y reparaciones

Ideeleradio.- El mensaje de 28 de julio del presidente Alan García debe enfocarse en la lucha antiterrorista, la reconciliación nacional y la reparación a las víctimas de la violencia, enfatizó Rosa Villarán, secretaria ejecutiva del Movimiento Para Que No Se Repita, tras señalar que el jefe de Estado no puede voltear la página respecto a la violencia política vivida en el país.

“Acá la volteada de página no es admisible, menos para el mandatario que tiene claras políticas de Estado que cumplir, de combate al terrorismo y de siembra de reconciliación. Evidentemente estamos ante posiciones políticas que le tienen a estos temas más que asco. No puede ser que estén todo el tiempo -sobretodo el presidente- dando discursos que dividen. Si analizas sus discursos estos han estado enfocados en mencionar a las víctimas policiales y de las FFAA, y de las autoridades que murieron también. Si bien a todas las víctimas las honramos, no es posible que jamás haya hecho declaraciones explicitas sobre los civiles”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Justamente acá cuando hubo el atentado contra el (monumento del) Ojo que Llora, ninguna autoridad pública dijo nada. Sólo en Huanta inaugurando el programa de reparaciones colectivas se refirió a las reparaciones individuales. Le pedimos desde aquí al presidente que ese sea ese uno de los temas de reflexión en su discurso presidencial de este 28 de julio, con compromisos concretos, dinero en el presupuesto (para las víctimas) y con voluntad para sacarlo adelante. Los técnicos están listos y la gente está esperando. Se ha generado una expectativa enorme sobre un derecho humanitario y tiene que cumplirlo. Ese es el pedido”, indicó.

Párrafos de reflexión sobre reconciliación nacional
En ese sentido, insistió que al cumplirse los cinco años del informe de la Comisión de la Verdad, el jefe de Estado debe incidir entre otros temas, respecto a la reconciliación nacional.

“Esperamos que el presidente de la República tenga unos buenos párrafos de reflexión respecto a la reconciliación nacional y que se ponga el disco duro de jefe de Estado y no de Alan García Pérez. Es un ciudadano y tiene todo el respeto, pero para nosotros es el jefe de Estado. Salió elegido por mayoría y los demócratas debemos hacernos cargo de nuestro voto, pero no pasivamente”, explicó.

Recordó la presencia del presidente argentino Néstor Kirshner y de su comandante general, quien pidió disculpas públicas por lo ocurrido en la época de la violencia de ese país, al hacer entrega de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) -que funcionaba como ex centro clandestino de detención- a un organismo de la Iglesia de Derechos Humanos en Buenos Aires.

El Consejo de Reparaciones sin presupuesto
Informó que el presupuesto para el Consejo de Reparaciones (CR) sólo llega a julio del 2008. Advirtió que eso dejaría de lado a miles de víctimas, de poblaciones afectadas y a quienes tienen la expectativa de ser inscritas y calificadas, para recibir sus reparaciones por parte de la CMAN.

“Ellos saben que este registro es fundamental para poderlas nominar. Se ha creado una enorme expectativa y contra quién se va esa gente ¿Cómo lo contenemos?, por favor hay procesos en curso, están tratando a los ciudadanos de octava, con patadas en la cara. Así como hay crecimiento económico, dónde están los dineros para reparaciones individuales y colectivas, falta salud, educación, faltan mucho más. Esto es serio”, comentó.

“Aquí existen cuarenta grupos activos en todo el país que se organizan para hacer exigibles sus derechos. Los derechos de reparación los tienen en once Consejos de Reparación Regional existentes en el país, donde las víctimas tienen voz y voto”, agregó.

Falta de presencia de autoridades por el Caso La Cantuta
De otro lado, lamentó la ausencia de las autoridades gubernamentales durante la misa y el entierro de los restos de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, asesinados hace 16 años por el Destacamento Colina. Sostuvo que se trataba de un deber moral del Estado participar de las exequias.

“El deber moral es acompañar a las víctimas en un momento tan difícil, después de 16 años tenerlos puestos dentro de un féretro y dejarlos en el cementerio. Realmente ha sido un momento duro (…) No vi a ninguna autoridad, debieron estar sin ninguna duda”, anotó.

Opinó que la sociedad peruana no ha procesado, ni internalizado el post conflicto, al calificar de inadmisible que la ministra de Justicia, Rosario Fernández, haya señalado que se ha cumplido con las víctimas del caso Cantuta, a pesar de las trabas burocráticas que se registraron horas antes del entierro en el cementerio “El Ángel”.

“El tema de las secuelas, los desafíos de la reconciliación son mucho más allá. A todos nos toca (…) Esos son los discursos que encontramos en los medios de comunicación y estamos preocupados, porque no han cambiado las cosas que hicieron posible u originaron la guerra, la exclusión social se mantiene. El discurso del gobierno es provocador y soberbio, no sólo con las protestas sino con todos. Eso va a pasar la factura y tiene que haber un cambio”, aseveró.

Ministerio de Defensa debe entregar información sobre violadores de DDHH
Villarán de la Puente cuestionó asimismo que el Ministerio de Defensa (Mindef) no haya entregado información que solicitan las autoridades judiciales, respecto a los nombres de los efectivos que están involucrados en violaciones de los derechos humanos. Recordó que la Defensoría del Pueblo plantea desde hace tres años seguidos que el Mindef colabore con la justicia.

“Nadie o casi nadie logra que esto ocurra, cuál son entonces las reglas de juego, son iguales para todos, son distintas para algunos (…) Las Fuerzas Armadas no están siendo acusadas, es una gran oportunidad para limpiarnos a todos como sociedad (…) Ni siquiera cumple con la información de sus propias víctimas”, declaró.

Concurso CVR + 5
Finalmente, se refirió al concurso dirigido a periodistas que se viene promocionando a cinco años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad.

“Es una convocatoria amplia y deben entrar a la página www.paraquenoserepita.org.pe. Se deben presentar los trabajos entre el 15 de agosto y el 15 de setiembre de tal manera que podamos escuchar estos temas, que nos hagan reflexionar y buscar un cambio de actitud. El tema de la CVR no es un tema del pasado, sino es un tema vigente para configurar el mañana que queremos”, resaltó.

Omar Chehade: Fallo de Corte IDH no es “esquizofrénico”. Ayudó a extradición de Alberto Fujimori

Ideeleradio.- La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de la matanza del penal Miguel Castro Castro (1992) no es “esquizofrénica”, afirmó Omar Chehade, ex jefe de la Unidad de Extradición de la Procuraduría Ad Hoc, tras resaltar que ese fallo fue vital en la repatriación de Alberto Fujimori.

Fue al comentar las declaraciones de la ministra de Justicia, Rosario Fernández, quien calificó de “absolutamente incongruente y esquizofrénica”, la resolución de ese organismo supranacional que será materia de un nuevo pronunciamiento, tras la demanda de interpretación solicitada por el Estado peruano sobre las disculpas que debería plantearse a los familiares de los terroristas que fueron ejecutados extrajudicialmente durante el gobierno de Fujimori.

“Las sentencias no son esquizofrénicas, son esquizofrénicas a los que lamentablemente les falta litio. La ministra no conoce de este tema porque no participó en la extradición. Hay que recordarle a la ministra, con mucho respeto, que esa sentencia fue una de las pruebas vitales que se adjuntó a los cuadernillos de extradición en Chile, para que Fujimori hoy esté compareciendo ante los tribunales de justicia del Perú”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“En noviembre del 2006 cuando se impulsaba la extradición, se expiden dos sentencias por parte de la Corte Interamericana en el Caso Castro Castro y La Cantuta, las mismas que fueron adjuntadas. Este fallo sirvió para que la Corte Suprema se dé cuenta inmediatamente de que lo que hubo en el Perú, fue una guerra de baja intensidad, de terrorismo de Estado y que Barrios Altos y La Cantuta no eran hechos aislados de casos de ejecuciones extrajudiciales”, apuntó.

Sería grave que no se solicite extradición de Fujimori por Caso Castro Castro
Chehade Moya mostró su extrañeza, por que el cuadernillo que pide la ampliación de la extradición del ex gobernante peruano por la masacre de 41 internos del penal Castro Castro, aún no ha sido remitido a la justicia chilena.

“En su momento dije, que si se confirmaba el fallo de extradición en primera instancia, se debía mandar el cuadernillo vinculado al caso Castro Castro. Este caso - al margen de que hayan sido terroristas (los asesinados) y que hayan tenido una actitud execrable y recriminable los de Sendero Luminoso- perteneció a una política contrasubversiva integral, que lideraba Fujimori, (Vladimiro) Montesinos, (Nicolás) Hermoza y toda la cúpula. (…) Hubo una respuesta histórica de la Policía y del Ejército, pero también hubo una respuesta por debajo de la mesa, clandestina, como los escuadrones de la muerte que respondían a una política de Estado”, expresó.

“El cuadernillo de extradición, inicialmente fue tramitado en menos de una semana, se aprobó en el Consejo de Ministros, salió la resolución en “El Peruano”, inmediatamente fue a la Cancillería, lo embalaron en valija diplomática y llegó el 20 de septiembre (del 2007) a la embajada peruana, un día antes de que se decida la extradición por siete casos. Luego pidió la devolución para subsanar una exquisitez jurídica y que se coloque ‘en vías de ampliación’, esto está demorando un año. Una precisión o rectificación no podría demorar más de un mes. Han pasado once meses y no se ha remitido este cuadernillo a Chile. Sería gravísimo que no se envíe”, acotó.

Sistema anticorrupción es una lágrima
En otro momento, consideró que el sistema anticorrupción es una lágrima, por cuanto el Ejecutivo no apoyó a la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) y más aún, ha optado por indultar, sin ninguna explicación válida, a personajes que estuvieron vinculados a la red de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

“Poco a poco se va desvaneciendo, hay un organismo como la ONA, que aparentemente ha sido de fachada y cuyo principal personaje, la doctora (Carolina) Lizárraga renunció tras la falta de apoyo presupuestal. Que nos queda hablar del sistema anticorrupción. Hay indultos, gracias presidenciales, que no se sabe porqué se dan”, cuestionó.

“A mí me da mucha pena de que el sistema anticorrupción se esté convirtiendo en una lágrima. Una lucha entusiasta que fue decidida y llevada por el ex presidente Valentín Paniagua y luego Alejandro Toledo se está convirtiendo en una lágrima. Nos da mucha pena que personajes de la talla nefasta de (Alejandro) Rodríguez Medrano y otros personajes ligados al fujimorismo hallan salido en libertad, además a través de indultos, como el caso del general (Fernando) Dianderas. No le encuentro ningún tipo de justificación”, puntualizó.

Dijo esperar que a pesar de la apatía gubernamental, tanto el procurador Carlos Briceño como su equipo continúen impulsando el procesamiento de la red fujimontesinista, trabajo que vienen desarrollando también un sector del Poder Judicial y el Ministerio Público.

“Hay jueces y fiscales que están en el subsistema anticorrupción a los que no les ha llegado este desgano, pero lamentablemente no hay una batalla frontal, ni estratégica contra la corrupción. (…) El procurador Carlos Briceño continuó la gestión de Antonio Maldonado y yo espero que continúe, porque ha aportado al proceso anticorrupción. Se imagina una renuncia de Briceño, de sus adjuntos, de su equipo, son los últimos baluartes del sistema anticorrupción. Espero que siga dando batalla, porque es lo último que queda, en medio de este desgano del gobierno, del desinterés fatal y voluntario del régimen, de combatir a personajes que hoy son aliados políticos coyunturales”, señaló.

No al borrón y cuenta nueva
Finalmente, rechazó cualquier posibilidad de que se pueda otorgar una amnistía o un indulto a favor del ex presidente Alberto Fujimori y su ex asesor Vladimiro Montesinos.

“Gente como Montesinos y Fujimori sabe que va a acabar su vida en las cárceles, con los treinta años de pena privativa de libertad (que le esperan), no buscan otra cosa que una amnistía política y eso es contra lo que habría que luchar. No hay borrón y cuenta nueva. Habrá que prevenir para que ningún gobierno, ni este ni otro, piense en los borrones y cuentas nuevas, sobre todo con gente que ha desfalcado al país, que ha matado, que ha sido genocida y que evidentemente merecen una condena larga”, sostuvo.

“(Si el Apra usa a Montesinos para quitarle legitimidad a un paro) tal vez le está devolviendo el favor. Acordémonos que Montesinos apoyó la candidatura del presidente García en segunda vuelta, incluso escribiendo libros a favor de él. Esto no nos sorprende”, remarcó.

Proética: Actitud de Torres Caro y Gustavo Espinoza es vergonzosa e indignante

Ideeleradio.- La actitud del vicepresidente del Congreso Carlos Torres Caro y del legislador Gustavo Espinoza, quienes se acusaron mutuamente de cometer actos irregulares, es indignante y vergonzosa, afirmó la directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet Montero, tras lamentar que ambos parlamentarios no rindan cuentas a ningún partido político.

Fue al comentar los audios y videos grabados a escondidas por el congresista Gustavo Espinoza, material que fue presentados al programa 'Cuarto Poder' y que probarían que el tercer vicepresidente del Congreso, Carlos Torres Caro, habría pedido 10 mil dólares al empresario argentino Sergio Cayrús a fin de facilitarle el acceso a las altas esferas del Ejecutivo y a ser tomado en cuenta en licitaciones estatales.

“Tengo que decir que resulta indignante que tengamos congresistas que nuevamente nos hagan ver el bajísimo nivel del Congreso y de la política del Perú. Todos los peruanos y peruanos estamos con vergüenza frente a la imagen que se está dando en el Congreso por esta clase de denuncias. No es posible esta actitud de una autoridad como es el vicepresidente del Parlamento y que otro congresista esté grabando y chantajeando a su colega o compañero de bancada. Esto es una vergüenza”, expresó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“¿Quién va a asumir la responsabilidad y decir esto no se hace más?. Este tipo de situaciones. Nadie, no hay un partido político detrás de cada uno de estos dos personajes que sea capaz de llamarles la atención, de ponerles una penalidad y decirnos a nosotros los ciudadanos disculpen nos equivocamos. Los dos entraron por el Partido Nacionalista, se salieron de él, y a nadie le rinden cuentas. Lo que estamos viendo es una vez más hasta que punto la política está muy degradada del país. Este debe ser un tema que importe y que llame la atención y que exija una reacción de parte de todos los partidos políticos, porque todos se ven afectados por este tipo de comportamientos”, agregó.

Calidad moral del Congreso
Sostuvo que esta clase de escándalos refleja la lamentable calidad moral de los políticos y que la ciudadanía es hasta cierto punto responsable, al elegir a este tipo de personajes.

No obstante, consideró que deberían existir partidos políticos que se responsabilicen por este tipo de actitudes. “Como el Partido Nacionalista tuvo una alta votación, entraron una cantidad de gente en sus filas, que dejan mucho que desear, sobretodo en la función representantiva del Congreso. Esto es indignante y vergonzoso”, reiteró.

Apra le debe explicación al país
De otro lado, dijo que el presidente del Congreso y el Partido Aprista también deberían darle una explicación al país, al señalar que no es posible que uno de los congresistas (Torres Caro) señale que puede a través de sus contactos facilitarle el acceso a las altas esferas del Ejecutivo.

“Espero que el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada y la autoridad del Partido Aprista en el gobierno tiene que salir y sancionar sobre este tema, porque están nombrando directamente al mismo presidente de la República, ya que Torres Caro menciona que este podría tener una reunión con él a cambio de 10 mil dólares. Eso es grave y yo quisiera ver de qué manera Gonzales Posada, los altos dirigentes del partido y el propio gobierno van a deslindar con el propio gobierno”, opinó.

“Tenemos que esperar la reacción del Partido Aprista y de sus principales autoridades del Congreso en la Célula Parlamentaria. Eso quiero ver, frente a una situación de componenda como la que hemos visto, en la que incluso se menciona al presidente de la República. Quiero saber qué opina el partido”, acotó.

Velásquez Quesquén no debe presidir la Mesa Directiva
De otro lado, estimó que tras del escándalo, no debería ser el aprista Velásquez Quesquén quien presida la Mesa Directiva del Congreso, sino un candidato de la oposición.

“Suceden estas cosas ad portas de la elección. Vemos como se pelean los votos, se hacen cariñitos antiguos amigos y de qué manera el propio Velásquez Quesquén participa de todos estos enjuagues también. Quién va a ser presidente tiene que tener un comportamiento diferente. Considero que quien presida el Congreso debe ser de la oposición y mucho más fiscalizador. No es que tengo grandes expectativas tampoco”, anotó.

“Es importante que quien presida la Mesa Directiva sea una persona de oposición, no cualquiera, porque sino en todo caso vamos a tener más de lo mismo y peor. Es importante que se haga claro y evidente la competencia, pero eso es muy difícil, porque ya sabemos como se dan esas situaciones, se compran votos, sabe Dios con que tipo de ofrecimientos”, declaró.

David Lovatón: “Es momento de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Justicia Militar"

Ideeleradio.- Este es el momento oportuno para presentar una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Justicia Militar, pues diversas instituciones del sistema han advertido que esa norma contraviene la Carta Magna, afirmó David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Habiéndose pronunciado un representante del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados e instituciones como el IDL, además la Defensoría del Pueblo que en marzo último envió un pronunciamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creo que llegó la hora de que se interponga una nueva demanda contra esta Ley que se cae de madura. Creo que es el momento de hacerlo”, enfatizó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Son importantes las declaraciones del decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez y del presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, ambos se pronunciaron por la necesidad de respetar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de Justicia Militar. Ambos han coincidido que la nueva Ley de Justicia Militar 29182 no respeta su jurisprudencia. Entiendo que el decano del Colegio de Abogados está evaluando la posibilidad de interponer alguna demanda ante el TC contra esta ley, que se suma, además al pronunciamiento de meses atrás de la Fiscal de la Nación, que también está evaluando la posibilidad”, agregó.

La nueva Ley de Justicia Militar establece, entre otros aspectos irregulares, la designación de sus jueces por el jefe de Estado y la vivencia castrense como requisito para ser magistrado de este fuero.

Lovatón Palacios, cuestionó asimismo las recientes declaraciones del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), Juan Pablo Ramos Espinoza, quien en medio de los cuestionamientos, anunció que el Ejecutivo estaría por designar a los nuevos vocales supremos.

“(Esa) designación sería claramente inconstitucional y además contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Nosotros hemos pedido a la Comisión (Interamericana) que se pronuncie a través de un informe temático y estamos a la espera. Esperamos que en los próximos meses se emita este informe”, remarcó.

Preocupante modificación a Ley contra la Violencia Familiar
De otro lado, dijo que le preocupa que el Congreso de la República haya aprobado un proyecto de ley para modificar la Ley contra la Violencia Familiar, tras considerar como un despropósito el conferirle una función conciliatoria a la Policía Nacional (PNP).

“En primer lugar, la PNP no puede lidiar con los problemas que ya tiene y que todo el mundo conoce. En segundo lugar, ya sabemos que en estos temas la violencia familiar no se concilia. Este es un craso error que confiemos que en el Pleno se corrija. Allá hay varias congresistas de diversas tiendas políticas que tienen sensibilidad en el tema. Entonces exhortamos y confiamos que este despropósito no sea aprobado en el Pleno”, afirmó.

Vergonzoso fallo del CNM
Finalmente, calificó de vergonzoso que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) haya persistido en no destituir al ex presidente de la Corte Superior de Lima, Ángel Romero Díaz, a quien se le inició un proceso disciplinario por el fallo que favoreció a más de treinta ex trabajadores del Banco Central de Reserva (BCR).

“El propio CNM reconoce que (Ángel Romero) cometió la falta así como lo hizo en su momento el Poder Judicial. Es escandaloso y vergonzoso este tema, porque recordemos que el CNM ya había destituido a Romero (Díaz). Es claro que este tema no contribuye a la justicia. Ojalá que sea a través del Tribunal Constitucional que pueda ver si se ha respetado el debido proceso y que se pueda corregir esta situación, no sólo por la confianza en la justicia, sino por un respeto al Estado de Derecho" , señaló.

Carlos Basombío: Contrarreforma de Alva Castro repite viejos errores del pasado y fraccionará Policía Nacional

Ideeleradio.- La contrarreforma de la Policía Nacional (PNP) planteada por el ministro Luis Alva Castro, responde a presiones de un sector conservador, repite errores del pasado y fraccionará a esta institución, advirtió el ex viceministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, al comentar el retorno a la especialización, la reorganización de las direcciones policiales, y el robustecimiento operativo de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes).

“Hay que llamar las cosas por su nombre, esto es una contrarreforma y un retroceso (los cambios planteados por Luis Alva Castro). El primer gobierno del Apra hizo muy pocas cosas buenas, pero una de ellas fue la necesaria unificación de la Policía en la medida que teníamos un problema muy serio de división y enfrentamientos y de falta de unidad de criterios en la función policial en el Perú, por la existencia de tres instituciones. Estas competían muchas veces violentamente entre sí y por lo tanto no eran útiles para la lucha contra el crimen y por la seguridad del país”, sostuvo en el programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio.

En ese sentido, calificó como una barbaridad, la propuesta de especialización de la Policía, porque existen desafíos que deben asumirse para profundizarla y mejorarla. Para el especialista, el problema es que no se está especializando, sino dividiendo a la PNP.

“Es como una persona que quiere ser médico, no va al primer ciclo y ve al que quiere ser cardiólogo por un lado, al ortopedista por otro. Tiene que haber una comprensión global de la medicina y luego ir avanzando a la especialización. Eso es exactamente lo mismo en una carrera policial, se necesita una Policía unificada sobretodo una visión de conjunto de la función, para luego ir avanzando hacia la especialización”, manifestó.

No va a funcionar
Vaticinó que a la larga se fraccionaría a la Policía y que en un futuro se volverá a la propuesta de unificación. Estimó que la “contrarreforma”, retrocede a una propuesta que no ha funcionado en el país.

“Usted se imagina lo qué va a significar en términos de rivalidades inmediatas o de lealtades de grupo. Eso va a ser en la práctica tener de nuevo una Policía fraccionada por dentro. Que lo ha estado, porque el proceso de unificación es lento. Entonces el siguiente paso dentro de unos cinco o seis años se va a querer regresar a lo mismo. Hay muchos países en los que la Policía está separada, pero en el Perú no funcionó y ahora se retrocede en algo que no resultó”, anotó.

Se cedió a las presiones
Indicó que la propuesta implica que se ha cedido a las presiones de un sector policial conservador que quiere dividir a la PNP y que añora las épocas pasadas, situación que traería consecuencias muy negativas a la institución. Aseguró que el ministro del Interior, Luis Alva Castro no sabe del tema y sólo acata lo que dice un sector de la PNP.

“En la práctica se está cediendo a las presiones existentes hace años, de los viejitos en las instituciones, los que fueron Guardias Civiles y Policía de Investigaciones (PIP) que se odiaban, que quieren estar separados y no juntos. Acá el ministro no tiene idea y está haciendo lo que la Policía le dice. Ha triunfado un sector muy conservador de la PNP que quiere ir avanzando hacia la división de la PNP. Es un nuevo retroceso que va a tener consecuencias negativas”, aseguró.

“Van a empezar a salir muchos viejitos en la PNP, generales jubilados que añoran el pasado a apoyar esta iniciativa y van a comenzar a decir que es lo mejor que está ocurriendo en la Policía, justamente porque han logrado algo que resentía desde hace dos décadas. Es sorprendente que este borre algo positivo que hizo”, cuestionó

Es un nuevo error disfrazado de reforma
El ex funcionario sostuvo que no le queda claro si se va a poder concretizar la propuesta, tras calificarla de un nuevo error disfrazado de reforma.

“Creo que estamos ante un nuevo desatino, un nuevo error disfrazado de reforma; parece que no tuviéramos memoria. Quienes tenemos edad suficiente para recordarlo sabemos que el gobierno aprista tuvo que unificar, porque los policías hasta se disparaban entre sí. Entonces ese era el nivel al que se había llegado y se cambió de decisión. Ahora estamos regresando al pasado”, mencionó.

“Supongo que presentarán leyes al Congreso no me queda claro cuál va a ser el nivel jerárquico con que se tome las decisiones. Otra posibilidad es que como está ocurriendo en el interior, se vaya de tumbo en tumbo. Que cambien al director de la Policía y venga otro con otra idea genial y no sea la gran reforma, sino sea cualquier otra. Esa es otra posibilidad. Otra es que no pase nada. Alva Castro no creo que vaya a ser ministro del Interior de nuevo”, remarcó.

Integración de licenciados del Ejército al cuerpo policial es otra barbaridad
Desde su punto de vista, estimó que es otra barbaridad la posibilidad de que los licenciados del Ejército puedan formar parte de los cuerpos especiales de la Policía Nacional. Señaló que no se puede creer que la función policial sea igual a la militar.

“Lo que se necesita es una Policía especializada y profesional que tenga una visión civil de su función y no militar. No necesitamos gente que se sepa combatir al crimen y esa es una especialización diferente. Qué tipo de mensaje se plantea en tener licenciados en las Fuerzas Armadas que lo necesario no es acaso inteligencia, patrullaje, prevención sino gente que sepa diferente”, expresó

“Cada barbaridad que se comete es peor que otro. Esa idea militarista es muy antigua (…) De repente ahora se les ocurre que se restablezca la ley de vagancia. Estamos a la deriva y mientras tanto la percepción de inseguridad sigue presente en la ciudadanía. Acá lo que se necesit